MISIÓN CUMPLIDA EN CHIMALAPAS

La Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, integrada por representaciones de congregaciones comunales chimalapas, organismos de derechos humanos, de los pueblos indígenas, las mujeres y la naturaleza, cumplió con el objetivo de expresar a las familias tsotsiles de la congregación comunal Nuevo San Andrés en Santa María Chimalapa, Oaxaca, su apoyo ante las agresiones y amenazas del grupo de pistoleros autodenominado Ejército Chamula, que el 24 de febrero atacó a comuneros con un saldo inicial de un herido grave y cinco desaparecidos, quienes aparecieron horas después, dos de ellos fuertemente golpeados y torturados. Desde el día 28 del mismo mes, los pistoleros mantienen al poblado bajo la amenaza de ser arrasado y masacrado.

La caravana fue convocada luego de que el 3 de marzo el gobierno oaxaqueño negó a Nuevo San Andrés las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se deslindara arguyendo que era un asunto “de índole estatal”, mientras la Secretaría de Gobernación “mantenía silencio”. El trayecto de Cintalapa, Chiapas, a Nuevo San Andrés, y la salida de la caravana hacia El Jícaro, Oaxaca, “fue muy tenso y bajo muchas presiones”, reportan los activistas. “Compañeros de la vecina congregación comunal Benito Juárez escoltaron a la Caravana hasta su salida a la carretera federal, habiendo pasado otro momento de tensión al ser retenidos por un control militar instalado hace cinco años en el núcleo agrario de origen chiapaneco denominado Díaz Ordaz, para proteger y resguardar a invasores ilegales del territorio comunal”.

La pequeña comunidad tsotsil se encuentra aislada. Su relativa vecindad con la ciudad de Cintalapa “la hace vulnerable a un ataque armado”. Se llega ella atravesando el predio y presunto centro eco-turístico “Los Ocotones”, propiedad de Carmen Ariel Orantes, uno de los principales instigadores del Ejército Chamula.

La caravana exige que los gobiernos federal, de Oaxaca y Chiapas, y los respectivos poderes legislativos y judiciales, “otorguen de inmediato medidas cautelares” para las familias de Nuevo San Andrés. Demandan “atención urgente a los graves problemas de salud y nutrición de las familias”, en especial de menores, mujeres (dos de ellas con embarazo de alto riesgo) y adultos mayores.

Exigen el desmantelamiento inmediato del presunto Ejército Chamula “aplicando la ley a sus líderes, integrantes, autores intelectuales, instigadores y cómplices”. Además, el “respeto irrestricto al territorio comunal zoque de Los Chimalapas (Bienes Comunales de Santa María y San Miguel), cuya posesión data de antes de la Conquista y la Colonia, antes aun de la existencia de los estados de Chiapas y Oaxaca, y cuya propiedad comunal fue confirmada por los Títulos Virreinales del 24 de marzo de 1687 y por las Resoluciones Presidenciales del 21 de marzo de 1967”. Es “deber del Estado mexicano respetar y hacer respetar ese derecho, así como garantizar su libre determinación como pueblo indígena”.

Las comunidades chimas exigen la solución “pronta y definitiva, apegada a la justicia y al derecho” del juicio de Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo del conflicto de límites e invasión entre los gobiernos de Oaxaca y Chiapas: “aunque jurídicamente no incide en la propiedad comunal chimalapa, sí confunde y contamina políticamente este delicado conflicto”. Firman representantes de las congregaciones de Benito Juárez (San Miguel Chimalapa) y Chocomanatlán, Nuevo San Juan, Río Frío, San Antonio Nuevo Paraíso, San Francisco La Paz (Santa María Chimlapa), los centros de Derechos Humanos Tepeyac, de Derechos de la Mujer de Chiapas, de Lengua y Cultura Zoque, Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, Comité Vecinal Colonia Centro de Matías Romero y Maderas del Pueblo del Sureste.