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GESTIÓN DEL RIESGO DESDE ABAJO: CRISIS AMBIENTAL EN TIERRAS ZOQUES

FERMÍN LEDESMA DOMÍNGUEZ

Cuando se presentan inundaciones en Tabasco y Chiapas, las caras más visibles son cuerpos de rescate desplegándose con equipos especializados, refugios habilitados, vehículos “todo terreno” incluyendo aeronaves y lanchas, funcionarios entrevistados por los medios de comunicación. Algunos de ellos se atreven a llegar hasta el lugar de los hechos para dar mayor verosimilitud a la emergencia, pero ¿qué hacen las comunidades afectadas? ¿Cómo gestionan el riesgo desde sus propios saberes? Es necesario mostrar la potencia organizativa de las comunidades indígenas de Chiapas para sobreponerse a las catástrofes cuando los esfuerzos gubernamentales son rebasados.

Históricamente, el noroccidente de Chiapas está habitado por comunidades zoques, quienes junto a mixes de Oaxaca y popolucas de Veracruz constituyen una sola familia lingüística desde hace más de tres mil 500 años. A partir de la década de 1930, el Estado mexicano comenzó a introducir la ganadería, primero con los ladinos de Pichucalco y luego con los zoques de Chapultenango y Francisco León. Tal estrategia asignó a estas tierras la producción de alimentos a bajo precio, a costa de deforestar más de 1.5 millones de hectáreas de bosques y selvas del trópico húmedo.

Sobre el río Grijalva el gobierno diseñó un complejo hídrico mediante tres centrales hidroeléctricas para controlar el escurrimiento de las aguas hacia Tabasco, generar energía eléctrica y llevar el “desarrollo” a los pueblos, tal como el gobierno de Estados Unidos hacía sobre el Valle del Tennessee desde 1933. Las presas Malpaso en 1950, Chicoasén en 1980 y Peñitas en 1987 representaron ese modelo de gestión hídrica.

Lo único que vieron los pobladores fue la desaparición de los pueblos de Chicoasén, Usumacinta y Quechula cuando las compuertas de las presas se abrieron y cómo toda esa energía eléctrica comenzó a fluir a las ciudades para mover a las industrias. Las promesas del progreso nunca llegaron; por el contrario, se estima que cuatro mil familias fueron desplazadas de manera gradual y 30 mil hectáreas de tierras inundadas terminaron por aislar comunidades, cortar rutas de comercio y transformar el paisaje natural.

En la década de 1990, tras la caída del precio internacional del café, los campesinos del norte de Chiapas encontraron en la ganadería una alternativa económica para hacer frente a la crisis; por ello, derribaron sus cafetales y milpas para convertirlos en campos de pastizales para el ganado, gracias a los incentivos y créditos ganaderos otorgados desde el antiguo Instituto Nacional Indigenista (INI).

En 2016, el gobierno pretendió ampliar la zona de extracción de gas y aceite hacia 10 municipios zoques y tsotsiles, pero la oposición de los pueblos aglutinados en el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (Zodevite) logró suspender la licitación de la ronda petrolera 2.2.

Este conjunto de acontecimientos explica en parte la construcción social del riesgo generada por el propio Estado a partir de las políticas de ganadería extensiva y gestión hídrica. Ahora las seis cuencas hidrográficas del norte de Chiapas presentan cambios de uso de suelo y erosión, a raíz del abandono gradual de la agricultura campesina por la introducción de pastizales.

El huracán Eta que azotó al norte de Chiapas durante los primeros días de noviembre pasado propició que, de la noche a la mañana, los niveles de ríos y arroyos aumentaran. Carreteras asfaltadas y caminos de terracería colapsaron. Varios tramos de las vías Tuxtla-Bochil-Villahermosa y Tuxtla- Ciudad de México sufrieron cortes. Los deslizamientos de tierras obstruyeron caminos de terracerías, los sistemas de agua entubada colapsaron en Chapultenango y Francisco León, la energía eléctrica se interrumpió por una semana y varias parcelas campesinas resultaron con deslizamientos de laderas. Los casos graves fueron la muerte de dos personas en El Avellano, Pantepec y la cabecera municipal de Ixhuatán, donde se desgajaron los cerros. Las lluvias revelaron no sólo la vulnerabilidad de las comunidades indígenas, sino el histórico abandono del gobierno en el mantenimiento de las vías de comunicación, obras públicas construidas en zonas de riesgo y fallas de acceso a información de los sistemas de alerta hidrometeorológico.

Sin embargo, el paso de Eta mostró la potencialidad organizativa de las comunidades indígenas para asegurar su sobrevivencia en tiempos de desastres. La solidaridad y cooperación, el tequio, las redes y lazos familiares, la memoria histórica y el conocimiento local fueron puestos en escena como formas de autogobierno para recuperar la vida comunitaria colectiva.

En el ejido Vicente Guerrero, en Francisco León, el sistema de tuberías que trae el agua para uso doméstico desde el Cerro del Mono colapsó en los primeros días de noviembre. Para restablecer el servicio, la comunidad organizó a una docena de hombres en pequeñas brigadas que por casi una semana completa cargaron tuberías y arreglaron las válvulas en los tramos dañados, a lo largo de más de cuatro kilómetros. El tequio como forma comunitaria de trabajo no asalariado fue central para retornar a la normalidad. Otra parte de la población se organizó con los poblados vecinos de El Carrizal, Buenavista y Carmen Tonapac para reparar el camino asfaltado que colapsó por el deslizamiento del cerro y con ello evitar quedaran incomunicadas por vía terrestre hacia Chapultenango y Tecpatán. Al cabo de unos días, el camino se rehabilitó de forma provisional, sin intervención de las autoridades de gobierno.

En otro caso, las familias de Viejo Carmen Tonapac en Chapultenango, cerca del volcán Chichonal, perdieron sus viviendas y animales domésticos por las corrientes de agua que se formaron sobre las laderas del pueblo. Días después comenzaron a construir nuevamente sus viviendas, mientras la ayuda en especie proveniente de los pueblos vecinos comenzó a fluir. El centro de Atención Primaria de la Salud “Waba Itjkuy” (Buen vivir en zoque), institución administrada por religiosas católicas, comenzó a acopiar víveres. A más de 200 kilómetros de distancia, las familias de Nuevo Carmen Tonapac, reubicadas en Chiapa de Corzo tras la erupción del Chichón, aportaron víveres, ropa y dinero para los afectados de Viejo Carmen. La continuidad de los lazos familiares, las redes de comunicación comunitaria y la memoria de que alguna vez sus abuelos habitaron el terruño del volcán movilizó a los jóvenes para colectar ayuda desde la iglesia católica.

Un aspecto central fue el uso de las tecnologías, sobre todo internet. El Centro de Lengua y Cultura Zoque elaboró un mapa interactivo con fotografías geo-referenciadas y videos grabados con teléfonos celulares que las personas afectadas circulaban en Facebook y mensajerías de Whatsapp. El mapa disponible como herramienta en https://puebloszoques.ushahidi.io permitió situar las afectaciones en más de 90 puntos y dimensionar el impacto del huracán en el norte de Chiapas.

La gestión de los zoques para sobreponerse ante catástrofes no es un asunto nuevo, se alimenta de la experiencia colectiva y el conocimiento ancestral del territorio. En los días previos a la erupción del volcán Chichonal de 1982, la población cuenta que Piogba Chuwe, la dueña del volcán, salió a invitar a los pueblos a su fiesta que celebraría dentro del cráter. Para algunos fue el alertamiento temprano de una catástrofe mayor. Las familias pusieron en marcha mecanismos similares de sobrevivencia durante Eta en medio de la crisis ambiental que supuso la erupción. Muchos lograron ponerse a salvo porque conocían las veredas y los caminos para huir.

Esta gestión desde abajo contrasta significativamente con el modelo hegemónico de gestión de riesgos centrado en la recuperación de bienes materiales e infraestructura pública en manos de las autoridades o los especialistas, donde los conocimientos locales, la comunidad y las personas afectadas son subordinados o desvanecidos. Esta gestión desde abajo aún no cuenta a la hora de diseñar las políticas públicas como formas comunitarias que los propios pueblos reactualizan para asegurar su sobrevivencia.

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Fermín Ledesma Domínguez es investigador del Centro de Lengua y Cultura Zoque, Chiapas.

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