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LOS WIXÁRITARI REIVINDICAN TERRITORIO

GMR

• GANADEROS DE HUAJIMIC, Nayarit BLOQUEAN LOS ACCESOS PARA IMPEDIR LA ENTREGA DE TIERRAS

 

Una resolución presidencial del 15 de julio de 1953 le reconoció más de 240 mil hectáreas de tierras a la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, en Jalisco, pero la restitución les ha costado todo, incluyendo encarcelamientos y asesinatos. A cuenta gotas han conseguido algo de lo que siempre fue suyo, pero nada ha sido fácil, como pasa hoy con la entrega de 10 mil 700 hectáreas que están en manos de ganaderos del poblado de Huajimic, Nayarit.

Hace más de 60 años, Pedro de Haro, maraka’ame wixárika, representante comunal y líder moral, inició la lucha por desalojar a los invasores de esas tierras, y hasta la cárcel fue a dar. Años después, ya iniciado este siglo, la comunidad había ganado los primeros 22 juicios de restitución e inició y revivió diversos juicios más. Actualmente son 45 procesos en los que se exige la restitución de diversas fracciones de terreno. En la etapa actual se logró la restitución de sólo dos fracciones de tierra, una de 170 hectáreas y la otra de 29, aproximadamente. Faltan 9 mil 800 hectáreas, prácticamente el total de lo que hoy se está peleando. De los 45 juicios, 30 todavía están en trámite, sólo se han resuelto 15.

Las ejecuciones no se han podido llevar a cabo debido a que los ganaderos de Huajimic bloquean los accesos los días en que tiene que practicarse la entrega de tierras. Y, por lo mismo, recientemente “se suspendieron dos ejecuciones debido a que el actuario ya no quiso continuar, por amenazas de los de Huajimic”, señala Carlos González, abogado de la comunidad. “Nos dijeron que sí nos dejaban pasar, pero que en Huajimic ‘se iba a poner la cosa de la chingada’ y pusieron retenes en el pueblo”, aledaño a los terrenos en cuestión, relata en entrevista telefónica con Ojarasca.


En 1906 el oficial del ejército Petronilo Muñoz, aprovechando la ley porfiriana de baldíos, se adjudicó todas esas tierras (pese a que estaban amparadas con un título virreinal de 1716 a favor de los wixáritari) y logró que se expidiera una escritura a su nombre. A partir de ese momento, explica Carlos González, de la escritura matriz se derivaron otras, y aparecieron aproximadamente 65 pequeños supuestos propietarios. “Ése es el origen del problema, pues el militar se aprovechó de esa ley para colocar las tierras comunales como baldías, a partir de ahí se subdividió la tierra y se generaron escrituras a lo largo del siglo XX”.

A partir de 1952 las tierras fueron declaradas comunales y don Pedro de Haro, entonces representante de bienes comunales, intentó hacer efectiva la resolución presidencial, pero por su lucha fue encarcelado dos años. Luego, en la primera década de este siglo iniciaron los juicios y se ganaron algunos, pero no se ejecutó la entrega de las hectáreas.

Los expedientes que tendrían que ejecutarse son el 1515/2012 correspondiente a 12 hectáreas que se encuentran en manos de Arnulfo Pacheco Vázquez, y el 1466/2012, por 3.52 hectáreas que reclama Alejandro Hernández Márquez. El 21 de marzo se suspendió también la entrega de 129 hectáreas demandadas a José Quintanilla. Y para el 12 de abril está programada la ejecución de otros dos juicios, uno por 15 y otro por menos de una hectárea.  Hay dos órdenes para el 23 de mayo y dos más para el 30 de mayo. “El total de lo que se tiene que ejecutar es poco, teniendo en cuenta que se está pidiendo la restitución de más de diez mil hectáreas. Pero es simbólico y muy importante que se concreten”, señala el abogado de San Sebastián.

La comunidad, insiste González, “no quiere hacerse justicia por sí misma ni tomar las armas porque no resolvería nada, pues de cualquier forma no podrían entrar en posesión de las tierras, se generaría una guerra y una violencia tremenda, con muertos de un lado y el otro”. La solución que proponen los ganaderos es que el Estado mexicano los indemnice para desalojar, pues hay antecedentes en el Programa de Focos Rojos. “Si en algún momento les otorgaron escrituras carentes de validez a los ganaderos, pues que el Estado asuma la responsabilidad. De otro modo, que se habilite la fuerza pública suficiente para que se ejecuten las sentencias”. Pero, insiste, una solución pactada es el escenario más favorable, pues los ganaderos no se están aferrando a la posesión, y piden que el gobierno asuma su parte.

 

 

 

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