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PARAMILTARES Y CRIMINALES

Ojarasca

EN CHENALHÓ, CHALCHIHUITÁN Y ALDAMA, CHIAPAS, LA SITUACIÓN ES CRÍTICA POR INEPTITUD Y CONNIVENCIA DEL GOBIERNO


Paramiltares que no existen para el gobierno. Eso no es nuevo en Chiapas, pero en los meses recientes se reactivaron las armas y los ánimos de quienes desencadenaron la masacre de Acteal y de sus herederos literales; al menos en cuanto a las armas que, como no “existieron”, ninguna autoridad decomisó jamás después de la tragedia de Chenalhó hace dos décadas. El pasado dos de abril, estos fantasmas paramilitares emboscaron y asesinaron a tres campesinos de la comunidad Cotsilnam, municipio de Aldama: Manuel Gómez Pérez de 35 años, y sus hijos Alonso y José Antonio Gómez Hernández, de 17 y 11 años, cuando se encaminaban a Tselejpotobtik a sembrar maíz. Los disparos vinieron de Santa Martha, al otro lado del río.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) sostiene que “la impunidad con la que actúan grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento en comunidades tsotsiles, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó”.

Según el Frayba, grupos paramilitares “vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades, con la permisividad y protección del gobierno de Chiapas”. Chenalhó ha sido un territorio clave en la estrategia de contrainsurgencia gubernamental para “aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades”. El citado centro nos recuerda que en esa zona el Ejército federal “formó, entrenó y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad”.

El Estado “nunca desarticuló ni desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas”. Actualmente su virulencia “mantiene en vilo a la población”. La situación es crítica. La “ineptitud” del Estado “permite el crecimiento de una violencia desproporcionada”. El grupo que actúa en el ejido Manuel Utrilla aumentó el clima de terror desde febrero al atacar comunidades del vecino municipio de Aldama: Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop, Xuxchen, Puente, Yoctontik, Sepelton y la cabecera municipal. En las comunidades afectadas hay familias zapatistas, destaca el Frayba. “Las agresiones continúan. Algunos disparos han sido antecedidos por luces rojas (miras láser). Se teme continúen las incursiones armadas”.

En el transcurso del mes de marzo los ataques obligaron a desplazarse a 307 personas de Tabak, 255 de Koko’ y 185 de Cotsilnam. “Estas familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El gobierno no ha implementado acciones para atender y proteger a estas 747 personas, que se suman a siete familias desplazadas desde mayo de 2016 por el mismo grupo agresor”.

El reporte del Frayba registra que el grupo de Manuel Utrilla, atacante de Aldama, “recibe apoyo de los paramilitares que provocaron un desplazamiento masivo en comunidades de Chalchihután”. Ambos emplean el mismo patrón para producir desplazamientos forzados y controlar la región: ataques prolongados con armas de alto calibre, tiroteos intermitentes, amenazas de masacre, vigilancia desde trincheras en la montaña, agresiones generalizadas a la sociedad civil, actos violentos para generar terror, comunidades sitiadas, asesinatos ejemplares.

Las agrupaciones criminales operan bajo el cobijo de la presidencia municipal del Verde Ecologista de Chenalhó, ante la indolencia (por decir lo menos) de las policías, las tropas federales y las autoridades de justicia. En pleno año electoral, se teme que este recrudecimiento sólo se agrave. La ineficacia oficial lo garantiza.

 

 

 

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