VOCES QUE NADIE CALLARÁ. CONTRA LA MINERÍA EN LA SIERRA NEGRA

Sierra Negra, Puebla, febrero de 2018

Hace dos décadas los campesinos nahuas y mazatecos que habitan la selvática zona baja de la Sierra Negra de Puebla se organizaban alrededor de una sociedad cafetalera que se denominaba Palehuilistli. Al mismo tiempo que sembraban el grano y tejían redes de comercio justo, se formaban también en la defensa de sus derechos como pueblos originarios.

Uno de los resultados, fue la compra de turbinas y equipamiento necesario para instalar una pequeña hidroeléctrica en el Río Huitzilac. El objetivo era dotar con dos pálidos focos a cada casa de las familias de Pozotitla, La Cumbre, Zacatlilihuik y Coyolapa entre otras comunidades de la zona.

Las turbinas se oxidaron en Tlacotepec de Díaz hasta convertirse en chatarra. El gobierno les negó el permiso para instalar su propia hidroeléctrica. El pretexto que dieron las instancias que quedaban de la desparecida Comisión del Papaloapan de la extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos fue que contaminarían el Río Tonto. La razón que en el fondo llevó a la burocracia a negarles el permiso fue impedir que los pueblos se electrificaran por su cuenta.

No podemos olvidar que fue la propia Comisión del Papaloapan la que dirigió la construcción de la Presa Hidroeléctrica Cerro de Oro o Temazcal, que desplazó a miles de mazatecos de sus comunidades y sigue represando el Río Tonto para la generación de la electricidad que ilumina a ciudades como Tehuacán, sin llegar a los que viven a un lado del mismo río. Así se las sigue gastando el gobierno mexicano.

 

Los pobladores de la zona no olvidan este agravio y participan en la resistencia contra la depredadora Minera Autlán, la cual pretende crear tres grandes hidroeléctricas en la misma región para dotar de electricidad, no a las comunidades indígenas de la Sierra Negra o a las ciudades en donde sus hijos han emigrado a trabajar, sino a sus hornos de fundición en Monterrey o Teziutlán o a sus diversas minas de manganeso en Hidalgo.

Para los indígenas no hay permiso para electrificarse, pero a las grandes compañías mineras, sin problema alguno el gobierno les autoriza sus fraudulentos manifiestos ambientales o minimiza la problemática en sus evaluaciones de impacto social. Todo esto como resultado de las reformas que han venido haciendo todas las últimas administraciones, de manera especial la reforma energética.

La Sierra Negra de Puebla está en llamas. La resistencia de los nahuas se ha vuelto una piedra en el zapato para la Secretaría de Energía (Sener), Minera Autlán y políticos de todos los partidos que operan en favor de la empresa en su afán por construir el Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atazala, una represa que quieren construir en el mismo lugar donde les negaron a los pueblos la oportunidad de generar electricidad de manera autónoma y para el beneficio popular.

A pesar de que comunidades clave para desarrollar este proyecto, como Coyolapa, han manifestado en asamblea y en votación, ante pregunta expresa de la Sener, estar contra cualquier intento de llevar a cabo la tan famosa y corrompida “consulta indígena” que establecen la Ley de la Industria Eléctrica y el Convenio 169 de la OIT, empresa y autoridades insisten de cualquier forma, incluyendo la violencia, para imponer esta destructiva presa hidrominera.

El nueve de febrero, después de una movilización de las comunidades en resistencia acompañadas y asesoradas por la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), regresaban de la Ciudad de México. Ello, tras manifestarse contra la Sener, a la que una vez más exigieron la cancelación del proyecto de Minera Autlán. Sujetos encapuchados y armados, a la altura de la comunidad de Alcomunga en el corazón de la Sierra Negra, detuvieron el paso de un camión que los había transportado, y le prendió fuego.

Al otro día de estos hechos, la camioneta de los pistoleros estaba estacionada afuera de la presidencia municipal de Tlacotepec de Díaz, donde rara vez despacha su propietario, el maestro y alcalde Cirilo Trujillo Lezama, a quien premiaron con la candidatura de la alianza Juntos Haremos Historia a la diputación federal por el distrito de la Sierra Negra.

 

No es la primera vez que este cavernícola alcalde actúa así. El 24 de noviembre de 2016, este político de origen petista, así como su hermano y testaferro, el ex militar Marcelo Trujillo Lezama, mandaron a dos pistoleros de Laguna Chica, Tezonapa a destruir y balacear Radio Tleyole, Las Voces del Maíz, emisora comunitaria que transmite desde La Cumbre. Como resultado de este cobarde hecho resultó herido de bala el locutor Gerardo Rivera Juárez, a quién le dispararon a quemarropa con una pistola 9 milímetros. Tanto autores materiales como intelectuales siguen impunes, libres, gozando del presupuesto, transportando y almacenando combustible robado, el famoso huachicol, sin vergüenza ni castigo alguno.

El odio contra Radio Tleyole, pequeña como esas piedras que no te dejan caminar, cuyas voces principales son unas menudas locutoras nahuas de menos de veinte años, es porque estas guerreras del micrófono se han vuelto la sombra y pesadilla del rupestre munícipe, comprado por Minera Autlán.

La resistencia no se debilita. Al contrario, se fortalece y prepara para enfrentar nuevas batallas contra la industria minera, porque Linear Gold Corp goza de cinco concesiones a menos de cinco kilómetros de Tehuacán, la Ciudad de Indios, en las cordilleras que dan entrada a la Sierra Negra. Una nueva lucha empieza, en defensa de agua, manantiales y territorio.