LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR FORTALECERÍA LA GUERRA Y LA VIOLENCIA / 241
La ampliación de las facultades de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha recibido críticas tanto de la sociedad civil mexicana como de instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales. En diciembre, el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional llamó a crear un marco jurídico destinado a regular la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, a raíz de que, en la práctica, están incorporadas a dicha tarea. Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, analiza el asunto.
“Esta ley representaría el fortalecimiento de una lógica de guerra y violencia que el Estado mexicano ha venido implementando de diferentes formas durante los últimos 12 años. Pretende regular acciones de las fuerzas armadas que no han tenido ningún resultado y que son ilegales. Ésta es una reacción inédita en la historia de México, porque se supone que tenemos una división de poderes. Las fuerzas armadas deben estar reguladas y sometidas al poder ejecutivo y lo que vemos ahora es que se expresan por encima de éste.”
Desde que el presidente Felipe Calderón dispuso que las fuerzas armadas combatieran al crimen organizado en la proclamada guerra contra las drogas, la tasa de homicidios y las denuncias por violaciones de derechos humanos han alcanzado niveles nunca antes vistos.
“Los índices de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones y de desplazamientos internos no se están reduciendo, se están disparando”, continúa Faro. Esta “estrategia de guerra, de combate al crimen, no le ha resultado al Estado. Si la violencia hubiera disminuido, o si esta situación de crisis se hubiera normalizado desde que se decidió sacar al ejército de manera masiva a la calle, tendríamos otras valoraciones al respecto.”
Los datos duros revelan una situación preocupante en términos de seguridad y violaciones de derechos humanos. Según fuentes oficiales, desde que comenzó la estrategia de intervención militar en 2006, el número de homicidios aumentó hasta sumar más de 26 mil muertes en 2011, el año más difícil en términos de violencia en México. El trauma de la población por los miles de desaparecidos se hace cada vez más presente. Y hasta la fecha, la actividad del crimen organizado en el país no se ha visto reducida.
“Hay una gran cantidad de muertos presuntamente relacionados con el crimen organizado, pero los cárteles subsisten. No se les toca en lo financiero ni en cómo operan; ello nos hace cuestionar la implicación del Estado”, expresa Faro.
Aunada a la cantidad de denuncias contra las fuerzas armadas por delitos de tortura por ejemplo, diversas organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la impunidad generalizada. Se ha señalado la poca transparencia con que actúan las fuerzas armadas mexicanas en investigaciones sobre delitos contra los derechos humanos.
“Con esta propuesta de ley se les da la facultad de operar como investigadores, como si fueran ministerios públicos u operadores de justicia. Se les da el poder de realizar acciones de espionaje a la población sin ninguna restricción o la facultad de un juez. Esto se nos hace sumamente peligroso porque se estarían violando el derecho al debido proceso, las garantías judiciales y el derecho a la privacidad”, dice el director del Frayba.
“Un artículo de la ley menciona que toda documentación sobre acciones realizadas por el Ejército va a ser resguardada bajo seguridad nacional y sólo hasta 12 años después se podrá tener acceso a esa información”, añade.
“Ello implicaría una obstrucción a la posibilidad de documentación. Además, como la ley no es específica contra el crimen organizado sino contra quien ponga en riesgo la Nación, podría servir para reprimir un movimiento social. ‘Poner en riesgo la Nación’ significa que también se podría reprimir el actuar de un centro de derechos humanos que esté cuestionando la manera de operar del Estado.”
Además de estar preocupado por la interpretación de la ley, Faro Navarro ve consecuencias negativas para la defensa de los derechos humanos en general.
“Una de las posibles consecuencias es la apertura al despojo territorial a partir de la aplicación de esta ley. En situaciones de defensa de la tierra y el territorio, por ejemplo ante megaproyectos de minería o de infraestructura, se podría motivar la represión a movimientos argumentando que es para el bien común o para la seguridad de la Nación”.
“En un lugar como Chiapas, donde aún existe un conflicto armado interno no resuelto, esta ley fortalecería un paradigma de guerra, cuando más bien hay que apostarle a generar acciones de diálogo y paz”
Desde el Frayba, la alternativa deseable sería un cambio de la discusión: “Cambiar este paradigma de guerra por uno de paz, enfocado a solucionar las situaciones de violencia generalizada que existen en la población. Ponderar una seguridad ciudadana que sea respaldada por los mismos ciudadanos.”
Según expertos, expone Faro, “el Estado debería apostar más a la formación de la policía, o sea a las fuerzas de seguridad civiles, y no a las fuerzas armadas”. Un ejemplo de esto se puede encontrar en aquellas comunidades indígenas que se han organizado para garantizar la seguridad de su comunidad.
“Hay ejemplos de estructuras de policías comunitarias basadas en la confianza entre quien vigila y quien está siendo protegido. En las ciudades grandes esto se genera de otras formas. En algún momento, la ciudad de México también funcionaba a través de policías de barrio, existiendo un respeto o una relación cercana con la ciudadanía”, concluye.
Entrevista: SweFor México https://krf.se/cdh-frayba-preocupado-por-ley-de-seguridad-interior/