QUIÉN AMBICIONA EL AGUA EN LA SIERRA / 230

• PUEBLA, ENTREGADA A LAS GRANDES EMPRESAS
• ÉSTAS Y EL GOBIERNO Y ARRASAN CON EL AGUA DE LAS COMUNIDADES

 

Tepexoxuca, Puebla. En los corredores industriales de Puebla-Tlaxcala, hay sin duda una avidez por acaparar las reservas del agua. La violencia ejercida por empresas que van por todo en la desesperación de no renunciar a sus tasas de ganancia, ubican a estos corredores, con sus parques industriales, sus maquilas y sus plantas fabriles, como un espacio que hay que vaciar de sus ancestrales habitantes y custodios.

Por toda la zona, nos recuerda Andrés Barreda (acucioso investigador del agua en México que por años ha investigado su devastación en Puebla y Tlaxcala), “los escurrimientos de la Malinche y del Popo y el Iztaccíhuatl crean una extensa zona de humedales que en alguna época incluso formaron lagos concatenados, que de diversos modos los pueblos y comunidades cuidaron por siglos, reviviendo rejuntando las aguas en su manejo ancestral”.

Ya desde 2013 las comunidades y las organizaciones habían hecho público su malestar y su voluntad de resistir y establecer vínculos para defenderse ante el complejo proceso de proyectos combinados que en ese corredor tiene por corazón acaparar el agua. Son grandes torrentes de agua los necesarios para producir energía eléctrica, extraer hidrocarburos con fractura hidráulica y activar la nociva minería contemporánea. (Tan sólo en 6 municipios de la Sierra Nororiental aloja 8 concesiones de Minera Gavilán, filial de Almaden, en 42 mil hectáreas acaparadas.) También es necesaria el agua para promover la industria refresquera, la fabricación de automóviles, microcomponentes y un largo etcétera, o para que funcionen los grandes monocultivos industriales. Se privatiza también su servicio municipal y se promueve su embotellamiento).

Esto lo encarna Living Water, suerte de “fundación religiosa extranjera financiada por Coca-Cola-Femsa”, que busca administrar el agua del municipio de Ocotepec en complicidad con la edil priísta Macaria Hernández Rodríguez, y que lleva ya casi 10 meses de conflicto con los pobladores de Ocotepec.

Preocupados por tales maniobras (que incluyeron la suplantación de firmas de vocales del Programa Prospera), los habitantes del municipio fundaron el Movimiento para la Defensa del Agua y otros Recursos Naturales (MDARN) intentando impedir que la empresa-fundación se “infiltre poco a poco en los lugares ricos de agua como Ocotepec, para tomar el control de dicho recurso”.

El conflicto creció, y el gobierno de Rafael Moreno Valle respondió reprimiendo y acosando a la población “con la fuerza pública (policías locales y de otros municipios, granaderos)”. El mismo ejército decidió estar muy presente “prestando servicios sociales”.

El MDARN marchó ya hacia la ciudad de México y ha denunciado como ha podido la jugada de querer acaparar el agua de la región. Living Water estableció también su presencia en La Gloria, en el vecino municipio de Coyoaco, donde la fundación quiere administrar los recursos, construye tanques de almacenamiento y para escándalo de las comunidades busca recabar información “religiosa, educativa, de vivienda y niveles de pobreza o sustento”, lo que a la gente le comienza a parecer contrainsurgencia, sobre todo cuando crece la presencia de personas ligadas a la agrupación paramilitar Antorcha Campesina, y la Confederación Nacional Campesina (CNC) logra apoyos para vivienda de los programas de fomento.

Renato Romero, vocero del MDARN, delineó un panorama incluso desolador que se cierne sobre la Sierra Nororiental. El agua que pretende acaparar Living Water es parte de un paquete que incluye la operación de los nuevos invernaderos de Driscoll’s Puebla que cultivan agroindustrialmente fresas, zarzamoras y brócoli con mano de obra de 130 pesos diarios y condiciones laborales que ya hicieron que miles de jornaleros de San Quintín, Baja California, se fueran a huelga. El MDARN sabe que el agua alimentará a la automotriz Audi, y a la activa minería de Ixtacamatitlán, Libres, Zautla y Tepeyahualco, donde los conflictos violentos crecen por las condiciones deplorables, como en Santa María Sotoltepec y San Miguel Tuligtic en Ixtacamaxtitlán donde Minera Gavilán contrata a jóvenes ajenos a los nocivos efectos del cianuro o el mercurio utilizados en la extracción del oro, o en Zautla donde una empresa china, JDC Minerals, pretende reactivar una muy resistida mina: La Lupe.

 

En todo el estado aumenta la discusión en torno al agua, y adquieren lógica los proyectos extractivistas que empujan sin miramientos la industrialización de una espacio campesino y de comunidades originarias que sufrieron la Revolución Verde, y por ende la imposición de paquetes de insumos, semillas y agroquímicos, y siguen sufriendo la desaparición o por lo menos la pérdida de la memoria de maíces que siguen por ahí, escondidos, esperando una mejor oportunidad para florecer y volverse a expandir.

Con gran claridad, los pueblos y comunidades van viendo lo que les puede venir y entienden que el acaparamiento del agua es uno de los núcleos duros del ataque por cuatro razones, según nos ilustra Jorge Eduardo Morales Sierra, del Programa DESCA del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria SJ.

Primero que nada, dice Morales Sierra, por el afán de control y centralización por parte del Estado, lo que de inmediato habla de una privatización diseñada. Segundo, porque existe discriminación en el acceso al agua: mientras “las regiones indígenas y campesinas como Ocotepec, generan 21por ciento del agua, más del 40 por ciento de los hogares en estos sitios no cuenta con agua en las condiciones que lo establece el derecho humano al agua”. Tercero, porque los municipios han acaparado las decisiones relativas al agua por ser quienes proveen los servicios de agua potable y su saneamiento (incluidos los desechos de agua procedentes de las industrias), lo que les permite firmar convenios y concesiones “con agentes privados para la captación, distribución y saneamiento del agua”.

Y cuarto, la escasez ha orillado a la privatización de las infraestructuras y el embotellamiento de un buen porcentaje del agua, estableciendo un negocio que arroja en la región “32 millones de pesos”. El consumo por persona es de “87 litros de agua por año”.

 

Dos lógicas se oponen. Por un lado están las comunidades, que históricamente cuidan un bien común que era abundante en todas esas sierras, dentro de la Cuenca Libres-Oriental. Las comunidades mantienen su búsqueda de autonomía, aunque las deshabilitaciones que les impusieron para desplomar la rentabilidad de su agricultura les hagan dependientes de los programas oficiales. A manotazos y con mucho ánimo la gente emprende una urgente recuperación de su memoria y se reconstituye al entender.

Por otro lado, las empresas y el gobierno buscan extremar la lógica industrial y arrasan con toda el agua necesaria con tal de tejer sus invernaderos esclavizantes y tóxicos mientras extraen a golpes de agua y químicos brutales un gas natural que dice ser barato, pero que “social y ambientalmente” resulta incosteable. Detonan las montaña para sacar el resto de minerales metálicos y no metálicos e impulsan plantas automotrices de fabricación de carrocerías, motores y acabados con la más avanzada robótica. La planta Audi que se planea en San José Chiapa, será “la más avanzada de América Latina”. Se necesitan 148 mil litros de agua para hacer un automóvil.

Los datos globales no dejan mentir: según el comunicado “Sin consulta, con represion y violencia imponen proyectos extractivos en la Sierra Norte de Puebla”, firmado por varias organizaciones en noviembre de 2015, son 440 concesiones mineras en más de 149 mil hectáreas, 233 pozos de fracturación hidráulica y por lo menos 15 proyectos hidroeléctricos, lo que arroja casi 332 mil hectáreas concesionadas a las industrias extractivas, todas ellas al servicio de los corredores industriales que se tienden en la región, y todas ávidas de agua.