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ELECCIONES 2018 EL PAPEL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS /254

Fidel Trinidad León (ta savi) Martín Tonalmeyotl (naua) Iván Oropeza Bruno (xàbò mè’phàà)

La elección del primero de julio está en la mira de los ciudadanos y de expertos. Para México es la primera elección del siglo XXI que “garantiza” los derechos políticos de los ciudadanos al incluir las candidaturas “independientes”, la paridad de género y “representantes” de los pueblos originarios para los congresos estatales y federal.

La mayoría de los candidatos independientes no pudieron reunir los requisitos establecidos en las leyes electorales para el registro. María de Jesús Patricio quedó fuera de la contienda electoral. Otros falsificaron, duplicaron firmas y revivieron muertos.

Los partidos políticos, de manera obligada, lograron cumplir con la cuota de género, aunque sus candidatas no tengan la mínima noción del proceso legislativo, sin embargo, algunas lograron registrarse y los demás tuvieron que obedecer al comité municipal, estatal y nacional de sus partidos, los cuales siguen la práctica impositiva de designar a sus allegadas para cumplir con la paridad de género.

Para la diputación federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a los partidos políticos postular al menos en 28 distritos a candidatos pertenecientes a los pueblos originarios: 7 en Oaxaca, 5 en Chiapas, 4 en Puebla, 3 en Veracruz, 3 en Yucatán, 2 en Guerrero, 2 en Hidalgo, 1 en San Luis Potosí y 1 en Quintana Roo. Se desconocen los criterios para decidir qué estados sí y cuáles no, a sabiendas de que existen otras entidades con poblaciones originarias y migrantes que fueron excluidas. Lo más grave es que el INE reconoce que en los 28 distritos, los partidos políticos no han postulado candidatos pertenecientes a los pueblos originarios y no ha hecho nada para revertir el registro. La institución tampoco fija postura para la cuota de las candidaturas de los pueblos nativos al Senado.

En el caso de la Ciudad de México, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que los partidos políticos postularan al menos a 13 de 28 candidatos a diputados de mayoría relativa, pertenecientes a los pueblos originarios, donde cerca del 50 por ciento de los distritos de mayoría se otorga para la representación de los diferentes grupos étnicos. Los partidos políticos deben garantizar esos espacios a personas que verdaderamente puedan proponer reformas en pro de los pueblos para no ser un relleno más que sólo respalden las posturas de los partidos políticos.

En Guerrero, para el V Distrito Federal Electoral, ubicado en la región socio-política conocida como La Montaña, el INE presenta una tabla con los nombres de los candidatos que van a representar a las culturas originarias. En el documento se observa que ninguno de los candidatos habla una lengua originaria, ni pertenecen a ninguna de las cuatro culturas. Ni partidos ni coaliciones cumplen con este requisito en la entidad, ni en otras.

El INE y los congresos locales y federal están violando los derechos políticos de los pueblos originarios consagrados en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como lo ordenado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de tener a un representante en las legislaturas. Las leyes secundarias no son incluyentes al no contemplar la cuota de candidaturas para los pueblos nativos. Ningún partido es democrático en la elección o designación de sus candidatos, todos responden a intereses personales y de grupos, la democracia interna es una utopía, lo que se persigue es el poder, el recurso financiero, un puesto en la administración pública para ejercer el nepotismo.

La mayoría de la gente ha perdido la confianza en los partidos, votan porque reciben algún beneficio a cambio (las despensas, láminas de cartón, fertilizante, plásticos, dinero en efectivo). Los candidatos se aprovechan del analfabetismo, la pobreza extrema y la marginación para la compra de votos en La Montaña. En nuestro país el tema de las candidaturas indígenas no ha sido reconocido en las leyes secundarias, por lo que se puede afirmar que existe omisión legislativa, los diputados y senadores no cumplen, al ni presentar iniciativas para legislar la cuota de la candidaturas indígenas y resarcir la deuda histórica con los pueblos.

La cultura en el panorama político no ha sido abordada en la agenda electoral. En este país tan “democrático”, la mayoría de las personas que buscan un cargo de elección popular no muestran interés en temas culturales. Los postulantes no han leído, ni uno, ni dos, ni tres libros, ni siquiera la Biblia. Importa el poder político, lo demás es relleno para tener contento al pueblo, sumido en la misma miseria e ignorancia: entre menos educación y cultura, menos serán los “inconformes”.

En nuestros pueblos, los que nos representan y los que vendrán son aún menos leídos, pero hablan por nosotros sin haber vivido en nuestras comunidades e ignoran nuestras riquezas culturales. En materia de cultura no hay propuestas. Las leyes para el “beneficio” de los pueblos son tramposas porque con el solo hecho de auto-adscribirse como “indígenas” uno puede participar por un cargo sin necesidad de comprobar si habla o escribe la lengua del pueblo que dice representar. En lo escrito hay mucho, pero en lo práctico no hay nada. Ninguno de los actuales candidatos por algún distrito llamado “indígena” habla una lengua originaria. El voto del pueblo sólo sirve para acrecentar el bolsillo de los políticos. Nuestra gente está mal acostumbrada a ser engañada por estos zopilotes y terminan votando por el PRI u otro partido. En nuestro estado, lastimado por las minerías, las injusticias, la violencia y la narcopolítica, no hay rostros nuevos ni políticos autocríticos; para entrar al juego tienen que venderle el alma al diablo, no tener piedad, ser corruptos, traicionar al pueblo, pero no desobedecer los mandatos del poder.

Las tradiciones, creencias, elección por usos y costumbres, música tradicional, literatura, nuestra educación tan arraigada al cuidado del medio ambiente, todo eso, ¿dónde queda? En el mismo lugar de siempre, porque en la agenda política no entramos, sólo entra la política demagoga la cual nos ha maltratado durante décadas. Los integrantes de las comunidades seguimos esperando que llegue un diputado casi angelical y legisle por nosotros, cuando nosotros deberíamos de estar abogando por nuestros pueblos y lenguas, nuestra educación y la dignidad de nuestra gente. ¿Qué es la cultura, por qué debería de estar en la agenda política? La cultura, desde una definición más cercana a nosotros, es todo lo que hacemos de manera cotidiana, las formas de organización, pensamientos propios, pedimentos de lluvia, petición de la novia, nuestra vestimenta tan colorida, nuestro rostro tan moreno, un habla propia que sirve para comunicarse con los hombres y los animales, los árboles, las piedras y otros seres de este mundo. La cultura nos da nombre y una existencia particular sobre la Tierra, en la forma de comer, interactuar, convivir y respetar al otro, no de robarle al pueblo como acostumbran estos vividores. Para ellos la política es un negocio, por eso olvidan las promesas y solo piensan en cómo pagar sus deudas de campaña. No hay propuesta en materia de cultura para nuestros pueblos.

Los aspirantes tampoco presentan una agenda específica en torno a las lenguas. En el panorama actual de reconocimiento y promoción de la diversidad cultural y lingüística, es necesario que los aspirantes a cargos de elección popular de distritos y municipios originarios tengan un conocimiento mínimo de las lenguas habladas en la región. La lengua permite el acceso a los conceptos propios. Los hablantes nativos de español que tienen una cultura distinta pueden conceptualizar fácilmente la palabra “naturaleza”; para nosotros este concepto no tiene una manifestación a nivel de voz porque simplemente nosotros somos parte de.

Debemos entender que cada lengua representa una cosmovisión; los políticos conciben a las 68 lenguas originarias en un mismo status; para ellos todos los indígenas somos iguales. Deben entender que cada una de nuestras lenguas tiene su propia expresión, tal diferencia hace posible la existencia de alrededor de siete mil lenguas en el mundo.

Así mismo, deben entender que nuestra lengua tiene su propio territorio: la Tierra, nuestra madre dadora de vida. Los políticos no lo saben porque no pudieron aprenderlo desde el vientre materno. La relación hombre–naturaleza no existe para ellos. Proponen modelos de “desarrollo” que permitan a los pueblos originarios “salir de su atraso” con la construcción de “mejores caminos” aunque destruyan nuestros pozos de agua, campos, centros ceremoniales y lugares sagrados. Estos caminos les servirán para comercializar sus productos, vender cervezas, sacar la producción de mercancía producidas por nuestras manos pagándolas a precios irrisorios. Los distintos modelos asistencialistas no aseguran nuestros derechos ni permiten tomar decisiones sobre los modelos que nosotros queremos. Nuestras lenguas no son escuchadas porque el sistema de partidos impide la interlocución.

 

Al interior de nuestros pueblos los partidos políticos, los programas asistencialistas o las religiones se introdujeron para dividirnos. Los políticos y sus “compadres” en cada población imponen sus opiniones sobre la conveniencia del sistema de partidos. Han impedido el derecho de los pueblos a su libre determinación y a la elección de sus representantes políticos a través de su máxima institución: la Asamblea.

La Nación, a través de sus leyes e instituciones, debe promover y respetar los derechos reconocidos y otorgados a los pueblos. Desde la colonización, pasando por las luchas independentista y revolucionaria, hasta la actualidad, en la lucha contra los modelos de “desarrollo”, las violaciones a los derechos indígenas son cotidianas.

Nuestro sistema de gobierno contraviene lo plasmado en los instrumentos nacionales e internacionales. El artículo X del Proyecto de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dicta: 1) Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, expresar y desarrollar libremente su identidad cultural en todos sus aspectos, libre de todo intento externo de asimilación. 2) Los Estados no deberán desarrollar, adoptar, apoyar o favorecer política alguna de asimilación de los indígenas ni de destrucción de sus culturas. Las prácticas y el ejercicio político promueven “inherentemente” políticas de asimilación, porque las personas de nuestros pueblos no tienen un dominio pleno del español porque debe entenderse que es nuestra segunda lengua.

El papel de nuestros pueblos no es claro, porque aquellos que quieren representarnos son vividores de la política y sus intereses giran hacia un camino muy alejados al de nosotros. Esperemos que los próximos gobernantes electos tomen conciencia de esto y permitan un diálogo con nuestros pueblos. Deseamos, una vez más, no ser sólo carne de cañón

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