EL ASEDIO DE OSTULA / 234

• ANTE EL REAGRUPAMIENTO DEL NARCO, LA POLICÍA COMUNITARIA DE OSTULA REINSTALA CONTROLES CARRETEROS EN LA COSTA DE MICHOACÁN
•TEMPLARIOS Y MINERAS, AMENAZAS CONSTANTES, CUENTAN CON COMPLACENCIA OFICIAL
•34 COMUNEROS NAHUAS ASESINADOS Y SEIS DESAPARECIDOS, EN LA DEFENSA DE SUS TIERRAS

Ostula sigue siendo territorio minado. La población continúa bajo la amenaza del crimen organizado ante “el silencio omiso de la Marina Armada de México y de las demás corporaciones de seguridad”. Por eso la decisión, tomada en asamblea comunitaria el pasado 7 de septiembre, de reinstalar indefinidamente un retén en la carretera costera número 200 del estado de Michoacán.

Los comuneros y la Policía Comunitaria de Santa María Ostula, ubicada en el litoral del Pacífico michoacano, están a cargo del retén desde hace un mes. El motivo, denuncian, es “el evidente fracaso del Mando Único policial”, en la entidad, y también que “los ex templarios, a través de lugartenientes como El Tena, El Tuco y Chuy Playas, se han estado reagrupando y tomando control de regiones enteras de la costa-sierra”.

Ostula es una comunidad asediada por las transnacionales, principalmente mineras, las organizaciones delincuenciales, y los pequeños propietarios que actúan libremente en la región con la complicidad o complacencia tanto de la Armada como del ejército mexicano. La defensa de sus tierras le ha costado la vida a 34 comuneros, cuyos casos permanecen impunes, al igual que el asesinato del niño Hedilberto Reyes García.

En un reciente comunicado, los comuneros advirtieron que no se han cancelado las concesiones mineras otorgadas dentro su territorio a empresas transnacionales como la Ternium. Señalaron que dentro del juicio agrario 78/2004, que se ventila en el Tribunal Unitario Agrario número 38 de Colima, “se han realizado toda clase de trapacerías tendientes a modificar los linderos inmemoriales de nuestra comunidad con el fin de favorecer a los Templarios de La Placita y a las empresas mineras interesadas en nuestras tierras”.

Sin que hasta el momento obtengan ninguna respuesta del gobierno del estado, los comuneros nahuas exigen la desmilitarización de la costa-sierra, además del castigo a los mandos y a integrantes de las corporaciones militares y policiacas que asesinaron el 19 de julio de 2015 al niño de 12 años Hedilberto Reyes, durante una manifestación en Ixtapilla, donde también hirieron y golpearon a decenas de comuneros y destruyeron bienes de la comunidad, además de sustraer cuatro radios de comunicación, el sello e identificaciones del Consejo de Vigilancia, una pistola con registro y cuatro juegos de llaves.

En la asamblea celebrada la primera semana de septiembre, con la participación de unos mil 500 comuneros, se decidió la reinstalación de la barricada o retén para evitar el desplazamiento de los integrantes de los extemplarios. Participan en la vigilancia 200 policías comunitarios, además de miembros de las autodefensas.

Al frente de la policía comunitaria sigue Cemeí Verdía, quien fue encarcelado el 19 de julio del 2015 (el día en que asesinaron al niño Hedilberto) y fue liberado el 24 de diciembre, gracias a la presión comunitaria y a que no hubo pruebas para inculparlo de homicidio calificado. Verdía trabaja en conjunto con Germán Ramírez, con lo que se desmiente la versión de la división entre los mandos.

En Ostula permanecerá instalado el retén, informan, hasta que sean aprehendidos los jefes del cartel templario en la región: Federico González Medina, alias Lico; y Mario Álvarez López, alias El Chacal. Exigen también la desarticulación del cartel y de su estructura política y económica.

Desde junio del 2009, la comunidad de Ostula reactivó sus guardias comunales con la recuperación de más de mil hectáreas que se encontraban invadidas por los pequeños propietarios de La Placita. Desde ese momento y hasta la fecha, a pesar de los 34 muertos y los seis desaparecidos que les ha costado la lucha, se mantienen alertas para defender su territorio. Éste es el contexto en el que hoy exigen respeto y garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán.

Los comuneros advierten que defenderán como hasta ahora las 28 mil hectáreas de tierras comunales que les pertenecen y que fueron reconocidas “en su personalidad y en sus propiedades ancestrales a través de la resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales de fecha 27 de abril de 1964”.

Ostula es una de las tres comunidades nahuas de la costa de Michoacán. Está integrada por 22 encargaturas del orden o anexos, más la cabecera comunal. Junto con las comunidades de Pómaro y Coire poseen más de 200 mil hectáreas de territorio ancestral que contempla la mayor parte del litoral michoacano y los montes de la Sierra Madre del Sur hasta Guerrero y Oaxaca.

Los nahuas de Ostula son parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), “espacio de unidad, reflexión y organización de los pueblos indígenas de México”, que este mes de octubre cumple 20 años de trabajo ininterrumpido, y sesionará los días 10, 11, 12 y 13 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. “Sobre nuestras tierras hay supuestos territorios mineros, de los cárteles de la delincuencia organizada, agroindustriales, territorios de partidos políticos, urbanizables, de conservación donde no caben los pueblos originarios y cualesquier nombre con que lo impongan este sistema y los malos gobiernos que lo obedecen”. Por eso, señalan en la convocatoria, “es urgente encontrarnos en esas nuestras llamas de resistencia, autonomía y rebeldía”.