FOSAS ILEGALES EN TETELCINGO

• POR OBRA Y GRACIA DEL GOBIERNO DE MORELOS

 

Eliana Gilet. Tetelcingo, Morelos. Una docena de mamelucos blancos rodean un hueco en el piso. Hay un silencio solemne, como doble, por la primera vez que los enterraron sin honores. Es el final del tercer día de trabajo en “las fosas de Tetelcingo”, un pueblito de caminos de terracería que desembocan en un campo custodiado por policías. Todos saben en Cuautla, la ciudad vecina, que encontraron fosas “clandestinas” y que ya empezaron a abrirlas.  La particularidad de un país que siembra muertos, como alguna vez fue descrito, es que las de Tetelcingo son fosas estatales. La Fiscalía de Morelos enterró de manera ilegal a cientos de personas. No se tiene un número exacto de cuántos cuerpos que pasaron por las fiscalías de la zonas Oriente y Metropolitana –con sede en Cuernavaca– están enterrados en ese campo de un particular, donde dos funcionarios de la administración anterior –Ana Lilia Guerrero, directora general de servicios periciales de la región Oriente, y Rodrigo Dorantes, fiscal general del estado– negociaron con el dueños un pedazo de su terreno para el enterramiento clandestino.

El argumento público de la Fiscalía, una vez que tamaña irregularidad se conoció públicamente en diciembre de 2014, hace año y medio, fue que no tenían ya más espacio dónde ubicar los cuerpos a su resguardo. Anunciaron que una investigación fue abierta contra los funcionarios actuantes.

Ahora se trabaja en la primera, que corresponde a la zona Oriente. “En esta jornada el trabajo estuvo más coordinado y hubo menos retrasos. En el inicio tuvimos fuertes desencuentros, que hicieron que el primer día no pudiera exhumarse ningún cuerpo porque se rompieron los acuerdos trabajados largamente durante las reuniones previas”, explica Roberto Villanueva, director del Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM).

Los conflictos fueron por el acceso de prensa, y que las familias trabajaran directamente en la fosa. También la presencia en el predio de maquinaria (una retroexcavadora y una pipa de agua) responsabilidad de la Fiscalía del estado, y que al comenzar las labores, no estaban disponibles.

“Se pretendió que este trabajo se hiciera en la clandestinidad, pero para nosotros eso es una manera de coartar la libertad de expresión y la participación activa de los familiares”.

Eran mayormente mujeres. Pasando la valla de policías, cara tapada siempre, que se aburren y transpiran bajo el rayo del sol, aparecen las carpas al costado del terreno. Apartados, con tapabocas y los mismos mamelucos que las sombras del comienzo, trabajan cuatro equipos forenses, más las propias víctimas. Peritos de la Fiscalía, la Comisión Nacional de Seguridad y la Universidad de Morelos, que alternaban al borde del hueco, fueron sacando los cuerpos.

 

Las familias que participan como observadoras llevan registro, fiscalizan y hacen preguntas: una vez sacado de la tierra –inundando el ambiente con su olor particular que avisa que el cuerpo sale –es lavado y puesto en condiciones para ser medido. Se apuntan sus características antropométricas y de odontología. Luego se elige qué parte del cuerpo es más viable de que se le extraigan muestras, que por lo general es el fémur, y se envía una parte de la muestra a los cuatro grupos forenses.

Los cuerpos fueron enterrados en bolsas de nylon y la Universidad denunció que al menos en un caso carecía de identificación. Identificados o no, a todos se les hace análisis de ADN, y los vincularán a una carpeta (según la Fiscalía).

Una vez terminada la jornada diaria, los cadáveres del día son trasladados a otra fosa común, ésta sí legal, en un panteón en Cuautla. Allí las fosas se sellan con una etiqueta violeta para que no sean abiertas, hasta que los restos sean nuevamente trasladados, después de mucho tiempo, a casa.

Las madres ya habían estado ahí en marzo, sin carpas ni agua, nada más con lo que habían podido acarrear. Se quedaron tres días. La acción buscaba presionar a una Fiscalía que dilataba investigarse a sí misma. Entonces dieron con la Universidad.

A partir del secuestro y asesinato de Olivier Navarrete Hernández, hijo de María, se abrió la puerta para que el Equipo de Extensión de la Universidad coadyuvara en la investigación. También trabajan otros grupos locales como peritos independientes.

Fue la Universidad quien financió la instalación de las comodidades mínimas para todos los equipos. Por eso cuando el titular estatal de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge Olivares Brito, llegó a la excavación y pretendió tomarse una fotografía “in situ” con una de las madres organizadas, éstas lo echaron. "Jamás nos atendieron, jamás no ayudaron, no vengan ahora a montarse en algo que logramos con mucho esfuerzo”. Que ese paso era de ellas, le decían, de ellas y de la Universidad.

Javier Sicilia tuvo que ver en el giro. El poeta, periodista e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad le contestó al Rector de la UAEM que él sólo aceptaría el cargo de Director de Extensión si también entraba su agenda: la lucha junto a las familias de personas desaparecidas y asesinadas en México.

Extensión de la UAEM se reestructuró en 5 Programas: Atención a Víctimas, Formación para la Paz y la No Violencia, Movimientos Sociales, Intervención Comunitaria y, en relación directa con Tetelcingo, una Comisión Científica de Identificación Humana.

Villanueva relató que aunque este trabajo es inédito para una Universidad mexicana. Abrevaron de otros casos en el mundo, particularmente la Universidad de Granada, España. Estudiantes de la Universidad de Guadalajara propusieron al Consejo de Rectores que esa casa de estudios reciba una asesoría de los de Morelos para emprender la misma senda.

Además de Guadalajara, los de Morelos también participarán de la Segunda Brigada de Búsqueda de Desaparecidos, en el papel de observadores, como ya hicieron en Amatlán, Veracruz. Y continúan con su vínculo con familias y organizaciones de Coahuila y Nuevo León, así como familias de Morelos (37 en 3 días) que se acercaron a las fosas a pedir muestras genéticas ya que desconfían de que uno de esos cuerpos pertenezca al familiar desaparecido.

Se tiene la ubicación de dos de las fosas comunes en que la Fiscalía de Morelos arrojó cadáveres ilegalmente. Sin embargo, no se conoce aún la tercera, que fue indicada por el dueño del predio que atestiguó en el caso de Olivier. Sí resultó llamativa para madres y la UAEM la existencia de cruces junto a esas fosas. Nadie recordaba allí montículos de tierra coronados por unas cruces con pinta de nuevas. Se sospecha que son falsas, y tal vez esconden la ubicación de la fosa que falta.