DAMNIFICADOS INDÍGENAS EN RESISTENCIA CONTRA EL RACISMO CHILANGO

Ciudad de México. Octubre de 2017

Un vecino les gritó que eran una bola de rateros y borrachos. Otro puso veneno para cucarachas en los alrededores del campamento. Otro más les dijo que sólo usaban ropa folclórica para disfrazarse. Y así, entre la lluvia, los insultos y la incertidumbre por el daño a su vivienda, transcurren los días para los damnificados del pueblo ñhähñú (otomí) residentes en la calle de Guanajuato número 200, en la colonia Roma, una de las más afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Las diez familias asentadas en la vieja casona provienen de Santiago Mexquititlán, Querétaro; hombres y mujeres organizados en la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) Benito Juárez, que reivindican su derecho a la vivienda y que desde antes del sismo exigen la expropiación del predio en su beneficio. La otra opción es volver a dormir afuera de las terminales, en estacionamientos o donde los agarre la noche, como cuando llegaron.

Damnificados entre los damnificados, los ñhähñú han tenido que resistir violencia, racismo y discriminación de los vecinos de una colonia repoblada en la última década por personas, bares y restaurantes hipster, a los que la compañía indígena les parece poco glamorosa.

“El 22 de septiembre el vecino de al lado salió a ponernos veneno. Dio a entender que nada más porque estamos aquí salieron las cucarachas. Nosotros denunciamos la discriminación de los vecinos, quienes les dicen a los que nos traen ayuda que se vayan a otro lado porque nosotros realmente no la necesitamos, que estamos aquí para causar lástima”, relata Elvira, sentada en un desvencijado sillón dentro del improvisado campamento que montaron frente a la casa que habitan hace una década y que ha sido declarada de alto riesgo por ser un edificio viejo afectado desde el terremoto de 1985. Un inmueble en proceso de expropiación ante el Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México (CDMX).

El racismo en su contra ha llegado a tal grado que un día que llegaron personas con cobijas, colchonetas y otras cosas de ayuda, “un vecino salió a gritarnos groserías. Nos dijo que éramos una bola de pendejos, rateros, borrachos, drogadictos e impostores, y no somos nada de eso”.

En la Ciudad de México hay más de medio millón de habitantes provenientes de comunidades indígenas, sin contar a los pueblos originarios. Se nombran residentes, y no migrantes, pues no están de paso y han hecho de la ciudad su residencia sin perder identidad. Pertenecen en su mayoría a los pueblos otomí, triqui, purépecha, mazahua y tsotsil. Diego García Bautista, representante de la UPREZ Benito Juárez, explica que en la CDMX los pueblos vinculados al Congreso Nacional Indígena (CNI) decidieron instalarse en las calles tras el sismo, pues habitaban inmuebles en proceso de expropiación.

Lo que sigue, señala García Bautista, “es que el gobierno de la ciudad emita un programa emergente de viviendas en alto riesgo, que se traduzca en una expropiación de los inmuebles ocupados por la comunidad otomí por más de diez años, con el fin de que el decreto establezca que se expropia para utilidad pública y, en este caso particular, para los ocupantes”.

Hay inmuebles abandonados, explica García, ocupados por indígenas que llegaron a vivir a la CDMX; su otra opción era seguir quedándose en la calle, en los mercados o donde pudieran. “Necesitan una vivienda digna y si hay un espacio vacío lo habitan. A pesar de que están en condiciones deplorables, siempre es mejor que quedarse en las estaciones del metro o autobús”.

Los dos inmuebles de la Roma habitados por otomíes organizados en la UPREZ resultaron dañados por el sismo: Guanajuato 200 y Zacatecas 74, y uno ubicado en Roma 18, en la colonia Juárez. La comunidad de estos tres inmuebles participa en el CNI e incluso tiene una integrante del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), quien representa a los pueblos residentes. Su nombre es Marisela Mejía.

En el edificio de Roma 18, el desprecio y el racismo contra los indígenas damnificados no es menor. Después del sismo, las más de 70 familias que habitan la antigua casona son hostilizadas por vecinos, tanto inquilinos como propietarios de bares y restaurantes que se organizan para efectuar una acción de desalojo contra los damnificados que desde el 19 de septiembre duermen en un campamento en la calle. “Están reuniendo firmas y gente para hacer un desalojo ilegal, pues para uno legal tendría que haber juicio y sentencia. Son amenazas de vecinos y comerciantes que buscan a quienes desalojen por ellos, golpeadores que inicien una pelea. Por eso estamos en alerta”, advierte el representante de la UPREZ Benito Juárez.

Este inmueble de la colonia Juárez fue la embajada de España en México durante el franquismo y albergó a exiliados. Hoy da cobijo a los indígenas residentes en la ciudad, aunque resultó muy dañado por el sismo y fue catalogado de alto riesgo estructural. Una inmobiliaria lo reclama, frente a lo cual los indígenas interpusieron juicios de amparo. “Hay un montón de especulación y de corrupción, no nos dan datos”, dice García. El inmueble fue dado de alta en el Invi para solicitar la expropiación. Son cerca de mil 700 metros cuadrados frente al Museo de Cera, lo que lo cotiza en dólares. Por los serios daños que tiene se prevé su demolición, sobre la cual no informan a los indígenas habitantes “cuándo ni cómo, y si lo demuelen, a dónde los van a meter. Por eso ellos van a aguantar ahí”.

 

Maricela Mejía, concejala otomí de los pueblos residentes en la CDMX, confirma que la situación es difícil. “Los compañeros no salieron a la calle porque quisieron, el inmueble no es apto para habitarlo. Acampan y hacen la lucha para que el gobierno vea que necesitan vivienda. La calle no es el lugar y un albergue tampoco, porque perderían el derecho a su patrimonio”.

“Hay mucha discriminación”, insiste Maricela. “Los vecinos nos dicen impostores, que no hablamos la misma lengua, que no venimos del pueblo. Nos dicen inditos y nos critican. A los niños los discriminan por hablar su lengua, les dicen que no hay educación ni espacio para ellos”. Hasta aquí, frente a Guanajuato 200, llegó el 26 de septiembre una comisión de padres y madres de los normalistas de Ayotizinapa con acopio y solidaridad “porque mes con mes estamos con ellos, y ahora nos tocó a nosotros recibir su apoyo y comprensión”.

“Cualquier comunidad indígena en la CDMX vive una enorme discriminación. Les dicen que afean la zona, son sucios, roban autopartes”, añade el vocero de la UPREZ, y cita el libro del titular de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, La economía del delito, donde pone como ejemplo de delincuencia a los indígenas. “Muy jodido”, como dicen los otomíes.

Otro predio en riesgo y en situación de violencia extrema hacia sus moradores se ubica en Turín 46, también en la Juárez. Los otomíes de este lugar no pertenecen a la UPREZ pero sí participan en el CNI. Aquí la crisis post-sismo también sacó a la comunidad a la calle, por lo que vecinos del mercado y dueños de negocios rociaron gasolina en sus mantas y carpas para prenderles fuego mientras dormían. Esto no ocurrió pues detectaron el ataque, pero ante la amenaza decidieron volver al edificio, que también se encuentra en riesgo. Aquí son 30 familias cuya vida peligra dentro y fuera del inmueble. Lo que falta, detalla García, es una política pública para atender la demanda de vivienda. “Tienen hasta más de 20 años habitando los inmuebles y no hay una propuesta para solucionar el problema”.

El gobierno de la ciudad intenta aprovechar que se salieron de los edificios para llevarlos a los albergues y luego de unos meses olvidarse de ellos. “Por eso ninguno de nosotros está yendo a recoger rentas, no nos interesan y no resuelven el problema. Si la comunidad otomí acepta, la sacan y la olvidan, las inmobiliarias toman posesión y se acabó. De ahí su insistencia en resguardar los inmuebles”, explica García, al tiempo que residentes otomíes y mazahuas se preparan para trasladarse a Chiapas, donde participarán en la asamblea nacional del CNI y el recorrido de la vocera Marichuy por las comunidades zapatistas.