GUIE’ LADXIDO’ EL EXTRACTIVISMO ACECHA EN CHIMALAPAS

Existe una concesión minera por más de 7 mil hectáreas que el gobierno federal ha entregado a la empresa canadiense Minaurum Gold de terrenos de los bienes comunales de San Miguel Chimalapa, en el corazón del Istmo de Tehuantepec, precisamente en la zona conocida como La Cristalina, donde nacen los principales afluentes de los ríos Espíritu Santo, Zanatepec y Ostuta, que en su derivación en la planicie costera alimentan el ecosistema lagunario Ikoot-Binnizá, más conocidas como Laguna Superior e Inferior, en el Golfo de Tehuantepec; la afectación que las actividades mineras pueden provocar sobre todo este agonizante ecosistema —que ya se ha visto impactado por la construcción de la presa Benito Juárez, la refinería Antonio Dovalí, en Salina Cruz, carreteras, el ferrocarril, el monocultivo extensivo de sorgo y los parques eólicos— no ha sido evaluada por la Semarnat ni por ninguna otra instancia en su dimensión o modalidad regional.
Uno de los principales contrastes evidentes en el actual escenario de “acumulación por despojo” o “desposesión” a lo largo y ancho del Istmo de Tehuantepec, radica en la existencia viva de más de un millón de hectáreas de bienes comunales y/o ejidales de los ampeng (zoques), ayuuk (mixes), ñuntajïy (popolucas), nahuas, chinantecos, binnizá, chontales (tequisistlecos) e ikoots. De ellas, seiscientas mil hectáreas se encuentran en el corazón del Istmo: los Chimalapas. Las aguas que nutren a los principales ríos del Golfo de México en el norte del Istmo, tales como Coatzacoalcos y Tonalá, nacen en las estribaciones y el “parteaguas continental” ubicado en la sierra que atraviesa la gran región selvática y de bosque mesófilo. Dado el importante complejo hidrológico que los Chimalapas representan para todo el istmo, tanto en la vertiente del Atlántico como del Pacífico, su funcionamiento puede asemejarse al de un corazón que impulsa torrentes acuíferos y de oxígeno que, más allá de la metáfora, limpian las inmundicias que a su paso encuentran entre desechos de refinerías y aguas negras antes de llegar y depositar éstos en los ríos, sistemas lagunarios y océanos.
Después del siglo de la depresión, en un contexto de epidemias y rebeliones anticoloniales en el istmo, los chimas vieron en la segunda mitad del siglo XVII la necesidad de asegurar la posesión y titulación de más de 800 mil hectáreas, en aquel entonces alrededor de 360 leguas cuadradas, y pagaron en oro a la Corona el costo de dichas tierras valuadas en veinte mil pesos. La amenaza y presión representada por las haciendas marquesanas y dominicas, y los trabajos forzados que jamás habían realizado, propiciaron que los zoques desaparecieran en el entorno de la planicie y los valles y muchos se remontaran a la montaña donde hoy se encuentran las principales cabeceras de Santa María y San Miguel Chimalapa. Mientras tanto Hernán Cortés y los frailes compraron esclavos africanos traídos de El Congo y Senegal para el cuidado del ganado de sus haciendas y los trabajos fuertes que implicaba la zafra azucarera de sus trapiches. Esto explica la presencia de población afrodescendiente en Almoloya, El Barrio, Petapa, La Venta, Ingenio, Niltepec, Zanatepec, Tapanatepec, Cintalapa y Jiquipilas, entre otras comunidades indias que también asimilaron transculturalmente el fandango y la artesa, que al igual que la sandunga, la chanfaina y el mondongo, fueron originarias de mandinga. Así, mientras los binnizá de Juchitán y sus alrededores peleaban contra los dominicos y haciendas marquesanas por el reconocimiento de sus Títulos Primordiales, a principios del siglo XVIII, los chimas mantenían la certidumbre jurídica que le conferían los títulos expedidos por la Corona, apenas en 1687, mismos que hicieron valer ante la amenaza de la desamortización liberal juarista.

Veinte años antes, en 1660, chontales, mixes, zapotecos, zoques y huaves, se habían sublevado en las famosas rebeliones indias de Tehuantepec y Nexapa, incendiando las casas reales, matando a pedradas al alcalde mayor Juan de Avellán, representante regional del rey, y nombrando sus propios gobiernos y cabildos, evidentemente indios, de acuerdo con sus costumbres ya reconocidas por las “leyes nuevas” desde un siglo antes. La autonomía regional primera que se vivió en la región duró dos años, hasta antes de la represión a través de los “buenos oficios” mediadores del obispo Alonso de Cuevas Dávalos y la “espada restauradora” de Francisco Montemayor de Cuenca. A pesar de la aguda represión, la rebelión vuelve a expresarse en términos regionales en distintas coyunturas, durante los siglos XVIII, XIX y XX, casi siempre teniendo como principal elemento aglutinador la lucha por la tierra y la autonomía.    
Sin la consideración de estos contextos históricos, no se puede explicar el sentimiento de pertenencia y necesidad de defensa de la tierra y el territorio por los comuneros chimas (zoques), tsotsiles,1 chontales,2 ayuuk, binnizá, chinanteco e ikoots, entre otros y, para el caso de la región del Istmo, se trata entonces de un sentimiento de rebeldía que procede de una historia de resistencia de larga data que hoy interactúa en un difícil pero efectivo proceso de comunicación regional y nacional a través de la experiencia histórica del Congreso Nacional Indígena (CNI). Así, mientras los malos gobiernos otorgan –léase venden– concesiones a empresas transnacionales en la sierra chima y la costa ikoot, sin informar ni consultar a las autoridades comunales de estos pueblos, la resistencia y movilización india y popular toma y cierra oficinas de la empresa, como en el caso de Zanatepec contra la minera, o bien incendia la maquinaria de las constructoras, como en los recientes casos de Puente Madera y San Dionisio del Mar. Próximamente, en un aniversario más de la gesta heroica de los zapotecas contra los soldados franceses de Napoleón en 1866, el 5 de septiembre los delegados y concejales del CNI y CIG de la región del Istmo expulsarán de Juchitán a la empresa transnacional Electricité de France (EDF), que con base en la corrupción de funcionarios de los malos gobiernos y sin consentimiento de las autoridades comunales agrarias de Unión Hidalgo, Ranchu Gubiña, pretende imponer un parque eólico de más de cuatro mil hectáreas en bienes comunales de esa comunidad afrobinnizá. La Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, por acuerdo especial del 25 de junio, dio a conocer el inicio de una campaña nacional e internacional contra las empresas EDF y Minaurum Gold, exigiendo la cancelación del parque eólico en Unión Hidalgo y la minería a cielo abierto en los Chimalapas; se espera que dichas demandas figuren en la nueva agenda política del CNI.
Con base en la historia de luchas de nuestras regiones, el CNI, a través del actual Concejo Indígena de Gobierno (CIG), constituido en su primera etapa el pasado 28 de mayo en Chiapas, puede dar la pauta para la construcción de procesos autonómicos a nivel regional, ahí donde la represión no deja de ser consecuencia de la resistencia indígena en contra de los megaproyectos de muerte de las empresas transnacionales. Más allá de una nueva agenda del movimiento indígena nacional, que se espera fragüe en la primera asamblea del CIG a realizarse en próximas fechas, sería deseable se pretenda consolidar una nueva geografía política desde abajo, con base en el reconocimiento y fortalecimiento de las experiencias y procesos autonómicos de nuestros pueblos.
“Ndani ladxedua’ zenia ti guie’ ni bidiilu naa…”

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¹ En comunidades asentadas recientemente que se reconocen comuneros de los Chimalapas, como Nuevo San Andrés.

² En la sierra chontal, la misma zona de las comunidades rebeldes del siglo XVII, el gobierno federal ha concesionado miles de hectáreas a Minaurum Gold, la favorecida en Chimalapas; las comunidades se encuentran en resistencia contra la minería y 16 de ellas, organizadas en asamblea regional, nombraron dos concejales para representarlas en el CIG.