ATENCO, DIEZ AÑOS / 229

Eliana Gilet. San Salvador Atenco, Estado de México. Las heridas de la represión siguen abiertas: dos muertos, decenas de personas en la cárcel, violencia sexual contra las detenidas. Y la embestida contra las tierras, que nunca se alejó. Desde entonces, también, el gobierno siembra el miedo a golpes. No desiste. Quiere un aeropuerto sobre este valle. Tampoco desisten los pueblos y regresan a la resistencia.

“En los años posteriores a la represión de mayo de 2006, con los principales referentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco en la cárcel y mucha gente que se fue, los rumores que circulaban por los pueblos era que todos ya habían vendido, que no tenía caso que la gente siguiera negándose, porque lo único que buscaban los que lo hacían era su bienestar personal, oponiéndose al progreso. Se fue sembrando la idea de que había que dividir el terreno común del ejido e instaurar la propiedad privada”. Pedro, un aguzado joven vecino de La Magdalena, el municipio de junto, hilvana el relato. “La idea que permeó fue que la lucha no valía la pena por el riesgo que implicaba. Estos pueblos tienen un esquema de familia tradicional, en dónde la voz del padre es lo que pesa. Y ellos tenían en mente que el riesgo llegaba hasta las mujeres, a sus esposas y sus hijas, por los ataques sexuales que los policías cometieron contra las detenidas esos días. Entonces aceptaron que lo mejor era ya no meterse y eso dijeron a sus hijos.”

La embestida privatizadora tomó forma hace dos años, cuando Andrés Ruiz Méndez, de filiación priísta, asumió como comisario ejidal. En una asamblea turbia, en mayo de 2014 pretendió materializar lo que los rumores habían estado preparando: que la asamblea ejidal aprobara la figura del “dominio pleno”, desarmando el núcleo ejidal para convertir tierras de vocación agrícola en propiedad privada, susceptible de venderse. El intento fue abortado por el Frente de Pueblos en la justicia, que por medio de una suspensión definitiva invalidó la asamblea que permitió el cambio de uso de suelo. Ahora, Ruíz Martínez es presidente municipal de Atenco por el PRI hasta 2018.

En septiembre de 2014, después del intento privatizador de la tierra comunal, Enrique Peña Nieto anunció que reavivaba el proyecto de un Nuevo Aeropuerto para la Ciudad de México en la zona del ex Vaso de Texcoco. El gobierno federal pretendía ser el comprador de las tierras ejidales, una vez que lograran privatizarlas. En juego están, desde entonces, casi dos mil hectáreas de los ejidos Santa Isabel Ixtapa, Nexquipáyac, Acuexcómac, Atenco, San Bernardino, Tocuila, Texcoco y Chimalhuacán.

Ante el fracaso para torcer a la autoridad ejidal, el gobierno federal echó mano a la Comisión Nacional del Agua, que venía comprando terrenos de esos ejidos con la pretensión de construir “una zona de mitigación y rescate ecológico del Lago de Texcoco”. La información sobre esas compras estuvo resguardada durante siete años, “por motivos de seguridad nacional”, según reveló La Jornada en 2010.

 

La Zona Ecológica corresponde, claro, al lugar en dónde se proyecta el Aeropuerto. “El proyecto es un dolor de cabeza por dónde se lo mire” ya que no sólo está trazado sobre una de las áreas del Valle de México que más rápido se hunde — entre 30 y 40 centímetros al año— sino sobre la única que representa una esperanza para el acceso futuro al agua potable de la población que habita la capital y el Estado de México. El proyecto del Aeropuerto se conoció en septiembre de 2015, cuando fue presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Desde entonces, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, viene haciendo las advertencias que se citan en este apartado.“El proyecto debió ser rechazado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, que es la parte de Semarnat, debido a que existe incertidumbre sobre el mismo, que nace de la omisión deliberada de información que impide una evaluación correcta del impacto ambiental de la obra. A grandes rasgos, lo que están tratando de hacer es cambiar un lago por un bosque. Desde un punto de vista científico es la peor decisión. No deberíamos siquiera intentarlo. El Vaso del Lago de Texcoco es la esperanza de tener agua en un futuro no muy lejano, ¿y encima le vas a poner una plancha de concreto, pistas, una ciudad y áreas libres sembradas con una especie que es plaga?”

La consultora encargada de elaborar y redactar el Manifiesto de Impacto Ambiental para el gobierno mexicano se llama “Especialistas en Desarrollo Ambiental SA de CV” y uno de sus socios fundadores es Rodolfo Lacy Tamayo, quien actualmente se desempeña como Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de Semarnat.

 

La mañana del 12 de abril de 2016, una cuadrilla de trabajadores de Conagua irrumpió sin permiso en tierras ejidales de San Salvador Atenco, custodiada por una tanqueta militar, al día siguiente que los vecinos les hubiesen negado el paso. El lunes 11 habían intentado “realizar mediciones” en la base del cerro Huatepec (Cerro del Agua, en náhuatl). “Los compañeros dijeron que no podían estar en tierras comunales porque estamos en litigio. Les dijeron que entendemos que ellos son trabajadores y no tienen nada que ver con el conflicto, pero para no meterse en el problema, les pedimos que se retiraran”.

Quince días después, personal de la Constructora y Pavimentadora Vise (o Cypsa Vise), concesionaria para la obra de la carretera que unirá las Pirámides de Teotihuacán con Texcoco (obra para dar acceso al aeropuerto) ingresó sin permiso a tierras ejidales de Tocuila, en el tramo de San Felipe y Santa Cruz. Un sitio al que ya habían entrado días antes y la gente los echó. La respuesta de la empresa fue denunciar penalmente a los campesinos por robo, ya que prendieron fuego a la malla plástica de tela que colocaban en el terreno.

Coronó estas acciones la aprobación de la “Ley Eruviel”. La movilización del “Mayo Rojo” como denominó el Frente de Pueblos a las actividades a 10 años de la represión, tiene también como objetivo denunciar la nueva escalada represiva.

El 18 de Marzo, el Congreso mexiquense aprobó una ley que “regula” el uso de la fuerza pública en manifestaciones populares. Habilita el uso de munición real contra la población desarmada, así como dispositivos para descargas eléctricas, inmovilizadores, candados de mano y sustancias irritantes en aerosol. Se deja a criterio de la fuerza represiva en qué momento debe desplegarse este “régimen de excepción”. Los mandos castrenses a cargo de los operativos serán los últimos responsables de la violencia, dejando en la comodidad de las sombras a cualquier representante del poder político. La “ley Eruviel”, como la bautizaron los pueblos mexiquenses en honor al gobernador que la impulsó, quita la responsabilidad a los políticos por las represiones en el territorio.

La respuesta de los pueblos fue organizarse en la coordinadora Fuego de la Digna Resistencia, que ya convocó la atención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, y logró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos llevara a fines de abril la “Ley Eruviel” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea declarada nula por violar la Constitución.

“Está en riesgo la resistencia popular frente a los megaproyectos. Está en juego la defensa de los recursos naturales y el territorio, por eso vamos a tirar esta ley”. Tal fue la respuesta de los pueblos y colectivos al conocer este ajuste represivo que no sólo pone en peligro la libertad de expresarse y el derecho a la protesta, sino la integridad física y la vida de todos los pobladores de la entidad. En junio vence el primer plazo para hacerla caer antes de que entre en vigencia.