CLAUDIA FABIOLA COB DURÁN “VAMOS A SEGUIR EN PIE”

Las tierras de Chocholá, en Yucatán, están amenazadas. La empresa Proser, que explota un banco de material pétreo desde el 2010, toca ya el manto freático. Y ahora se construye, justo enfrente, una calera sobre las tierras ejidales, sin permisos y violando todos los derechos de los ejidatarios.

Claudia Cob Durán, presidenta del comisariado ejidal, está a la cabeza de la defensa, por lo que recibe amenazas de muerte y, bajo una maniobra en la que participó la procuraduría agraria, fue ilegalmente destituida. Pero no se rinde.

Me llamo Claudia Fabiola Cob Durán, soy la presidenta del Comisariado Ejidal de Chocholá. Tengo 36 años y dos hijos, uno de 15 y una de 11. Toda mi familia me apoya en la lucha. Los problemas ejidales en Chocholá empezaron desde el 2010, o un poquito antes, con la venta de tierras, pero un grupo de ejidatarios en lucha siempre se opuso a la venta porque el trabajo del campo, aunque no es bien remunerado, les gusta, pues de ahí viven y es parte de sus tradiciones y costumbres.

Los hermanos Erick y Vicente Marcos Castañeda son los que estaban comprando las tierras, son los prestanombres de Carlos Abraham Mafud, empresario de Yucatán que tiene gran poder en el gobierno del estado.

En ese entonces ni siquiera yo era ejidataria, mi papá es el que estaba en lucha. En 2013, a raíz de que él falleció, quedé como sucesora y seguí con su lucha de oposición a las ventas ilegales y al despojo. Me integré al grupo en 2013 y en 2016, días antes de las elecciones del cambio de comisariado, decidimos por estrategia que yo presentara una planilla. Cuatro días antes de la elección hicimos una campaña intensa, de caminar todos los días, y fuimos electos.

Los del grupo contrario querían la representación porque la veían como una mina de oro, y empezaron a pelearse entre ellos para ver quién se quedaba con el poder y quién seguiría vendiendo. Eso fue lo que ocasionó que nosotros ganáramos. Cuando iniciamos en el trabajo ya sabíamos que había una propuesta, porque el gobierno anunció en su tercer informe que quería reiniciar la industria cementera y maquiladora, por lo que se levantaría en Chocholá una cementera o fortaleza. Empezamos a investigar y a pedir información, hicimos las denuncias y metimos otros recursos en Semarnat y lógicamente todo se fue negando la información. Ahora sabemos que es una calera lo que se va instalar.

Los del problema son los compradores que están detrás de ellos y la misma Procuraduría Agraria, con su residente Manuel Ontivero Sosa, quien es el intermediario directo entre el ejido y los compradores, los llevó y ofreció la venta de las tierras. Los compañeros lo supieron y no estuvieron de acuerdo.

La empresa Proser está en frente de las hectáreas donde se piensa construir la calera y resulta que el accionista mayoritario es Raúl Abraham Mafud, y su hermano Carlos, entre comillas, es el dueño de las hectáreas. Proser es una empresa que se dedica a sacar material pétreo, está en terrenos ejidales que son legalmente reconocidos, aunque argumenta que tiene un usufructo de parte del ejido, pero se sacó en una asamblea que no está inscrita en el patrimonio agrario nacional.

En 2010 Proser hizo un convenio de dos años con el ejido para trabajar y sacar el material pétreo. Cuando terminó el periodo, la empresa argumenta que le solicitó al comisariado otro convenio, y que el comisariado les dijo que esas tierras ya no eran del ejido, sino de un particular. Dicen que fueron con el propietario e hicieron otro convenio, pero las tierras en realidad sí son del ejido. De hecho, en el ejido agrario se puede constatar que esas tierras son de uso común.

No conformes con esto, enfrente de Proser se pretende instalar la calera, aunque la obra está clausurada por la Profepa y la Semarnat. Enfrente de ese local están las más de 600 hectáreas que se vendieron de forma ilegal. En diciembre de 2016 empezaron a construir sus bodegas pero les clausuraron la obra, queremos suponer que por todos los recursos que interpusimos nosotros.

La remoción

El 2 de octubre de 2016 asumimos el cargo en el comisariado y al mes nos llevaron una solicitud de remoción. La primera solicitud la logramos brincar. El 20 de noviembre tuvimos nuestra primera asamblea no verificativa y el 28 fuimos ratificados, pero un día antes, el 27, nos llevaron otra solicitud. Argumentaron que yo estaba violando acuerdos de las asambleas anteriores y que estaba coludida con terceras personas, pero no dicen con quiénes. Los que movieron eso son los que fueron candidatos de las otras planillas, los que querían seguir con la venta de las tierras, sus nombres son Arturo Gómez y Paulino Maimó. Ellos promovieron todo ante la Procuraduría, cuya actitud fue muy parcial, inclinada hacia ellos y a los empresarios.

El nombre del procurador agrario es Omar Corzo Olán.

Todo fue muy claro. Como nosotros entramos al comisariado y ellos saben que somos el grupo que defiende nuestras tierras y derechos, empezaron con las amenazas, a decirnos que tuviéramos cuidado, que nos iban a sacar y desde allí empezó todo el hostigamiento. Invitamos a la empresa Proser a que nos llevara sus documentos para saber si estaba trabajando en forma, con permisos municipales, estatales y federales. Pero no tenían permisos, sólo un convenio con un particular. Empezamos a defendernos y a raíz de eso fui detenida junto con unos compañeros.

Quizás tampoco hayan pensado que una mujer les hiciera frente. Piensan que somos más vulnerables, más débiles. Pero para mí hay fortaleza, además tuve el apoyo de la gente, de mi esposo y de mis hijos. Hubo veces en que llegué a decir que ya no quería estar en el cargo y la familia me decía que tenía que seguir, que no lo dejara. Pensaron que me iban a intimidar demasiado, pero no lo lograron.

Me han amenazado, le han dicho a mi familia que yo tenga mucho cuidado porque me quedan trece días de vida, que tal fecha me voy a morir, que me van a meter a la cárcel. Me hacen hasta hechicería, me empiezan a tirar flores en forma de triángulo en la casa ejidal. Todo porque les tumbé un negocio que ya estaba amarrado. Sabemos que somos esa piedrita que les está molestando en el zapato, porque ya no pueden cumplir con todas sus ventas y negociaciones.

Nos han logrado dividir, sobre todo por la economía, el dinero, la necesidad. Bajo engaños dicen que todo será para el beneficio del pueblo, pero sabemos que no, que más que eso, traerá contaminación. Hay que seguir luchando, defender nuestro territorio como indígenas que somos. Vamos a seguir en pie, ya tenemos el apoyo de la mayoría de la gente y eso da fuerza. También tenemos a los jóvenes y a los niños.

La población se dedica al carbón, a la milpa. Se siembra el maíz, el camote, calabaza, frijoles, chícharos, pepino. La principal actividad es la apicultura, somos más de 100 ejidatarios con producción de calidad, estamos tomando capacitación para ello.

Sigo en pie de lucha. Quizá me vea cansada del cuerpo, pero mi alma, mi espíritu, el amor que tengo a mi tierra y a mi gente, me animan a seguir en pie. Ellos me mantienen. El miedo nunca se pierde, he aprendido a llevarlo y saber que nos puede matar. Ver cómo el pueblo, cuando le quieren arrebatar su patrimonio, se va uniendo a la lucha, produce mucha felicidad, es casi la victoria. Es lo que nos ayuda a seguir adelante y sentirnos felices.