CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS: LOS DISPAROS NO TIENEN HORARIO

Chalchihuitán, Chiapas. Los disparos no tienen horarios. “De noche y día hay, no paran”, dicen los desplazados tsotsiles que tienen dos años sobreviviendo fuera de sus comunidades. No por cotidiana la violencia deja de aterrorizar, por lo que desde Chalchihuitán imploran una solución definitiva al conflicto territorial con el municipio de Chenalhó, que los tiene sin casa y sin siembra desde octubre de 2017.

Dos asesinados a balazos, 12 muertos por “la enfermedad del desplazamiento”, ya sea por “miedo, depresión o porque se enfermaron y no los pudimos sacar porque nos taparon la carretera”, y decenas de enfermos, son el saldo de estos 22 meses de refugio. Una docena de cruces en el centro de Chalchihuitán dan cuenta de la muerte en el exilio.

“Nos dicen que nos van a mandar despensas, pero eso no soluciona nada. Lo que necesitamos es que haya una desarticulación de quienes tienen armas, que haya más seguridad en los puntos estratégicos, pero que no nos militaricen el municipio, porque eso no sirve”, demanda uno de los encargados del campamento.

El conflicto no es nuevo. Durante décadas se ignoró y se puso en riesgo a la población. En 1975, explica el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), San Pablo Chalchihuitán obtuvo su reconocimiento y titulación de bienes comunales (RTBC), que se ejecutó en 1980, beneficiando a mil 787 campesinos con 17 mil 948 hectáreas. En la ejecutoria —continúa el reporte del centro de derechos humanos— se entregaron 17 mil 696 hectáreas y en 1981 se entregaron 252 hectáreas más, como complemento a la RTBC. Pero el municipio vecino de Chenalhó se inconformó. Y la violencia estalló desde finales del 2017.

En estas tierras se conoce bien el rostro del desplazamiento. Miles de indígenas abandonaron sus casas desde 1996 debido a la violencia de los grupos paramilitares que, como documentó el propio Frayba, se conformaron al calor de la guerra de baja intensidad contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El 22 de diciembre de 1997 la violencia paramilitar alcanzó su punto más alto con la masacre de 45 tsotziles en Acteal. Y hoy, 22 años después, la región sigue caliente.

Provenientes de Canalumtik, Chenmut, Bejelton, Tulantic, Bolochojom, Cruztón, Criz Ka’kanan, Jolkantetik y Shishemtontic, las mil 237 personas de Chalchihuitán, se refugiaron primero en campamentos y actualmente viven en casas de familiares. Muchos regresaron a sus casas, pero no a sus parcelas.

Las más afectadas por las amenazas son las familias de las comunidades ubicadas en la franja fronteriza entre Chenalhó y Chalchihuitán, es decir, en las tierras en disputa. “Para los que viven más adentro no hay tanto problema, pero para nosotros sí. Hay familias que siguen siendo desplazadas, que no han podido entrar en sus casas, como nosotros que desde el 9 de noviembre de 2017, cuando los paramilitares de Chenalhó entraron a quemar a las casas, a destruir y saquearlas, ya no pudimos regresar”.

Los impactos de bala en las casas son mudos testigos de la violencia imperante, así como los bultos de ropa arrinconados en los cuartos y las huellas de los incendios provocados dentro de ellos. No las limpian, dicen, “porque siguen los disparos y nos da miedo regresar”. La intimidación no tiene fronteras, pues justo las casas destruidas no se encuentran dentro de las tierras en disputa. “Dispararon ahí porque esa parte es más poblada, como Canalumtik, pero ahí no es el conflicto”, explican los entrevistados en un breve recorrido por la destrucción.

Desde un principio nos sentimos muy solos

“No hubo respuesta del gobierno, ni antes ni ahora”, lamentan hombres y mujeres bajo el techo de lámina. “En un principio fueron personas y organizaciones no gubernamentales como el Frayba los que nos echaron la mano. En estas fechas el Frayba es el único aliado que tenemos. Hemos trabajado con ellos y no nos han dejado. Pero en los diálogos con el gobierno no se han tenido resultados positivos, simplemente nos dicen que esperemos”.

En la reunión que tuvieron con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, “de plano nos dijo que el problema no le corresponde a su gobierno, sino al federal. Prácticamente se lavó las manos. Y con el gobierno federal ni siquiera ha habido un diálogo, simplemente a veces llegan los de derechos humanos federales, pero sólo nos dicen que van a revisar el caso. Nos endulzan el oído con cosas, pero nada más”.

Por lo pronto, además de no habitar sus casas, los desplazados han perdido al menos dos ciclos agrícolas. “Tenemos parcelas abandonadas que están enfrente de esas tierras en disputa, y si nos ven trabajarlas nos disparan, aunque ya no sea zona de conflicto. Sólo quieren decirnos que son más fuertes”, asegura uno de los representantes tsotsiles.

Resolución definitiva del conflicto agrario, mayor seguridad, órdenes de aprehensión para los paramilitares y desarticulación de todos los grupos armados es lo que exigen para un regreso seguro. Y después, el reparo de daños. “No se trata de que nos ayuden a vivir en el desplazamiento”, insisten, “sino que nos ayuden a regresar. No que nos manden a vivir a San Cristóbal o a Tuxtla o que nos busquen terrenos lejos. Chalchihuitán es tierra comunal, tenemos terrenos en otras partes más retiradas y no podemos dejarlos”.

Las 365 hectáreas en conflicto, aseguran los de Chalchihuitán, les pertenecen, pues “hay un documento básico que lo conoce todo el pueblo y también el Tribunal Agrario y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Ahí se comprueba que es de Chalchihuitán, que no digan que estamos quitando tierra”, declaran.

Piedras verdes

Un caminito real baja de la carretera al ex campamento que actualmente funciona como punto de reunión. Sobre la tierra hay cientos de piedras de diferentes tonos de verde. Sentado en una de las bancas de madera bajo el techo de lámina que sirvió de refugio los primeros meses, uno de los entrevistados no duda: “el gobierno no quiere resolver porque quiere que nos acabemos entre los pueblos indígenas”. Y, por otra parte, “hemos sabido que parte del armamento que tiene Chenalhó fue financiado por el gobierno anterior. Esta parte, donde está el conflicto, es una zona de mucha riqueza, el mismo nombre de Chalchihuitán lo comprueba. Viene de ‘chalchihuite’ que son las piedras verdes o las piedras preciosas, y donde quiera que vaya se encuentra el jade. Podría decirse también que ese es el interés del gobierno o el que está bajo la mesa, y por eso no resuelven”.