¿OTRA VEZ “UN MÉXICO SIN NOSOTROS”? — ojarasca Ojarasca
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¿OTRA VEZ “UN MÉXICO SIN NOSOTROS”?

Carlos Manzo

Las naciones indias tienen más antigüedad sobre estas tierras que la Nación mexicana. La esencia de nuestra identidad ayuuk o binnizá va más allá de compartir alguna emoción por la victoria o derrota en un partido de futbol de la selección mexicana.

Esta idea figuró en el mensaje de Yasnaya Aguilar Gil, invitada por el EZLN en abril pasado al conversatorio “¿Prohibido pensar?”, llamando la atención sobre la necesidad de reivindicar nuestra identidad y cuestionando el uso que de la categoría “indígena” se ha hecho en el discurso hegemónico para negar la plurinacionalidad en México. Se hizo posible el llamado a “un nosotros sin México”, reivindicando el ser ayuuk, binnizá o maya, antes que la exigencia de homologar jurídicamente cierta “mexicanidad” que se nos ha negado y cuyo reconocimiento, en tanto demanda, se vuelve cada vez más obsoleto, al igual que la consigna “Nunca más un México sin nosotros”, más allá de la gran experiencia que llevó al Congreso Nacional Indígena y a su Concejo Indígena de Gobierno a conocer otras geografías del movimiento indio nacional. Ello se ha mostrado a través del caleidoscopio de espejos de las resistencias contra el despojo por empresas transnacionales. En el nuevo apretón del modelo global de acumulación por despojo, ahora sí “vienen por todo”, en particular dentro de las denominadas Zonas Económicas Especiales (ZEE). En aquel evento se mencionó el proyecto del Tren Transístmico dentro del programa del gobierno entrante. En su espiral de larga duración, el capital (“la hidra”, como le han llamado los neozapatistas) busca formas de reproducción que implican avasallamiento, genocidio y destrucción de ecosistemas a fin de garantizar la permanencia de su modelo.

Yasnaya Aguilar bosqueja una nueva ideología política del movimiento indio, más preocupada por las autonomías; cuestiona el sentimiento de la “Nación” mexicana, o de la consigna de “la patria es primero”, al reivindicar en primer plano el carácter ayuuk de su identidad, como podrían hacerlo el p’urhépecha o el binnizá, exigiendo autonomía plena y libre determinación sin que se encuentre condicionada o limitada a su representación y participación en el seno de un Estado mexicano de nuevo tipo, algo que alguno  inclusionistas o integracionistas llaman “la restauración de la IV República”. El planteamiento de Aguilar coincide con el de los hermanos mapuche cuando exigen la reconstitución del Wallmapu, en tanto nación mapuche, que rompe con el modelo del Estado nación neoliberal chileno. En el mismo evento, el comunalista Jaime Martínez Luna cuestionó el propósito del movimiento indígena de “abajo y a la izquierda”, de aparecer en boletas electorales con una mujer indígena como candidata presidencial. Su cuestionamiento radicó en la diferencia sustancial entre un proceso electoral occidental y una asamblea comunal. No obstante, es entendible desde esa perspectiva electoral, la alianza que personajes como Adelfo Regino Montes y su equipo han establecido con AMLO para impulsar desde el Estado el cumplimiento de las “verdaderas” aspiraciones autonómicas de nuestras naciones, pueblos, barrios, y tribus.

Ante el avasallamiento y el despojo de cientos de comunidades, resulta oportuno hablar del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, a riesgo de ser considerado “neoindigenista”. Resulta difícil encontrar el término adecuado para caracterizar a la nueva relación del Estado con los pueblos indios, que ya anuncian algunos juristas indígenas quienes optarán por referirse a nuestros pueblos como indígenas, ya que así se les reconoce en instrumentos de derecho nacional e internacional. Para los analistas y antropólogos, toda acción etnopolítica del Estado dirigida a los “pueblos” será calificada de acción indigenista. No obstante, considerando que el fenómeno histórico de la resistencia india es ya continental y transcontinental, fungiendo las mismas empresas transnacionales como el enemigo común en distintas latitudes, sería deseable que los parámetros de una nueva agenda india o indianista abreven de las resistencias de pueblos y naciones indias de todo el continente. No se trata de sólo ajustar los procesos históricos de resistencia al correlato “nacional” del derecho indígena que debiera ser reconocido e implementado constitucionalmente por el Estado.

Una nueva agenda india para México no puede soslayar lo que se logró en San Andrés en febrero de 1996, como de hecho se contempla ya en el programa de AMLO. Tampoco desconocer el protagonismo del EZLN en el logro de los Acuerdos; en este sentido, los pueblos y naciones indias reconocidos como sujetos de derecho público serían un buen punto de partida,
empezando por la liberación de los presos políticos de todo el país, como los compañeros de Tlanixco, Estado de México, quienes llevan más de diez años de injusta prisión. Otro elemento para la definición de un contexto adecuado para el diálogo sería el establecimiento de comisiones de la verdad para la presentación con vida de miles de desaparecidos. La jurista Magdalena Gómez, también invitada al conversatorio “¿Prohibido pensar?”, analizó la vigencia del contexto jurídico del
proceso de diálogo nacional entre el Estado mexicano y el EZLN, interrumpido durante la mesa de Democracia y Justicia en agosto de 1996. A propósito de los logros jurídico-constitucionales, Gómez destacó que el diálogo se encontraba  suspendido, no roto, lo cual daba cobertura legal a la presencia de los neozapatistas en eventos como el aludido. Más allá de la “Ley Cocopa”, el nuevo equipo de asesores constitucionalistas y neoindigenistas de AMLO, encabezados por Adelfo  Regino y Francisco López Bárcenas, buscará propuestas de reformas para adecuar la Constitución a los avances que en materia de derechos indígenas se han presentado desde el Convenio 169 de la OIT en 1989, hasta la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU en 2007. La principal oposición vendrá de las empresas transnacionales energéticas y mineras que cuentan ya con concesiones en territorios indígenas.

Independientemente de la voluntad que el EZLN pudiera tener o no para dialogar con el nuevo gobierno, se abre un impasse interesante en el proceso histórico de la resistencia de los pueblos indígenas. Si el nuevo gobierno ventila la posibilidad de reconocer y respetar los Acuerdos de San Andrés, éstos deberán ser elevados a rango constitucional. Mucha agua ha  corrido bajo el puente después de San Andrés. Se promulgó, por ejemplo, una Ley de derechos linguísticos que rebasa en mucho lo que apenas se bosquejaba en San Andrés. No obstante, se sigue negando la posibilidad de oficializar las lenguas indígenas. Una prueba de fuego para AMLO será la contrarreforma del 27 Constitucional, sobre todo en lo que se refiere a la recuperación del carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de las tierras de comunidades y ejidos, en su mayoría indígenas, a merced del mercado capitalista desde 1992. Los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec son una muestra. El tema de las tierras fue eludido por la delegación gubernamental en San Andrés, con la promesa de que se retomaría en la una mesa de Procuración de Justicia que nunca llegó.

Un problema que desborda cualquier posible agenda para un diálogo es que la autonomía real en distintas regiones no cabe en los actuales marcos jurídico-constitucionales. La autodefensa, como parte del ejercicio de la autonomía y la libre  determinación, es un tema donde la experiencia de cientos de comunidades en Guerrero puede inspirar propuestas de reconociemiento constitucional.

En todo caso, es probable que quede en manos de la Asamblea del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, a realizarse en octubre, decidir sobre la posibilidad de diálogo nacional con los pueblos indios de México, que se vislumbra en el programa del gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre.

Ranchu Gubiña, Oaxaca, a diez meses del terremoto.

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