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LOS CONFLICTOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA: EL GASODUCTO TUXPAN-TULA

Octavio Rosas Landa, Raymundo Espinoza y Adriana Martínez

En los límites de la Sierra Norte de Puebla y la Sierra Otomí-Tepehua, en Hidalgo, está emergiendo un nuevo conflicto de enormes dimensiones, debido al proyecto de construcción del gasoducto Tuxpan-Tula, uno de los 12 que comprende el llamado Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019. El proyecto fue licitado en noviembre de 2015 a la trasnacional TransCanada, poco después de que el gobierno de Estados Unidos le cancelara la construcción del oleoducto Keystone XL. En el proyecto está también involucrada —como contratista de TransCanada— la empresa constructora italiana Bonatti, la cual participó además en la imposición de la construcción del Gasoducto Morelos.

El gasoducto Tuxpan-Tula pretende atravesar al menos dos municipios de Veracruz, siete de Puebla, dos del estado de México y once de Hidalgo —especialmente por territorios indígenas otomíes, nahuas y totonacos—, afectando comunidades agrarias, ejidos y pequeña propiedad en al menos 130 localidades de los cuatro estados. El proyecto forma parte de un gigantesco corredor gasífero que importará gas obtenido mediante fracking en Estados Unidos, desde el Sur de Texas (también licitado a TransCanada, en asociación con Sempra Energy) y que desde Tuxpan, Veracruz, busca transportar ese gas hacia Tula, Hidalgo, donde ya se habla de la “modernización” (privatización) de la termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” de la CFE. Desde Tula, el gasoducto se ampliaría hacia Villa de Reyes, SLP (ya licitado a TransCanada) y después hacia Aguascalientes y Guadalajara (contratado con Fermaca) para interconectar con el que ya posee y opera TransCanada entre Manzanillo y Guadalajara. Estos gasoductos servirán para abastecer de gas y electricidad baratos a las industrias del cemento, aeronáutica, automotriz y manufacturera que se ubican a lo largo del paso de este corredor.

Para las Secretarías de Energía y Medio Ambiente, la CFE, los gobiernos de los cuatro estados y los correspondientes municipios carece de importancia el respeto de la cultura, los derechos y la autodeterminación de los pueblos indígenas, así como la protección y conservación de zonas de enorme importancia ambiental, entre ellas, la Región Terrestre Prioritaria 102: Bosques Mesófilos de la Sierra Madre Oriental (de los cuales sólo queda menos del 1% en el país), las fuentes de agua y las cuencas que nacen en esta región (que irremediablemente destruiría el gasoducto), así como numerosas especies de flora y fauna endémicas o en peligro de extinción (incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010), e incluso de importancia cultural, como el amate, que constituye el corazón de la identidad de las comunidades indígenas en la zona. El gasoducto pone en peligro la preservación de alimentos, tradiciones y símbolos de todas las culturas que comparten el cuidado del territorio: el maíz, el chile, las pahuas, el cacahuate, los voladores, los tenangos, la chaquira, los mangos, las pezmas, el café, la miel, los sones y las hormigas chícales, entre muchos otros. Menos aún les interesa a las autoridades el riesgo de derrumbes, fugas y explosiones que podrían sepultar comunidades enteras, toda vez que TransCanada ha sido denunciada, por sus propios extrabajadores de ahorrar costos en la seguridad de los ductos.

Desde el mes de mayo, la Semarnat y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) emitieron el resolutivo de autorización (condicionada) de impacto ambiental del gasoducto, completamente a espaldas de los pobladores de todas las comunidades que serán afectadas por la obra, y ninguna de las autoridades municipales involucradas dijo nada a sus gobernados, aún cuando ya habían sido notificados de que la obra tendrá efectos devastadores sobre los bosques, la biodiversidad, las tierras de cultivo, las aguas y la propiedad de sus gobernados, además de que introducirá riesgos a la vida, la salud y la seguridad de miles de personas en los más de 260 kilómetros de su trayecto.

Para desmovilizar e impedir la organización en y entre las comunidades, las autoridades de los tres niveles de gobierno sólo han abonado a la confusión. Así, por ejemplo, pobladores del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, denunciaron en mayo mismo que Bonatti inició trabajos de excavación y aplanado de terrenos para el gasoducto, sin demostrar si contaba aún con los permisos ni haber adquirido derecho alguno sobre las tierras. Aparte, el entonces gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera, declaró en julio que todos los permisos estaban en regla y la empresa ya había firmado contratos con los propietarios de las tierras para permitir el paso del ducto, cosa que en muchas comunidades de la sierra apenas corría como rumor. Incluso, a finales de septiembre, el delegado de la Semarnat en Hidalgo declaró ante un medio local que TransCanada no contaba hasta entonces con los permisos necesarios para iniciar la obra. A inicios del mes de octubre, un oficio emitido el día 6 por el alcalde de Pahuatlán del Valle, Puebla, Arturo Hernández Santos, en respuesta a una petición ciudadana de negar a TransCanada la autorización de cambio de uso de suelo para el paso del gasoducto, respondió que él no tenía ningún inconveniente en otorgar los permisos a la empresa para pasar el gasoducto por las tierras indígenas sagradas de San Pablito, Montellano, Tlalcruz, Cristo Rey, entre otras comunidades, dado que la ASEA y la Semarnat habían ya otorgado los permisos correspondientes el 13 de mayo de 2016.

Todo lo anterior pone en evidencia el hecho de que sin que se haya puesto realmente a disposición de los afectados la información mínima sobre el Plan ni sobre el proyecto singular, las autoridades dan por hecho que el gasoducto se construirá y con ello implican que la consulta a las comunidades —que debió ocurrir antes de diseñar el Plan Quinquenal y no apenas unas semanas antes de pretender iniciar la construcción del ducto— es sólo un trámite administrativo con el que tiene que cumplirse y no una garantía del derecho constitucional a la autodeterminación, que debió ser escrupulosamente respetada por esas mismas autoridades. Al pretender realizar ahora consultas, aunque sólo en aquellas comunidades que las autoridades y la empresa consideren “indígenas”, se violan todos los derechos y los principios de protección equitativa de la Ley y de buena fe para los afectados por el proyecto del gasoducto. De este modo, la consulta deviene simulación y legitimación indebida de un procedimiento que en realidad nunca buscó respetar los intereses de las comunidades ni el de la sociedad mexicana en su conjunto.

Frente a este uso desviado de los poderes constitucionales de los tres niveles de gobierno, que beneficia sólo el interés de las empresas involucradas en el proyecto, muchas comunidades afectadas por el gasoducto ya han rechazado tajantemente el proyecto y se han opuesto a la realización de consultas, porque ven en ellas una burla y una nueva forma de violencia, disfrazada de respeto y buena voluntad, cuando es claro que en ningún momento el gobierno se obliga a acatar el rechazo ya declarado de los pueblos a estos proyectos de muerte.

Lo bueno es que no despertaron con ganas de joder a México. No queremos imaginar siquiera qué harán cuando quieran joder de verdad.

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