NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA

Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oaxaca

En el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí decimos Sí a la vida, No a la minería”, el pasado 23 de febrero, participaron 60 comunidades de Oaxaca, 33 autoridades comunitarias y 36 organizaciones locales que luchan por la defensa de la tierra y el territorio y contra la imposición del modelo extractivo de megaproyectos “que violentan los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas bajo el amparo de las leyes mexicanas”, según expresan en la declaratoria.

 

Al cabo del encuentro, los pueblos declararon: “Alzamos la voz para denunciar y detener estos proyectos extractivos que, con el falso discurso del progreso, desarrollo o generación de empleo, están minando la vida. Los pocos empleos que se crean en el sector minero tienen pésimas condiciones laborales, como ha ocurrido en la región carbonífera de Coahuila en el norte del país, dejando muchos mineros muertos”.

Estos “desarrollos” generan “el despojo del territorio, la destrucción de los bienes comunes naturales y, en consecuencia, el desplazamiento forzado de miles de pobladores que pierden para siempre su vida sana, su conexión con la tierra, la naturaleza y los procesos culturales y de identidad que nos dan sentido de pertenencia”.

Denunciaron el hostigamiento, la persecución y el asesinato de defensores de derechos humanos, así como las estrategias de violencia que las empresas y el gobierno utilizan para generar un clima de terror, mermar la lucha de las comunidades, y controlar el territorio donde existen yacimientos mineros a través del crimen organizado. “La militarización y la presencia de la gendarmería son estrategias que legalizó la reciente Ley de Seguridad Interior y a todas luces buscan criminalizar la protesta social”.

Al hermanarse para seguir defendiendo la Madre Tierra en sus comunidades y regiones, reconocieron a las mujeres “como guardianas de la Tierra y pieza fundamental en los procesos de resistencia por la vida ante los proyectos de muerte en el corazón de nuestros territorios”.

Rechazaron los programas del gobierno federal (citaron Procede, Fanar y RRAJA) “que pretenden privatizar la tierra e individualizar ejidos y comunidades”. Condenaron “el hostigamiento de la Procuraduría Agraria a través de sus Visitadores, que pretenden imponer el programa de privatización con una serie de condicionamientos a los pueblos”.

Comunidades y pueblos de Oaxaca expresaron un No rotundo al gobierno, las empresas extractivas y los diferentes grupos “con los que actúan en contubernio”. “No aceptaremos el despojo de nuestras tierras”, dijeron. “No aceptaremos ningún trabajo prospección, exploración o explotación de minerales dentro de nuestros territorios”. Lo mismo para “cualquier programa o proyecto que altere, o atente contra, las comunidades y nuestra forma de organización interna”.

El agua, los bosques, las semillas “y los demás bienes naturales presentes en el territorio son nuestros, nos significan identidad, soberanía y los defenderemos ante los proyectos extractivos”, puntualizaron los representantes indígenas. Expresaron su solidaridad con Pasta de Conchos (Coahuila), Chicomuselo (Chiapas), Coordinadora de Pueblos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA) y comunidades del Istmo de Tehuantepec.

Exigieron colectivamente la cancelación inmediata de los proyectos y las concesiones mineras Enriqueta y El Doctor, en Magdalena Teitipac; Tlacolula en San Juan Guelavia; Progreso II, II (bis) y III en San José del Progreso; Los Ocotes II, III, IV (fracción 1 y 2), V (fracción 1 y 2) y VI (fracción 1) en Ejutla de Crespo; Los Ocotes 1, Reducción Taviche oeste y Unificación Cuzcatlán en San Jerónimo Taviche; Lute dos y Lutito en San Miguel Ejutla; La Raquelita I, del municipio de San Juan Tepeuxila, Cuicatlán; El Roble y Reducción El Roble en los municipios de Ixtlán de Juárez y San Pedro Yaneri; Lachatao, en Santa Catarina Lachatao; Zapotitlán 1 en municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec y Asunción Tlacolulita. Otorgadas todas por el gobierno federal sin la adecuada consulta ni el consentimiento de los pueblos, no son las únicas.

En conclusión exigieron “el respeto irrestricto del derecho a la libre determinación y autonomía, de nuestra forma de vida y nuestras aspiraciones a lo que mejor nos convenga como pueblos y comunidades”.