UN AÑO SIN BERTA CÁCERES /239

"TÚ TIENES LA BALA, YO LA PALABRA. LA BALA MUERE AL DETONARSE,
LA PALABRA VIVE AL REPLICARSE”, SOLÍA DECIR

La noche del 2 de marzo del 2016 la asesinaron. Quienes lo hicieron siguen libres y con la seguridad de que el gobierno hondureño los protege. Las evidencias, los informes de organizaciones y las declaraciones de familiares y testigos demuestran que así es. La prueba más reciente la publicó el diario británico The Guardian, que sostuvo que el asesinato de la líder lenca Berta Cáceres se planeó desde arriba, con estrategias de especialistas en inteligencia militar vinculados con las fuerzas de Estados Unidos; y que el gobierno de Honduras continúa sin responder.

Con las afirmaciones de The Guardian se confirma lo que desde el principio se supo: que el asesinato de la defensora del territorio indígena lenca fue una ejecución extrajudicial para reprimir la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

Por el crimen se arrestó a ocho hombres, de los cuales dos son militares retirados y uno en servicio. El veterano Mariano Díaz Chávez y el teniente Douglas Giovanny Bustillo, cuya participación en el asesinato se acentúa con su colaboración como empleado en la empresa DESA, son quienes recibieron el entrenamiento en Estados Unidos desde el 2005, y junto con el sargento Henry Javier Hernández intercambiaron información a través de mensajes codificados sobre el contrato para acabar con la vida de Cáceres.

A través del registro de los teléfonos y el testimonio del sargento Hernández, quien es el único que hasta ahora declara en la Corte, se confirmó que, semanas antes del 2 de marzo, los militares frecuentaron La Esperanza, donde vivía y fue asesinada Berta Cáceres.

Los otros cinco detenidos son civiles sin antecedentes militares, pero con cargos administrativos dentro del proyecto Agua Zarca, como el caso de Sergio Rodríguez, quien era uno de los encargados de la represa. El mismo presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, forma parte de la inteligencia militar, y su secretario, Roberto Pacheco Reyes, es un ex ministro de justicia en Honduras.

En múltiples ocasiones, Berta denunció las amenazas de muerte que recibió por su trabajo contra el proyecto hidroeléctrico. De las 33 denuncias, varias correspondieron a las amenazas por parte de la empresa, aunque ésta siempre lo negó y hasta el día de hoy refuta su participación en el asesinato.

El modo de actuar de los autores materiales cada vez se torna más obvio. De acuerdo con testigos, la noche en que terminaron con la vida de Berta no hubo vigilancia en la entrada de La Esperanza, de la cual se encargan militares y policías. “Iban directo a matarla”, narró en su momento a Ojarasca el activista mexicano y compañero de Berta, Gustavo Castro.

A pesar de la reciente información sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato, aún no se hace justicia. Las hijas y el hijo de Berta continúan con acciones, protestas y conferencias para dar con la verdad. A su lucha, miles de personas se unieron en todo el mundo para demandar el esclarecimiento de la muerte de la líder indígena. Pero ahora, cuando hay una prueba más para evidenciar la participación de las autoridades en el hecho, la sanción a los responsables se ve lejos.

Desde un inicio el caso se vio lleno de irregularidades. La impunidad y la opacidad son denominadores comunes en la muerte de Berta. Incluso cuando se creó un expediente para la investigación del asesinato en Honduras, sujetos desconocidos presuntamente asaltaron a la magistrada de la Corte de Apelaciones, María Luisa Ramos, quien llevaba consigo el documento.

Lo cierto es que la voluntad política de Honduras para esclarecer el caso es nula, tal como lo denuncian constantemente organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. Berta, quien era coordinadora del Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), murió por luchar contra los mismos que se supone deben procurar la justicia y garantizar el bienestar y la seguridad. Más de un informe así lo confirma, pero el gobierno no emite una respuesta.

El caso de Berta Cáceres demuestra que el actuar del Estado hondureño imita al de muchos otros. “Si tu labor de derechos humanos molesta a los que tienen el poder, te matarán”, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rojas. De hecho, los defensores y activistas, junto con los periodistas que los acompañan, son los principales objetivos del gobierno para terminar con la difusión de la verdad y el crecimiento de la organización contra el abuso de los altos cargos, quienes cooperan con empresas con el fin de adueñarse de tierras y recursos para su único beneficio a costa del despojo y la violencia. Las investigaciones oficiales dejan mucho que desear. Organizaciones como Amnistía Internacional calificaron los “avances” en el caso de Cáceres como una “vergonzosa” averiguación “deficiente”.

“Cada día que pasa sin que se haga justicia a los y las activistas medioambientales hondureños, es un paso más a un final trágico”, sostuvo la organización. Pero nada de esto incomoda a las autoridades que privilegian a los que más ganan.

 

Apenas el pasado octubre, Global Witness reveló que Honduras es el país más peligroso para los activistas y defensores de la tierra y el medio ambiente, pues tan sólo entre el 2010 y el 2014 documentó 101 asesinatos, y en el 2015 el total fue de 8.

Por más de 20 años Berta se dedicó a la lucha en favor de su pueblo y de la naturaleza. A un año de su asesinato, su voz no se olvida ni su pelea se abandona. Su muerte no representó el fin de la resistencia contra el proyecto Agua Zarca, sino, por el contrario, una chispa para encender el coraje y la convicción de continuar con la pelea, aquella “que no cesa, sino que se intensifica ante la cada vez más clara intención de impunidad del Estado hondureño y sus aliadas corporaciones multinacionales, acompañada del incremento en la hostilidad y persecución”, como la define la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”.

En abril de 2015, Berta fue reconocida con el Premio Medioambiental Goldman por su trabajo y contribución a la defensa del pueblo lenca, al cual la empresa DESA amenazó de despojo con la imposición de la hidroeléctrica. Cáceres, al momento de atender las peticiones de los indígenas hondureños, inició una campaña para frenar el avance del proyecto, junto con miembros de la comunidad de Río Blanco.

“Tú tienes la bala, yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse”, solía decir Berta Cáceres. Gracias a sus logros hoy es reconocida en todos los rincones del mundo, porque, queda claro, ella no murió, se multiplicó g