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DEL CHICHONAL AL VOLCÁN DE FUEGO PUEBLOS INDÍGENAS BAJO CENIZA

Fermín Ledesma Domínguez

Mientras escribo estas líneas, los pueblos de Suchitepéquez y Escuintla se encuentran bajo los retumbos del Volcán de Fuego en Guatemala, erupción que inició la tarde del tres de junio en medio de la negligencia del gobierno, el éxodo de miles de familias, la muerte de mujeres, niños, niñas y hombres. No es la primera vez que los pobres y los indígenas son los más vulnerables a los fenómenos naturales. Aquí reflexiono sobre los dispositivos culturales, sociales y políticos que se despliegan durante la crisis eruptiva. En particular se relata la historia de la erupción del Volcán Chichonal y la experiencia de los zoques de Chiapas de marzo de 1982.

Después de las erupciones ocurren las mayores calamidades, a partir de decisiones políticas erradas que derivan en efectos de larga duración: estrategias de evacuación contradictorias e impredecibles, agravamiento de la crisis ambiental y social, nuevos conflictos por tierras, corrupción institucional en el manejo de la ayuda internacional, fragmentación de las familias y el territorio, aparición de un mercado de tierras controlado por mestizos, traumas psicológicos, muertes por depresión, alcoholismo y conflictos alentados por la xenofobia, el racismo y el estigma hacia los indígenas o la población afectada.

Una historia que contar

La tarde del 28 de marzo de 1982, los pueblos zoques del norte de Chiapas se encontraban en los preparativos del carnaval para pedir abundancias de cosechas. Esa misma tarde, el volcán Chichonal entró en fase eruptiva arrojando material piroclástico a una distancia de 37 mil kilómetros cuadrados y una altura de 17 kilómetros, que semejaba un inmenso hongo de más de 100 kilómetros de diámetro. En pocas horas, la erupción devastó la vegetación nativa, campos de cultivos y sepultó catorce pueblos zoques que se encontraban a 12 kilómetros a la redonda, principalmente Esquipulas Guayabal y la cabecera municipal de Francisco León, en el noroccidente del estado. El volcán realizó siete fases eruptivas hasta el 4 de abril. El área más dañada fue de diez kilómetros de radio a partir del cráter, en la que desapareció toda existencia de vida animal y humana.

El fenómeno afectó a 35 mil 600 hectáreas de propiedad ejidal que ocupaban campesinos zoques, y dos mil 133 hectáreas de propiedad privada de rancheros y mestizos, cultivadas con maíz, café y ganado. El monto de daños se calculó superior a los 117 millones de dólares pero la gravedad del desastre pudo saberse por la muerte de entre mil 770 y dos mil personas, y el desplazamiento de 22 mil 351 personas de siete municipios, de los cuales 15 mil fueron albergadas temporalmente en 37 sedes distribuidas en Chiapas y el estado vecino de Tabasco. Los zoques de Chiapas se convirtieron en los primeros refugiados ambientales del México moderno.

Ante la emergencia de la erupción, la respuesta del gobierno fue ambigua, contradictoria y tardía; puso al descubierto la grave ausencia del Estado mexicano en los pueblos indígenas en materia de infraestructura y servicios públicos. Además, reveló las desigualdades sociales y el control que ejercían los finqueros sobre la población local. Por citar, los zoques tuvieron pocas rutas de evacuación durante la emergencia volcánica toda vez que años atrás los terratenientes se habían negado a la apertura de nuevos caminos para no perder el negocio de las avionetas “saca-cosechas”.

 

AUSENCIAS Y CONSECUENCIAS

Errada evacuación. El gobierno privilegió la evacuación del ganado y el café porque los empresarios locales lo presionaron para evitar la caída de la producción. Se sumaron las escasas rutas de evacuación y servicios primarios de atención. La desordenada salida llevó a la mayor parte de los zoques a los albergues de un parque de feria en Tuxtla Gutiérrez y a Villahermosa, a más de 200 kilómetros de distancia. Paradójicamente en los albergues ocurrieron más muertes, por enfermedades diarreicas de menores de edad y ancianos. Un factor clave fue la mala alimentación proveída por los militares.

La peor decisión del gobierno fue la orden militar de retornar a las familias a sus lugares cuando la emergencia no había concluido. Miles de zoques quedaran atrapados bajo las cenizas de la segunda y la tercera erupción, entre ellos el presidente municipal de Francisco León, Rodimiro Ramírez Estrada.

Crisis emocional y de salud pública. Muchos perdieron familiares, objetos personales y bienes que daban sustento material y arraigo a su vida. Los afectados comenzaron a sufrir pánico, temor y depresión. El gobierno fue omiso para atender la crisis emocional y el estrés colectivo. A ello se sumó la aparición de infecciones instestinales, conjuntivitis, tos, piojos, sarampión y otros padecimientos. La desnutrición se agravó, sobre todo por concentrar a los enfermos en hacinamiento. Muchas muertes fueron posteriores a la erupción.

Crisis ambiental. Los pueblos zoques perdieron cerca de 35 mil 600 hectáreas de tierras en una radio de 10 kilómetros: cultivos de maíz, frijol y café, aves de corral, ganado, peces. Esto complicó la sobrevivencia humana en los primeros meses. Sumado a ello, arroyos y ríos se azolvaron, quedando inservibles para consumo humano.

Ayuda internacional. Generalmente, en momentos de crisis humanitaria la ayuda que llega de países extranjeros se canaliza al gobierno central o los gobiernos subnacionales, que monopolizan la ayuda o la dirigen a personas no afectadas, sin que existan mecanismos de transparencia y participación ciudadana. Es regla que la ayuda económica termine en manos de políticos corruptos. En el caso zoque, el presidente municipal de Pichucalco, Manuel Carballo Bastar, fue encarcelado por corrupción en la entrega de la ayuda.

Políticas de reubicación o reconstrucción. El gobierno instrumentó un programa de reconstrucción que consideró otorgar apoyos emergentes, viviendas y compra de tierras. Se calculó adquirir 41 mil 711 hectáreas para tres mil 344 padres de familias, que incluían a dos mil 133 ejidatarios, un millar de avecindados y 67 pequeños propietarios, con un costo de 834 millones 220 mil pesos. Sin embargo, el gobierno sólo compró 16 mil 193 hectáreas para 14 grupos organizados, es decir, apenas pudo resarcir el 39 por ciento del área afectada.

La reubicación se dirigió a la colonización de espacios inhóspitos o culturalmente inapropiados, los cuales generaron escenarios de xenofobia, racismo, discriminación, estigma y conflictos por tierras en los nuevos lugares de asentamiento como Rayón, Acala y Chiapa de Corzo. Hasta hoy, estos problemas tienen repercusiones en las relaciones inter e intra comunitarias.

En 22 grupos familiares se formaron 19 asentamientos en 12 municipios de Chiapas. Algunas familias se anexaron a poblados existentes como Liquidambar en Villaflores, y el Valle del Uxpanapa en Veracruz, donde ocuparon pequeñas porciones de tierras ante la ausencia de sus antiguos pobladores. Hubo quienes nunca recibieron tierras, como los de San Antonio Las Lomas en Ixtacomitán y la ciudad de Guadalajara y los del Barrio San Sebastián en Ocotepec, convirtiéndose en campesinos sin tierras o jornaleros; otros acabaron como albañiles o trabajadoras domésticas en Villahermosa. La peor reubicación fue el traslado de familias zoques a la selva Lacandona, en el valle de Santo Domingo, donde entre mosquitos y la guerrilla guatemalteca construyeron Nuevo Francisco León. Ahí algunos murieron de enfermedades y otros por depresión.

Mercado de tierras. Es común que en estas crisis los propietarios privados creen un mercado artificial de tierras a precios elevados para ser ofertados al gobierno cuando decide la colonización dirigida. Muchas de tales tierras son montañas, zonas agrestes o en disputas que a la larga resultan en conflictos sociales. En el futuro, un volcán adquirirá potencial para generar energía geotérmica.

La presencia de pueblos indígenas en áreas volcánicas obedece a un proceso histórico de colonización de zonas de riesgo, empujada por políticas agrarias que a la postre resultan ser de exterminio. Para los zoques, la erupción representó un cambio violento en la vida cotidiana de sus pueblos, lo cual generó rupturas territoriales agravadas por la presencia, o ausencia, del Estado.

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