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SUSPENSIÓN DEFINITIVA NO HABRÁ CONSULTA EN RANCHU GUBIÑA

Josefa Sánchez Contreras

El tres de mayo, el Juzgado Primero de Distrito en Oaxaca otorgó la suspensión definitiva de la Consulta Indígena en relación al proyecto Central Eólica Gunaá Sicarú que se pretende realizar en la comunidad binnizá de Unión Hidalgo. Dos amparos interpuestos por la comunidad, promovidos por la asamblea de comuneros con el acompañamiento jurídico de Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Prodesc), lograron suspender el procedimiento.

Como se señaló en “Riesgo de simulación jurídica. Consulta eólica en Unión Hidalgo” (Ojarasca 251), la ausencia de condiciones sociales, políticas, económicas y culturales hacían inviable la consulta, por lo que de forzarla se caería en una simulación jurídica, con el claro objetivo de acelerar la instalación del parque eólico, ya que la Secretaria de Energía (Sener) comenzó a planear la consulta a inicio de año, pasando por alto el carácter previo que ésta debe tener.

La consulta consta de cinco fases: acuerdos previos; informativa; deliberativa; consultiva, y de ejecución y seguimiento de acuerdos. Desde el principio la asamblea de comuneros y parte de la ciudadanía de Ranchu Gubiña expresaron desacuerdo con el procedimiento. El 20 de febrero de 2018, en reunión con Rodolfo Salazar, director de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Sener, los comuneros entregaron un documento que expresaba la ausencia de condiciones para dicho proceso.

Haciendo omisión del desacuerdo, el 11 de abril se convocó a la asamblea de consulta indígena para abrir la primera fase, de acuerdos previos, en la cual las instancias participantes a nivel federal, estatal y municipal fueron el representante de la Secretaria de Asuntos Indígenas, el Subsecretario de la Sener, el presidente municipal de Unión Hidalgo, la coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos, el Director de Impacto y Ocupación Superficial de la Sener y funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Horas antes de la asamblea los comuneros celebraron un mitin en el centro de la comunidad en el que manifestaron las irregularidades de la consulta. Se solidarizaron los pueblos binnizá e ikoots de Álvaro Obregón y San Dionisio del Mar. En esta asamblea con motivo de la primera fase los comuneros argumentaron la inviabilidad de la consulta frente a los intereses de los pequeños propietarios, quienes son los más apresurados por agilizar la instalación del parque eólico. Al finalizar la sesión el Director de Impacto y Ocupación Superficial de la Sener leyó un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que ésta emite medidas cautelares, recomendando la suspensión de la consulta hasta verificar las condiciones de seguridad.

Apelando a la inviabilidad de la consulta, la asamblea de comuneros reafirmó el carácter indígena zapoteco de la comunidad, y a principios de abril interpuso un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito, del cual, en términos del Juez:

“...se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se lleve a cabo o se continúe de haberse iniciado, el procedimiento de consulta por no existir condiciones naturales (dado el sismo ocurrido en septiembre de 2017), ni condiciones sociales por los conflictos internos que pudieran surgir en la propia comunidad dados los próximos plebiscitos electorales a nivel municipal, así como eventos culturales por fiestas patronales, ya que esos aspectos podrían influir en la decisión que en su caso, adopte la comunidad indígena; así como para que no se inicie la construcción y operación del proyecto central eólica Gunaa Sicarú, en la comunidad de Unión Hidalgo, Oaxaca, pues de continuarse con el proceso de consulta sin que se garanticen los más altos estándares internacionales sobre la aplicación del protocolo para la implementación del proceso de consulta, previa, libre e informada a la comunidad indígena de mérito, se generaría un perjuicio...”.

Pese a las quejas interpuestas por la Sener, en respuesta al juez, el tres de mayo se concedió la suspensión definitiva solicitada. No obstante, ambos amparos están siendo impugnados por la tercera interesada, pese a que se ha demostrado la ausencia de garantías para el desarrollo adecuado de un procedimiento de consulta que cumpla con los principios de ser previa, libre de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias.

EDF en el mercado verde

A ello se le suma la queja interpuesta ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico por posibles violaciones a derechos humanos cometidas por EDF y sus filiales en México. Cabe resaltar que la paraestatal francesa ofrece “L´energie: du ciel aux profundeurs de la terre” (“Energía: del cielo a las profundidades de la tierra”). Sus parques eólicos en Quebec, los Pirineos y Texas representan su interés e incidencia en el mercado de bonos verdes.

La misma empresa señala en su página oficial: “En el 2013 se convirtió en la primera empresa importante en emitir un bono verde, como resultado recaudo mil 400 millones de euros, lo que contribuyó a la financiación de 13 proyectos de energía renovable. En 2015 la compañía lanzó su segundo bono verde por un monto de 1.25 billones de dólares, luego un tercero en 2016 por 1.75 billones de euros, el tramo verde más grande en euros emitido por una compañía hasta la fecha. Finalmente, a principios de 2017, EDF se convirtió en el primer fabricante en emitir un Bono Verde en yenes. Por lo tanto, en general, EDF emitió cerca de 4 mil 500 millones de euros de bonos verdes”.

Una de las reglas de EDF que corresponde a la transparencia y trazabilidad de las inversiones consiste en ser emisor “verde”, ofreciendo a los inversores la garantía de que se respetan los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y la seguridad de empleados, proveedores y partes locales interesadas.

El escenario actual de Unión Hidalgo pone en duda estas garantías. El contexto revela la alta vulnerabilidad de los derechos humanos y los derechos indígenas; la inseguridad perpetrada en toda la región del Istmo de Tehuantepec que ineludiblemente alcanza a las partes locales involucradas (la población indígena, defensores y hasta los trabajadores), y en materia ambiental no se ha puesto la suficiente atención a la repercusión que la cimentación de cada aerogenerador tiene sobre el manto freático. Las “profundidades de la tierra” anunciadas poéticamente por EDF en el terreno real significan una cimentación de más de 500 toneladas de cemento y acero por cada aerogenerador.

 

El caso se inserta en un escenario mundial de capitalismo verde, cuya lógica ha elaborado instrumentos económicos para la gestión ambiental frente a la crisis ecológica que atraviesa el planeta. Bajo esa tendencia, la naturaleza y los bienes comunales se han venido privatizando, al tiempo que se establecen mecanismos para mercantilizar la naturaleza y generar mercados para las transacciones de derechos de contaminación en la compra venta de bonos de carbono, apunta Enrique Leff en Discursos sustentables (2008).

Así, lo que el discurso enuncia como una medida alternativa frente al calentamiento global, desemboca en una contradicción que soslaya el problema de fondo y recurre a la especulación del comercio de los bonos de carbono para aletargar la incontenible crisis ambiental provocada por el sistema. Estos proyectos “verdes” se inscriben en un grave problema estructural de tierras y territorios comunales de los pueblos indígenas, agudizando las disputas caciquiles históricas a nivel local y renovando los discursos que encubren dinámicas de despojo a nivel mundial.

 

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