Y DESPUÉS DEL AGUA.../ 251

El agua se acaba, y con ella lo que románticamente llamábamos México. De acuerdo con el Informe Sobre Violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México 2017, publicado en mayo de 2017, el despojo de agua a las comunidades con fines energéticos, industriales y de la construcción conduce a millones de mexicanos a la encrucijada de una sequía definitiva en favor de los negocios. El documento registra 916 conflictos actuales relacionados con este despojo (PDF en http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/), cifra que seguirá creciendo.

Una abrumadora cantidad de empresas y organismos dizque públicos saquean regiones enteras. Sólo en Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Zacatecas se concentra el 75 por ciento de los conflictos de comunidades contra este robo, legalizado bajo el mandato de Enrique Peña Nieto mediante reformas antinacionales adobadas desde los anteriores gobiernos. Las grandes cuencas hidrológicas de Chiapas, Tabasco, Guerrero y Oaxaca se encuentran brutalmente amenazadas. Algo explosivo. Las prospecciones ponen en la estacada a las comunidades indígenas y campesinas, oficialmente “menos importantes” que los enclaves industriales, extractivos y turísticos, así como los centros urbanos donde residen y tienen albercas, jardines, clubes de golf y fuentes iluminadas los nuevos dueños del agua, Si bien la ciudades se dirigen igualmente a la escasez definitiva.

J. de Jesús Lemus (en Reporte Índigo, 28/2/2018) sostiene que “la guerra por el agua ya comenzó”, y apunta que “de todos los sectores industriales que actualmente se disputan el agua con los pobladores de diversas regiones”, la minería es el que más agua consume, lo cual lleva “a la movilización constante de organizaciones civiles a fin de revertir la norma de distribución”. Desoladora y quizás erróneamente concluye que las protestas no surten “ningún efecto, salvo el que termina con pobladores reclamantes en conflicto con la ley”. Cita el caso de Cuetzalan, en Puebla, donde activistas opuestos a cuatro proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE, esa Gran Amiga del pueblo mexicano) tienen orden de aprehensión.

Por aquello de la “preferencia” constitucional para las empresas sobre cualquier otro fin “que implique el aprovechamiento de la superficie y el subsuelo” (un concepto tan alarmante como cualquier edicto real en Europa anterior a la Revolución Francesa) nuestros “modernizadores” merecen, si algo, la cárcel por traición a la patria, incluidos el Congreso de la Unión y los directivos de Pemex, Conagua, CFE, Profepa, Procuraduría Agraria, y las secretarías de Energía, Comunicaciones y Transportes y Medio Ambiente, además del presidente de la República y sus operadores. No sucederá, claro. Ya para hoy sus cuentas off shore y propiedades los ubican en los primeros casilleros del infame uno-por-ciento, sólo por debajo de los grupos México, Peñoles, Carso, Femsa, Modelo y demás responsables y beneficiarios de la disolución de México.

La organización CartoCrítica documenta que las cuencas que sufren mayor abuso extractivista son las de los ríos Balsas, Bravo, Yaqui, San Lorenzo, Colorado, Sonora, Pánuco, Asunción, Coatzacoalcos, Marabasco, Jamapa, Lerma-Chapala, Papaloapan y Coahuayana, de donde se extraen más de 328.4 millones de metros cúbicos al año. El regalo del gobierno de nuestra vergüenza a las mineras y fábricas equivale al líquido que utilizarían los próximo 50 años las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.

Pero eso sí, quieren que votemos por ellos. Muchos lo harán, en una suerte de suicidio inconciente. Pero como ya se vio en Mexicali y se confirma a diario en Puebla, Hidalgo, Veracrúz, Guerrero o Oaxaca, también hay muchos que no piensan dejarse. ¿Con qué discurso podrán convencernos de que está bien que acaben con nosotros?

En memoria de Rafael Landerreche, generoso acompañante de los Pueblos Indígenas de Chiapas