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XUUGUBIÑA TEMBLOR DE HAMBRE

Carlos Manzo

Ranchu Gubiña (Unión Hidalgo), Oaxaca Octubre de 2017

De acuerdo con el protozapoteco, el diidxazá de hace 500 años, por lo que refiere el Vocabulario de Cordova, cuando la tierra temblaba, el binnigoolaza pensaba: “Temblar la tierra era señal de pestilencia, o de hambre, o de guerra, o de lluvia y así, Xooquijchatao, Xooquelacopijna, xooquelayé, xóoquije. Hambre, Xoocopijna”1. Los binnigoolaza y los binnizá de otros tiempos, a fuerza de memoria, pero sobre todo de padecer, vivir y experimentar temblores, podían inferir lo que sobrevenía a estos fenómenos telúricos: peste, guerra, lluvia o hambre; no deja de llamar la atención que por declinaciones lingüísticas entre el diidxazá yooxho’ —protozapoteco— y el diidxazá cubi —zapoteco de hoy—, observemos cómo el término copijna se transforma, al paso de los siglos y de región en región, en gubiña y que a partir de este vocabulario podamos concluir que el nombre de “nuestro querido Ranchu Gubiña” se refiere más precisamente al hambre, característica de coyunturas y tiempos de crisis que seguramente se padecieron en el contexto de su formación como pueblo, en la segunda mitad del siglo XIX, entre el auge de los gobiernos liberales juaristas y el nacimiento de la dictadura, también liberal, porfirista.

Mi intención no radica en discutir la etimología de Gubiña; advierto, sin embargo, que la sicosis y el pánico desatado por los movimientos telúricos en casi todos los municipios de la zona sur del istmo de Tehuantepec, a partir del terremoto del 7 de septiembre, han sido utilizados por el Estado para instrumentar e imponer una estrategia de dislocación social y comunitaria, tendiente a la desmovilización y desarticulación de la sociedad civil y el movimiento indígena que se ha venido manifestando en la región, fundamentalmente en contra del despojo promovido por las empresas transnacionales a través de los megaproyectos eólicos y mineros. La ocupación militar que se ha dado con elementos armados en el primer plano de la vida comunitaria rompe cualquier intento de distensión social generado por el miedo; los campos deportivos y escuelas se han transformado en cuarteles militares, donde la “convivencia” de elementos de la marina y el ejército han inducido a la ciudadanía a considerarla como algo “normal” e incluso “necesario” para “garantizar su seguridad”; ante la magnitud del desastre y la crisis que de por si ya se había instalado en la región y el país desde antes de los sismos; representantes del Estado como Peña Nieto y Osorio Chong han manifestado que la presencia de la milicia y la policía federal en el primer plano de la emergencia es para “garantizar que las cosas se hagan bien”.

El movimiento social presenta un giro más orientado a brindar ayuda humanitaria y a evitar la demolición de parte importante del patrimonio cultural material de los istmeños, sobre todo representado en la arquitectura tradicional de miles de casas que en vez de ser demolidas podrían ser restauradas con técnicas y materiales basadas en reforzamiento con estructuras metálicas y cemento. Pareciera que a las dependencias gubernamentales como la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) y a las empresas constructoras, la restauración, recuperación, reciclaje y reforzamiento de las viviendas tradicionales no les interesa, sino la “utilidad” en la construcción de casas nuevas, de acuerdo con prototipos previamente ensayados. La competencia entre las constructoras en la región apenas empieza. Las apresuradas demoliciones, en la mayoría de los casos, se imponen “convenciendo” al propietario de aceptar la demolición, ya que de lo contrario no recibirá la tarjeta para la reconstrucción total de su vivienda.2 Dentro de las irregularidades se denuncian ya penalmente ante el MP el robo de las tarjetas por parte de funcionarios municipales y federales, tarjetas sin fondos, tarjetas duplicadas y que no han sido entregadas, o entregadas en sobres abiertos y con una de las tarjetas desprendida, sustraída, es decir, robada.

 

Antes del terremoto, la crisis económica ya se encontraba instalada en la sociedad istmeña y el país; Juchitán se develaba, angustiosamente y con verdadero temor social, a merced de pequeñas mafias y sicarios que no podían ser controladas por los tres niveles de gobierno, antes mal, se coluden con ellas; el desempleo generado por los despidos masivos de trabajadores obreros e ingenieros que trabajaban en las plataformas petroleras de Campeche, amén de otros sectores, dejaron de inyectar recurso monetario a los circuitos y mercados locales; pobreza extrema, delincuencia, gente sin techo y gente con hambre eran ya una constante en los últimos dos años. El terremoto y los sismos han venido a complicar en extremo la situación del istmo. Los supuestos propietarios de terrenos arrendados a las empresas eólicas empiezan a ascender en la escala social como una nueva clase de seudo-empresarios; en otro momento no pasaban de pequeños agricultores endeudados, sobreviviendo con las indemnizaciones que los gobiernos ensayan en estos casos para agricultores en bancarrota por crisis agrícolas, sequías, plagas o exceso de lluvias, atribuibles al cambio climático.

Ixtaltepec, una de las urbes zá más afectadas por los recurrentes sismos, meses antes había sido escenario de intentos frustrados de asesinato contra su presidente municipal, por conflictos de intereses entre las empresas constructoras coludidas con las eólicas, disputándose los contratos para la construcción y mantenimiento de parques eólicos en la zona. La devastación sufrida en Ixtaltepec ha llevado a muchos a abandonar la ciudad, probablemente sin retorno o a la espera de que se “normalice la situación”. La economía local de Ixtaltepec, el comercio, la agricultura, las ladrilleras y la producción de cerámica, quedó entre el colapso y el naufragio por los temblores y las últimas torrenciales lluvias; indebidamente, la ribera central del río Los Perros, con su puente principal fracturado, quedó sepultada entre más de veinte mil toneladas de escombro, lo que ameritó una denuncia ante la Profepa, quien sancionó a la autoridad municipal con una multa por tres millones de pesos, misma que no fue pagada y los camiones de volteo siguen tirando escombro casi en el lecho del río.

En Unión Hidalgo, en grandes barrancos formados por la extracción de arcilla para las ladrilleras, con el paso del tiempo se formaron dos pequeños lagos en la parte norte —Conasupo— y sur de la población —calle Las Pilas—, con patos, ranas, serpientes, tulares y amates, que podrían haber funcionado como naturales retenciones de agua, cada una con más de diez mil metros cúbicos; hoy se encuentran anegadas y repletas de escombro. Lo peor del caso es que los vecinos y muchos pobladores piensan que las empresas demoledoras les hicieron un “gran favor”.


Juchitán, indescriptiblemente destruida, palacio, iglesias, parques, mercado, hoteles, negocios, casas, todo por los suelos, sobre todo en el centro, la parte más populosa y poblada, las secciones al sur de la población, cualquier relato será corto e insuficiente; guardando las proporciones, las escenas recuerdan tristemente a Berlín después de la Segunda Guerra, aunque por efecto directo del sismo las cifras oficiales de muertos no rebasan las cien personas. El ocho de septiembre por la tarde, Enrique Peña Nieto decretaba “luto nacional” parado sobre los escombros del lado sur del Palacio Municipal, bajo los cuales agonizaban dos policías municipales cuyos cuerpos sin vida fueron recuperados con trascavos y bulldozers 24 horas después.

La maquinaria que realiza la demolición de miles de viviendas tradicionales en más de veinte municipios del centro y sur del istmo es propiedad de los presidentes municipales, sus amigos o las empresas que trabajan para los parques eólicos. En el caso de Unión Hidalgo, la prisa por realizar las demoliciones ha sido más que evidente; tratan de condicionar la entrega del recurso económico para la reconstrucción a la demolición total de la vivienda, aunque los daños perceptibles de la casa sean reparables, incorporando elementos estructurales de acero y cemento a la misma composición arquitectónica. Es evidente que el negocio radica en demoler la vivienda para construir una nueva de acuerdo a prototipos de las constructoras, aunque no tengan nada que ver con la vivienda acorde a la cultura de la región. La Sedatu es la dependencia encargada de ministrar, a través de la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi) y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), los recursos para la reconstrucción con tarjetas que podrán ser canjeadas por materiales y dinero, dependiendo del caso, en una lista de tiendas, generalmente propiedad de amistades de los gobiernos, estatal y federal, que en el caso del Istmo recae en los negocios de las familias Gurrión y Zetina, entre otras, además de la empresa cementera cooperativa Cruz Azul. Los “amigos constructores” de EPN están lucrando con la desgracia de los istmeños, chiapanecos, poblanos, morelenses y mexiquenses; ello cuando la autoorganización de barrios y pueblos damnificados podría dar pie al acopio colectivo de materiales de la región o a la demanda de materiales traídos directamente de las fábricas; se propiciarían, desde una nueva política comunal, nuevos pasos, ensayados y/o nuevos, en la reconstitución económica integral de las regiones. Los malos gobiernos y el ejército inhiben la autoorganización de la gente, juegan con la pobreza y lucran con la desgracia.

La magnitud del desastre regional es aprovechada, por los gobiernos y empresas, como una oportunidad para desplazar a toda la comunidad y municipio ikoot (huave) de San Mateo del Mar, bajo el argumento de que el suelo ya no es propicio para la construcción. La gente no cree en el gobierno ni en las empresas. Al igual que en San Dionisio del Mar, resulta evidente que, dada su ubicación en el ecosistema lagunario peninsular, con el mayor potencial para la generación de energía eólica, las empresas quieran adueñarse de estos terrenos, en apariencia desérticos, aunque constituyen el núcleo vital del ecosistema del Golfo de Tehuantepec.

 

En San Miguel Chimalapa, municipio ampeng (zoque), con más de 600 casas dañadas, muchas fueron demolidas sin peritaje objetivo; ante la indiferencia absoluta del INAH, dos joyas arquitectónicas, únicas en la región, su iglesia principal y el edificio Centenario, estuvieron a punto de ser demolidas hasta antes de la visita del arquitecto De Gyves e integrantes del Concejo Regional por la Reconstitución de los Pueblos del Istmo, una iniciativa indígena y ciudadana independiente de los gobiernos y partidos, quienes al parecer van perdiendo la batalla en su intento por rescatar y restaurar parte del patrimonio cultural.

A un siglo de promulgada, nuestra Constitución ha sido reformada, violada e ignorada; este otro octubre del ‘17 se va con las últimas lluvias, los vientos de muertos azotan fuertes la planicie, el ruido de la maquinaria y los camiones no cesan día y noche en su trajín ya cotidiano, demoliendo casas y transportando escombros; una insoportable nube de polvos de ladrillo, cemento, metales, cal y arena de mezclas viejas, penetra inevitable por nuestras narices; es difícil tratar de organizarnos entre toses, estornudos y mocos, casi nadie quiere escuchar… casi nadie quiere hablar de política; es triste, es el tiempo de Xu Gubiña.

 

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1Vocabulario en lengua zapoteca, hecho y recopilado por el muy reverendo Padre Fray Juan de Cordova, de la orden de los Predicadores, que reside en esta nueva España. Impreso por Pedro Charte y Antonio Ricardo en México, Año de 1578 (Edición Facsimilar de Ediciones Toledo, INAH, México, 1987).

2 En los dictámenes por daños a la vivienda existen: “pérdida total”, “pérdida parcial inhabitable” y “pérdida parcial habitable”, correspondiendo un monto económico de la Sedatu-Conavi por 120 mil, en el primer caso y de 30 mil en cualquiera de los otros.

 

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