RESPUESTAS PARA TODO / 263

Y la lucha sigue. De un lado, los acaparadores de tierras, los ladrones de montes y aguas, los que todo lo monopolizan, desde el ganado hasta el petróleo. Y del otro, los campesinos despojados de sus heredades, la gran multitud que tiene agravios o injusticias que vengar, los que han sido robados en su jornal o en sus intereses, los que fueron arrojados de sus campos y de sus casas por la codicia del gran señor, y que quieren recobrar lo que es suyo, tener un pedazo de tierra que les permita trabajar y vivir como personas libres, sin capataz y sin amo, sin humillaciones y sin miserias.

Emiliano Zapata

CON EL CAMBIO DE GOBIERNO pasamos de un gobierno casi ausente que miraba desde su búnker cómo se deshilachaba el país con sus medidas entreguistas y la promoción de la moneda de cambio de una violencia desmedida, y de un miedo que se fue apoderando de la población, a una figura omnipresente, que todos los días se despliega por los medios masivos para insistir en que la Cuarta Transformación tiene respuesta para todo. Pero tenerla no implica ni justicia ni justeza en lo que se dice y propone, sino solamente la insistencia, el gesto remachón de que no hay nadie más capaz ni más plantado.

Toda esta gesticulación cotidiana no sería mayormente trascendente si no implicara un esfuerzo abierto por “desorganizarlo todo”, como dice un amigo que sabe mucho de organización.
El nuevo gobierno se empeña en demostrarnos que lo colectivo entraña la intermediación de los intereses más profundos de “los ciudadanos” (no personas, no gente), “ciudadanos”, categoría aséptica y sesgada. Su ataque se dirige contra organizaciones, espacios colectivos, comunidades, movimientos, grupos académicos. Parecería que no le gusta que la gente se junte, y menos que decida. Mas sabemos todo lo que potencia la construcción colectiva del saber, una mirada común que enfrente el mundo, lo transforme y nos transforme.

Con esa retórica y esa práctica política individualizante, es lógico que su camino se tienda promoviendo consultas, con la Consulta como uno de sus modos de gobernar, sabiendo como sabemos que la Consulta es justo lo contrario de la autonomía. Porque consultarnos si nos quitan o no la vida sin que nuestra respuesta tenga consecuencia alguna, es sumar burla al memorial de agravios. Nuestra negativa o consentimiento es siempre nuestra potestad más fundamental como seres humanos, y ninguna ley de consulta o la idea de que se nos puede imponer cualquier cuestión sin consultarnos puede cambiar esta certeza.

Estamos arremolinados, y cada quien se agarra de un árbol o una mesa, de unas ramas bajas o un pastizal, mientras todo se remueve bajo nuestros pies y la tromba nos azota de una lado a otro: ya veremos dónde cae cada quien, según estemos firmes o nos jale o empuje el vendaval, porque navegamos aguas entreveradas donde la extrema derecha quiere que no se nos consulte en lo absoluto, y la Cuarta Transformación nos quiere dar consulta por autonomía, y lo que es peor, nos quiere dar encuesta por consulta, en un juego de desfases tan enloquecido que la gente se pierde hasta que comienzan a suceder los asesinatos (que en realidad nunca han parado).

Una de las perlas de este pensamiento consultativo que en realidad sólo quiere demostrar que se organiza una consulta para que se sepa “quiénes mandan” son las declaraciones de Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, que afirma muy orondo él, hablando del Tren Maya: “La decisión ya se tomó, pero se va a informar previo a la acción. Y es cuando digo, cómo se va a hacer una encuesta que va a costar millones de pesos, imagínate que no hubiese Tren Maya, hago una encuesta de qué para gastar millones de pesos. Tuve que haber tomado una decisión antes”, según reportó a Animal Político Claudia Ramos el 5 de febrero. Más claro ni el lodo. Este gobierno parece propenso a los ecos y reverberaciones. Es bonito cómo suena una consulta; se quiere insistir en que se les tomó en cuenta, aunque la consulta, así planteada, ni vinculante sea. El gobierno consulta como sondeo de opinión. Por eso sus formulaciones son las de una encuesta de preferencias: así se escogen marcas, colores, frecuencia de visitas o ingesta, chicas más guapas del ejido o la secundaria, cuál es tu canción favorita o tu banda grupera más cachonda, tu sabor más creativo en un helado.

Las consultas deberían ser, como se ha dicho hasta el cansancio, previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas. Cada uno de estos adjetivos implica un cuidado que el gobierno no quiere tomar, no quiere asumir, ya lo dijo Jiménez Pons, sería muy arriesgado hacer la consulta sin tener una decisión tomada.

Tomar una decisión soberana es tan diferente. Pueden tomarlas las comunidades en asamblea. Las toman cuando emprenden un proceso jurídico para oponerse a un megaproyecto que les va a perjudicar. ¿No se entiende que quien mete un juicio ya decidió que se niega a eso que les quieren imponer? ¿No es suficiente tal negativa, tal barricada, tal marcha o manifestación, tal destrucción de boletas?

Durante los diálogos de San Andrés, en el Foro de Democracia y Justicia, la gente demandaba ser actores centrales de “las decisiones que afectan nuestras vidas”, una participación real, “no corporativa”, y “abrir espacios de reflexión y decisión en todos los niveles, local, regional y nacional”. Se insistía que había que reconocer e impulsar que la democracia no se reducía a lo electoral ni a las decisiones emanadas de asambleas en la democracia directa: sino “la participación activa de la población en el diseño, gestión y seguimiento de las políticas públicas”.

No se trataba, como bien recuerda Heber Uc, de la Asamblea de Colectivos de Bacalar, “de responder en consulta a si queremos el proyecto que se le ocurre instalar a los corporativos en nuestro territorio, sino que podamos reivindicar la instrumentación de proyectos propios, sean económicos, de soberanía alimentaria, servicios, educación, salud, saberes propios locales y regionales, y ejercer medios de comunicación independientes”.

Y es real, las comunidades han tenido que remitirse a su derecho a la consulta para jurídicamente defender sus territorios, sus ámbitos comunes, la integridad de su milpa o sus manantiales. Y en no pocos juicios remitirse a ese derecho por lo menos ha pospuesto los ataques directos y los acaparamientos que sobre sus bienes y ámbitos comunes se tienen diseñados.

No es suficiente. Si ni siquiera la ley que crea el Instituto Nacional de Pueblos Indios (INPI) fue consultada, ni hay un sujeto de derecho que pueda encarnar y ejercer ese derecho a la libre determinación y la autonomía, lo que tenemos frente a nosotros son mojigangas de papel que juegan a tener respuestas para todo, cuando en realidad los ámbitos de la respuesta, como siempre, no están abiertos para quienes les sería pertinente tener respuesta. Las mismas encuestas patito ni siquiera se dirigen a quienes tendrían que dirigirse. Es un simulacro. Es meramente un juego retórico que rime con su individualización de las relaciones, con su desorganización de los esfuerzos, su condena fulminante a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a la diversidad de la izquierda.

Cuando la derecha logre juntar desde el abajo todo el miedo posible (como dice un personaje de una serie políticopoliciaca italiana), sería crucial que en este país existiera una fuerte diversidad de la izquierda y una pujante organización social desde los barrios de las ciudades hasta los recónditos ámbitos rurales empeñados en sus proyectos autogestionarios y autonómicos, con decisiones propias que puedan oponer los embates. Se escandalizarán los comisarios de que digamos que es el gobierno a muchos niveles quien está abriendo la puerta a la derecha con su condena irresponsable de las organizaciones sociales.
Pese al arremolinamiento, la lucha sigue, como dicen que dijo quien dijo.