DEMOCRACIA Y ORGANIZACIÓN POPULAR

Alberto Gómez Pérez, Democracia electoral y organización popular. Crónica de un conflicto postelectoral en Tila, Chiapas (2004-2005)

Hablar de democracia electoral en el contexto en el que se desarrollaron los hechos que Alberto Gómez relata en este libro, Democracia electoral y organización popular, nos obliga a repensar conceptos tan antiguos y al paso del tiempo confusos, como el de democracia.

Si recordamos el concepto de democracia establecido por Rousseau, encontraremos que se habla de un contrato social, que busca conscientemente que los hombres y mujeres libres que lo suscriben amplíen el desarrollo de su libertad. Surgen pues nuevos contenidos conceptuales, tendríamos que añadir: libertad y sociedad civil.

La sociedad civil surge como la contraparte del estado de naturaleza. Es menester también recordar que tanto Hobbes, Rousseau y Locke tenían diferentes maneras de concebir el estado de naturaleza. Sin embargo, los tres coincidían al considerar que el paso del estado natural para constituir el Estado moderno es uno de los avances más importantes en la vida de la humanidad. Es necesario que observemos con cuidado frente a qué implicaciones políticas, sociales y económicas nos encontramos para fundar dicho Estado moderno.

Boaventura de Sousa Santos afirma que todo contrato social contiene criterios de inclusión, así como elementos de exclusión y que no todos pueden formar parte del nuevo estado de cosas. Para él el contrato social incluye a los individuos y sus asociaciones, de ahí podemos decir que la naturaleza misma queda excluida, ya que es precisamente del marco de la naturaleza de donde los individuos logran separarse para descubrirse diferentes, inmersos en el mundo civil. Cuando las personas dejan de pertenecer al estado de naturaleza, se someten a un nuevo entramado de reglas y leyes que emanan del propio Estado. Sin embargo, cuando algunos grupos no deciden someterse a esa nueva situación, se les ubica como un peligro o un recurso.

En el texto de Alberto Gómez podemos ubicar la mirada del Estado hacia el grupo de personas que se inconformaron ante un fraude electoral. El Estado desde su talante hegemónico observa a dichos grupos como peligrosos para la democracia que se trata de construir, una democracia empobrecida, manipulada y parcial, es decir una democracia sin contenidos democráticos. De Sousa Santos afirma que sólo los ciudadanos forman parte del contrato social y enumera a todos los que por una u otra razón son excluidos de la nueva composición social: mujeres, extranjeros, inmigrantes y minorías étnicas (indígenas) son vistos desde el discurso hegemónico como excluidos peligrosos.

Las ch’oles y tseltales que se organizan y emprenden movilizaciones para obligar al Estado a respetar los resultados electorales son esos otros, una otredad a la que se tiene que tolerar, ya que finalmente constituyen votos, aun cuando el sentido de su decisión no sea respetado; es decir, esos indígenas solamente representan un agente del contrato social cuando actúan de acuerdo con los intereses hegemónicos del Estado.

Los pueblos indígenas no son, por tanto, reconocidos efectivamente como sujetos de derecho colectivo; para el Estado es inconcebible establecer una relación de coordinación con ellos, y en el mejor de los casos son observados como recurso, de la misma manera como se considera a la naturaleza. Como bien apunta Pedro Faro en el prólogo, para nadie es novedoso que el Estado mexicano se inscribe en la racionalidad de la modernidad occidental, y desde esa matriz epistémica históricamente ha negado el derecho a los pueblos indígenas a existir desde una praxis real de sus propios valores y costumbres; por el contrario el Estado ha buscado la integración y asimilación de dichos pueblos, es decir, “civilizarlos” para que finalmente sean ciudadanos en completud, que puedan gozar de los mismos derechos que los demás individuos. Se plantea la eliminación del ser indígena para que se conviertan en hombres y mujeres modernos. La relación entre los pueblos indígenas y el Estado está siempre en tensión. El Estado busca legitimarse desde diferentes frentes, elaborando una narrativa que se alimenta de relatos y correlatos afincados en la discriminación, individualización social, cultural, etcétera.

Cuando el Estado mexicano ubica a los pueblos indígenas como formadores del estado de naturaleza, define ese estado como un estado de barbarie o salvajismo, es decir, percibe e identifica a la naturaleza como el estadio donde se presenta lo salvaje en franca contraposición al estado de civilización.

En el libro de Alberto podemos identificar con cierta claridad a los actores políticos que participan en el movimiento social en contra del fraude electoral. En su gran mayoría son indígenas, sean de un lado o de otro. Con esto quiero decir que el fenómeno es más complejo de lo que parece a simple vista. En esta crónica no tienen cabida los indígenas idealizados por antropólogos y filósofos. No, en el libro podemos ver que estamos frente al indígena real, contradictorio, desbordado, confundido, etcétera.

Nada aporta a la discusión política y cultural la figura del indígena purificado, así como tampoco nos sirve la figura del indígena deformado desde las consideraciones ideológicas más conservadoras, las mismas que al paso del tiempo crearon una narrativa donde el pueblo indígena se convierte en un acechante enemigo, que en cualquier momento puede atacar a la sociedad que se encuentra dentro del Estado, inmersos en las condiciones del contrato social.

Alberto Gómez nos conduce por los acontecimientos, los hechos, las asambleas, las reuniones ejidales, dando cuenta, en el sentido más genuino de la palabra, de la historia local. Alberto nos entrega una crónica que no se deja seducir por la posibilidad de la sobre interpretación, no, el autor nos presenta los acontecimientos para que después venga el análisis detallado.

Alberto realiza una importante tarea al sistematizar documentos, nombres, fechas, lugares. Sólo de esta manera será posible repensar el concepto de democracia que impera en nuestro país, una democracia que poco o nada tiene que ver con el genuino concepto de democracia.