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ZACAPOAXTLA REIVINDICA LO PROPIO

Ramón Vera Herrera

Ramón Vera Herrera (con información de la propia comunidad), marzo, 2016. Será cada vez más frecuente que las comunidades y ejidos se reivindiquen en su autonomía ante las injustas políticas federales, estatales o municipales que, coludidas con corporaciones de todo tipo, pretenden acaparar los territorios de las comunidades para explotar sus bienes comunes sin miramiento alguno, sin que nadie les haya otorgado su consentimiento ni previo, ni libre, ni informado.

En el caso de San Juan Tahictic, municipio de Zacapoaxtla, Puebla, la comunidad apela al argumento de “los nefastos impactos que tendrá en lo ecológico-ambiental, social y en especial a nivel de impacto cultural” para negarle el permiso a la empresa Gaya SA de CV que “pretender instalar una hidroeléctrica en dicha comunidad”.

La comunidad reivindica entonces su derecho a que dicha hidroeléctrica no se instale, pero además, propone que por acuerdo del cabildo Zacapoaxtla como municipio que también esté libre de megaproyectos “tales como la hidroeléctrica que se pretende instalar en la comunidad de San Juan Tahictic”.

La propuesta incluye también la creación de una Fiscalía Municipal de Justicia Ambiental “que entre otras funciones tenga el velar y sancionar el cumplimiento de ordenamientos ambientales tanto nacionales como internacionales” y en especial el que “vele por la salud ambiental de los habitantes del municipio de Zacapoaxtla”, denunciando ante las autoridades los llamados delitos ambientales y se establezca una defensa del medio ambiente y los recursos, considerando que constituyen un derecho fundamental”...

Lo que está en juego es mucho más que la negativa a que la hidroeléctrica se instale. Como en Tahictic, en diversos puntos del país crece la negativa a que los megaproyectos, sean de fracturación hidráulica, de acceso y construcción de trayectos carreteros, de extracción de minerales, de acaparamiento y privatización del agua, y para la generación de electricidad por medio de molinos de viento, represas o la construcción de centrales termoeléctricas, más las deforestaciones, agro-proyectos industriales mecanizados y otros tantos proyectos que no sólo invaden los territorios de las comunidades sino que devastan el entorno, acaban con los recursos y terminan expulsando a la población en aras de intereses ajenos.

Esta expansión de los megaproyectos encuentra una airada defensa por parte de las comunidades que en su defensa tienen su propia normatividad comunitaria y ejidal amparada en su carácter agrario, pero también artículos constitucionales federales y estatales, el Convenio 169 y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En el fondo comienza a cundir en el país la urgencia de reivindicar su propia condición autónoma y las salvaguardas jurídicas indispensables para que sea más difícil para cualquier entidad pública o privada el entrometerse con el modo en que una comunidad, ejido o municipio tengan para plantearse la vida y su destino. Veremos más en los próximos meses.

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