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LA CONSPIRACIÓN DE LAS GASERAS

Ojarasca

CONSEJOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES  rechazan el GASODUCTO TUXPAN-TULA

Conforme transcurren los meses, se hace visible la denodada lucha en defensa de sus territorios que mantienen los pueblos otomí, nahua y totonaco de la Sierra Norte de Puebla y la Sierra Otomí-Tepehua, que serán definitivamente afectados si se perpetra la construcción y puesta en operación del llamado Gasoducto Tuxpan-Tula.

Las comunidades han interpuesto procesos jurídicos que, pese a los hostigamientos e intentos de coptación por parte de autoridades, dependencias y particulares, siguen avanzando y le conceden razón a los argumentos que desde varios rincones de esas sierras se invocan para detener obras cuya devastación ambiental, y de la vida toda como la conocían, equivaldría a un cataclismo de proporciones inimaginables.

Ya desde el 23 de octubre, el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo denunciaba que los días anteriores Aldo Octavio Molina Santos, presidente municipal de Tenango de Doria, “gestor en los hechos de la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, ha presionado a la comunidad otomí de San Nicolás para que acepte la construcción del gasoducto en su territorio, insistiendo en celebrar reuniones conjuntas con la Secretaría de Energía (Sener)”. Ante la negativa del Consejo Supremo hñähñü de San Nicolás y el Comisariado Ejidal, “la autoridad municipal decidió celebrar en privado una reunión con la Secretaría, la Procuraduría Agraria y los representantes de la empresa convocando a la población mediante la entrega de volantes en contra de la decisión de la asamblea comunitaria. Por las noches y a hurtadillas el presidente municipal ha ido casa por casa tratando de convencer a la gente de las bondades del gasoducto”. Además, según el comunicado, dicho presidente ha promovido la división interna de la comunidad organizando grupos locales encargados de mal informar y confundir a los habitantes de San Nicolás. En Chila de Juárez la Sener ha “enviado personal a la escuela primaria y al bachillerato con el propósito de manipular a los menores y a sus padres para convencerlos de que acepten la construcción del gasoducto”.

 

De acuerdo a otro comunicado conjunto firmado por el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, Consejo Supremo Hñähñü de San Nicolás, Consejo Autónomo Anciano Indígena del Municipio de Honey (Puebla), Consejo Indígena Otomí-Tepehua y de la Sierra Norte de Puebla, Consejo de Ancianos de la Comunidad Indígena Otomí “Ñañuhu” de San Pablito, Consejo Intercomunitario Indígena Náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, Consejo Indígena de Ancianos del Pueblo Totonaco y sus Comunidades (ésta es la fuerza conjunta de los Consejos que va sumando la lucha en toda la región), el 29 de octubre de 2017, durante el Foro Informativo celebrado en la comunidad hñähñü de San Nicolás, municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, “voceros de comunidades pertenecientes a los pueblos otomíes, nahuas y totonacos provenientes de los municipios de Tlacuilotepec, Pahuatlán y Chila de Juárez denunciaron la alianza que Alejandro Josué Guzmán García, Arturo Hernández Santos, Cirilo López Santos y Aldo Octavio Molina Santos, autoridades municipales de la región, sostienen con la Sener y las empresas Transportadora de Gas Natural de la Huasteca y Bonatti con el propósito de presionar por todos los medios posibles a los habitantes indígenas y mestizos para que acepten la ejecución del Gasoducto Tuxpan-Tula”.

En palabras de los asistentes, “las autoridades locales han intentado corporativizar las movilizaciones indígenas y coptar a sus líderes, a la vez que han sido los principales promotores del despojo de tierras, la división de las comunidades, las incursiones sin autorización en territorio indígena y el hostigamiento a quienes nos oponemos al proyecto”.

Como gestores de las autoridades federales y las empresas beneficiadas, comentan los Consejos, los funcionarios municipales han celebrado reuniones clandestinas y organizado diversas actividades tendientes a legitimar fraudulentamente la construcción de la obra. “Presidentes, auxiliares y miembros de los cabildos han puesto a disposición de las empresas y sus asesores los recursos municipales para asistir a asambleas comunitarias y recorrer las zonas por las que se pretende montar la tubería”.

Según la información proporcionada por las autoridades de las comunidades, “las demandas presentadas en Hidalgo y Puebla fueron admitidas. Los tribunales han reconocido la identidad indígena de los quejosos y sus comunidades, así como la autoridad de los Consejos”. En el caso de Chila de Juárez el Juez de Distrito ordenó la realización de un peritaje antropológico con el objetivo de conocer a mayor detalle los usos y costumbres por los que se rige la comunidad, su organización administrativa, política y social, así como entender el funcionamiento de sus autoridades tradicionales.

El mismo 29, en el foro de San Nicolás, el coordinador del grupo de abogados que acompaña el proceso “informó a los presentes sobre la admisión de cuatro juicios de amparo indirecto promovidos en los tribunales federales de Puebla e Hidalgo por representantes de las comunidades afectadas a encargo de sus respectivos Consejos.” El Juez Segundo de Distrito en Puebla ordenó la suspensión provisional del procedimiento de consulta previo abierto en Cuautepec, por las irregularidades denunciadas. El coordinador jurídico anunció la presentación de nuevas demandas de amparo para ampliar la defensa del territorio en otras comunidades.


En su comunicado conjunto, los Consejos firmantes declaran: “De acuerdo con la licitación y las autorizaciones respectivas, el gasoducto debe comenzar sus operaciones el 1 de enero de 2018, por lo que quienes nos oponemos al proyecto sabemos que los siguientes meses serán particularmente complicados. Entendemos que el trabajo cotidiano de difusión y visibilización, que la convocatoria a la organización social autónoma, son pilares del proceso pues garantizan la legitimidad de nuestras acciones legales e intervenciones políticas”.

Para estas autoridades tradicionales y agrarias de la región acuerpadas en tales Consejos, “los pueblos originarios de la Sierra Otomí-Tepehua y la Sierra Norte de Puebla consideramos que la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco del Pacto por México y en atención a los compromisos adquiridos en campaña con las empresas energéticas transnacionales que apoyaron su candidatura, legaliza una política generalizada de despojos y saqueos en detrimento de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas del país, además de que constituye un agravio para la soberanía nacional”.

En consecuencia, se anuncia que continuarán celebrando foros informativos en las comunidades involucradas, acuerpadas en sus Consejos y el Consejo Regional, donde además de académicos habrá expertos en materias relacionadas y voceros comunitarios, quienes discutirán las devastaciones que se avecinan si se aprueban y llevan adelante tales monstruosos proyectos de infraestructura. Y reiteran su rotunda negativa al mentado gasoducto.

 

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Con información de los boletines de prensa del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo y comunicaciones personales.

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