PARA EVITAR LA TRAGEDIA EN CHALCHIHUITÁN

Un conflicto agrario inducido por el gobierno que reactivó a sus grupos paramilitares para quebrar cualquier acuerdo entre las comunidades.

Mientras la atención de buena parte de la prensa nacional está enfocada en los últimos resultados electorales y los próximos gobiernos, los mil 78 tsotsiles del municipio de Chalchihuitán, Chiapas, que se encuentran todavía desplazados, siguen sin poder regresar a sus comunidades por temor a ser blanco de un ataque armado y están viviendo a la intemperie en un  campamento improvisado. El riesgo de que niños, hombres, mujeres y ancianos pierdan la vida se ha incrementado no sólo porque han perdido la posibilidad de sembrar, cosechar y alimentarse en los pasados ocho meses, sino también por el clima lluvioso de esa zona de los Altos. Estas precarias condiciones de hacinamiento provocan la zozobra en los campesinos afectados de lo que representa una verdadera crisis humanitaria.

En ese contexto, el pasado junio el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer el documental Voces desplazadas, producido por Aline Juárez, que busca impulsar la campaña de Solidaridad con los Desplazados (#SolidaridadConDesplazadas). Con el argumento central de que el gobierno federal pudo haber evitado este desplazamiento masivo, el video hace énfasis en los testimonios de tsotsiles que necesitan de apoyo humanitario para su supervivencia. Demandan a la justicia federal y estatal ayuda alimenticia, reparación de los daños, desarticulación de los grupos paramilitares y servicios de salud para los afectados.

Después de que un Tribunal Agrario dictó la sentencia de revisión de los límites territoriales por la disputa de terrenos entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, estalló el conflicto político, y con él la emergencia humanitaria. En noviembre de 2017 más de cinco mil personas fueron desplazadas forzadamente de Chalchihuitán por la presencia de grupos armados “de corte paramilitar”. En la memoria colectiva de agravios, es preciso recordar que desde el cuatro de enero de 2018, un grupo de organizaciones de la sociedad civil como el Frayba y la red Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados) afirmó en su Acción Urgente: En riesgo la vida de familias desplazadas retornadas en Chalchihuitán que las tres mil 858 personas desplazadas de las comunidades Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon desde principios de enero regresaron a sus parajes “bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno, -sobre todo de protección civil”, y ante la pérdida de sus cosechas, animales, posesiones y viviendas “sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran con el desarme y desarticulación de los grupos armados”.

Los mil 78 indígenas que se debaten entre la vida y la muerte no sólo son un ejemplo de la inducción de un conflicto agrario, por la medición de la frontera entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, sino también la reactivación y utilización de grupos armados paramilitares de ésta última localidad para quebrar cualquier acuerdo pacífico comunitario. Como en los tiempos más álgidos de la guerra contraisurgente a raíz del levantamiento zapatista de 1994, los campesinos de Chalchihuitán explican en Voces desplazadas que existe una invasión de terrenos y que se agravó con la llegada de Rosa Pérez a la presidencia municipal de Chenalhó.

Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para las comunidades desplazadas de Chalchihuitán y Chenalhó en su resolución 15/2018, emitida el 24 de febrero de 2018 y publicada cinco de marzo. A la fecha, los gobiernos federal y estatal no han cumplido con su responsabilidad. “Se informa de la medida cautelar No. 882-17 otorgada a integrantes del pueblo tsotsil que se desplazaron desde noviembre de 2017. La CIDH solicita al Estado mexicano realice acciones de investigación ya que la situación de violencia por agresiones,  hostigamientos y amenazas por parte de grupos civiles armados ha generado una crisis humanitaria y el riesgo continúa”, explica la medida.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades implementar medidas cautelares y que “informen a este organismo de las acciones implementadas, como lo establece el artículo 117 del Reglamento Interno de la CNDH”, y conminó “a todos los actores involucrados a que contribuyan a garantizar la paz y la concordia, a través del diálogo entre las partes en conflicto”.

La región de los Altos donde se encuentran enclavados los dos municipios tsotsiles goza de tierras fértiles para la siembra de café, maíz y frijol. Los rancheros y las fincas se fueron definitivamente desde la década de 1980; sin embargo, en la últimos veinte años esta zona indígena se caracteriza por los conflictos generados debido a fuertes intereses políticos y económicos. La cabecera municipal de Chenlahó, especial bastión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), había sido utilizada como trampolín para la estrategia constrainsurgente. Aunque las comunidades y parajes comparten lazos sanguíneos, desde fuera principalmente se ha promovido la destrucción de sus tejidos comunitarios por diferencias políticas y confesionales. También la divergencia entre las denominaciones evangélicas y la pastoral católica de la diócesis de San Crístobal de Laas Casas ha provocado tensiones cuando de recursos y dinero se trata. En 1997 en el paraje de Acteal, la organización disidente Las Abejas de tsotsiles católicos fue mortalmente atacada para así frenar cualquier foco rebelde. El ingrediente de insurgencia de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Libración Nacional se usó como pretexto para la provocación paramilitar y así reducir la organización comunitaria.

El largo camino de los desplazados de Chalchihuitán para retornar a sus comunidades no terminará si no se incrementa la presión de la sociedad civil. La mencionada campaña de solidaridad es un pequeño pero digno esfuerzo por defender a seres humanos que se aferran a la vida; una oportunidad para evitar la tragedia de una masacre en pleno proceso de transición política a escala nacional.