LA DIGNIDAD DEL PUEBLO HONDUREÑO. FRENTE A LA IMPUNIDAD DEL PODER

LA NECESIDAD DE DIÁLOGO ES IMPERATIVA EN UNA SOCIEDAD ROTA NO POR LA POLARIZACIÓN POLÍTICA SINO POR LA REPRESIÓN

En Honduras, nuestro hermano menor, la represión y un gobierno ilegal se instalan en lugar de la democracia. Hasta ahora, las noticias más frecuentes de Honduras son las del sufrimiento del paso de los emigrantes hondureños por México, en el trayecto desde el Suchiate hasta el intento por cruzar el río Bravo. Buscan no solamente mejor vida económica. También huyen por el despojo y las amenazas en la defensa de sus territorios. Particularmente los garífunas del norte del país y los lencas del departamento de Comayagua. A este pueblo pertenece Berta Cáceres, la dirigente asesinada el 2 de marzo de 2016, en medio de la lucha del COPINH, su organización, en contra de una hidroeléctrica y por el respeto al territorio.

Desde el golpe del 2009 que tumbó a Mel Zelaya, la militarización de Honduras sustituye las formas democráticas. En estos últimos meses se desenvolvió el drama de la reelección anticonstitucional del presidente Juan Orlando Hernández (JOH). El 26 de noviembre pasado, en pleno conteo de votos, se cayó el sistema cuando el candidato opositor Salvador Nasralla iba adelante y ampliando ventaja. Cuando se encendieron de nuevo las pantallas, Juan Orlando del Partido Nacional apareció arriba. Al fraude impune, respaldado por Estados Unidos y la OEA, siguió la represión masiva y selectiva para abatir una indignación generalizada.

Contra viento y tempestad los jóvenes y los indígenas se movilizaron a diario, todo diciembre, desde Atlántida hasta Choluteca. Pero la represión de la Policía Militar con toneladas de latas de gas lacrimógeno fabricadas en Pensilvania, y a balazos sobre los contingentes, sumó cerca de cuarenta asesinados del pueblo en mes y medio.

Ser joven se ha convertido para los soldados policías en sinónimo de sospechoso y subversivo. Llega a Radio Progreso, Kelvin Padilla de 17 años, con su mamá, a denunciar que fue detenido sin razón, mientras platicaba con sus amigos en la banqueta en la colonia Berlín de El Progreso. Les cayeron los policías y empezaron a golpearlos en el estómago y a acusarlos de mareros y mariguanos. Los llevaron a los locales de la policía y los siguieron golpeando a la vista de los jefes, mientras les apuntaban con un rifle. Esta agresión se repite sistemática en el país para amedrentar a los jóvenes como Kelvin, que son protagonistas conscientes en la resistencia contra el fraude de Orlando y su Partido Nacional.

Radio Progreso y su Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación reciben amenazas y acusaciones falsas. Pero esta radio es una trinchera insobornable. Rompe el cerco de la desinformación controlada por el gobierno ilegal. La dirige el jesuita hondureño Ismael Moreno; Melo le dicen sus amigos. Está en El Progreso, Yoro, en el norte del país, zona de monocultivos bananeros y palma africana, y tiene repetidora en la capital Tegucigalpa. La torre de retransmisión en el cerro Cantagallo de esa ciudad fue derribada la noche del 9 de diciembre. La Radio responsabilizó, obviamente, a Juan Orlando Hernández y a su grupo.

Donde abunda el delito sobreabunda la solidaridad. El 20 de enero llegó al aeropuerto de San Pedro Sula una delegación ecuménica de iglesias católica metodista, presbiteriana, bautista y otras del este y oeste de Estados Unidos, conformada por 50 pastores y pastoras de estas organizaciones. Cinco jesuitas de otros tantos países, enviados por la Compañía de Jesús, se unieron a la delegación. Escucharon los testimonios directos de la represión y de las familias de los asesinados por el régimen. Participaron también en una misa en las calles del barrio Quebrada Seca en El Progreso con cantos nicaragüenses de Mejía Godoy y en un viacrucis con estaciones frente al edificio de la policía y de la Corte de Justicia, la víspera de la toma de posesión de Juan Orlando. Los rituales abrieron espacio a la consigna que recorre todo Honduras: ¡Fuera JOH!

Y al día siguiente de la imposición ilegal del presidente, la delegación de Estados Unidos convocó a una vigilia de oraciones, cantos y discursos por la noche, frente a la embajada de ese país en Tegucigalpa. Más de mil gentes llegaron, obviamente blindadas por la presencia de la delegación estadunidense y más de doscientos policías militares.

El 29 de enero el grupo solidario entró a la embajada. Dos edificios a ambos lados de la avenida, unidos por un túnel simbolizan el dominio de Estados Unidos. Lo había dicho el padre Melo: “Para el gobierno de la Casa Blanca seguimos siendo desde siempre el país bananero, gobernado contra Honduras, sin Honduras y desde fuera de Honduras”.

Los pastores le hablan a la embajadora Heide B. Fulton de lo visto y oído intensamente durante la semana: represión y asesinatos por parte de la policía, estado de sitio de facto. Y hablando todo el tiempo en inglés insisten: “Nosotros igual que usted somos ciudadanos estadunidenses. Y seguramente habría de avergonzarse, igual que nosotros, de que nuestro gobierno respalde al de Honduras, instalado en medio de evidencias de fraude y violencia policial”. El grupo de la delegación está compuesto por gente de buena fe. Confían en que la palabra vale. Pero en las embajadas funciona el lenguaje diplomático que consiste en decir mentiras con una sonrisa.

La señora Fulton escuchaba con rostro amable. Al final, tomó la palabra y dijo que esto es un proceso, que no se puede solucionar todo de una vez. “Hay desafíos... vamos avanzando... yo miro en prospectiva”, añadió. En ningún momento aceptó la ilegal reelección y las demás acusaciones de criminalidad contra JOH. Anunció que tenía que irse a otra reunión y salió sin perder su sonrisa.

En los días que siguen el presidente ilegal de Honduras subraya en sus discursos la lucha contra los violentos y los criminales, sin reconocer los desmanes anticonstitucionales que lo llevaron a la dictadura. Defiende la existencia de la Policía Militar, que es una contradicción en su propio nombre. Su propuesta es la construcción de una tercera cárcel de máxima seguridad llamada El Pozo III en Tocoa, sobre la cuenca del río Aguán.

Por otra parte, la necesidad de diálogo es imperativa en una sociedad rota no por la polarización política sino por la represión. Las voces crecen demandando el cambio de los gases lacrimógenos por las palabras, pero no sin condiciones. “No puede llegar el que te golpeó, robó o mató a tus familiares a decirte: ahora vamos a platicar.”

El diálogo debería partir de tres premisas, dice la gente desde los micrófonos de Radio Progreso.

Primera: una investigación y una judicialización de los responsables directos e intelectuales de las personas que han sido asesinadas del 26 de noviembre hasta la fecha. Segunda: que haya una desmilitarización de la seguridad pública. Y tercera: que haya un reconocimiento de la ilegalidad de la reelección de Juan Orlando Hernández y de los resultados fraudulentos sobre los cuales se ha montado. El pueblo hondureño está decidido a construir futuro del lado de la justicia, con la larga costumbre de resistir violencias y dominaciones.