LOS NGÄBE BUGLÉ RESISTEN INDÍGENAS DE PANAMÁ CONTRA LA PRESA BARRO BLANCO

El 24 de mayo saltó de nuevo la liebre del extractivismo brutal en la comarca ngäbe-buglé, al occidente de Panamá, territorio histórico del mayor pueblo indígena en el país y uno de los más importante de Centroamérica. Llevan años en lucha contra la presa Barro Blanco que gobierno y constructoras se han empeñado en poner sobre el río histórico de los ngäbe, el Tabasará; contra promesas, cooptación, engaños y garrote de dos gobiernos nacionales. En 2011 y 2012, los ngäbe y sus hermanos buglé desafiaron al Estado, conmovieron al país que los ignora y detuvieron un proyecto minero. Ahora fueron desalojados por la policía nacional durante un bloqueo para frenar el llenado de la presa y la inundación de poblados. El día 23, el ministro de Gobierno Miltón Henríquez dialogó con los representantes indígenas. No faltaron “regalías y promesas”. Sin embargo, los indígenas no aceptaron. Exigen que sus tierras sean libres, sin hidroeléctricas. De manera pacífica se mantuvieron en el área del proyecto hidroeléctrico. Según reportes desde la comarca, “las fuerzas represivas irrumpieron en la protesta, arrestando a 35, incluso mujeres y niños”. Cuatro tractores destruyeron el campamento de la protesta en la iglesia Mama Tata (expresión religiosa local). El gobierno panameño y Generadora del Istmo S. A. (GENISA), “dueña” de la hidroeléctrica, fingieron dialogar sin cumplir lo pactado. De inmediato se registran protestas en Gualaquita, Bocas del Toro y Santiago.

Ricardo Miranda, del Movimiento 10 de Abril, anunció el desconocimiento de los acuerdos entre la impugnada cacica Silvia Carrera y el presidente Juan Carlos Varela para permitir las pruebas de vaciado. Miranda demandó la suspensión del llenado de Barro Blanco, y respeto a la autonomía de la comarca como establece la ley. “El gobierno tiene que rescindir el con trato con GENISA, que ha cometido más de 18 delitos ambientales a lo largo de la construcción del proyecto y afectan directamente los recursos naturales”.

Olmedo Carrasquilla, del Colectivo Voces Ecológicas y Radio Temblor, documentó el agresivo desalojo: “Nunca debió darse, ya que se mantenía un diálogo, y unos de sus puntos era no llenar la represa”. Esta “mala decisión” deja al gobierno de Varela como continuador de la represión ejercida por su antecesor Ricardo Martinelli, a quien los indígenas desafiaron con éxito en febrero de 2012. Revela “el cinismo, la falta de moral y principios humanos” con que el gobierno argumentó para evacuar a los indígenas, medir el grado de calidad del proyecto y demostrar, una vez llenada la represa, que es viable proceder con la operación de la hidroeléctrica”.

Se trata, añade Carrasquilla, de un proyecto “ensamblado y generado en las mesas del capitalismo voraz, causante de la crisis ambiental global”. El Plan Puebla Panamá-Iniciativa Mesoamericana pretende la expansión del capital energético en la región. Pese a demandas, denuncias, querellas penales, acciones administrativas, amparos y demás, “el capital logró secuestrar la magistratura de justicia para obedecer al falso argumento de la necesidad social nacional”. Y qué decir, abunda, de los programas de la ONU como Reducción de Emisiones, Degradación y Deforestación (REDD) y Mecanismo de Desarrollo Limpio, “caridad verde” para que las transnacionales “siembren los tentáculos del extractivismo de tierras y aguas, cuyo efectos son el desplazamientos de los pueblos originarios y campesinos”.

 

Ya en abril, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) alertaba que el inminente cierre de las compuertas de Barro Blanco colocaba en peligro de ser desalojadas al menos a 270 personas. GENISA, propiedad del hondureño Luis Kafie, “implicado en el saqueo del Instituto Hondureño del Seguro Social”, cuenta con el apoyo de los bancos Interamericano de Integración Económica, el holandés FMO y el alemán DEG. Los dos primeros financian la represa Agua Zarca en el territorio lenca de Honduras. Ahora, FMO y DEG “desestimaron el derecho a la consulta, previa, libre e informada que poseemos los pueblos indígenas”. El cierre de las compuertas “conllevará al desplazamiento poblacional y la desaparición de los petroglifos sagrados en el Tabasará”.

OFRANEH destaca: “Las hidroeléctricas en Centroamérica han causado un enorme perjuicio. Los casos de Chixoy (Guatemala) y Bayano (Panamá) forman parte de la letanía de infamias cometidas contra los pueblos indígenas de istmo centroamericano. Más de 400 mayas achi fueron asesinados como consecuencias de las erráticas políticas promovidas por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que no tuvieron reparo para financiar una hidroeléctrica a pesar de que Guatemala se encontraban en medio de una guerra de exterminio de los pueblos indígenas”. Las represas en territorios indígenas de Centroamérica “continúan provocando una enorme violencia”, como lo demostró el asesinato de Berta Cáceres en abril pasado.

 

El diario La Estrella (30 de mayo) refirió que las comunidades afectadas son Quebrada Caña, Quebrada Plata, Nuevo Palomar, la Comunidad Cultural Kiad, Labramona y Calabacito, del distrito Müna, región Kodri. El llenado del embalse inundará seis hectáreas del territorio ngäbe, incluyendo hogares, escuelas, lugares religiosos, arqueológicos y culturales. En reunión con caciques y dirigentes indígenas, el ministro de Gobierno admitió que la de inundación fue “una decisión técnica” en la que no participaron las autoridades comarcales como se había informado inicialmente, y pidió disculpas “por cualquier situación que haya podido causar la confusión”.

La cacique suplente de la región Kodri, Clementina Pérez Jiménez, invocando el apoyo de su pueblo, de la iglesia autónoma Mama Tatda y de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas, aseguró que la empresa “miente” cuando dice que en el área que resultará inundada no había población, y que el pago por el uso de seis hectáreas de terrenos anexos a la comarca “no llega al pueblo sino a cuatro títeres”, refiriéndose a anteriores dirigentes que fueron cooptados.

La organización internacional Salva la Selva señala a su vez que la sierra del Tabasará en la provincia Chiriquí “es un paraíso para anfibios y reptiles”; muchos sólo se encuentran en este lugar y están amenazados de extinción, como la rana azul del Tabasará, que sólo vive en las orillas que quedarán inundadas. “El territorio ngäbe está reconocido por el gobierno de Panamá como propiedad colectiva” y los indígenas no han dado su consentimiento para el proyecto hidroeléctrico. “Al menos dos muertos y más de un centenar de heridos y detenidos y otros abusos fueron saldo de las manifestaciones de febrero 2012 en contra de los proyectos hidroeléctricos y mineros en el territorio ngäbe-buglé. El proyecto Barro Blanco es cuestionado por corrupción. El estudio de impacto ambiental original nunca se consultó. Sus responsables decidieron unilateralmente aumentar el tamaño del embalse sin realizar las consultas pertinentes ni un nuevo estudio, como requiere la ley”.

Para la Coordinadora Victoriano Lorenzo, la hidroeléctrica fue impuesta “con la fuerzas de las armas debido a su ilegalidad desde sus inicios, dejando varios muertos como Jerónimo Rodríguez Tugrí, Mauricio Méndez y Abraham Montezuma, además de medio centenar de ciegos y miles de heridos; la práctica común del gobierno son los  golpes, empujones,  toletazos, gas pimienta, bombas lacrimógenas y en última instancia disparos de bala al pecho o a la cabeza”.

En lo que la presa se inunda “de prueba”, la paciencia y la resistencia territorial de los ngäbe y los buglé también están a prueba.