EL BOTÍN DE SALAZAR, EDOMEX — ojarasca Ojarasca
Usted está aquí: Inicio / Reportaje / EL BOTÍN DE SALAZAR, EDOMEX

EL BOTÍN DE SALAZAR, EDOMEX

GUADALUPE XOCHITLANETZIN PASTRANA HERNÁNDEZ

LA LUCHA DE LA COMUNIDAD AGRA­RIA DE SALAZAR, ESTADO DE MÉXI­CO, EN DEFENSA DE SU TERRITORIO Y POR LA LIBERTAD DE SUS PRESOS POLÍTICOS

La madrugada del 31 de agosto del 2017, más de mil policías ministeriales del Estado de México, de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y miem­bros del Ejército y la Policía Federal, detuvieron de manera violenta a ocho comuneros de Salazar, municipio de Lerma. La detención arbitraria fue respuesta a más de tres décadas de lucha por la defensa de su territorio fren­te a pretensiones de despojo de la comunidad vecina de San Mateo Atarasquillo con empresarios y políticos.

La comunidad agraria posee un territorio privilegiado. Tiene 210 hectáreas de bosques y se ubica entre Toluca y la Ciudad de México, a pocos minutos de la zona empre­sarial y comercial de Santa Fe.

Salazar es un territorio ambicionado por políticos y empresarios que intentan adueñarse de grandes exten­siones para proyectos inmobiliarios. Según los comune­ros de Salazar, “con apoyo municipal, estatal, federal” y con la complicidad de San Mateo Atarasquillo, también del municipio de Lerma, con la que Salazar libra un viejo conflicto agrario.

Valiéndose de la indefinición agraria, en 2014 pobla­dores de Atarasquillo comenzaron a vender las tierras pese a que históricamente las ha ocupado Salazar. Gus­tavo, hijo de Cutberto Vilchis, que al momento de su de­tención era el representante comunal, manifiesta que en 2014 el Tribunal Unitario Agrario (TUA) emitió una reso­lución favorable a San Mateo Atarasquillo, que después impugnó Salazar.

“Empezaron a llegar empresarios; hoy tienen ranchos Carlos Slim, Emilio Azcárraga, el dueño de La Costeña y el ex-senador verde Pablo Escudero”. Marina Vilchis añade a Alfredo Elías Ayub, un hijo de Manuel Bartlett Díaz (León Ma­nuel Bartlett Álvarez) y artistas como Vicente Fernández Jr.

Los comuneros de Salazar señalan a Mario Alberto de León Venegas, como uno de los principales actores de la venta ilegal de las tierras en conflicto. Él se ostenta como representante legal de La Cima de San Mateo Atarasquillo y de un grupo de pequeños propietarios cuyos nombres se desconocen. Este abogado ha encabezado actos de despojo acompañado de policías municipales y estatales, aunque Salazar mantenga hasta hoy la posesión de estas tierras.

La defensa del territorio de Salazar lleva tres décadas. El 10 de diciembre de 1983, en una Asamblea General Extraordinaria determinaron “por unanimidad de votos” iniciar un expediente de Conflicto de Límites entre Salazar y San Mateo Atarasquillo e iniciaron la lucha jurídica por su territorio. El conflicto agrario entre estas comunidades se remonta a los años 40 del siglo pasado.

Al término de la Revolución se crearon leyes que esta­blecieron procedimientos para reconocerle tierras a pueblos y comunidades siendo que, en muchos casos, las detentaban desde antes de la invasión española. El 24 de abril de 1943 se emitió una Resolución Presidencial que re­solvía un conflicto de límites de Huixquilucan y San Mateo Atarasquillo y sus barrios con San Lorenzo Acopilco, Cuaji­malpa. Según Esther Goujon Campos, representante legal de Salazar, en aquella resolución la Secretaría de la Reforma Agraria consideró a Salazar como barrio de Santa María Ata­rasquillo “con los mismos derechos que los otros barrios”.

El 9 de abril de 1947 se emitió una nueva Resolución Presidencial que tituló los Bienes Comunales a cada uno de los pueblos que conformaban Santa María Atarasqui­llo, reconocida en los títulos virreinales como Santa María Talaxco. Con esta resolución nacieron las comunidades agrarias Santa María Atarasquillo, San Mateo Atarasquillo, Santiago Analco y Cañada de Alférez; se excluyó a San Miguel Ameyalco y Salazar, desapareciéndolos del mapa como barrios anexos de Santa María”.

Ameyalco promovió un amparo y logró ser reconocido como comunidad agraria con derecho a su propia tierra, que, por cierto, fue “menos de la mitad de las tierras que ya le habían repartido a los otros cuatro poblados”. Hasta 2005, Salazar desconocía el expediente agrario de reco­nocimiento y titulación de bienes comunales entre los po­blados de Santa María Atarasquillo y sus Barrios Anexos, y desconocía la Resolución Presidencial.

La comunidad de Salazar, con una superficie arbolada de más de 200 hectáreas y un caserío de 500 familias con parcelas agrícolas, existe desde tiempos inmemoria­les. En un título virreinal de 1550 se le contempla como uno de los barrios de la “comunidad madre” de Talaxco, y agregan que las tierras que defienden, reconocidas por la Corona Española a Talaxco, has sido poseídas por ellos históricamente: “Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos ahí crecieron”, expresa Marina Vilchis. Desde la segunda mitad del siglo XX, Salazar tiene conflictos con San Mateo Atarasquillo, que siempre los ha pretendido despojar de sus tierras acusándolos de tala clandestina, y han reñido “por el aprovechamiento sustentable de agua, bosques, flora y fauna”.

Sin saber de las resoluciones mencionadas, en 1975 habitantes de Salazar solicitaron al presidente Luis Eche­verría iniciar un expediente de Conflicto por Límites. En 1978, la Reforma Agraria “ordena verificar la existencia o no del conflicto”. El 10 de diciembre de 1983 una asam­blea general extraordinaria de comuneros de Salazar nombró como representantes a Cutberto Vilchis García e Isaías Facundo Fernández, y mandató iniciar el expedien­te de Conflicto de Límites.

Tras veinte años, en 2005, el Comisariado de Bienes Comunales de San Mateo Atarasquillo demandó a Sala­zar la restitución de unas 50 hectáreas. En 2014 el TUA resolvió que se restituyeran las tierras a San Mateo, por lo que Vilchis García interpuso un recurso de revisión. En el 2014 se confirmó restitución a Atarasquillo, y Salazar se amparó.

En agosto de 2017 el TUA del Noveno Distrito resolvió a favor de Salazar, pues “no procedía la restitución de tierras a Atarasquillo” y “se debía respetar la posesión histórica del pueblo de Salazar”. Dos semanas después fueron deteni­dos con violencia ocho comuneros de Salazar vinculados con el conflicto agrario. La madrugada del 31 de ese mes fueron sometidos con brutalidad policiaca y sacados de sus domicilios. El operativo policiaco fue desproporcionado y violentó a toda la comunidad. Además de allanar los domi­cilios, policías ministeriales del Estado de México entraron a otros domicilios y amedrentaron a la población. Un estado de sitio. “Esa madrugada bloquearon los accesos y los telé­fonos celulares a efecto de evitar que la comunidad pidiera el auxilio a las autoridades correspondientes”, señalan co­muneros de Salazar.

Maribel Becerril, madre de Yuriko y Daneira Becerril Villavicencio, dos de las presas, enfatiza que se llevaron a sus hijas “sin presentar ningún documento”.

¿Quiénes son los presos políticos de Salazar? De acuerdo con sus vecinos y familiares “todos son gente de trabajo, padres y madres de familia”: Beatriz Paredes Flores, Daneira Kikey Becerril Villavicencio, Yuriko Becerril Villavicencio, Cutberto Vilchis García, Miguel Ángel Vilchis García, Miguel Ángel Vilchis Zar­za, Fermín Esquivel Rojas y Francisco Miguel Ceballos Vargas. Se les imputa privación ilegal de la libertad, lesiones y robo con violencia. Las imputaciones se de­rivan de su supuesta participación en un hecho ocu­rrido el 30 de septiembre del 2016. Un grupo liderado por el abogado Mario Alberto de León Venegas inten­tó apropiarse de una parcela de Salazar en presencia de funcionarios mexiquenses.

Ante la amenaza de invasión, se reunieron unos 70 comuneros de Salazar. Natalia Miguel Marín, po­licía municipal de Temoaya, Estado de México, sacó un arma de fuego y se la dio a Marcos Hernández Cruz, policía de Lerma, quien disparó contra los de Salazar y huyó. Los comuneros se resguardaron; pu­dieron percatarse de que Juan Carlos Ríos Soto, poli­cía municipal de San Mateo Atenco, portaba también un arma. Frente a la inacción de las policías estatal y municipal, los pobladores de Salazar sometieron a Mario Alberto de León Venegas, Natalia Miguel Marín y Juan Carlos Ríos Soto, y requirieron la presencia de la Policía Federal, a la que entregaron a estos tres sujetos.

Más de un año después, en septiembre de 2017, un juez de Lerma vinculó a proceso a los comuneros de Salazar y fueron recluidos en el Penal de Almoloyita, en Almoloya de Juárez. Según los familiares, se trató de “un proceso lleno de irregularidades, los detenidos ja­más imaginaron la existencia de una denuncia comple­tamente armada por personas con poder económico y político que anhelan despojarnos de nuestras tierras”. En octubre del 2018 se logró la libertad de Miguel Án­gel Vilchis Zarza y Francisco Miguel Ceballos Vargas. Los otros seis siguen presos.

| Guadalupe Xochitlanetzin Pastrana Hernández participa en “Voces y cantos de la tierra viva”, programa de Radio Educación.

comentarios de blog provistos por Disqus