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FORO EN DEFENSA DEL MAÍZ, OTRA VEZ: EL HORIZONTE PERPETUO / 229

Ramón Vera Herrera

Las comunidades y pueblos en México están claros en por qué defender el maíz, ahora más que nunca bajo ataque de las corporaciones que ven en éste uno de los “productos” de cultivo más versátiles para la industria, una materia prima que le permite a los consorcios agroalimentarios convertirlo en uno de los componentes centrales de todo lo imaginable (galletas o gelatinas, yoghurt o mermelada, refrescos, jarabes de “maple”, jugos, tostadas, harina para hotcakes o de plano almidón, pienso para animales o para humanos).

Las comunidades y los pueblos defienden su maíz nativo “por ser el cultivo-corazón de la civilización mesoamericana milenaria, y justo porque no lo ven como un producto agrícola comercial o una materia prima para las industrias”.

Defender el maíz los hace defender de un modo integral su propia vida porque desde hace milenios conversan con el maíz y lo custodian —y el maíz se ha hecho cargo de los pueblos. “La conciencia del respeto por la vida que tienen las comunidades, y la responsabilidad para ayudar a que se cumplan los ciclos de la milpa, tiene un carácter espiritual y sagrado: es la historia, la memoria, la identidad y el cuidado de la vida de todos”.

Entonces defienden la milpa (el sistema agrícola diverso donde conviven y se fortalecen, junto con el maíz como su eje, el frijol, la calabaza, el chile, el chayote, los quelites, los jitomates y otras tantas plantas y hierbas que son la base de la alimentación nacional).

El maíz nativo se defiende en México porque aquí es “su centro de origen y diversificación”. Las comunidades originarias, y los ejidos y comunidades agrarias, las organizaciones que se reconocen en la Red en Defensa del Maíz, llevan 15 años reivindicando su más total rechazo a los maíces transgénicos. Se niegan totalmente al “otorgamiento de permisos para la siembra experimental, piloto o comercial de OGM” así como a “la distribución, almacenamiento y comercialización de todos los organismos genéticamente modificados en cualquier parte del territorio nacional”.

 

 

La gente insiste en impedir que entren a las regiones semillas ajenas “o de asistencia” porque por todo el país las comunidades han mantenido una moratoria de facto desde el 2000 que ha logrado impedir —en mayor o menor medida— una invasión transgénica generalizada, aunque bien sepan que tienen que mantener la alerta y la atención detallada al desarrollo de sus milpas. Incluso si se encontrara alguna contaminación, la gente está clara: “no vamos a permitir que nadie de fuera (ni ONGs, ni empresas y mucho menos el gobierno) venga a nuestras regiones a querer descontaminar. Sólo nosotros decidiremos cómo hacerlo”, insisten.Entre sus estrategias, sobresale la idea de que “la defensa del maíz pasa por seguirlo sembrando con las técnicas de agricultura campesina tradicional y de agroecología contemporánea”; implica remontar la deshabilitación que les impusieron corporaciones y gobiernos y que busca desplomar la rentabilidad de la actividad agrícola, que los agroquímicos sean un gasto adicional y una fuente de devastación, pobreza, envenenamiento y contaminación; drogadicción y agotamiento de los suelos.

Es nuestro derecho ancestral, dicen las comunidades, “custodiar, guardar e intercambiar libremente semillas nativas sin la imposición de mecanismo alguno de control estatal, federal o empresarial (sea certificación, inventario, banco de semillas, catálogo de variedades, patentes, denominaciones de origen o derechos de obtentor o de propiedad)”. Es necesario rechazar entonces la injusta y sesgada ley de semillas del 2007 y la inminente imposición del llamado Convenio UPOV-91 "como parte del paquete del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, porque imponen la privatización de las semillas y legalizan la criminalización de la custodia e intercambio de semillas que hacen las comunidades”.

Reivindican en cambio sus semillas nativas y su producción autónoma de alimentos que les permiten no pedirle permiso a nadie para emprender, expandir y mantener la libre determinación y autonomía que impulsa la defensa del maíz, así como éste da vida a esa autonomía y posibilita la defensa de sus territorios “amenazados por proyectos extractivos e hidroeléctricos y fractura hidráulica, por proyectos carreteros, de servicios ambientales y la privatización de los mantos de agua; territorios amenazados también por la industrialización y urbanización salvaje y por la política ambiental oficial de conservación sin gente”.

También insisten en proseguir con “el modo colectivo de pueblos y comunidades porque la defensa de la milpa y la solución de los problemas sólo puede realizarse entre quienes viven las situaciones”. Insisten entonces, desde muchos rincones, en “las estructuras de participación y colaboración, de ayuda mutua y trabajo colectivo (guetza, tequio, mano vuelta), y de reflexión y decisión conjunta como son las asambleas”.

Hay tres puntos sensibles: la extrema preocupación ante los programas de gobierno “por ser un factor de división profunda en las comunidades, por promover una economía de mercado y una cultura del registro, la certificación, las normatividades y la obediencia a las instituciones, por impulsar visiones ajenas a las comunidades y menospreciar o de plano prohibir las estrategias más antiguas de las familias campesinas”; la defensa del carácter colectivo de la propiedad social —ejidos y comunidades— “sin individualización, privatización ni expropiaciones”; y la exigencia de que “cualquier proyecto público o privado, programa, política pública nacional o internacional que pretendan realizar en nuestros territorios o que vaya a tener efecto sobre los mismos, deberá contar con nuestro consentimiento, previo, libre e informado, lo que significa que cualquier instancia debe avisarnos e informarnos de sus pretensiones antes de siquiera proyectar sus acciones para que nosotros podamos aprobarlo o rechazarlo en tiempo y forma”.

Las comunidades están ya bastante hartas de los “modos amañados” con que pretenden utilizar la consulta para legitimar sus proyectos “una vez cumplidos requisitos que se volvieron burocracia y no voluntad de incluir nuestra participación”. “Cualquier consulta”, continuaron, “deber ser vinculante, tener efectos reales”.

 


Así lo dijeron en el Foro en Defensa del Maíz ¡Otra Vez!, celebrado en Casa Xitla, en Tlalpan, Distrito Federal, el 20 y 21 de abril de 2016, quienes se reunieron ante la urgente necesidad de profundizar reflexión, información, acciones y sentido de la defensa de los pueblos relacionados con la milpa, como ha ocurrido desde el Primer Foro en Defensa del Maíz a principios de 2002.Todo esto y mucho más hablaron desde los rincones. Vinieron de Bachajón y el Llano en Llamas, de Cuetzalan y Zautla, de Tlatepusco y Yerba Santa, de la Chinantla, la Sierra Mixe y Valles Centrales. Se asomaron de toda la Huasteca Alta pero también de la Montaña y hasta de Cherán, Ostula, Xochicuautla o Atlapulco. De Bacalar a Mérida pasando por las milpas urbanas de la UACM en San Lorenzo Tezonco, su palabra anida inagotable esperanza, horizonte perpetuo:

Seguiremos buscando formas propias para enfrentar el caos y la devastación de la vida protegiendo nuestras semillas nativas y nuestras relaciones comunitarias en el flujo de la emigración, en el contexto de las debacles que ocasiona la crisis de la economía, y de los variados escenarios de guerra abierta contra la vida campesina, manteniendo y promoviendo nuestro propio Derecho e insistiendo en encontrarle un lugar a las nuevas generaciones.

El quehacer de los campesinos tiene importancia crucial para el futuro de las personas y el planeta. El sentido de sus saberes y procedimientos rebasa el ámbito comunitario y de la milpa al punto de ser una de las claves que pueden evitar el suicidio de la humanidad, pues somos los pueblos originarios y las comunidades campesinas quienes aún mantenemos una conversación permanente, racional y emotiva, plena de saberes y siempre cuidadosa, con la naturaleza

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