CONCEJALAS DE CUERPO ENTERO. FLORES EN EL DESIERTO DEL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO / 250

ROCÍO MORENO, COCA. MEZCALA, JALISCO

Tenía siete años cuando fue a la cabecera municipal de Poncitlán, Jalisco, y se sentó a comer unos tacos en un puesto callejero. Su tío la regañó y ella no entendió. Más tarde su mamá le explicó que su tío la estaba protegiendo, pues no quería que le dijeran nada y la lastimaran. Ella siguió sin entender. ¿Por qué le iban a decir algo sólo por sentarse en un puesto callejero? Sucede que los indígenas de Mezcala ni a eso tenían derecho. “No había una ley, nada, pero ya estaba en la cabeza de nosotros, nos habíamos apropiado de la idea de que ése no era nuestro lugar. Y mi tío tenía miedo de que me maltrataran”.

Rocío Moreno, con sus 34 años, es de las de mayor experiencia dentro del Congreso Nacional Indígena. Su nombramiento como Concejala a nadie sorprendió, pues su trayectoria como defensora del territorio es larga como la enorme trenza que le cae sobre la espalda. Nació, creció y vive en Mezcala, la única comunidad que queda en la ribera del Lago de Chapala, el más grande de México. A su pueblo le han negado todo, incluso su origen coca, el cual sólo se reconoce si de racismo se trata, como cuando, hace seis años, trabajó como maestra en la Universidad de Poncitlán y algunos maestros lamentaron que “una india de Mezcala fuera a dar clases”.

La ley estatal de Jalisco señala que Mezcala no es una comunidad indígena, “aunque nosotros no somos iguales a los vecinos”, señala Rocío, quien organiza desde hace diez años talleres de historia comunitaria con el fin de que los niños conozcan y se sientan orgullosos de su pasado. “Nos han hecho creer que ser miembros de un pueblo originario es una vergüenza. Nos dicen que es sinónimo de que estamos contra el progreso, que somos unos tontos, que no tenemos una visión, que nos gastamos el dinero en las fiestas”. Por eso en los talleres desde niños conocen “la otra historia”, la suya, la de los indios insurgentes que defendieron la isla de Mezcala de los españoles y nunca se rindieron.

Mezcala, comunidad indígena pequeña que con sus cinco mil habitantes es prácticamente la única que queda en los alrededores del Lago de Chapala, ha vivido siempre de la pesca y de la agricultura. Tiene dos islas, una de ellas centro sagrado y corazón de la cultura coca. Aquí nació doña Rosa Moreno, madre de Rocío, hija de Locadio Moreno y nieta de Tomás Moreno, personas a las que la gente recuerda por su participación en la lucha por la recuperación de tierras de principios del siglo XX. Las mismas que ella continúa defendiendo.

GABRIELA MOLINA, COMCA’AC. DESEMBOQUE DE LOS SERIS, SONORA

El atajo a Desemboque de los Seris es un enorme jardín repleto de saguaro, cinita y pitaya, que los jóvenes comca’ac decidieron esconder para mantenerlo vivo. Por aquí no pasa nadie que no sea de la comunidad o invitado por ella. Gabriela Molina va al volante. Está desvelada porque el día anterior a nuestro encuentro enfrentó, junto a sus compañeros de la Guardia Tradicional, a un grupo de delincuentes que robaban el fruto de la pesca. En lancha y armados los persiguieron durante la madrugada, lograron detenerlos y los entregaron al Ministerio Público. La estampa retrata a esta Concejala de cuerpo entero. Lo mismo porta un chaleco negro y enfunda un arma como parte de la Guardia, que viste una larga y colorida enagua adornada con grecas hechas con listones, parte del traje tradicional de la nación comca’ac.

Con las aguas del Golfo de California de fondo, sentada en una pequeña silla de madera, Gabriela deshilvana con soltura las desgracias de este pueblo milenario, de los primeros, dicen, que poblaron Mesoamérica. Además del acecho de la delincuencia, los comca’ac, como el resto de los pueblos, naciones y tribus indígenas de México, enfrentan las amenazas de empresas mineras que se imponen en el territorio. Hace cuatro años, cuenta Gabriela, “llegaron los mineros a amenazarnos con armas”, porque así llegan estos proyectos a las comunidades. “Aceptas o te encañonan”. Los comca’ac decidieron que ni una ni otra. Y siguen resistiendo.

En el 2015, del territorio sagrado extrajeron los trabajadores de la mina La Peineta alrededor de 300 toneladas de tierra y devastaron 31 kilómetros lineales de la reserva indígena, afectando la vida del venado bura y del borrego cimarrón, entre otras especies, además de los daños a la salud humana y al medio ambiente. Gabriela o Gaby, como la llama la mayoría, advierte que los empresarios sonorenses quieren “llevarse el oro, la plata y el cobre que abunda en estas tierras”.

Fue precisamente la lucha contra las mineras lo que llevó a esta joven a involucrarse directamente en la defensa del territorio. Las mujeres de la comunidad empezaron a organizarse porque se estaban otorgando concesiones sin consentimiento y sin ninguna consulta. En ese momento, recuerda, “pensábamos que solamente era La Peineta, pero cuando empezamos a investigar encontramos ocho sitios concesionados a la minería a cielo abierto”. Aproximadamente a cinco kilómetros de Desemboque se encuentra la concesión minera La Rojiza. Y otra más en el cerro de Tepopa, más las tierras de Punta Chueca.

Desemboque de los Seris y Punta Chueca son las dos comunidades que conforman el territorio comca’ac. Juntas tienen una población de alrededor de dos mil hombres y mujeres de mar y arena. La asamblea tradicional de Desemboque fue la que eligió a Gabriela Molina para participar en el Concejo Indígena de Gobierno. Ella, hija del actual gobernador seri y nieta de la única mujer que ha tenido ese cargo, tiene hoy la responsabilidad de promover la organización y visibilizar las luchas de su pueblo, que no son pocas.

GUADALUPE VÁZQUEZ, TSOTSIL. ACTEAL, CHIAPAS

Lupita pegó su pequeño cuerpo de diez años al de su madre y desde esa posición escuchó el impacto de la bala que la asesinó. Ese mismo día perdió también a su padre, a cinco de sus diez hermanos, a su abuelita y a su tío. Nueve familiares en total cayeron en la masacre de Acteal, perpetrada por grupos paramilitares acusados por organismos de derechos humanos de ser auspiciados desde el Estado. Veinte años después, con sus 30 años a cuestas, es la primera mujer tsotsil en recibir un bastón de mando de Las Abejas, organización de origen católico con un cuarto de siglo de historia en el suroriental estado de Chiapas.

Guadalupe Vásquez Luna representa a la región Altos-Centro de Chiapas en el Concejo Indígena de Gobierno. Lograr la justicia para su pueblo y organizarse contra los proyectos de muerte es una de las tareas de esta menuda mujer tsotsil, maestra y madre de dos hijos con los que suele caminar con la frente en alto por las racistas calles de San Cristóbal de las Casas, enfundada en su huipil morado y enagua de lana negra, prendas tradicionales de las mujeres de Los Altos, donde las nubes cubren montañas, pueblos y rostros, pero no agravios ni cicatrices.

“Ya era rebelde antes de Acteal”, dice, segura de sí misma. La rebeldía nació con ella y se multiplicó con la masacre y la posterior impunidad. Todas sus hermanas trabajaban en el campo y ella le insistía a su padre que la dejara ir a estudiar. “Me dijeron que no porque ninguna de mis hermanas lo había hecho y que si yo iba, se iban a enojar, que mejor ninguna”. Ella insistió: “No, papá, mis calificaciones hablan, no me lo vas a negar”. Desde entonces, dice, “no bajo la cabeza”, y en su vocabulario no existe la frase “está bien” para todo lo que considera que no lo está.

A los diez años, además de perder a más de la mitad de su familia, perdió también la oportunidad de seguir estudiando. Tres años no hubo escuela en Acteal después de la masacre. Y luego, cuando Las Abejas crearon una, Lupita envió a sus hermanas menores, pero de ella no se ocupó. Años después su hermano le preguntó si quería seguir estudiando “y le respondí que claro que quería”. Y así terminó la primaria. Cuando quiso continuar con la secundaria, se topó con el machismo de las comunidades. “Mi hermano me dijo que no, que si iba de seguro me casaba ahí”. Ella insistió: “Le dije que era mi vida, que si me equivocaba era mi error”. Terminó la secundaria y se inscribió a la preparatoria.

OSBELIA QUIROZ, NAHUA. TEPOZTLÁN, MORELOS

Osbelia Quiroz González, con sus 80 años, es la mayor del Concejo Indígena de Gobierno. Su fortaleza cansa al más ágil. Sorprende subiendo y bajando cerros, poniendo el cuerpo frente a la maquinaria que los despoja de su territorio o dejando el pase libre en la caseta de cobro para difundir sus demandas. “La gacela” le decían a la maestra Osbelia cuando de joven competía en las carreras de atletismo. Se entiende.

Tepozteca de nacimiento, no hay quien no la conozca en la cabecera del municipio. Cientos de sus alumnos y alumnas hoy son personas adultas con una vida hecha, padres e incluso abuelos. Es un domingo de noviembre y Osbelia se dirige al plantón que el movimiento mantiene frente a la presidencia municipal en contra de la ampliación de una carretera que los divide y atenta contra su pueblo. Arregla el altar y barre. Toma los carteles que le tocan y con ellos en su bolsa se dirige a alcanzar a sus compañeros a la caseta de cobro, quienes la tomaron simbólicamente e instalaron el pase libre, acción que consiste en pedirle a los trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se retiren de las casetas o se hagan a un lado, mientras ellos dejan pasar a los automovilistas sin que paguen cuota, depositando una cooperación voluntaria en sus botes. Osbelia despliega su cartulina y se pone a un costado. La policía la observa, y ella ni voltea.

“No tengo miedo a la represión”, dice, segura de sí misma. “Si algún día me detienen, iré al lugar a donde me lleven. No importa que me encarcelen, ahí puedo estar, y si tengo la oportunidad de seguir leyendo, leeré lo que han hecho nuestros antepasados, lo que por derecho nos corresponde: nuestro territorio”. Heredera de sangre de guerreros, lo mismo se enfrenta al actual gobernador Graco Ramírez que a los trabajadores de las transnacionales que los despojan del territorio. No hay descanso, dice, y “menos, tiempo”.

BETTINA CRUZ, BINNIZÁ. JUCHITÁN, OAXACA

En esta región en la que las transnacionales “se roban el viento para venderlo”, Bettina Lucila Cruz Velázquez camina erguida enfundada en su huipil de flores de colores y nagua vaporosa. Enormes planicies con miles de aerogeneradores rodean Juchitán de Zaragoza, uno de los 570 municipios en los que se encuentra dividido el estado de Oaxaca. Aquí creció, se formó, se casó y sigue luchando la integrante del Concejo Indígena de Gobierno.

Bettina es una de las fundadoras de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), que se constituyó hace diez años para enfrentar al proyecto eólico encabezado por las empresas españolas Unión Fenosa Gas Natural, Endesa e Iberdrola. Son ya 25 los parques construidos en el Istmo de Tehuantepec, “todos sin ningún tipo de beneficio para la gente”, señala Bettina. Aquí no le preguntaron a nadie si querían que la fuerza del viento se utilizara para la generación de energía, “aquí la descubrieron y vinieron a imponerse”, acusa.

Del calentamiento global y el cambio climático, realidades emergentes en el mundo, los políticos y los empresarios crearon un discurso para instalar los parques. La Concejala explica que la energía renovable llegó en forma de empresas, prometiendo empleo para la gente y desarrollo para la región “que jamás se vieron”. Ni siquiera cumplieron con el pago de impuestos, dice, se ampararon para no pagarlos. “Los empresarios en Juchitán deben más de tres mil millones de pesos de impuestos y en toda la región del Istmo suman más de seis mil millones”, señala Bettina.

Bettina no habla de lo que no sabe. Se doctoró por la Universidad de Barcelona, a la que llegó como beneficiaria de una beca para estudiantes indígenas, en Planificación Territorial y Desarrollo Regional, con la tesis “Desarrollo regional en el Istmo de Tehuantepec: una perspectiva desde el territorio”. El discurso empresarial y gubernamental, dice, es simple: “Llegan con el rollo del desarrollo y el empleo, dicen que se tiene que modernizar el estado o la región, y con el desarrollo vienen los parques eólicos y la energía renovable”. Pero para los istmeños, refiere Bettina, “esa modernización ha significado despojo, impactos negativos en la vida cotidiana, en la cultura, la economía y la vida social. Su modernización llegó para contaminar el suelo, matar aves y destruir la flora y la fauna de la región. Vino a acabar con actividades económicas como la agricultura, la ganadería y el pequeño comercio realizado por mujeres”, entre otras afectaciones.

SARA LÓPEZ, MAYA. CANDELARIA, CAMPECHE

Sara tardó mucho en olvidar los ruidos de la cárcel, los golpes de la puerta y los madrazos que la hacían brincar del susto durante los once meses que estuvo encerrada por su lucha contra las altas tarifas de la energía eléctrica. La primera vez que escuchó cerrarse la reja de la prisión, sintió “coraje, rabia, impotencia” de saberse ahí injustamente. Salió libre gracias a la presión nacional e internacional y de inmediato se reincorporó a la lucha, ya no sólo contra las tarifas injustas, sino también por la defensa del territorio maya. Hoy, además, es integrante del Concejo Indígena de Gobierno por Campeche.

Sara López González nació en el municipio de Candelaria hace 52 años. Sentada en medio de las flores que adornan el patio delantero de su casa, rememora el momento en el que, junto a su colectivo, decidió involucrarse en la iniciativa del Congreso Nacional Indígena y ser parte de una propuesta que pretende “organizar al pueblo”. En el 2006 participó en La Otra Campaña, iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que, al margen de los partidos políticos y de la estructura electoral, recorrió el México de abajo llamando, al igual que ahora, a organizarse para enfrentar el despojo, la explotación, el desprecio y la represión que ofrece el capitalismo.

El Concejo Indígena de Gobierno, explica Sara López, “no llama a tomar la silla presidencial, sino al autogobierno y a organizarnos desde los pueblos. Y así como estamos organizados en una comunidad, queremos hacerlo a nivel estatal, a nivel Península y a nivel nacional”. El trabajo que le corresponde como Concejala, señala, “es recorrer la región y explicar la propuesta”. En realidad, insiste, “no queremos llegar a la presidencia ni convertirnos en partido político. No queremos ser como un partido, no somos aquellos corruptos que viven de los demás”. Y justo le corresponde explicar las diferencias.

Por Campeche hay otros ocho concejales, y entre ellos, “dos compañeros que viven cerca de la frontera con Guatemala, quienes tienen un trabajo específico en la defensa de la tierra”. A los tres les preguntan los mayas qué soluciones ofrecen a los problemas de la región. Y la anticlimática respuesta es que el CIG no ofrece soluciones, “pues ésas se construyen con los pueblos, que no hay una receta de cómo gobernar”. Y el ejemplo que se desglosa es el de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, que tampoco ofrecen un manual, pero son una posibilidad real. “Ni Marichuy, que es la vocera, ni el CIG, vamos a decir, ‘te vamos a dar tantos proyectos’ para que resuelvas tus problemas’. Eso no es, porque entonces caeríamos en el mismo juego de gobierno y los partidos políticos”.

MYRNA VALENCIA, YOREME. COHUIRIMPO, SONORA

Enormes planicies sembradas con trigo y canola invaden el territorio yoreme. Los campos son trabajados por cientos de jornaleros que labran para los nuevos dueños la tierra que hasta hace poco les perteneció a ellos. Vendieron o rentan su fuente de alimento y de cultura, con engaños o a sabiendas, pero siempre en condiciones desiguales. Hoy son peones en sus propias tierras. En el camino también se observan sauces, sabinos y álamos mexicanos que sobreviven a la agroindustria. Es el sureste de Sonora, donde hace décadas el pueblo yoreme hizo fértil esta tierra hoy desértica.

En esta región nació Myrna Dolores Valencia Banda, Concejala por Cohuirimpo, uno de los ocho pueblos yoreme, conocidos como mayo, del sur de Sonora. Ella también es parte del concejo del gobierno tradicional de su pueblo, maestra de secundaria y defensora del territorio. “Soy Myrna y estoy viva”, así se presenta al inicio de la entrevista esta mujer de 41 años, que en mayo del 2017 fue nombrada representante de su pueblo ante el Concejo Indígena de Gobierno.

La conversación con Myrna transcurre en la ribera de lo que queda del río Mayo, cerca de la comunidad El Recodo, centro del pueblo ancestral de Cohuirimpo, donde se encuentra el cementerio de los más antiguos. Desde donde estamos, se aprecia el afluente sagrado contaminado y disminuido. “Nuestro pueblo”, explica Myrna, “es hermano del río, y como él, ha ido perdiendo identidad y se ha dispersado. Es una tristeza que muchas de las tradiciones y de las costumbres ya no sean más, porque es lo que ha hecho nuestro actual sistema de producción y de organización, teniendo como resultado agua contaminada por las granjas porcinas y otras empresas”.

La mayor problemática que enfrenta su pueblo, explica la Concejala y defensora del territorio, es el despojo. “Dirán que (la venta) está del lado de la razón, de la legalidad, que la gente vende, pero no es así. Nuestra verdad nos indica que sólo se puede hacer tratos entre iguales. Quien llegó primero tiene el derecho y nadie que haya llegado después tiene la verdad y el derecho de quitar o expropiar algo de lo que depende la vida. La tierra significa eso, nuestra propia existencia”.

Aquí son palpables las consecuencias de la reforma al artículo 27 constitucional que hace más de 20 años abrió la puerta a la privatización del ejido. “Los ejidatarios, por necesidad y por la opresión, se han visto orillados a rentar o vender, incluso con artimañas y engaños de los terratenientes modernos, quienes no piensan en la vida de nuestros hermanos, sólo en aumentar sus propiedades, en tener una producción, pintar de verde permanente la tierra y llevar papeles verdes al banco, aunque a nosotros no nos quede nada”.

LUCERO ISLABA, KUMIAI. JUNTAS DE NEJÍ, BAJA CALIFORNIA

Gigantescas piedras de todas las formas posibles se distribuyen en la vereda serpenteante por la que se llega a Juntas de Nejí, una de las seis comunidades kumiai ubicadas en la esquina noroeste del estado de Baja California. Por este vasto territorio, Lucero Alicia Islaba Meza, integrante del Concejo Indígena de Gobierno, jugaba de niña a ser un caballo y cabalgando cruzaba el territorio sagrado y desértico del municipio de Tecate.

Son pocos los kumiai que persisten en su existencia. El censo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas arrojó en 2010 la cifra de únicamente 221 hablantes. Y sí, son pocos, pero “no están en peligro de extinción”, aseguran ellos. Viven, como Lucero, distribuidos en rancherías alejadas una de otra, de acuerdo al clan (familia) al que pertenezcan y, aunque abandonados de las políticas públicas e invadidos por transgresores, resisten a los embates contra su territorio y cultura.

“Aquí nos criamos mis cuatro hermanos y yo. Por todo este lugar corríamos y jugábamos en el arroyo”, recuerda Lucero.  Y así, jugando a ser caballo, una vez su hermano la lazó y la cortó con el chicote. En el juego, como en la vida, los niños eran los vaqueros que lazaban a las niñas, que eran las yeguas. Pero Lucero prefería ser caballo.

Delgada y con cara de niña, aunque tiene 27 años, Lucero decidió aceptar el cargo de Concejala que la asamblea consensó. No fue fácil. Es la primera vez que tiene un cargo de representación comunitaria y en estos meses su vida ha dado un giro total. En los días de la entrevista está regresando de Chiapas, a donde asistió al recibimiento que las comunidades zapatistas hicieron en los cinco Caracoles al CIG y a su vocera María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy.

Inspirada en la lucha zapatista, desde su nombramiento como Concejala trabaja junto a los colectivos de la Sexta Tijuana y Sexta San Diego, vinculados a las iniciativas civiles de los rebeldes de Chiapas. Lo mismo asiste a reuniones en Hermosillo, Sonora, donde se encontraron los pueblos indígenas del norte ligados al CNI, que a San Diego, California, donde también habita gente de su pueblo. A Baja California Sur fue para explicar la propuesta del Concejo y elegir nuevas concejalas y delegados, pues “se trata de abrir zonas”.

Lucero no es una “política tradicional” y por lo tanto no esconde sus asombros ni sus quebrantos. Marichuy la inspira “porque es una forma de demostrar que las mujeres podemos hacer algo más”, dice, al tiempo que lamenta el machismo en sus comunidades, en las que “el hombre va al frente”. Situación que, opina, “debe cambiar, pues el hombre y la mujer deben ir juntos, nunca uno adelante del otro”.

MAGDALENA GARCÍA, MAZAHUA. CIUDAD DE MÉXICO

Tuvo que haber un levantamiento en Chiapas para que Magdalena volviera a hablar su lengua y regresara a portar su vestimenta. Cuenta que antes, por la discriminación alentada por personajes como La India María, se forzó a hablar español, a rizarse el pelo y hasta a usar zapatos de tacón, aunque, dice, “lo que traía dentro nadie me lo podía arrancar”.

Hoy la Concejala mazahua camina erguida por las calles de la Ciudad de México, con su falda y blusa plisadas en colores brillantes y su larga y entrecana cabellera trenzada con grandes listones. “Es lo que recuperé gracias a los zapatistas y esto es lo que realmente soy”, dice, mientras ofrece sus bordados de punto de cruz sentada a los pies del monumento a la fundación de la Gran Tenochtitlan, justo frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misma que le otorgó el amparo para ser liberada, absuelta de todo cargo, luego de 18 meses de injusto encarcelamiento.

Ni el consabido “usted disculpe” le dieron a Magdalena cuando le abrieron las puertas de la cárcel. “Viví en carne propia la represión. Fue un momento doloroso de dejar la familia, de que ya no encontré vivos a los que estaban enfermos cuando entré, de no ver a mis nietos nacer. Pero no todo es malo, es una experiencia a la vez bonita, porque en vez de callarnos se extendió la semilla. Se sembró más porque se hizo consciente la gente”, dice Magdalena en la entrevista que transcurre entre el Zócalo capitalino y la comunidad mazahua de San Antonio Pueblo Nuevo, municipio de San José del Rincón, Estado de México, donde nació.

Defensora de los derechos de los indígenas radicados en la Ciudad de México y activista de La Otra Campaña, iniciativa zapatista que en el 2006 recorrió el México de abajo, Magdalena García estuvo encarcelada un año en Santiaguito y seis meses y cinco días en el penal de Molino de Flores, Texcoco. “Lo que me dio fuerza era que yo no era lo que ellos decían. Sabía que algún día iba a salir y a demostrar que era inocente. No era una secuestradora, sólo hablaba por la lucha, por un cambio. Nunca iban a encontrar algo malo de mí”, dice Magda, quien recuerda cada minuto vivido en la cárcel como si hubiera sido ayer. “Salí absuelta, sin culpa de nada, porque no hice nada. Pero los que de verdad hacen, están libres y pasean por todos lados”.

MARÍA DE JESÚS PATRICIO, NAHUA. TUXPAN, JALISCO

El 29 de mayo de 2017 le cambió la vida a María de Jesús Patricio Martínez, quizás como en ningún otro momento de sus 54 años. Su nombramiento como vocera del recién constituido Concejo Indígena de Gobierno la llevaría a recorrer en los meses siguientes los rincones más olvidados del México profundo. Despojos, amenazas, represiones y un sinfín de dolores y resistencias ha encontrado en su camino. No hay hierba medicinal que cure tanto desprecio y ella, sanadora, apela en cada pueblo a la organización como único remedio.

Desde que arrancó oficialmente el recorrido, con la visita a las cinco demarcaciones zapatistas y a Palenque, en octubre de 2017, ha regresado muy poco a Tuxpan, Jalisco, su comunidad natal en la que durante 20 años, y hasta hace unos meses, encabezó la Casa de Salud Calli Tecolhuacateca Tochan. Sus tres hijos salieron del pueblo para ser atendidos por familiares mientras ella y su esposo Carlos González, también fundador del Congreso Nacional Indígena, caminan con el Concejo convocando a los pueblos a organizarse contra el despojo.

Más de medio México han pisado desde entonces. A bordo de una camioneta blanca recorren las veredas de un país que los niega. En cada lugar se realizan actos comunitarios en las plazas y reuniones en las que se vierte la problemática local. Una cosa es lo que se ve en el templete, y otra la que ocurre sin cámaras de por medio. Por eso muchas veces no se entiende que no haya tiempo para la prensa ni para actos mediáticos, pues desde el inicio privilegiaron el intercambio en corto.

Conocedora de la problemática indígena nacional, que ha visto “empeorar durante los últimos 20 años”, Marichuy vive hoy de cerca “cada despojo y cada injusticia” de las que tanto hablan cuando se reúnen en el Congreso Nacional Indígena. “Se han quedado cortos en los encuentros”, dice, “yo veo más destrucción y muerte con los megaproyectos que les han impuesto desde fuera”.

Las constantes son muchas. Gobiernos y transnacionales siguen el manual del despojo a pie de juntillas. Entran a los pueblos, imponen los megaproyectos sobre sus territorios sin consultar a nadie y convierten el paisaje en zona de desastre. “Los más viejos ven con tristeza lo que ocurre” y alientan la resistencia que “agarra fuerza por todo ese destrozo”, dice la vocera nahua.

Marichuy insiste en que por cada dolor se levanta una rebeldía. “La gente no está dispuesta a que le sigan destruyendo su territorio, su tierra, su organización”. Donde el problema está más fuerte surge “más resistencia, más organización, más empeño por vivir”.

Extractos de la serie Flores en el desierto, originalmente publicada en el portal Desinformémonos (https://floreseneldesierto.desinformemonos.org) en enero de 2018. Un proyecto apoyado por la Fundación Rosa Luxemburg con fondos del BMZ.