DESPLAZADOS DE CHALCHIHUITÁN Y PARAMILITARES EN ESCENA

“NO VAMOS A REGRESAR PORQUE AYER HUBO DISPAROS, HAY MUCHO RIESGO, AQUÍ ESTAMOS MAL PERO DORMIMOS; ALLÁ LOS QUE ESTÁN REGRESANDO NO DORMIRÁN PORQUE HAY QUE CUIDAR LA CASA EN LA NOCHE, LOS HOMBRES TIENEn QUE RESGUARDAR”

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Horrorizados, hace más de 20 años, fuimos testigos de acciones paramilitares en Chiapas. Anteriormente era un término lejano, aplicado para problemas internos en otros países. Con el levantamiento zapatista de 1994 aparecieron aquí en nuestro territorio, y como dijimos en este mismo medio en diversos escritos, las consecuencias del uso de esa estrategia como contención al zapatismo sólo traería mayor pobreza, violencia y rompimiento del tejido social comunitario, fundamental en estos territorios.

Las consecuencias están a la vista, los grupos armados se acostumbraron a recibir el pago por sus servicios, así que presionaron para que los pocos encarcelados acusados por sus delitos salieran libres poco a poco. Los asesinos de Acteal son la versión más cínica, pero en el caso de Paz y Justicia en la Zona Norte sucedió lo mismo. Luego presionan estos grupos para recibir programas sociales, para que los conflictos internos se resuelvan a su favor o para negociar con los partidos políticos. Quedó una cultura de la organización armada para amedrentar a los adversarios y al propio gobierno.

En 1997, año de la matanza de Acteal, hablábamos de “los cardenistas y priístas”, ahora son los “verdes”, en algunos casos junto con los priístas, igual encontramos a perredistas acusados de ejercer la misma violencia para imponer su voluntad y para exigir recursos.

En 2012 llega al gobierno Manuel Velasco Coello, un joven político heredero de un apellido de renombre en Chiapas, quien afiliado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dirigió su camino hacia la gubernatura del estado; durante años estuvo en los medios locales para posicionarse como la promesa juvenil que haría el cambio. Se alió al PRI para ganar unas elecciones donde hubo mayor la participación electoral, y donde un candidato ganaba por una diferencia significativa de votos a su favor, más del 67 por ciento. Además de las acusaciones de fraude, para lograr el cargo tuvo que establecer compromisos y acuerdos con todo tipo de grupos políticos y sociales sin importar ideologías.

Muchos de éstos le cobraron muy pronto el apoyo y exigieron les fueran cumplidas las promesas, por lo que Chiapas se volvió un estado ingobernable, con constantes tomas de carreteras que impiden el libre tránsito, grupos que se mueven y tomas de instalaciones gubernamentales de forma violenta como ha ocurrido constantemente en la Torre Chiapas de Tuxtla Gutiérrez, retención de funcionarios públicos, presidencias municipales quemadas, todo tipo de presión sin respuesta institucional.

En ese marco se dieron las elecciones locales en 2015. Los conflictos pre y postelectorales fueron de graves consecuencias: pueblos divididos, acusaciones entre unos y otros de delitos electorales, intervención de las dependencias de gobierno a favor del Partido Verde. Los municipios de Chenalhó y Oxchuc son prototipo de estos desacuerdos. A casi tres años aún no se resuelven y, lo peor, dejaron en entredicho a las instituciones tanto electorales como de procuración de justicia. María Gloria Sánchez Gómez fue elegida presidenta municipal de Oxchuc por el PVEM; ya había sido presidenta durante 2005-2007 por el PRI, por ello a pesar de haber ganado las elecciones la gente manifestó inconformidad, no la dejan ejercer el cargo, mediante actos de violencia un grupo opositor la exilia de Oxchuc, ella responde con igual violencia y se genera un panorama de difícil solución. En su exilio en San Cristóbal recurre a las instancias legales, que fallan a su favor, por lo que legalmente debe retomar el cargo. No fue posible por la presión ejercida por el grupo contario, así que hay un gobierno legal en el exilio y un grupo que en la cabecera municipal ejerce funciones de gobierno con un pueblo en zozobra constante.

En Chenalhó, Rosa Pérez Pérez por cuota de género es candidata del PVEM a la presidencia municipal. Gana las elecciones pero un grupo se inconforma, después de múltiples manifestaciones la saca violentamente de sus funciones y se posiciona en el palacio municipal. Grupos de simpatizantes de uno y otro lado se enfrentan, dejando además de heridos y muertos una importante cantidad de desplazados que hasta la fecha permanecen en San Cristóbal, por el temor a volver y ser recibidos a tiros. Ese conflicto interno reveló la cantidad de armas que hay en el municipio.

 

El conflicto con Chenalhó

Este municipio es identificado como violento, en especial por los hechos ocurridos en 1997, con la matanza de Acteal, y la permanente incapacidad del gobierno para desactivar a los grupos armados. A mediados de 2016 fue el mayor repunte de esa violencia con los mencionados enfrentamientos. Rosa Pérez retoma la vía institucional y consigue sentencia a su favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es restituida en el cargo en marzo de 2017. Aparentemente todo volvía a la normalidad, hasta que en octubre fue asesinado Samuel Luna Girón de Kanalumtik. Los pobladores del paraje denunciaron a los paramilitares de Chenalhó, bajo el mando de Rosa Pérez, protegida del gobernador Manuel Velasco quien unos días antes había estado en visita en Majumpepentic, Chenalhó, en la franja en disputa. El impacto mediático del asesinato fue menor a la visita del gobernador. Posteriormente se empezaron a difundir imágenes de casas quemadas y abandonadas de Chalchihuitán en las áreas colindantes con Chenalhó. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció la grave situación que estaban viviendo los desplazados, que fueron corridos a tiros de sus casas y huyeron a las montañas.

El acceso a Chalchihuitán quedó cerrado. Personas del lado de Chenalhó vecinas de Las Limas abrieron una zanja sobre la carretera. “Estuve más de un mes sin poder venir de San Cristóbal sin ver a mi familia, porque por El Bosque el paso era muy complicado” asegura una mujer de la cabecera de Chalchihuitán. Hubo llamados de auxilio a través de la diócesis de San Cristóbal, organizaciones civiles y medios de comunicación. Parecía repetirse el escenario de Acteal, justo al cumplirse veinte años. Otra vez los grupos armados. Otra vez gente en Los Altos huyendo de sus casas en temporada de fríos intensos. Las autoridades del estado y nacionales no hicieron eco a estas llamados, a pesar de saberse que pronto saldría la resolución a la demanda del municipio de Chenalhó que exige se invalide la resolución presidencial de 1975 que reconoce el plano y límites de los bienes comunales de Chalchihuitán.

Desde finales de noviembre se filtró información que indicaba que la resolución sería favorable a Chenalhó. El 13 de diciembre que se dio a conocer públicamente la resolución, que efectivamente favorecía la solicitud de Chenalhó. Sin embargo, el manejo en los medios fue confuso: la resolución no otorga los derechos de las tierras en disputa a Chenalhó, lo que hace es invalidar tanto la resolución presidencial como los acuerdos posteriores firmados por autoridades de ambos municipios, incluyendo uno que las autoridades de Chalchihuitán desconocen porque va en contra de la resolución presidencial y porque, acusan, se firmó bajo presiones políticas. Según el procedimiento legal, lo que sigue es una nueva delimitación del territorio. Por lo pronto no es favorable a ninguno de los dos municipios. Aún así, la autoridad de bienes comunales de Chalchihuitán no reconoce el fallo y afirma que luchara para que se reconozca la validez de la resolución presidencial de 1975. A la pregunta de por qué, si tienen todos los documentos que demuestran el legítimo derecho sobre sus tierras, la resolución benefició a Chenalhó, responden indignados: “Es que no hay resolución a su favor, se trató de una estrategia de Rosa Pérez para hacer creer que ellos tienen la razón, pero aquí está la resolución estúdienla y vean que ahí no dice que es a favor de ellos”.

Son 365 hectáreas las que están en disputa, según las autoridades de Chalchihuitán. Se trata de un conflicto de linderos con más de 40 años de antigüedad, causado por las autoridades agrarias. Cada cierto tiempo el conflicto resurge, hay acuerdos que no resuelven el fondo del asunto pero “tranquilizan” la situación. Al revisar la resolución firmada el pasado seis de noviembre, se aprecia todo el proceso legal, pero también considera una comisión de expertos que haría el estudio de límites para dar respuestas definitivas, y no fue así. El conflicto sigue con consecuencias cada más mas graves, como las vividas últimamente con casi cinco mil desplazados de Chalchihuitán, y algunos de Chenalhó que ante los riesgos de la violencia prefirieron salir de la zona. La población desplazada acampa en terrenos baldíos o espacios otorgados en la cabecera municipal de San Pablo Chalchihuitán, donde sobrevive como puede bajo plásticos y con enseres domésticos enviados por la sociedad civil.

El 21 de diciembre se realizó una reunión en San Cristóbal de Las Casas. Aparecieron funcionarios federales y estatales encabezados por los subsecretarios de Gobernación y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para encontrarse con los presidentes municipales de ambos municipios. Fue un acto mediático previo al 20 aniversario de los asesinatos de Acteal, fecha en la que cada año acuden a Acteal visitantes nacionales y extranjeros para acompañar a los sobrevivientes. Los “acuerdos” de dicha reunión son irrisorios: más programas sociales de apoyo, instalación de cuarteles de policías, ayuda a los desplazados y, lo más difícil de creer, un “programa de desarme voluntario”, Tablet o electrodomésticos a cambio de armas. ¿Es por mera ignorancia, o hay acuerdos para que los grupos armados sigan funcionando?

Después de la reunión, al menos la carretera fue reabierta, se pudo llevar apoyos a los refugiados, quienes pasaron casi un mes sin cobijas ni alimentos durante. La situación era dramática aún cuando llegaron los alimentos y apoyos. Hasta hoy, en Kanalumtik son visibles las casas desocupadas, quemadas y baleadas.

Se reportan ya 11 muertos en este proceso. En la cabecera municipal se instaló un memorial de los caídos. Una cruz para cada fallecido, con su nombre, lugar de origen y fecha de muerte. Es una forma de demostrar el alcance de lo sucedido (hasta ahora).

El primero de enero se anunció que los desplazados volverían el día siguiente por la mañana a su lugar de origen. Sin embargo, durante una visita a los campamentos el mismo día dos, y en una entrevista con autoridades de los bienes comunales de Chalchihuitán, se nos informó que sólo volvieron tres mil 858 personas, mas mil 116 no lo harían pues no hay condiciones. Siguen escuchándose disparos en las cercanías de sus parajes, aseguró el agente municipal de Kanalumtik Juan Gabriel Girón. Afirma que ya se tienen “las pruebas que quería el gobierno” pues el Ejército federal levanto casquillos en uno de los puntos de donde salen los disparos, Tseleltetik, paraje de Kanalumtik. Hay otros tres lugares a los cuales ya no fueron. Por ello los indígenas no quieren volver, antes se tiene que desarmar a esos grupos.

Una joven del campamento ubicado en la cabecera de Chalchihuitán expresa: “No vamos a regresar porque ayer hubo disparos, hay mucho riesgo, aquí estamos mal pero dormimos; allá los que están regresando no dormirán porque hay que cuidar la casa en la noche, los hombres tiene que resguardar. Yo vivo muy cerca de la franja y ahí hay más riesgo. Qué voy a hacer con los niños grandes de cuatro o cinco años, cómo los voy a cargar en la media noche para salir corriendo si ahí salen de los cafetales los pistoleros”.

A la pregunta sobre cómo debe resolverse el problema, aseguran todos al mismo tiempo: “Sólo desarmando a los paramilitares, esos grupos fueron armados por Rosa Pérez y ahora los usan contra nosotros, mientras no se desarmen no se puede regresar”. El Consejo de Vigilancia de los bienes comunales de Chalchihuitán asegura que lo único que pide es que se respeten sus documentos históricos, donde quedan establecidos su territorio y sus límites. Para regresar, los desplazados sólo quieren que desarmen a los agresores, no quieren dinero ni otros apoyos.

Este conflicto no es sólo agrario ni sólo político, es todo a la vez. Es preocupante la forma en que se suelen resolver los problemas en la zona: todo “negociado”, con acuerdos que no se cumplen. Se perdió la idea de la justicia, ahora es el más fuerte quien gana. Ante los procesos electorales a la puerta, el riesgo es que se beneficie a quien tenga más votos que ofrecer.