“LA LEY ERUVIEL” VIOLA EL DERECHO A PROTESTAR

Si hubieran querido calcular el momento de la aprobación del más reciente ajuste represivo, no les hubiera salido tan bien. La ley que regula el uso de la fuerza pública en manifestaciones fue aprobada por el Congreso del Estado de México el 17 de marzo. La nueva regulación da carta blanca a la fuerza pública para utilizar munición real en manifestaciones, dispositivos para descargas eléctricas, inmovilizadores y sustancias irritantes en aerosol.

La decisión del uso de esas armas queda a criterio del mando policial a cargo del operativo de que se trate: éste decidirá en qué momento una acción pasa al estatus de “régimen de excepción”. Varias organizaciones de derechos humanos han señalado que tal detalle quita la responsabilidad a los mandos políticos de gobierno, dejándolos en la calma de las sombras de impunidad ante cualquier violencia (o masacre) que pueda desplegarse en la entidad.

Diez días más tarde, 28 de marzo, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados federal dio el primer paso hacia la aprobación de una ley para reglamentar el artículo 29 de la Constitución, que otorga la potestad al presidente de la República, previa aprobación del Congreso, para suspender las garantías y los derechos de los ciudadanos. Decretar estado de sitio.

Resulta que “la reglamentación” es aún más discrecional que el artículo constitucional que viene a bajar a tierra. El texto de la ley en ciernes no especifica ante cuáles situaciones tal medida de fuerza podrá implementarse, ni por cuanto tiempo estaría vigente (la Constitución dice que “por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a una determinada persona”).

Los motivos para su activación son igual de amplios: “Sólo procederá en casos de invasión, perturbación grave a la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.

 

En mayo próximo, semanas después de que estos ajustes represivos vieran la luz, se cumplirán 10 años de uno de los episodios de más graves violaciones a los derechos humanos que se dieron en los últimos años en el país contra una movilización popular los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco. El saldo fue: heridos, deportados, más de 200 presos y la comprobación del uso de la violencia sexual como arma represiva que los uniformados ejercieron contra las 26 mujeres detenidas durante el operativo.

A diez años, el panorama aciago los encuentra unidos. Su lectura es compartida por el grueso de los pueblos: esa ley representa una violación a sus derechos fundamentales, sobre todo al legítimo de ejercer la protesta. Por ello se unieron en la coordinación Fuego de la Digna Resistencia. “Se legaliza la represión a la protesta social y sobre todo a la resistencia, que tiene que ver con 15 años de no permitir que nos despojen de la tierra, el único lugar en que podemos vivir. Ahí tenemos nuestra historia, nuestra identidad como pueblo y como comunidad. No favorece ni garantiza el respeto a los derechos de los pueblos. La Ley Eruviel no es más que la represión, la persecución y la criminalización de la protesta social” explicó Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.

“Lo que está en riesgo es la resistencia popular frente a los megaproyectos, está en juego la defensa de los recursos naturales y el territorio, por eso vamos a tirar esta ley”, se insistió durante la presentación de las acciones a emprender “en las movilizaciones, en la lucha política y en el ámbito jurídico”, agregó.

Lo primero que propusieron tirar abajo fue el nombre. Prontamente bautizada como la “Ley Atenco”, la referencia rechina: “No estamos de acuerdo en llamarla así porque no es justo que identifiquen a nuestro lugar con una ley asesina. Nosotros la llamamos Ley Eruviel —por el gobernador priísta promotor de la misma, Eruviel Ávila Villegas— para que quede claro de dónde vino”, sostuvo Del Valle.

 

Además de las organizaciones de base, la nueva coordinación antirepresiva se apoya en el trabajo y asesoramiento del único centro de derechos humanos existente en el Estado de México: el Zeferino Ladrillero. El Congreso local tomó conocimiento de la existencia y contenido de la “Ley Eruviel” el 11 de diciembre de 2015; y fue mantenida en secreto por todos sus integrantes. Hayan o no votado para su aprobación, lo mantuvieron en riguroso silencio hasta que se divulgaron los detalles del proyecto... el mismo día de su aprobación. “Sabedores de sus implicancias, todos los partidos mantuvieron esta ley represiva en total opacidad, un detalle que no puede ser pasado por alto”, sostuvo Antonio Lara, coordinador del mencionado centro.

“Esta ley no sólo es inconstitucional sino que atenta contra derechos garantizados en la Constitución, como el de reunión y expresión. Además, intenta regular mediante la fuerza el escenario de construcción natural de todos los derechos alguna vez conquistados: las calles. Nada de lo conseguido fue gratuito, sino producto de los hombres y mujeres que lucharon antes. Es tarea de los que estamos hoy preservar la calle como el ámbito en dónde se darán las luchas del futuro” aportó Miguel Moguel, del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. “Esta iniciativa no es aislada, en Quintana Roo, Chiapas, Puebla y Veracruz también existen legislaciones represivas aprobadas en los congresos estatales”, añadió.

Además de la movilización, la coordinación antirepresiva actuará en el campo legal. Según adelantó el Centro Zeferino Ladrillero, la pelea legal consistirá en “una lluvia de amparos” que interpondrán en el Oriente y Norte del estado, así como en el Valle de Toluca. “Son cientos o miles de pueblos distintos y organizaciones las que pretenden dar batalla contra esta ley. El Consejo de la Judicatura federal y los jueces de distrito que recibirán los amparos tienen que prepararse para proteger los derechos humanos, incluidos en la Constitución en la última reforma, que son violentados por esta ley. No hay futuro para la Ley Eruviel en el estado de México.

“Quieren crearnos miedo. Hacer que nosotros, el pueblo, no sigamos participando, no sigamos luchando. Pero al contrario, nos hace tener más dignidad para buscar esa fuerza, ese coraje para contrarrestar las violaciones hacia nosotros. Es increíble que este sistema capitalista siempre esté en contra de los pobres; por eso siempre estamos en esa pelea, para que nos respeten. Tenemos las ganas para contrarrestar esta violación a nuestros derechos”, explicó Rosalía Castañeda, de la organización Se puede, del municipio de Nezahualcóyotl, quien forma parte de la coordinadora de los Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica.

Hay un dicho: a las leyes las anteceden las prácticas. Pasando por las Cámaras salen de la ilegalidad, se blanquean conductas prohibidas pero toleradas. A diez años de la represión en San Salvador Atenco, la legalización de esas prácticas debería poner en alerta a más de uno. O a todos, en realidad.