“CON EL GOBIERNO NO CONTAMOS PARA NADA” — ojarasca Ojarasca
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“CON EL GOBIERNO NO CONTAMOS PARA NADA”

Ojarasca

LA INVASIÓN DE AGENTES QUE IMPULSAN “PROYECTOS”, APOYADA POR EL ESTADO, INCREMENTA LA VIOLENCIA, SEÑALARON PUEBLOS Y ORGANIZACIONES EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS

Entre el 12 y el 14 de marzo, se reunieron en la ciudad de México representantes de 17 pueblos, “junto con comunidades campesinas, organizaciones y colectivos provenientes de 23 estados del país”, para compartir su experiencia de lucha en defensa de sus territorios originarios”. Ya el título del encuentro resaltaba la sensación de urgencia que se trasminaría los tres días de reunión: “Encuentro en Defensa de los Territorios Indígenas y Campesinos frente a la Invasión de Proyectos Extractivos y la Violencia”, a donde acudieron miembros de los pueblos rarámuri, wixárika, cora, nahua, totonaco, mephaa’, zapoteco, mixe, chinanteco, mixteco, ikoots, zoque, tzeltal, lacandón, chuj y maya.

Organizado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), y convocado con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, el Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas, Servicios del Pueblo Mixe, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, el Grupo ETC y GRAIN, el encuentro permitió analizar las situaciones vividas en las diferentes regiones.

“Es evidente que han aumentado los proyectos extractivos, energéticos, agroindustriales, de infraestructura, que pretenden instalarse en nuestros territorios y despojarnos de nuestros bienes comunes: tierra, agua, bosques, montañas, manantiales y semillas, de los que depende nuestra vida como pueblos indígenas y comunidades campesinas. Constatamos que la invasión de nuestros territorios por los agentes que impulsan estos proyectos, apoyados por el Estado, trae de la mano un incremento de la violencia hacia nuestros pueblos”.

El recuento es contundente: “Además de contaminar y destruir nuestro hábitat, las corporaciones van estableciendo hilos de corrupción en todos los niveles, desde el federal hasta el municipal, donde los operadores gubernamentales corrompen a la gente, desinforman, y promueven la división trabajando literalmente para las empresas que invaden y devastan nuestros territorios. La violencia destruye nuestras formas de vida y convivencia y nuestra posibilidad de desarrollarnos como sociedades distintas. Al destruir nuestros lazos de sociabilidad esa violencia se vuelve el modo de vida con que nos buscan someter, en un círculo vicioso interminable. La violencia se vuelve entonces sistemática y termina imponiendo los proyectos que los pueblos rechazan. Además, la amenaza, el encarcelamiento o la eliminación o la desaparición de quienes se oponen a los proyectos instaura un clima de miedo, confusión, tristeza y destrucción de los cuidados propios de nuestra cotidianidad, nuestras formas de organización, nuestra tranquilidad y sentido de futuro como pueblos originarios en nuestros territorios”.

Ante la violencia y la corrupción, junto a la contrainsurgencia promovida por el gobierno desde la base misma de la sociedad, los pueblos se declaran en resistencia permanente con todos los instrumentos a su alcance, “organizativos, políticos, jurídicos”, para defender sus territorios y formas de vida, sus tradiciones e idioma, sus sistemas normativos y formas de gobierno. Las comunidades están dispuestas a redoblar esfuerzos “en pos de una soberanía alimentaria sustentada en la milpa, en una relación de mutualidad con otras comunidades, pueblos indígenas y luchas en el país”.

Convencidas de que la comunalidad frena la delincuencia, la fragmentación y la violencia promovida desde el gobierno, declaran: “Estamos decididas las comunidades a reforzar y fortalecer nuestro sentido de comunidad, de trabajo en común, de nuestros cuidados cotidianos, entre mujeres y hombres, buscando convocar a las nuevas generaciones a que comprendan la urgencia de reivindicar nuestros valores contrarios al dinero con el que nos quieren comprar, y con el que nos quieren corromper.

”Es crucial que trabajemos con jóvenes para hacerles ver la necesidad de mantener e impulsar nuestra vida comunitaria como campesinas y campesinos, sin renunciar a la educación ni al mundo exterior, pero conscientes de la necesidad de reconstituir nuestras comunidades.

”Los proyectos de devastación y despojo, y la violencia promovida por la delincuencia organizada que es una con las llamadas fuerzas de seguridad y el propio gobierno, nos dejan con la convicción de que ya no contamos con el gobierno para nada... Las comunidades tenemos que tender puentes entre nosotras, impulsando relaciones de cooperación y compartición. Pues sólo nosotros estamos defendiendo la vida”.

Y añadieron las mujeres: “Hemos demostrado nuestro valor al ser las pioneras en la defensa de los territorios de los pueblos, reconocemos nuestra aportación a las luchas y nos comprometemos a reconocer, respetar y protegernos como guías y guardianas de nuestros territorios. No reproduciremos la violencia del sistema en nuestras familias, ni en nuestras comunidades. Más bien tenemos que reproducir, en lo cotidiano, los cuidados que nos pueden permitir fortalecer nuestros lazos, nuestros saberes, nuestras visiones y con ellos convocar a las jóvenes y los jóvenes a que vuelvan”. Y concluyeron: “Tenemos que reconstituir integralmente nuestras comunidades”.


Siendo pueblos que han cuidado su territorio desde tiempos inmemoriales declararon no aceptar “la imposición de proyectos decididos desde el Estado, las empresas u otros agentes” que provocan destrucción de comunidades, “cancelan el futuro de las próximas generaciones y destruirán el país y el planeta”.

Se hicieron escuchar voces venidas de todos los rumbos de México rechazando “la violencia sistemática y estructural en que nos tiene sumidos el Estado con sus condiciones de guerra institucional y delincuencial” y demandaron “el cese de la violencia criminal y represora en contra de los pueblos indígenas en lucha, el cese de los hostigamientos, de la represión, los asesinatos, la desaparición y criminalización de las luchadoras y luchadores sociales que defienden los territorios”.

Expresaron muy en alto su rechazo a la Ley de Seguridad Interior y a la Ley de Biodiversidad “que atenta contra los territorios indígenas, permite el despojo de nuestros bienes naturales, a través de su mercantilización, promueve el saqueo y una gama enorme de proyectos extractivos”.

Demandaron “la revocación de las reformas energéticas que deciden el futuro del país a favor de las empresas, la destrucción, la contaminación, sin permitir a los pueblos indígenas y campesinos decidir el futuro que queremos y la cancelación de todas las órdenes de aprehensión en contra de las defensoras y defensores del territorio”.

Exigieron la cancelación de hidroeléctricas, presas y trasvases, termoeléctricas, proyectos de fractura hidráulica y eólicos, gasoductos, oleoductos, criaderos industriales de cerdos, pollos y reses; rechazaron la devastación, acaparamiento y contaminación del agua, y por supuesto los proyectos extractivos de minería.

Por último declararon: “Seguimos reivindicando nuestro derecho a la libre determinación y la autonomía y por tanto defenderemos nuestros territorios y nuestros modos de vida, defenderemos nuestra potestad fundamental de decir que sí o que no a cualquier propuesta que nos hagan desde fuera. Reivindicamos nuestras formas propias de consulta, así como nuestra decisión propia de participar o no en las consultas que nos propongan. No aceptaremos las consultas amañadas que sólo sirvan para legitimar los despojos”. Llamaron a los pueblos, las organizaciones, la sociedad civil, y a la población en general a solidarizarse con los pueblos indígenas de México, y a estar atentos de las agresiones que reciben y a sus resistencias”.

 

 

 

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