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CONCEJO INDíGENA DE GOBIERNO. RAÍCES HISTóRICAS / 244

Josefa S. Contreras

Del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) constituido en la asamblea del 26, 27 y 28 de mayo de 2017, conformado por 71 concejalas y concejales de los pueblos que integran el Congreso Nacional Indígena (CNI), sus orígenes son largos como la vida e historia de cada nación india que aún habitamos estas tierras.

A la llegada de los conquistadores, franciscanos y dominicos reportaron en textos de los escribanos del siglo XVI que los mayas no tenían gobierno, que los zoques no conformaban una unidad sociopolítica, que muchos pueblos estaban en behetrías, termino medieval vasco que refería en castellano al desorden, a los sin gobierno sin Estado único y central “propio de los salvajes”. La lúcida y sensible historiadora Gudrun Lenkersdorf ha abordado la complejidad de este asunto desmantelando los enfoques que sobreponen las formas de gobiernos estatales, imperiales y señoriales sobre la vasta diversidad de autoorganización política de los pueblos mesoamericanos. De ello señala que los escribanos registraron en sus informes que “muchas de las naciones y gentes de indios no sufren reyes ni señores absolutos, sino viven en behetrías, en comunidades donde se gobiernan por concejos de muchos”.

Por tal, estas behetrías fueron combatidas y enclaustradas en el nuevo orden del régimen político colonial que adjudicó a cada nación y pueblo una delimitación territorial, un señorío, un gobernador y un cacique. Desde ahí se dislocó un mundo, se irrumpió un tiempo y se fragmentó un territorio.

Pero las prácticas de las behetrías resistieron, sobrevivieron y se apropiaron de varias instituciones que delegó la República de Indios. En algunos pueblos se mantuvo más fuerte el arraigo a los concejos indígenas o de ancianos, se retomó el municipio gobernado por un cabildo, conformado por un concejo y elegido por la población local, pero vigilado por el estado. Sin embargo en algunos casos adaptaron las formas de gobierno impuestas a sus principios organizativos ejerciendo su propio autogobierno.

De modo que las formas políticas de los pueblos tienen largas raíces concejales, asamblearias y de diálogo

Lamentablemente eclipsadas por una monomanía de gobierno central unipersonal y jerárquico que bien podría traducirse en nuestro tiempo como un EstadoNación. Estos sistemas de gobiernos concejales han sido violentados por los regímenes coloniales, liberales y neoliberales e incluso en algunos casos cooptados, como es el emblemático de la tradición chamula que otorga el bastón de mando cada sexenio a los gobernadores en turno.

 

En el movimiento independentista no figuraron en primer plano y por el contrario, una vez instaurado, el régimen liberal juarista intentó desmantelar con las leyes de desamortización la tenencia comunal.

Justo en este periodo de mediados del siglo XIX, las luchas indígenas y campesinas se encontraron con las vertientes anarquistas que miraban en el modo de vida de los pueblos las ideas básicas de Fourier y Proudhon. De ella da cuenta John M. Hart al recordar el levantamiento emprendido por Julio Chávez López, quien formado en la escuela El Rayo fundada por Rhodakanaty en Chalco, emprendió la recuperación de tierras que las haciendas habían acaparado en la zona de Chalco y Texcoco, el movimiento logró extenderse a Morelos, al este de San Martín Texmelucan y al oeste hasta Tlalpan, Apizaco Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo.

Este levantamiento se proclamó el 20 de abril de 1869 en un manifiesto de Chávez López donde se instaba a una reorganización de la sociedad y llamaba a la lucha para las recuperaciones de tierras y la formación de sociedades agrícolas comunales que vigilarían siempre la defensa común sin necesidad de extraños que dieran órdenes y castigaran. La propuesta de sociedades agrícolas retomó y mantuvo vivo el principio de poblados con gobiernos autónomos, convirtiéndose en precursora del municipio libre que formaría parte de la terminología agraria de 1870 y más tarde sería retomada por la lucha zapatista de principios del siglo XX.

Una vez estallada la Revolución, la cuestión agraria y la defensa del municipio libre se mantuvieron en el zapatismo y el magonismo. En el programa del Partido Liberal Mexicano (PLM) fue central la demanda de restitución del territorio comunal, el respeto a su autonomía y la reivindicación de la forma de vida comunal como posibilidad organizativa de la nueva sociedad mexicana (Beas y Maldonado, 1997). De ello se apunta en los artículos 46 y 50 de las reformas constitucionales propuestas por el PLM, que llaman a “la reorganización de los municipios que han sido suprimidos y el robustecimiento del poder municipal”... “Al triunfar el Partido Liberal, se confiscarán los bienes de los funcionarios enriquecidos bajo la Dictadura actual, y lo que se produzca se aplicará al cumplimiento del capítulo de Tierras –especialmente á restituir a los yaquis, mayas, y otras tribus, comunidades o individuos, los terrenos de que fueron despojados– y al servicio de la amortización de la Deuda Nacional” (Programa del Partido Liberal Mexicano, 1906).

“¡Tierra y Libertad!” gritaban al unísono los indígenas magonistas y zapatistas. En el programa de estos últimos también figuraban predominantemente la comunidad organizada sobre el principio de tenencia comunal y la política local autónoma. Estos puntos centrales parecían ser la continuidad del programa de Julio Chávez López elaborado casi medio siglo antes. La férrea defensa del municipio libre que sostuvo Emiliano Zapata logró influencia y posición en los debates del Congreso Constituyente, hasta plasmarse en la Constitución de 1917. Quedó así reflejado en el artículo 27, el cual mantenía el espíritu de la histórica demanda de reforma agraria y el reconocimiento del municipio como gobierno local (Hart, 1974).

De la Constitución de 1917 sabemos que no se logró concretar la reforma agraria, y pese a las reivindicaciones del movimiento campesino que le siguieron en los años setenta y ochenta, la contrarreforma al artículo 27 se impuso durante el gobierno salinista con los claros objetivos de abrir las puertas al Tratado de Libre Comercio que ya anunciaba la entrada al neoliberalismo.


El sorpresivo levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional logró posicionar nuevamente el tema indígena y agrario en la agenda nacional, dando lugar a las reivindicaciones de autonomía y territorio en los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de 1996, donde se apuntaba:

El Estado respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, en cada uno de los ámbitos y niveles en que harán valer y practicarán su autonomía diferenciada, sin menoscabo de la soberanía nacional y dentro del nuevo marco normativo para los pueblos indígenas. Esto implica respetar sus identidades, culturas y formas de organización social. Respetará, asimismo, las capacidades de los pueblos y comunidades indígenas para determinar sus propios desarrollos. Y en tanto se respeten el interés nacional y público, los distintos niveles de gobierno e instituciones del Estado mexicano no intervendrán unilateralmente en los asuntos y decisiones de los pueblos y comunidades indígenas, en sus organizaciones y formas de representación, y en sus estrategias vigentes de aprovechamiento de los recursos naturales. (Acuerdos del gobierno federal y el EZLN sobre Derechos y Cultura Indígena, formalizado el 16 de febrero de 1996).

Evidentemente si este acuerdo hubiese sido respetado por el Estado, hoy la Secretaria de Economía no estaría concesionando nuestros territorios a empresas mineras. Sin embargo la cuestión es mucho más compleja pues los Estados están sujetos a la economía-mundo capitalista.

La cuestión de fondo es que mientras el Estado-Nación siga reproduciendo estructuralmente el racismo y el patriarcado, ninguna “redistribución de poder” representa un logro para la lucha de los territorios y autogobiernos de los pueblos indígenas. Es bien sabido que posteriormente a la traición de los Acuerdos de San Andrés por parte de la clase política partidaria, el CNI emprendió un ejercicio de la autonomía de facto dando con ello continuidad a la larga data de la política comunalista de los pueblos.

De ese tiempo irrumpido, el 21 de diciembre del 2012 las bases de apoyo zapatistas anunciaron:

 

¿ESCUCHARON?

Es el sonido de su mundo derrumbándose.
Es el del nuestro resurgiendo.
El día que fue día era noche.
Y noche será el día que será día.

 

De ese territorio fragmentado y de esas behetrías combatidas desde el siglo XVI, hoy se expresan vivas en el CIG a la luz del siglo XXI. Contexto en el que la estructura del Estado-Nación sobrepone los intereses capitalistas sobre los sectores de mujeres trabajadoras, trabajadores, campesinos, estudiantes e indígenas.

 

En este siglo de guerra y crisis civilizatoria donde el Estado-Nación es incapaz de responder a las necesidades del pueblo, el CIG se constituye como una instancia política de autogobierno respetando las formas propias de cada comunidad. Hace un llamamiento a la sociedad civil, a las mujeres y los sectores diversos de esta sociedad. Llama a articular las luchas y resistencias anticapitalistas nacionales e internacionales, a los afromexicanos, a los pueblos de otros países, a los migrantes, a los abogados de derechos humanos y organizaciones no ligadas al gobierno partidista. Retoma los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en y se basa en los siete principios zapatistas.

En la asamblea constitutiva del CIG, las mujeres indígenas han hecho resonar su voz y han posicionado una necesidad que atravesamos en los pueblos: la urgencia de reconstituir la reposición de tierras para las mujeres y nuestra participación íntegra en las asambleas y la toma de decisiones. Esta demanda, y otras que son centrales en la lucha de las mujeres, no pueden pasar desapercibidas ni a segundo plano para hacer realmente nuestra una vocería femenina. Como dijeron las luchadoras kurdas: “la compañera Marichuy será no sólo la voz de los indígenas de México sino de todas las mujeres del mundo”.

Que el siglo XXI sea no sólo el tiempo de los pueblos sino también el de la liberación de las mujeres en todo lo que implica la mujer y la vida, la mujer y la libertad, la mujer y la tierra, la mujer y la naturaleza, como apunta el Movimiento de Liberación de las Mujeres del Kurdistán. En ese sentido se vuelve necesario el vínculo de las feministas de la ciudad y las mujeres de las comunidades, sobre todo en un contexto extractivista donde nuestros cuerpos son los primeros territorios violados y por tal la primera instancia a defender tanto en las urbes como en los pueblos.

De modo que las raíces históricas de la defensa de la vida que nos han legado nuestras ancestras, los autogobiernos concejales y las luchas de los pueblos son muchas más largas que apenas cinco siglos de Estado y doscientos de Estado Nación. Es inconcebible pensar que se agotan o se inician en una coyuntura electoral. Ello no resta la relevancia histórica a la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno, el cual marca un nuevo paso en este largo caminar de las luchas de los pueblos.

 

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| Josefa S. Contreras, escritora pyonhpatzyu´we, o zoque de Chimalapas, Istmo de Tehuantepec, ha colaborado anteriormente en Ojarasca.

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