Bolivia. Paradojas de la autonomía indígena

Desde la Asamblea Constituyente de Bolivia se planteó que la autonomía “debe ser entendida como un camino hacia nuestra autodeterminación como naciones y pueblos”. El proyecto acabó reducido a una función administrativa y local, sin ningún elemento nuevo con relación al mode­lo municipal de los años 90. Enfrenta mayores dificultades de articulación con el Estado Plurinacional si tomamos en cuenta las tensiones entre las normas administrativas y las estructuras de gobierno de las pocas autonomías indígenas existentes.

Se han ensamblado las prácticas indígenas a un modelo basado en el sistema de partidos, promoviendo su fragmen­tación y control local. Vemos una instrumentalización de la autonomía institucional que impide una rearticulación de las comunidades, pueblos y sujetos de las llamadas naciones indígenas en contextos más amplios y complejos.

Las organizaciones del Pacto de Unidad (CSUTCB, CONAMAQ, CIDOB, Bartolinas) se han convertido en canales oficiales de participación. El partido de gobierno, como un “gobierno de los movimientos sociales”, promueve fragmen­tación, prebendalización y control político. El “vivir bien” de­vino un concepto homogeneizante que sirve al Estado para medir a los pueblos y se ensambla al desarrollo neoextrac­tivista. Ante los límites del modelo plurinacional, en ayllus, comunidades y pueblos afectados hay nuevas agendas de lucha, y una autonomía distanciada del modelo estatal.

Están los pueblos que denuncian las brechas burocrá­ticas y la interminable lista de requisitos para acceder a la autonomía indígena (certificado de ancestralidad, dos refe­rendos, estatutos indígenas). También los que enfrentan la afectación de sus territorios por proyectos hidroeléctricos, hidrocarburíferos y mineros, y por otra parte las poblacio­nes asentadas en espacio urbanos. Las pocas autonomías indígenas institucionalizadas se convierten en islas frente a los procesos de movilidad y autodeterminación que se ejer­citan en la práctica.

Hay voces que ponen en entredicho al sujeto indígena que el Estado considera cómo único válido (movimientos sociales) y demuestra la invisibilización y la criminalización de los indios “no permitidos”. El “indígena reconocido” es tolerado mientras no pretenda demandar otros derechos ni socavar las estructuras del poder dominante. La presencia indígena en reductos autonómicos funciona para lograr su no participación efectiva en la toma de decisiones.

Hoy se vive uno de los peores momentos del movimiento de lucha indígena. La confusión de estar incluido en el Es­tado, siendo al mismo tiempo excluido, es parte del oculta­miento de lo propio tras la cooptación conceptual, simbólica e histórica de pueblos y naciones indígenas; vela los límites del Estado Plurinacional e invisibiliza a los sujetos de las nue­vas agendas de lucha y la construcción autonómica desde la autodeterminación.

Tendríamos que dejar de buscar “alternativas” al modelo centralista en la idealización de las instituciones ancestrales indígenas, si éstas se ensamblan a la vieja institucionalidad estatal. No se puede seguir pensando que, al tener un re­presentante indígena en el Estado, éste sea un interlocutor válido de las demandas y necesidades.

Los únicos dueños de sus luchas son los sujetos indíge­nas que viven hoy la vulneración a sus derechos. Estos su­jetos, cada día más numerosos, ya no se creen el discurso del “reconocimiento indígena”. El Estado debe replantear su postura y reconocer su carácter centralista y hegemó­nico; la mentalidad del Estado controlador busca ampliar su presencia y extender su hegemonía. No se plantea cambios profundos, sino una administración de recursos para mante­ner contento al electorado. Creer que las agendas del Esta­do Plurinacional son expresión de las agendas indígenas es una ingenuidad. Habría que cuestionar profundamente los canales de la autonomía o dejar de mencionarla como parte de las luchas por la autodeterminación.

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Extracto adaptado del artículo que, con el mismo título, publicó Pukara 148, La Paz, diciembre de 2018. La autora es abogada aymara.

http://www.periodicopukara.com/archivos/pukara-148.pdf