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RIESGO DE SIMULACIÓN JURÍDICA. CONSULTA EÓLICA EN UNIÓN HIDALGO, OAXACA / 251

Josefa Sánchez Contreras y Andrea Manzo

En un entramado de relaciones capitalistas extractivas se ubica la consulta a los pueblos indígenas —que por derecho merecen de acuerdo al convenio 169 de la OIT— la cual pareciera ser un resquicio jurídico en el andamiaje de reformas estructurales en materia de hidrocarburos, energía, minería y de seguridad interna aprobadas en los últimos años. En este escenario se encuentra el municipio binnizá de Unión Hidalgo (Ranchu Gubiña), con 11 mil 317 hectáreas de tierras comunales de las cuales más de la mitad han sido concesionadas a empresas eólicas. Actualmente opera el parque eólico Piedra Larga de Desarrollos Eólicos de México (Demex), filial de la española Renovalia Energy, mientras Électricité de France (EDF) Énergies Nouvelles pretende instalar el parque eólico “Gunaa Sicarú” sobre 4 mil 400 hectáreas de la planicie al norte del estero de la comunidad, con una inversión de 600 millones de dólares.

Tienen prisa por construir el parque eólico; se entrevé en la consulta que quieren realizar en Ranchu Gubiña pese a la ausencia de condiciones físicas, políticas y económicas para una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, ya que la situación de la población binnizá después del sismo de 8.2 el siete de septiembre de 2017 ha exacerbado la crisis económica y política de la región.

Los comuneros, las mujeres gubiña en defensa del territorio, organizaciones independientes y colectivos, en la reunión del 12 de febrero con el director general de impacto social y ocupación superficial de la Secretaria de Energía, hicieron saber que no existen condiciones para la consulta, ante la emergencia de la reconstrucción de viviendas y medios de trabajo. La situación es tensa y complicada ante la prisa que muestran los pequeños propietarios y las autoridades municipales para la realización de la consulta y la instalación del parque eólico.

 

Los comuneros señalan que el procedimiento de consulta no ha sido coherente con el carácter “previo” que debe tener, ya que desde hace dos años EDF acapara las tierras sin consentimiento de la asamblea, mientras ha afianzado su relación con los pequeños propietarios, pasando por alto el carácter comunal del territorio: un agravio más a los derechos sobre la posesión del territorio comunal y a la libre determinación. Esta discrepancia entre comuneros y pequeños propietarios es grave y tiene sus antecedentes en el siglo pasado. En 1964 se emitió la Resolución Presidencial sobre Titulación de Bienes Comunales, que reconoció 68 mil 112 hectáreas al pueblo zapoteca de Juchitán de Zaragoza y sus anexos: Xadani, La Ventosa, El Espinal, Chicapa de Castro y Unión Hidalgo.

El ejercicio de la comunalidad agraria mediante la asamblea duró sólo 14 años. La última sesión se realizó en 1978, un año de cambio de autoridades comunales en medio de la intensa represión que atravesó el movimiento campesino nacional, cuyas demandas agrarias confrontaron al régimen corporativista del Partido Revolucionario Institucional y marcaron su disidencia ante la Confederación Nacional Campesina.

Fueron los años de la histórica Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI). Su proyecto político quedó arraigado al poder municipal, mientras en la cuestión agraria no prosperó, pues desde 1978 el comisariado coceísta Alberto de la Cruz fue impugnado por el PRI. La violencia alcanzo su máxima expresión con la desaparición forzada de Víctor Pineda Henestrosa, la masacre de niños, jóvenes y campesinos en las orillas de Juchitán y los enfrentamientos entre campesinos y terratenientes, parte de la represión sistemática de la guerra sucia emprendida por el Estado mexicano. Ello sentó las bases de la irregularidad agraria actual, mediante la disolución de la asamblea y la ausencia del comisariado de bienes comunales.

Con la COCEI en el poder municipal no se reconstituyó el carácter de comunidad agraria y se desató la fragmentación de las tierras comunales, permitiendo una oleada de pequeñas propiedades mediante arbitrariedades agrarias y dinámicas caciquiles. Cuarenta años han transcurrido desde la última asamblea y el último comisariado de bienes comunales. Las tierras de Juchitán fueron desmanteladas y hay 12 parques eólicos sobre su plano, airoso y extenso territorio.

A la luz de esta desventajosa situación para los pueblos, el anexo agrario de Unión Hidalgo reconstituyó su asamblea comunal y nombró al representante de bienes comunales en ejercicio de su autonomía y libre determinación. Cada mes sesiona la asamblea ordinaria, donde se informa sobre los litigios que ha emprendido en la defensa del territorio:

Un juicio contra DEMEX que impugna sus contratos con particulares, arguyendo que estos son ilegales pues están sobre tierras comunales.

Un litigio de tres años por conflicto de límites con Niltepec y San Miguel Chimalapas, del cual el pasado octubre resultó una sentencia a favor de Unión Hidalgo del Tribunal Unitario Agrario en Tuxtepec, Oaxaca.

Otro conflicto limítrofe con San Dionisio del Mar, donde en el fondo se encuentra una concesión minera a la Cooperativa La Cruz Azul de 2 mil 660 hectáreas que planean dinamitar y explotar ante el aumento de demanda de materiales para la construcción que dejó el sismo de septiembre.

 

Esto implica una problemática estructural donde la consulta resulta un protocolo para la instalación de los parques eólicos. La fragmentación de la comunalidad agraria como producto de la guerra sucia pareció preparar el terreno para la cimentación de eólicos. Comuneros y organizaciones sociales argumentan la inviabilidad del proceso de consulta ante la ausencia de condiciones jurídicas, políticas, sociales y materiales para un proceso legítimo y legal de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Pese a los intentos de reconstituir el territorio comunal, y ante la inercia caciquil y partidista en víspera de elecciones municipales y federales, el lucro con la tragedia del sismo, el aumento de la violencia como en ningún otro tiempo, atribuida al crimen organizado y la militarización, convierten el proceso de la consulta en un derecho vulnerado que favorece a los intereses de las empresas y legitima el despojo del territorio.

La oposición de la asamblea de comuneros se sustenta en el antecedente que marcó Juchitán en 2013, cuando la consulta indígena violó todos sus principios, la empresa transgredió los derechos humanos del pueblo binnizá y la inercia de los terratenientes se impuso para la instalación de Eólicas del Sur. Además está la violación del derecho a la libre determinación con la imposición de parques eólicos concesionados a Demex sobre territorios comunales sin previa consulta, así como el otorgamiento de permisos administrativos a Eólica de Oaxaca con fechas especificas para el inicio de la construcción antes de realizarse el proceso de consulta.

Otros antecedentes han sido señalados por la abogada Silvia Ruiz, a partir de su participación e investigación en las consultas aplicadas a la tribu yaqui para el acueducto Independencia: la hidroeléctrica Agua Zarca en Honduras, la presa Choxoy en Guatemala, la hidroeléctrica Marañon en Perú, la hidroeléctrica Neltume en Chile y la presa Belo Monte en Brasil han evidenciado que la implementación de la consulta a los pueblos indígenas es parte de una simulación jurídica que legitima el despojo de los territorios de los pueblos de América Latina.

Esta afirmación no niega la defensa del territorio; por el contrario, traza los límites y posibilidades jurídicas ante la acumulación por despojo, cuya continuidad condiciona el marco legal a la economía capitalista del siglo XXI, convirtiendo en simulación jurídica una práctica que debía ser el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en su carácter de autónomos y con libre determinación.

 

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