GUATEMALA LAS 41 ASESINADAS

Guatemala, Guatemala. Un pequeño altar en la Plaza de la Constitución, en el centro de la ciudad, da cuenta de lo ocurrido el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde fueron asesinadas 41 niñas de entre 12 y 17 años de edad. “Fue el Estado”, se lee en las cartulinas colocadas junto a las velas y las flores, frente a la sede del gobierno federal. “No fue el incendio, fue la negligencia”, dice otra.

El 8 de marzo, día internacional de la mujer, 41 niñas y adolescentes refugiadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción murieron calcinadas bajo un fuego que policías y monitores no quisieron controlar. Un día antes un grupo de más de 100 menores se amotinaron exigiendo fin a los malos tratos, al abuso sexual y a las inhumanas condiciones del refugio al que llegaron en busca de asistencia. Después del motín huyeron en bandada (ojo, no se fugaron, pues no eran presas ni tenían ninguna responsabilidad penal). A la medianoche 56 de ellas fueron ilegalmente “recapturadas” por la policía y encerradas en un salón de aproximadamente cuatro por cuatro metros.

Por la mañana les dieron de desayunar y luego, cuando pidieron ir al baño, se los negaron. El hacinamiento las empezó a desesperar, con las colchonetas se resguardaron para hacer sus necesidades y el olor a mierda inundó el pequeño espacio. Gritaban que les abrieran y nadie iba en su auxilio. Luego vino el incendio. Algunos testimonios dicen que una de ellas prendió fuego a una colchoneta para llamar la atención y lograr que les abrieran. Otras dicen que no saben de dónde vino el cerillo. El asunto es que el fuego empezó a expandirse y el humo a colarse por sus pulmones. Gritaron una y otra vez y ni la policía ni los monitores abrieron. “Son buenas para fugarse entonces sean buenas para aguantar el fuego”, les dijeron, mientras las llamas las consumían e iban cayendo sin vida.

Rafael Maldonado, abogado de 17 de las 56 niñas, no duda: “estamos hablando de homicidio porque hubo una intención de no ayudar a las niñas en el momento en que estaban quemándose”. De los hechos imputados por el ministerio público durante los cinco días que duró la audiencia, afirma en entrevista con Ojarasca, se evidenció “que hubo una plena intención de no colaborar para que las niñas pudieran salir del cuarto donde estaban detenidas ilegalmente”.

Los abogados y organizaciones de derechos humanos exigen que se siga el caso por asesinato, desaparición forzada, tortura e incluso plagio, advierte Maldonado, quien dice que durante estos seis meses seguirán luchando para que la investigación apuntale en esa dirección.

La tortura, señala el abogado, está documentada con el testimonio de algunas de las víctimas sobrevivientes que refieren que al menos dos de los policías les gritaron “son buenas para fugarse entonces sean buenas para aguantar el fuego”. Cuando a una persona se le infligen tratos inhumanos e intimidatorios para engendrar terror, encuadra perfectamente el caso como tortura, explica el entrevistado, y “cuando a esa persona que está encerrada en un cuarto a 300 grados de temperatura, un agente del Estado le profiere ese tipo de frases, es obvio que lo hace para intimidarla”.

Lejos de procesarlos por asesinato, tortura y desaparición forzada, los funcionarios Carlos Antonio Rodas Mejía, ex secretario de Bienestar Social; Anahy Keller Zabala, ex subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia; y Santos Torres Ramírez, ex director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, sólo son inculpados por incumplimiento de deber, abuso de autoridad, maltrato contra menores de edad y delito de lesiones graves.

Maldonado explica que se busca el esclarecimiento de la verdad mediante una investigación que se desarrolle considerando un crimen de Estado: “jurídicamente esto significaría evidenciar la responsabilidad del Estado y la grave situación que esto conlleva, pues prácticamente nos regresamos a los crímenes de los tiempos de guerra, cuando la represión fue brutal y sin sentido, con el agravante de que esta vez fueron 56 menores de edad las víctimas del delito”.

Hoy, dos meses después del crimen, el ministerio público mantiene como testigas protegidas a algunas de las 15 sobrevivientes, de otras no se sabe el paradero. Por eso, indica el abogado, “planteamos que es desaparición forzada, pues no están ubicadas todas”. Está el caso de una víctima sobreviviente que incluso la dieron por muerta al inicio de la tragedia. “Ha habido un mal manejo de los datos y cifras de las sobrevivientes y fallecidas. Una menor que aparece civilmente fallecida está en un hospital en Estados Unidos con un nombre equivocado, pues el nombre con el que se la llevaron está contabilizado entre las 56, pero aún hoy no se sabe si pertenece a una de las fallecidas o de las sobrevivientes”.

A la muerte de las 41 niñas siguió su estigmatización y criminalización. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia presentó a las menores como miembros de pandillas, de bandas extorsionadoras y se dijeron una serie de falsedades, pues ninguna estaba como “adolescente en conflicto con la ley penal”. Eran niñas abrigadas por el Estado debido a su situación de vulnerabilidad, con problemas de comportamiento o de posible alcoholismo, de abandono o violencia intrafamiliar, pero ninguna era una delincuente. Y aunque lo hubieran sido.

Se debe considerar también, advierte el entrevistado, que las 56 menores fueron víctimas de un proceso de detención ilegal, pues ellas no podían ser capturadas ni detenidas por orden judicial después de haber huido. Fue ilegal su “recaptura”, pues ni siquiera se puede decir que se estaban fugando. “Para el ministerio público las niñas huían pero de los abusos psicológicos y seguramente sexuales y de las condiciones inhumanas en las que vivían y a las que estaban siendo sometidas por la Secretaría de Bienestar Social. No se estaban fugando de la ley, ninguna de ellas”.

Los antecedentes del maltrato y abusos en el Hogar Seguro datan del 2013 y, recientemente, en octubre y noviembre del año pasado se ventilaron serias denuncias que motivaron la destitución de la antigua secretaria de Bienestar Social, quien fue sustituida por el actual, hoy ligado al proceso. Cuenta el abogado defensor que por lo menos había tres órdenes judiciales para el cierre paulatino y definitivo del lugar a partir de las denuncias y de una investigación que hicieron jueces de la niñez y de la adolescencia.

Hoy, a dos meses del asesinato, defensores y activistas afirman que “se tiene que saber afuera de Guatemala que aquí hubo un crimen de Estado, que hay una responsabilidad directa que podría alcanzar incluso al presidente de la República, que las familias están en un shock emocional muy grande y que es una tragedia que muchos no terminamos de entender”.

Las movilizaciones dentro y fuera de Guatemala no terminan. Se trata de dar visibilidad, nombre, rostro e historia a quienes perdieron la vida en la lucha por sus derechos.

Vea la galería en el reportaje Las niñas de Guatemala.