GUATEMALA VEINTE AÑOS DESPUÉS LEVIATÁN SE RESTAURA

Dos años después de la firma de la paz, el grupo musical 500 Años, conformado por desplazados internos cantaba: “Nosotros pensamos que era la verdad, que la paz en Guatemala es la solución". Con más de dos décadas del conflicto armado, en mayo de 1986, se realizó el Primer Encuentro de Esquipulas, donde los presidentes centroamericanos llegaron a acuerdos básicos para la paz en Centroamérica, como se comprometieron en el Acuerdo de Contadora. Todo giraba alrededor de terminar con el conflicto armado centroamericano, pero sin resolver los problemas estructurales que generaron estos conflictos (Guatemala, El Salvador, Nicaragua).

Hace unos meses, con apoyo de la Universidad Rafael Landívar, se llevó a cabo un encuentro entre colombianos y guatemaltecos, sobre las experiencias de los procesos de paz. Y comenté: Ojalá que quienes participan de Guatemala, fueran sinceros con los hermanos y las hermanas de Colombia y digan claramente que la paz en Guatemala sólo fue un acto simbólico de firmas y la instalación de unas manos neoliberales, que los movimientos sociales se oenegeizaron, que muchos líderes aprendieron a hacer revolución en los hoteles, que los ideólogos ahora son consultores y las investigaciones académicas se hacen como un traje a la medida del cliente, pero que los problemas álgidos de la sociedad siguen latentes y la pirámide invertida a la que hacía alusión Manuel Galich en 1950 ante el Frente Popular Libertador sigue intacta”.

Todos los gobiernos subsiguientes a la firma de la paz relanzan los acuerdos y reprograman su cumplimiento, pero nadie ha tenido voluntad seria para cumplirlos, sobre todo porque su relanzamiento no está incluido en el presupuesto para 2018.

Los acuerdos de paz eran la apuesta para sentar bases para transformar el país. El objetivo era trazar la ruta para desmontar la situación de pobreza y falta de salud, trabajo, vivienda y tierra. Pero las causas del conflicto armado siguen intactas. Los acuerdos se dividieron en operativos y sustantivos. Los primeros fueron cumplidos en su totalidad: desmovilización de la guerrilla, desarticulación de las PAC, reducción del Ejército. Pero los segundos sólo fueron formalismos legales sin repercuciones en la vida de guatemaltecos y guatemaltecas. Aunque se diga que algo cambió con los acuerdos de paz, la situación denigrante sigue peor que cuando estábamos en guerra.

Las oligarquías y burguesías, cada vez más unidas al crimen organizado, logran fortalecerse para desarrollar su proceso de restauración y encontraron en Álvaro Arzú el primer cimiento. El enriquecimiento voraz de este sector fue extraordinariamente grande. Lograron acumular más capital y tierras; controlar ministerios del Estado, reducir el Estado a su mínima expresión y a un abuso desmedido de libre mercado. El Estado controlado por ellos, secuestrado, coptado, sólo sirvió como una vaca que da leche y todos se colgaron de ella, controlando los principales programas de gobierno. Se fortalecieron las empresas de la oligarquía guatemalteca, industrias, bancos, empresas agrícolas, y sus ONG (Kiej de los Bosques, Fundación Dolores Bedolla, Fundaeco, Fundación Defensores de la Naturaleza, Agexport, Acofop, organizaciones campesinas como CONIC). Todos ellos han funcionado como contratistas del Estado e intermediarios con las comunidades.

La cooperación internacional, con su doble moral, financia programas para fortalecer la paz y la democracia, pero apoya el proyecto neoliberal. El Proyecto ALA de la Unión Europea tuvo entre sus objetivos abrir programas y oficinas en casi todo el país; contrató como funcionarios a personas ligadas a la contrainsurgencia, sobre todo en Alta Verapaz. Agencias como GTZ y ahora GIZ, si bien apoyaron programas de educación bilingüe intercultural, también promovieron investigaciones relacionadas con la situación de la tierra, que permitió que el capital nacional e internacional conociera la forma organizativa comunitaria (en regiones como Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz) para después implicarse en el modelo extractivista, proveyendo instrumentos para el control social.

El racismo y la discriminación contra los pueblos originarios (mayas y xinkas) y afroguatemaltecos (garífunas) sigue intacto, al igual que la discriminación contra la mujer. Aunque se crearon algunos programas, agendas o instituciones basados en la acción afirmativa, como Codisra, DEMI, ALMG, Foguavi Fodigua, no fueron suficientes por el poco recurso que se les asignó, y porque el poco recurso ha motivado la lucha intestina entre quienes cada año compiten por dirigirlas, convirtiéndolas en botín de los partidos políticos creados tras la firma de la paz.

En el proceso para llegar a la paz se reconoció que otra de las causas del conflicto fue la seguridad en la tenencia y propiedad de la tierra para indígenas y campesinos, además del latifundio y minifundio. En los acuerdos se hace referencia a esta problemática, pero no se consensó una reforma agraria. Se creó una nueva institucionalidad agraria: Fondo de Tierra, Comisión Nacional de Tierra, Secretaria de Asuntos Agrarios, Registro de Información Catastral. Estas nuevas dependencias, después de veinte años, dejan un saldo negativo. Muchas de las respuestas terminaron en un diálogo entre campesinos, porque no llegaban los terratenientes, y cuando algunos litigios de tierras se resolvieron, fue para convertir a los campesinos en deudores. Al mismo tiempo se aseguró la usurpación de tierras hecha por los finqueros durante años. La guerra contra los campesinos se trasladó a los tribunales. Se intensificaron los desalojos y con ello una gran cantidad de líderes y lideresas tienen órdenes de captura.

Después de la firma de la paz comenzó la agenda neoliberal: la venta de propiedades del Estado (telecomunicaciones, agua, energía eléctrica). Se inició un modelo de corrupción: arriba a los gobiernos locales la adjudicación de contratos y licencias a cambio de comisiones. Los famosos Cocodes desmovilizan la organización comunitaria, lo que permite la usurpación de los territorios indígenas. Minería, hidroeléctricas, palma africana se instalan con la complicidad de los gobiernos de la paz, generando nuevos despojos, desalojos, desplazamiento y extrema pobreza. Acompañan al extractivismo la criminalización y la judicialización.

La educación, de preprimaria a superior, en vez de desarrollarse como un derecho, se convirtió en mercancía. Más del 70 por ciento de la educación está en manos de la iniciativa privada que tuvo como objetivo deslegitimar la educación pública. Una plaza magisterial se convirtió en una forma de corrupción. Hace cinco años una maestra de El Quiché me decía que tuvo que pagar 15 mil quetzales a un diputado del Departamento para conseguir una plaza. La semana laboral se hizo de tres días, miércoles, jueves y viernes, tres horas diarias. Los vacíos territoriales de la educación fueron ocupados por la telesecundaria, el bachillerato por madurez, y la educación a distancia. Esto ayudó a que la iniciativa privada tomara el control, haciendo creer a los guatemaltecos que era la mejor educación. Aparecieron innumerables “universidades”, colegios de educación superior. La USAC pierde el rigor científico que tuvo durante la guerra y se convierte en una cartera de venta de títulos. Los valores humanos fueron suplantados por los principios de emprendimiento y competencia.

Creció el número de profesionales, tanto de educación media como superior, pero la mayoría se formó para el mercado. Encontramos agrónomos, abogados, ingenieros, trabajadoras sociales, sociólogos, politólogos, auditores o contadores ligados a la corrupción, el crimen organizado y las multinacionales.

La situación de los pueblos indígenas sigue empeorando. Pobreza, desnutrición, falta de oportunidades en educación, poco acceso a la justicia. El problema de la tierra es padecido principalmente por campesinos indígenas con pocas esperanzas de certeza jurídica sobre sus tierras y territorios, pues se han opuesto al modelo extractivista. Eso no los hace dueños legítimos de sus tierras aunque tengan derechos históricos. Aún hay colonato, trabajo forzado, salarios bajos, sobre todo en la fincas de café, caña de azúcar, palma africana y ganado. Son 12 a 15 horas ejerciendo trabajos temporales en la construcción de hidroeléctricas o explotación minera. Los indígenas siguen siendo quienes realizan el trabajo más duro y quienes reciben menos salario. Desalojados y despojados de lo poco que les queda de tierra y territorios. Criminalizados y judicializados por defender sus derechos. Los campesinos e indígenas ahora conocen ampliamente sus derechos, sin ser respetados.

El modelo neoliberal cumplió con los requisitos del Consenso de Washington. Esto se inició con la venta de TELGUA, la empresa de agua, y otros bienes del Estado por el “presidente de la paz”, Álvaro Arzú. Fue el inicio de la derrota de los acuerdos. Luego vinieron la ley anticapucha, la coptación de líderes, dirigentes y organizaciones, la ley minera, el plan energético y la derrota de la consulta popular en 1999. Si bien se redujeron algunos efectivos y plazas militares, y desaparecieron algunas bases, la re-militarización se reinició con la muerte de Monseñor Gerardi.

La incorporación de Guatemala a los tratados de libre comercio y los planes regionales trajo no sólo la venta de nuestro territorio; necesitaban controlar el movimiento social y los sectores organizados, principalmente indígenas. Una forma fue la remilitarización y otra, convertir a las organizaciones en ONGs.

En 2000 la remilitarización del país era ya una realidad, pero la miopía de líderes de lo que se ha llamado movimiento social no permitió articularnos en contra. Los subsiguientes gobiernos (Portillo, Berger, Colom, Pérez Molina y Morales), en vez de impulsar los cambios que emanaban los acuerdos de paz, crearon más obstáculos, llegando a una especie de “desesperanza ciudadana”; a esto se suman la corrupción y la coptación del Estado por el crimen organizado.

Las pandillas juveniles o maras fueron creadas para provocar miedo a la población, a fin de que no tuviera ninguna posibilidad de movilización contra el extractivismo, como sucedió en Sipakapa, Ixtahuacan; para que pudiera entrar la minera crearon pánico llevando a mareros de la capital. Se sumó a ello el estado de sitio, con la excusa de controlar el narcotráfico, pero en realidad se desmovilizó a las organizaciones y limitó la organización comunitaria. Se reinstalaron los destacamentos militares y las operaciones conjuntas de miembros del ejército y la policía nacional civil. Esto llevó al debilitamiento de la policía nacional civil, creada por los acuerdos de paz, debilitando la seguridad ciudadana y promoviendo la desmemoria para olvidar que dentro del Ejército hay miembros que han sido los más salvajes y corruptos del país.

Quienes abanderaron el genocidio guatemalteco volvieron a aparecer como funcionarios de gobierno, analistas políticos, asesores en seguridad y directores o dueños de empresas de seguridad privada. En muchos lugares, la seguridad privada y la re-militarización se adueñaron del derecho ciudadano a la seguridad. Si las empresas durante la guerra tenían a su servicio policías militares ambulantes, durante la paz contrataron a cuerpos de seguridad privada y a nuevos miembros del Ejército.

La suma de terratenientes, empresarios, militares, seguridad privada y narcotraficantes crearon lo que se conoce como “crimen organizado”. Dicha suma se adueñó de los partidos políticos, convirtiéndolos en empresas para coptar al Estado. En vez de desterrar la corrupción, se permiten nuevos corruptos, los llamados anti-políticos, igual de corruptos y tramposos que los anteriores. Esto permitirá que después de 20 años de la firma de la paz comience la restauración del conservadurismo militar, criollo, burgués, narco, para mantener el modelo capitalista de acumulación, llevando a los guatemaltecos a un nivel de más pobreza y miseria.

En 2005 elaboramos unos análisis sobre el cumplimiento de los acuerdos. Afirmábamos que los compromisos de la paz sólo se estaban cumpliendo de manera formal. Años después escribiríamos que los movimientos, principalmente el maya, se perdieron en el vanguardismo. Dejando a un lado las reivindicaciones justas de los pueblos, además de olvidarse de la organización y formación comunitaria, y presas de la política de reconocimiento, han fortalecido el diálogo como distractor diseñado por el Estado para mediatizar las demandas.

Hoy los movimientos sociales en Guatemala, al constituirse en ONG desde 2000 (aunque lo nieguen), no ven procesos, sólo proyectos. Las demandas y la sostenibilidad de la lucha de los pueblos quedaron sujetas a proyectos de cooperación o hasta donde lo permiten los programas sociales o de inclusión de los gobiernos posteriores a la paz. Algunos de estos movimientos son mercaderes de las demandas. Aunque sus demandas sean justas, terminan sus luchas en mesas de diálogo o aceptando las propuestas mediatizadas y poco útiles del Estado.

La desmovilización insurgente con la firma de la paz y la derrota de la consulta popular de 1999, además de los proyectos de la cooperación y la política de inclusión y de acción afirmativa del Estado, hicieron mucho daño a los movimientos sociales, que siguen reproduciendo las mismas limitaciones. El excesivo vanguardismo deja de lado el principio de que son los pueblos quienes deben hacer los cambios, y para eso se necesita una nueva estrategia organizativa y procesos de formación que no sean creados, elaborados o recogidos por consultores o iluminados que nunca se han retroalimentado con las comunidades, que son los sujetos de lucha.

La firma de la paz dio paso al desarrollo del modelo extractivista (hidroeléctricas, palma africana, minería). Apareció otro modelo de violencia dirigido por pandillas juveniles o maras. Desde finales de los años 90 el narcotráfico se apoderó de regiones grandes en detrimento de la seguridad ciudadana, y se incrementó de nuevo la presencia militar.

Pero también apareció un nuevo modelo de organización. Los pueblos iniciaron un proceso de reivindicación defendiendo sus territorios; en un primer momento, asumiendo su derecho desde el Convenio 169 y otros instrumentos internacionales. Las más de 70 consultas comunitarias y la participación de líderes y dirigentes en foros internacionales sobre el clima, medio ambiente, tierra y territorio, trajeron nuevas formas de dividir y controlar a las comunidades, coptando a líderes, representantes y organizaciones sociales.

En los últimos años, se agregó a las demandas el concepto de autonomía. El debate de la “autonomía” sigue siendo académico, muy poco aterrizado en los pueblos, así como la idea de “tomar el poder” asumida por los partidos de supuesta izquierda que, siguiendo su pasado vanguardista, aún se creen los liberadores del pueblo. Se ha olvidado, como dice Raúl Zibechi, que “la autonomía es un imperativo de las circunstancias, no una mera opción de tal o cual corriente ideológica. Si no somos autónomos, no podremos construir ni resistir. Hoy más que nunca, la vida es sinónimo de autonomía".

La izquierda y los movimientos progresistas como el de Guatemala están perdiendo valiosos momentos políticos, enredándose en la lucha contra la corrupción o las reformas constitucionales, demandando inclusión, aprobación de leyes como la de desarrollo rural, en vez de construir una alianza bajo propuestas políticas profundas que nos lleve a derribar no sólo el modelo de acumulación capitalista de Guatemala, sino el Leviatan que lo sostiene.

A 20 años de la firma de la paz ya no vale relanzar los acuerdos ni seguir pensándonos desde ellos. Más que nunca, hay que construir un poder contrahegemónico para desmantelar el modelo capitalista oligárquico-burgués-militar-criollo-narco, y esto hay que emprenderlo desde los pueblos.