ENERGÍA RENOVABLE Y GENOCIDIO

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC

La generación de energía eólica se muestra en el mundo como una medida ecológica y alternativa frente al cambio climático. En otros términos, lo que supone una “transición energética” según el Acuerdo de Paris firmado en el 2015, en realidad ha abierto un mercado de créditos de carbono.

La casi incontenible crisis ambiental no sólo advierte la catástrofe a la que se dirige el planeta sino también se mantiene arraigada a un colonialismo estructural que predomina entre los países de “primer mundo” y los de “tercer mundo” o “emergentes”. Es el caso de las inversiones de la empresa paraestatal Électricité de France (EDF EN) en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, cuyos proyectos de parques eólicos están desplegado una violencia genocida contra el pueblo binnizá (zapoteco).

Este genocidio, tal como lo ha denominado Alexander Dunlap (Universidad de Oslo), se explica desde su condición estructural, esto es desde las relaciones políticas, sociales y culturales a nivel internacional y local. Me refiero concretamente a la forma en que el capital francés se despliega en el Istmo de Tehuantepec, agudizando una economía criminal que se refleja en los asesinatos que han generado las riñas entre cacicazgos locales. En ese caso se puede afirmar categóricamente que el capital francés es parte de la violencia estructural que actualmente atenta contra los pueblos del Istmo.

Lo que supone una alternativa ante la catástrofe ecológica no sólo resulta una falacia del capitalismo verde sino también se encuentra profundamente imbricada a una economía de guerra. En la medida que el capital francés agudiza las disputas locales da argumentos al Estado mexicano para legitimar la intervención militar desplegando Bases de Operación Mixta qué no son más que ocupaciones de las carreteras federales a la entrada y la salida de las comunidades.

Asistimos a la tragedia de la energía renovable en tanto se erige en la continuidad de un colonialismo que está impactando la vida de los pueblos indígenas de manera drástica, concretamente en el despojo de sus territorios, en la acelerada privatización de las tierras comunales, en la división de las comunidades, en el trastorno de paisajes, en los asesinatos de trabajadores, en los feminicidios sistemáticos y la criminalización de los y las comuneras que defienden la vida y el territorio. Me refiero a los integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo. Todos han caminado y caminan con el Congreso Nacional Indígena.

En ese sentido, pasar de un régimen de combustibles fósiles a uno de fuentes renovables para salvar a la humanidad no debe costar la muerte de los pueblos indígenas. Sin embargo, esto está ocurriendo ahora mismo, y una vez más se deja entrever la continuidad colonial que mantiene a los pueblos indígenas fuera de la condición humana. Por ello cuesta tanto en los litigios internacionales y nacionales detener las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo contra estos pueblos debido a la violenta intervención del capital francés, “paradójicamente cuna de los derechos humanos”.

A contrapelo de los tres parques eólicos de EDF EN ya instalados, actualmente la Asamblea zapoteca de comuneros de Unión Hidalgo está luchando jurídica y pacíficamente contra el cuarto parque eólico de EDF Energies Nouvelles, el cual se ha denominado “Gunaa Sicarú”, que proyecta 96 aerogeneradores sobre cuatro mil 400 hectáreas de bienes comunales.

Ante la oposición de las asambleas y las constantes denuncias que han hecho sobre las violaciones de los derechos indígenas y agrarios, la Secretaria de Energía (Sener) se ha visto obligada a promover una Consulta Indígena, pero ésta se encuentra llena de arbitrariedades pues no ha respetado el carácter previo ni informado que debe tener de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.

Con toda la razón histórica y jurídica la Asamblea de Comuneros logró en el 2018 que el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Oaxaca suspendiera el procedimiento de Consulta Indígena y con ello la construcción y operación del parque eólico. Sin embargo, a finales del mismo año se volvió a reanudar y actualmente supone estar en la Primera fase de acuerdos previos, en un clima de asesinatos sistemáticos y de amenazas a comuneros y comuneras.

De las irregularidades de la Consulta, resalta la negación de la Sener y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de reconocer al representante de bienes comunales como parte relevante del Sujeto Colectivo a Consultar, pese a que discursivamente señalan a la Asamblea de Unión Hidalgo como la institución representativa de la comunidad indígena. Esta ambigüedad deliberada revela la sujeción del INPI a la continuidad neoliberal de las Secretarias de Energía y Economía, y pone de manifiesto que el discurso utilizado por el gobierno lopezobradorista sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto de derecho público resulta un velo que encubre los procesos de despojo de tierras y territorios que atraviesan aún los pueblos indígenas de este país.

La inminente contradicción entre la economía neoliberal continuada por el nuevo gobierno mexicano y el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, es una realidad insoslayable en este tiempo de consultas simuladas. A la luz de estas circunstancias los parques eólicos no sólo son una falacia de la “energía renovable” sino también parte del actual genocidio.