Megaproyectos y capitalismo verde

En los últimos años la península de Yucatán es acechada por los grandes capitales nacionales y extranjeros. Estas tierras mayas donde habitamos, lugar donde vivieron nuestros abuelos y abuelas, cuentan con gran cantidad de recursos naturales con­servados a través del tiempo gracias a la protección y al cuidado del ambiente que hemos brindado los poblado­res de las comunidades mayas. Como dice la Asamblea Múuch’ Xíinbal, espacio colectivo que surgió a partir de la publicación en las redes de un encuentro con comune­ros del municipio de Peto (comunidad maya) para alertar sobre las consecuencias que las empresas de tecnología “verde” promovían en la península de Yucatán:

Repudiamos la imposición de megaproyectos que traen conse­cuencias tales como la contaminación del manto freático, el uso de transgénicos y pesticidas que erosionan la tierra volviéndola infértil, más la destrucción de la biodiversidad en manos del humano que provoca la extinción, la fractura de la tierra para la obtención de hi­drocarburos, el despojo, la oferta o la subasta de la tierra para su explotación por empresas transnacionales y nacionales.

[...] A la fecha las autoridades federales y estatales han autorizado megaproyectos de alto impacto para el medio ambiente: 6 parques solares, 9 parques eólicos y 1 granja para 49 mil cerdos en nuestro territorio. Las empresas eólicas y solares que nos invaden son: Eóli­ca del Golfo, Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, Consorcio Energía Limpia, BHCE, Energía Renovable de la Península, Vega Solar 1 y 2, la Empresa Eólica Elecnor, la empresa Lightenning PV Park y Jinkoso­lar, la empresa Photoemeris Sustentable, la empresa Desarrollo PV Yucatán y la empresa Aldesa Energías Renovables (Asamblea Múuch' Xiinbal: Comunicado libertario frente a los proyecyos de muerte en la Península de Yucatán, 28 de noviembre de 2018).

Desde 2016 la Secretaría de Energía del estado aprobó concesiones a favor de estos grandes consorcios extran­jeros para el desarrollo de proyectos solares y eólicos destinados a producir electricidad “limpia” para un grupo reducido de empresas sin importar el daño que causa­rían por la deforestación y la pérdida de biodiversidad.

Son insostenibles estos proyectos. Para colmo pro­mueven mecanismos de “participación” como consul­tas y evaluaciones de impacto social que en su fachada se pintan de tomar en cuenta las decisiones de la comu­nidad, pero en realidad “son instrumentos burocráticos elaborados en beneficio a los intereses de las empresas que a su vez, dividen, apaciguan la lucha, se aprovechan y agudizan las divergencias que surgen entre las comu­nidades e incluso en algunos casos han comprado a algunos individuos para que promuevan el discurso de la energía ‘verde’ en favor de las empresas” (ibid.).

Los parques solares y eólicos autorizados para de­sarrollarse en Yucatán, dan cuenta de unas 15 mil hec­táreas de selva baja que será deforestada legalmente ya que estos proyectos cuentan con la aprobación de los mencionados Manifiestos de Impacto Ambiental que finalmente son la justificación técnica y científica para talar/contaminar/destruir grandes extensiones de nuestro territorio.

Estos proyectos, con el aval de por parte de la Se­cretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo la complicidad de las leyes, no fueron consultados a las comunidades mayas tal como lo dice el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre de­rechos de los pueblos indígenas. Según este acuerdo la consulta debe ser previa, libre, informada y cultural­mente adecuada. Esto no se cumplió al aprobar los par­ques solares y eólicos destinados para Yucatán.

Así, nuestro territorio maya se encuentra en la mira de los grandes capitales que quieren convertir los re­cursos naturales en cuentas bancarias para beneficio de inversionistas que tienen a su servicio las institucio­nes del gobierno y las leyes a modo.

Se anuncia como proyecto prioritario del gobier­no de Andrés Manuel López Obrador la construcción del Tren Maya en mil 500 kilómetros de vías férreas que abarcarán cinco estados del sureste: Yucatán, Campe­che, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Se menciona que tendrá una inversión de 150 mil millones de pesos, en su mayoría inversión extranjera, respondiendo a intereses empresariales privados. Se anunció que el Tren Maya pa­sará por la reserva ecológica de Calakmul en Campeche, la segunda reserva más grande del continente america­no, sólo después de la amazonia brasileña.

Las actividades del Tren Maya inician el 16 de di­ciembre y para justificarlo se realizó una consulta nacio­nal (24 y 25 de noviembre) donde se preguntó si la po­blación general estaba de acuerdo con el tren, cuando a quienes se nos debe preguntar primero es a nosotros que vivimos en estas tierras.

Se repite la misma práctica discriminatoria indepen­dientemente del peón/gobierno en turno: los proyectos de falso desarrollo se imponen y nos despojan de nues­tro territorio. Ésa es la política de Estado que seguirá prevaleciendo. El discurso es atractivo para engañar incautos pero la práctica favorece el capitalismo verde. “Sustentabilidad” le han llamado en meses anteriores desde el “discurso verde” del gobierno. Ciertos aca­démicos y organizaciones no gubernamentales que se suman a los proyectos oficialistas, como fue el llamado ASPY, el Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán, que logramos frenar por ahora y que no era sino la promoción de este “capitalismo verde”.

La ruta trazada para el Tren Maya va de acuerdo a las zonas arqueológicas del mundo maya y las playas del Caribe: Palenque, Calakmul, Chichén Itzá, Chetumal, Bacalar, Tulum, Cancún, Playa del Carmen, Puerto More­los, Izamal, Valladolid, Mérida y la ciudad de Campeche. El tren pasará cerca de 130 comunidades mayas, ¡que no contarán con ninguna estación! ¿Entonces cuál es el beneficio para estas comunidades? ¿A quién beneficia realmente el Tren Maya? ¿Porqué tanta desesperación para construirlo sin cubrir los requisitos legales?

Desde nuestro pensamiento los mayas comprome­tidos con la defensa de nuestro territorio conside­ramos que este proyecto no nos va a dejar beneficios reales quienes habitamos en estas tierras. Sólo respon­de a intereses empresariales y compromisos de cam­paña. El circo mediático llamado consulta ciudadana ha servido para justificar el proyecto.

Defenderemos el lugar donde vivimos y que nues­tros abuelos y abuelas nos han dejado, no permitiremos que se cometan más injusticias y abusos en nuestro nombre. Rechazamos cualquier proyecto que tenga como finalidad el despojo de nuestro territorio y la des­trucción del medio ambiente.

Como parte de la asamblea de defensores del terri­torio maya Múuch’ Xíinbal, levantamos la voz para recor­darle al gobierno en turno que existe una deuda históri­ca con nosotros por tantos años de abusos, discrimina­ción y políticas de exterminio en nombre del desarrollo. Hoy vemos con tristeza que los ojos del capitalismo verde están puestos en nuestros recursos naturales. Si nuestro territorio está siendo invadido por parques so­lares, parques eólicos, granjas de cerdos, plantación y comercialización de transgénicos que con sus agroquí­micos matan las abejas y contaminan el agua, suelo y aire, ahora nos anuncian que seremos los beneficiarios del Tren Maya sin claridad alguna sobre este proyecto prioritario. Por eso le decimos al gobierno de la Cuarta Transformación: No vamos a permitir mas abusos con­tra nuestros pueblos.