Hace doce años los recibieron a balazos en el entonces predio conocido como La Canahuancera, en el territorio comunal de Santa María Ostula, frente a la costa michoacana.

Mi abuela traía semillas desde casa. Las enrollaba en calcetines para poder cruzarlas a los Estados Unidos dentro de su equipaje.

Las tasas de deforestación son más bajas en los territorios donde habitan las poblaciones indígenas. Allí donde los gobiernos reconocen formalmente los derechos colectivos a la tierra y se fortalecen los conocimientos ancestrales de las comunidades, la deforestación se reduce y los ecosistemas se revitalizan.

Autoridades de Mogótavo, Chihuahua, comunidad rarámuri que defiende desde los años ochenta su territorio contra proyectos turísticos, enfrentan ahora una denuncia por “despojo agravado”.

A 80 meses de la desaparición de sus hijos y ante la falta de respuestas del gobierno federal, decidieron volver a la búsqueda pueblo por pueblo, casa por casa. Harán el trabajo que, dicen, no está haciendo la Fiscalía General de la República.

Los llamados trabajadores esenciales en lugar de medallas reciben golpes, como la ilegal prohibición impuesta por infinidad de granjeros en todo Canadá que impide a muchos trabajadores extranjeros temporales (TFW en ingles) salir de las granjas a realizar sus compras.

Es un triunfo más para el pueblo de Homún, comenta José May, integrante de la organización Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes), después de que la comunidad maya yucateca recibió el Galardón Corazón de León por su lucha constante por el derecho a la vida frente a empresas que buscan imponer una megagranja porcícola en esta localidad, lo que amenaza el agua y la cultura de la región.

El 22 de marzo, día internacional del agua, Santa María Zacatepec junto con comunidades del municipio de Juan C. Bonilla y otros pueblos de las regiones de los Cholultecas y los Volcanes dieron un paso más en la lucha por los bienes comunes y la autodeterminación.

Matehuala, San Luis Potosí. ¿Y el frondoso bello púbico debajo del cual palpita máxima su sensualidad y abundancia este Continente? La Patagonia son las piernas. Centroamérica la cintura. México el corazón. Estados Unidos y Canadá, la de pensar.

En la comunidad indígena de Buctzotz, Yucatán, un grupo de jóvenes mayas de distintas localidades y ejidos se reúne para denunciar “las trampas” de las empresas sobre sus tierras, informarse acerca de sus derechos como pueblo indígena, y buscar así, en colectivo, las estrategias para hacer frente al despojo desde la revaloración de su propia identidad.

La gente que labora en los campos estadunidenses produce una inmensa riqueza y no obstante la pobreza entre los jornaleros está muy extendida y es endémica. Es el rasgo más antidemocrático del sistema alimentario en Estados Unidos.

Días después del asesinato de la gobernadora del resguardo indígena La Laguna Siberia, Sandra Liliana Peña Chocué, integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en Colombia sufrieron un ataque de grupos armados mientras realizaban labores de control contra cultivos de uso ilícito en su territorio, con un saldo de 32 indígenas heridos.

El juicio contra David Castillo por el asesinato de la defensora lenca Berta Cáceres es apenas el inicio del proceso de justicia que persiguen el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y su familia, advirtió Bertha Zúñiga, hija de la lideresa indígena y actual directora de la organización.

En medio de profundas desigualdades atizadas por la crisis sanitaria, y cerrando un quinquenio de sucesivos conflictos políticos, las elecciones nacionales en Perú han arrojado un resultado histórico. Pedro Castillo, un maestro de escuela pública, campesino y sindicalista, obtuvo el primer lugar de preferencias electorales en la primera vuelta (19%)...

"Ya no vamos a permitir que nos siga dividiendo gente del exterior. Más vale que no traten de intervenir en nuestras decisiones"

El clavar las estacas de metal en el terreno de la Unosjo S.C. por comuneros y ciudadanos de Ixtlán el domingo 14 de marzo fue un acto de provocación. En Oaxaca, donde existen varios conflictos agrarios, medio mundo sabe que cuando se deslinda un terreno tiene que hacerse con el consentimiento y participación de las partes involucradas.

Cinco defensores han sido asesinados en lo que va del 2021 tan sólo en una comunidad. Se trata de Paso de la Reina, municipio de Santiago Jamiltepec, en la costa de Oaxaca, cuyos habitantes están poniendo literalmente el cuerpo en la defensa del Río Verde Atoyac.

“Las presas no son energía limpia”, afirma, contundente, el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), en el marco del Día internacional de lucha contra las presas, por los ríos, los pueblos y la vida.

El país entero se cimbró hace veinte años al paso de la Marcha del Color de la Tierra, una movilización sin precedentes en la historia moderna de México...

La organización en el espacio tomado por la comunidad otomí radicada en México es impecable. Desde octubre pasado trasladaron su vida comunitaria a las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que tomaron en protesta por la falta de vivienda, por los megaproyectos en los territorios indígenas y los ataques contra las comunidades zapatistas.

Este febrero se cumplen 25 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres y 20 años de la Marcha del Color de la Tierra, dos acontecimientos que marcaron el rumbo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Mientras gran parte del mundo se paralizaba a causa del Covid-19 y el sistema capitalista se aprovechaba para imponer globalmente unas nuevas reglas de vida, acá en el norte del Cauca, Colombia, se mantuvo con fuerza la lucha por la liberación de la Madre Tierra de la esclavitud de la agroindustria cañera. Esta lucha no frenó, no flaqueó.

Ni bien el país salía de la conmoción política generada por la disputa entre el Congreso y el gobierno del ex presidente Martín Vizcarra en torno a la vacancia presidencial y mutuas acusaciones de corrupción, miles de trabajadores y trabajadoras agroindustriales de la costa peruana iniciaron un paro general...

El Alicia no es antro ni cantina, ni restaurante ni bar con música en vivo, sino un foro cultural autogestivo y libertario que reclama, en colectivo, respeto y apoyo para estos espacios en los que decenas de miles de jóvenes de las zonas marginales de la Ciudad de México han escuchado a sus bandas musicales preferidas, asistido a un taller sobre anarquismo, o a un concierto por la libertad de los presos políticos.

El nombre de Leydy Pech Martín, originaria de la comunidad maya Ich-Ek, municipio de Hopelchén, Campeche, apareció en la prensa de todo el mundo el pasado primero de diciembre, al ser reconocida con el Premio Goldman 2020, equivalente al Premio Nobel de ecología.

En 2011 todos los caminos me remitieron a Oaxaca, la entidad con mayor biodiversidad de México. Mi meta era foto-documentar a un ave deificada por los antiguos pueblos mesoamericanos, el quetzal resplandeciente (Pharomachrus mocinno) en la región de Los Chimalapas.

Chiapas y Tabasco, dos de los estados mexicanos más golpeados por la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19, protagonizan ahora un escenario que hace recordar los daños provocados por el huracán Stan en 2005. La pesadilla hídrica comenzó desde junio con el paso de la tormenta Cristóbal que inundó la colonial ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Un equipo de realizadores, en su mayoría indígenas, produce una serie de reportajes sobre experiencias de salud, educación, alimentación y cultura desde diversas comunidades del país, con el horizonte de narrar cómo se enfrenta la vida desde lo comunitario en esta época de pandemia.

Desde hace varios meses, no pasa un día sin que llueva metralla paramilitar desde múltiples y bien identificados puntos de la comunidad de Santa Martha, municipio de Chenalhó, contra las comunidades y caminos de Tabak, San Pedro Cotzilnam, Yetón, Ch’ivit, Xuxch’en, Stzelejpotobtik, Coco’, Juxton, Ch’ayomte’, la cabecera municipal y otras del municipio de Aldama.

Cuando decidimos cerrar la escuela en marzo, pronosticamos que sería por tres semanas mientras la situación se reorganizaba, se tomaban las medidas adecuadas y se enfrentaba de manera propia al virus que migraba desde el Asia hasta América. Y no fue así, y lo que siguió está por demás decirlo.

Mientras se preparan las asambleas de los pueblos que conforman el Congreso Nacional Indígena (CNI) para responder a la invitación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de recorrer con ellos los cinco continentes, empezando por Europa en abril del 2021, el abogado Carlos González, del CNI, explica que este 12 de octubre, en el marco del 528 aniversario de lo que se conoce como el Descubrimiento de América, diversos pueblos originarios del país se movilizarán para denunciar “las políticas de guerra” del Estado contra las comunidades indígenas.

“Ya no hay problema legal, se resolvieron todos los amparos, ya hay un plan para que esta termoeléctrica, esta planta, inicie sus operaciones a finales de este año. Es una muy buena noticia”, anunció desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 10 de septiembre.

El 25 de agosto, el presidente López Obrador dedicó menos de 10 minutos de su habitual conferencia de prensa matutina a presentar el Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT). Esta obra representa la política del Estado mexicano para la región texcocana luego de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Cuando el 15 de julio cientos de personas tomaron las calles de Espinar, los medios callaron. Nadie “volteó” a ver qué estaba pasando en esta ciudad a casi cuatro mil metros de altura en la región del Cusco, en Perú. Tres semanas después, se acumulan las personas heridas, contagiadas, abusadas, criminalizadas.

El mundo está en llamas y cuesta trabajo respirar. Esto es metafórico, y es literal con los incendios, de la Amazonía a California. Basta asomarse al Fire Information for Resource Management System de la NASA para ver las imágenes satelitales.

Los Altos de Chiapas es uno de los territorios en México con mayor población indígena. El racismo y la discriminación que existen han mantenido a estos pueblos en una profunda pobreza material, falta de acceso a la justicia y a servicios básicos que ha complicado su subsistencia y acentuado muchos problemas sociales.

Se lo dijeron al expresidente priísta Ernesto Zedillo, a los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y se lo repiten al actual, Andrés Manuel López Obrador: “Los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Acteal, integrantes de la Organización de la Sociedad civil Las Abejas de Acteal, bajo ninguna circunstancia estamos aceptando una solución amistosa con el Estado mexicano”.

El día 15 de junio, el pueblo mbya guarani en las tierras de Arado Velho (Porto Alegre/Brasil) completó sus primeros dos años de retomada, es decir, la recuperación de sus tierras. Son dos años custodiando la floresta, manteniendo viva la cultura guaraní, ahora con dos bebés recién nacidos en la nueva comunidad.

Mientras a un tercio de la población penal del país (13 mil 321 reclusos de un total de 39 mil 677) le fue concedida la modificación de la modalidad cautelar o de cumplimiento de condena, logrando salir a la calle por decreto judicial desde el 18 de marzo del presente año, el Estado ha decidido mantener encarcelados a los más de treinta presos políticos mapuche...

Articulación Yucatán y la Asamblea de Defensores Mayas Múuch’ Xíinbal, junto con Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Colectiva Sexta Teatrito y Ciencia para el Pueblo, expresaron su “enérgico rechazo” a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) programara una Reunión Pública de Información (RPI) el 3 de agosto en Champotón, Campeche...

Hay 305 pueblos originarios en Brasil, con cerca de 900 mil indígenas que hablan 274 distintos idiomas. La pandemia del Covid-19 ya llegó a 112 pueblos. La Articulación de los Pueblos Indígenas en Brasil (APIB) hasta el 24 de junio tenía detectados 8 mil 066 con coronavirus y 359 fallecidos.

Las comunidades indígenas que durante décadas han permanecido sin los derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la educación y los servicios de salud, hoy en tiempos del SARS-CoV-2, exponen las heridas abiertas de la historia de los pueblos más pobres y marginados de nuestra América.

Las comunidades de la tribu yaqui pasaron de la incredulidad a la preocupación. Se juntan ahora la pandemia con la falta de agua, drenaje y servicios de salud. Los viejos empiezan a morir, los jóvenes no creen y el gobierno del estado aprovecha la situación para imponer megaproyectos que agravarán la escasez de agua en estos pueblos semidesérticos del sur de Sonora.

“¿Por qué la noche del 21 de junio la Guardia Nacional abandonó al pueblo? ¿Por qué se retiraron del lugar? ¿Por qué el Gobierno del Estado no atendió cuando solicitamos atención? ¿Quiénes no hicieron o no actuaron como corresponde para evitar esta tragedia? ¿A qué intereses políticos y económicos responden las instituciones gubernamentales que vulneran nuestra autonomía?” (Comunicado de Comunidades de San Mateo del Mar, Oaxaca, México).

Ciento cuarenta millones de personas sobreviven en América Latina y El Caribe en trabajos informales, según la OIT. La pandemia ha desnudado la precariedad y la vulnerabilidad en la que viven y también los hace asomarse al abismo de la hambruna.

“Es importante sacar hoy lo mejor de nosotros, el legado de los abuelos, el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas en beneficio de la humanidad toda. Esta situación global (por la epidemia del Covid-19) es un momento en que, con solidaridad, necesitamos construir un futuro mejor”

El pasado 6 de junio del presente año, en la Aldea Chimay, Municipio de San Luis, Petén, a 230 kilómetros al norte de la ciudad de Guatemala, un numeroso grupo de personas quemaron vivo a Don Domingo Choc, acusándolo de “brujo”, como consta en un video que inmediatamente subieron a las redes sociodigitales.

Ser migrante sin estatus en tierras canadienses antes de la pandemia del Covid ya era algo complicado para la sobrevivencia de muchos latinoamericanos.

“Los pueblos indígenas frenarán la pesadilla” del Tren Maya, advierte el abogado Carlos González García, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), en el marco del inicio de los trabajos de este megaproyecto planeado por el gobierno federal en cinco entidades del sur del país: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

No somos los mismos desde que esto empezó. No seremos los mismos cuando acabe. A pesar de los que fantasean con una vuelta a la normalidad, sabemos que no hay mucho de normal en las formas en las que vivimos, producimos, nos alimentamos, habitamos y nos relacionamos dentro de este sistema capitalista, patriarcal y colonial.

I’inaj es una palabra de esas que tienen un sonido especial en los oídos de un campesino maya, tiene raíces profundas en la fértil tierra de la cultura del maíz. No es cualquier maíz, aunque no tiene mucho que ver con los colores, sino con cómo se prepara; los nojoch wíinik, hombres y mujeres con solvencia moral, hacen por lo menos en tres momentos la selección de su i’inaj.

La escena se ha repetido durante más de mil días: familias enteras caminan rumbo a los arroyos y las pipas de agua. Cargan cubetas y garrafones. Los niños delante. La gente se amontona y hace fila. Llenan a tope sus cubetas procurando que el agua les dure más de cinco días. Vuelven a casa.

A principios de marzo, la noticia de la creación de la “Guardia Comunitaria Whasek Wichí” en El Impenetrable chaqueño causó espanto en la prensa “bien pensante” de Argentina. Chaco Día por Día hablaba de un “grupo armado en el Impenetrabable”. La Nación titulaba “Alerta en Chaco por la creación de guardias armadas en territorio wichí”, mientras que, adentrada la nota, los testimonios desmentían el hecho de estar armados y no hay pruebas que demuestren lo contrario.

Aunque sea una perogrullada, el capitalismo es el que mata, no el virus; sólo que de tan obvio, parece trivial y no lo es. Las noticias de horror que resuenan en todos los medios a nivel mundial son ciertas: en Guayaquil, Ecuador, la gente muere (no sólo de COVID-19, pero también) y sus familias no tienen ni el derecho de enterrarlos con dignidad.

Francisco Lozano, un jornalero en Santa María, en la costa central de California, dice que la pobreza hace que la crisis sea mucho peor. En invierno, cuando no hay trabajo, las familias viven de los escasos ahorros que quedan de la temporada anterior, y cuando ésos se terminan, le piden prestado a la familia o a sus amistades. “Ése es el momento en que el trabajo recomienza, y volvemos a cosechar fresas”, dice.

Samir no conocía el miedo, dice su padre Cirino Nabor Flores, a quien le hubiera gustado que lo conociera, pues así, piensa, a lo mejor estaría vivo. Sentado en el patio de su casa, habla por vez primera de su primogénito, el luchador social, organizador de pueblos y defensor del territorio asesinado el 20 de febrero de 2019. No es fácil. La voz se corta, los silencios se alargan, la vista se nubla.

En el marco de las movilizaciones mundiales por el Día Internacional de la Mujer, en México se vivieron dos jornadas históricas que pusieron en el centro del debate nacional las múltiples violencias de género, la impunidad alrededor de ellas, la ceguera institucional para reconocerlas y hacerles frente y, por lo mismo, el hartazgo e indignación en todas sus expresiones de quienes representan a más de la mitad de la población mexicana.

El 24 de enero fue detenido Miguel López Vega, uno de los representantes más visibles en la defensa del río Metlapanapa, mediante el engañoso procedimiento de citarlo a que realizara el trámite de entregar el acta donde la asamblea de Santa María Zacatepec, su comunidad, desconocía al presidente municipal y se declaraba “en autogobierno y libre de partidos políticos”.

El 24 de enero fue detenido Miguel López Vega, uno de los representantes más visibles en la defensa del río Metlapanapa, mediante el engañoso procedimiento de citarlo a que realizara el trámite de entregar el acta donde la asamblea de Santa María Zacatepec, su comunidad, desconocía al presidente municipal y se declaraba “en autogobierno y libre de partidos políticos”.

Sarayaku, Ecuador. Marlon Santi, kichwa de la comunidad amazónica de Sarayaku, defensor del territorio de larga trayectoria contra las empresas petroleras y actual director nacional del movimiento Pachakutik, fundado hace 23 años como brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el movimiento indígena más representativo del país, habla en entrevista sobre los retos políticos que enfrentan luego de que el Paro Nacional de octubre pasado los colocó como principales protagonistas de la revuelta.

Cherán K’eri, Michoacán, Radio Huayacocotla, 3 de febrero. Cherán es un municipio en la Meseta Purhépecha, la zona indígena más grande de Michoacán. Estuvimos allí como parte de la Red en Defensa del Maíz, para compartir puntos de vista e informaciones sobre semillas y autonomía.

Pastaza, Ecuador. Han pasado tres meses desde los 13 días de convulsión que se vivieron en Ecuador a raíz del decreto 883 que, entre otras cosas, quitaba el subsidio a los combustibles provocando un alza en el costo de la vida difícil de sobrellevar por la población ecuatoriana. La movilización social respaldada por el movimiento indígena logró la derogación del decreto, pero el saldo de la protesta aún se vive en las comunidades.

A mi primo de quince años que había ido a tocar con los de Sensación Musical también lo quemaron. Me gustaba ver cómo tocaba. Siempre me invitaba cuando iba a ensayar. Ahí veía que tocaba varios instrumentos. Él quería estudiar la secundaria, pero ya no pudo ir a Hueycatenango. Allá no podemos ir, porque en el camino luego nos atajan los que andan armados. Desde que mataron a un compañero, en el pueblo ya ninguno estudia en la secundaria.

En octubre de 2019 Ecuador vivió un levantamiento popular con el involucramiento de todos los sectores sociales del país. La participación de los pueblos indígenas definió la derogación del decreto 833 con el que el gobierno de Lenín Moreno pretendía eliminar el subsidio a los combustibles, haciendo así imposible la vida.

Con toda su fama y atractivo colonial, folclórico y “mágico”, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, es una ciudad tomada. La orgullosa y colonial Ciudad Real tiene su contraparte en otra, no menos real, que crea palpablemente esa dualidad dialéctica de estirpe dickensiana: Buda y Pest, Oakland y San Francisco, y en una comparación más cercana, El Alto y La Paz.

Gladys Potosí (1981), poeta originaria de Angochagua, en el norte de Ecuador, es parte del pueblo kichwa karanki. Creció entre su comunidad y la ciudad de Ibarra, donde conoció el racismo, la exclusión y la limitación por ser diferente. Además de poeta es activista, y estas dos esferas no van separadas.

Del Proyecto Integral Morelos, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico; de la actualidad de los pueblos indígenas frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador; de la descalificación y homogenización de la crítica desde el poder, entre otros temas, se disertó el pasado 15 de octubre en la presentación del proyecto multimedia Derecho de réplica. Hablan los pueblos, realizado por un equipo de periodistas convocado por Desinformémonos.

Hace unos días, Alfredo Zepeda repetía esta frase a manera de mantra para resumir, sistematizando un poco, el abigarrado recuento de lo que ocurre en nuestro país mientras literalmente le cantan loas al maíz en su día (29 de septiembre, que no se nos olvide).

Chalchihuitán, Chiapas. Los disparos no tienen horarios. “De noche y día hay, no paran”, dicen los desplazados tsotsiles que tienen dos años sobreviviendo fuera de sus comunidades. No por cotidiana la violencia deja de aterrorizar, por lo que desde Chalchihuitán imploran una solución definitiva al conflicto territorial con el municipio de Chenalhó, que los tiene sin casa y sin siembra desde octubre de 2017.

Un total de 40 demandas conforman el pliego petitorio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la principal organización indígena en el país que protagoniza junto con otros movimientos sociales un levantamiento nacional que sacó al presidente Lenin Moreno de Quito y lo llevó a pertrecharse a Guayaquil. La Conaie convocó a la Jornada de Lucha Progresiva contra las medidas gubernamentales que atropellan los derechos de los pueblos, las mujeres, los trabajadores y los campesinos ecuatorianos.

Seguir siendo lo que son es la demanda profunda de quienes habitan el territorio mexicano desde antes de que lo fuera. Son 68 los pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas que mantienen tierras, recursos naturales, culturas, lenguas y organización ancestral en todo México. Sobre sus territorios se pretende la construcción de diversos proyectos que promueven el desarrollo, pero, como se preguntaba Samir Flores Soberanes, defensor nahua y comunicador comunitario asesinado en febrero pasado, “desarrollo para quién”.

En marzo dijo que se iba de nuevo. Vino al programa “De Lado a Lado” en Radio Huaya: “La semana próxima me voy otra vez a Nashville. Para completar la construcción del hotelito en Tlachichilco”. –Pero está muy difícil el paso, ya nos rebotaron a tres jóvenes en este año —replicó Mónica, la conductora. –Sí, pero este mafia es seguro. Está trabajoso, pero con esta gente ya pasaron cuatro de uno por uno. Ahora ya no es un sólo coyote. Se avanza por pasos y se paga por partes. –¿Cuánto caminan?

EL AMBIENTALISTA MIGUEL ÁNGEL GARCÍA AGUIRRE SOSTIENE QUE EL MEGRAPROYECTO SE DIVIDE EN DOS: UNO MUY DEPREDADOR, Y OTRO “CONSERVACIONISTA”: UNA ISLA PARA EL NEGOCIO “VERDE” RODEADO DE UN OCÉANO DE DESTRUCCIÓN CORPORATIVA.

El ejido de San Isidro, en San Gabriel, Jalisco, enfrenta un proceso de despojo integral del territorio y de sus bienes comunes, perpetrado por empresas transnacionales y particulares, algo permitido y solapado por parte de las instancias de gobierno municipal, estatal y federal. Desde la década de 1940, este ejido emprende acciones legales para que se les terminen de entregar las tierras dotadas en Resolución Presidencial de 1938, y siempre han demostrado en diferentes instancias administrativas y judiciales ser los legítimos propietarios de las 280 hectáreas invadidas por la empresa transnacional Amway-Nutrilite, en un enredo jurídico donde Amway alega que se las compró a alguien más, que a su vez había invadido. Lo real es que la razón jurídica y legal le corresponde a San Isidro para toda el área conocida como El Petacal. No obstante, no hay voluntad política para ejecutar las sentencias a su favor, mucho menos para resolver el conflicto social que esto ha provocado por más de tres generaciones.

A casi seis meses del asesinato aún impune de Samir Flores Soberanes, defensor del territorio y comunicador comunitario, y de la consulta presidencial sobre el funcionamiento de la termoeléctrica de Huexca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua (FPDTA) de Morelos, Puebla y Tlaxcala invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a un diálogo público en la comunidad de Huexca, en respuesta a las declaraciones presidenciales del pasado 8 de julio, en las que aseguró que hablaría de manera directa con los afectados del Proyecto Integral Morelos (PIM).

A partir de octubre de 2017 se intensificaron añejos conflictos agrarios que llevaron a la actual crisis humanitaria en Aldama y Chalchihuitán, en un panorama tenso y peligroso que ya dejó cuatro muertos, una docena de heridos y el desplazamiento forzado de miles de personas a las montañas. Las condiciones son muy similares a las que desembocaron en la matanza de Acteal en 1997.

Cada que alguna fuerte amenaza se vierte sobre sus suelos, las organizaciones indígenas y campesinas de Oaxaca, tan complejas como diversas, responden con fuerza y firmeza. El Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec —Tren Interoceánico, conocido desde 1996 como “megaproyecto del Istmo” o Corredor Transístmico, ha unido en los últimos meses a casi la totalidad de los actores políticos de la región que coinciden en su rechazo.

En Puerto Valdivia, el río Cauca se convirtió en un sendero de charcos, peces muertos y barro cuando EPM (Empresas Públicas de Medellín) decidió cerrar la última compuerta de su proyecto Hidroituango, el cinco de febrero de 2019. Ese día, el mundo dio un paso más hacia la perfección de la ignominia. Luego aparecieron los debates entre especialistas, tecnócratas y políticos sobre lo que se levantaba como una hecatombe.

El pasado 28 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador protagonizó una escena que diversas organizaciones indígenas de Oaxaca consideraron provocadora e indignante, cuando en un acto público en Juchitán, diseñado para la entrega de apoyos del gobierno, organizó una consulta a mano alzada sobre el proyecto del Corredor Transístmico, proyecto que conectará al Golfo de México con el Océano Pacífico.

En el centro del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se ubica la selva Chimalapas. Forma parte de la región fisiográfica conocida como Sierra Madre del Sur y de su cadena montañosa nacen los ríos que desembocan, por el lado norte, en el Golfo de México y por el lado sur los que vierten sus aguas en el ecosistema lagunar de manglar del Golfo de Tehuantepec, uno de los más grandes y extensos, en la costa del Océano Pacifico.

Desde el 4 de noviembre de 2018, pobladores nahuas de la comunidad Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, Guerrero, se desplazaron a la cabecera municipal de Copalillo a causa de la violencia exacerbada por la disputa territorial entre Los Rojos y Los Ardillos. Tres meses vivieron en una cancha techada en Copalillo, sin que el gobierno estatal resolviera su situación. Desesperados, decidieron viajar a la Ciudad de México para que el gobierno federal los atendiera. Desde el 17 de febrero acamparon afuera de Palacio Nacional.

María Isabel Huala e Ivana Huenelaf luchan por su territorio en un país que les arrebata todo. Entrevistadas en Buenos Aires, a donde acudieron provenientes del sur para participar en una serie de encuentros sobre la lucha de su pueblo, hablan en entrevista con Ojarasca sobre su historia, la recuperación del territorio, la represión y encarcelamiento, la vida en persecución y la resistencia. Ellas y su comunidad han enfrentado a la empresa italiana Benneton, que posee más de un millón de hectáreas en territorio mapuche.

Una pulquería es el expendio de una bebida embriagante barata, el pul­que, que se obtiene de la planta del maguey. Lo beben sólo las capas más bajas del pueblo. Ante las pulquerías yacen a me­nudo, por docenas, los borrachos, hombres y mujeres en un estado de completo aturdi­miento y desamparo. En México, el pulque es más perjudicial que cualquier aguardiente, por sus graves consecuencias.

DESPUÉS DEL ASESINATO DE SAMIR FLORES SOBERANES, defensor del territorio y comunicador comunitario de Amilcingo, la lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), en la que el líder nahua participó de manera destacada, “seguirá como ha seguido desde hace siete años, con resistencia y rebeldía. Por un lado, para que no se concrete el proyecto que consiste en dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto, apoyando los campamentos de resistencia y evitando que exista cualquier acto de represión o desalojo en estos lugares; y, por otro lado, continuando las acciones legales contra su funcionamiento”, advirtió Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA), organización a la que pertenecía Samir desde su fundación, hace ocho años.

LA CONSULTA SOBRE LA OPERACIÓN DE LA TERMOELÉCTRICA DE HUEXCA, ubicada en el municipio de Yecapixtla, Morelos, se desarrolló en un clima de inconformidad por parte de los pobladores cercanos a la construcción del proyecto, pues como mencionan varios de ellos, nunca se les tomó en cuenta para esta decisión: “Con un voto quieren decidir si nosotros vamos a morir o vamos a vivir, creo que la vida no se consulta. Hay gente que ni sabe que existe Huexca y no saben votar, están haciendo cosas ilegales. ¡No aceptamos la consulta!”, comentó Teresa Castellanos Ruiz días antes de la votación.

Claudia Korol, feminista y educadora popular argentina, es parte de procesos y luchas en las que se involucra de tiempo completo desde hace más de 40 años. Es madre de Martina, periodista y escritora. Integrante del colectivo “Pañuelos en Rebeldía” y de “Feministas de Abya Yala”, articulación de colectivas del feminismo popular, indígena, negro y campesino. Claudia es, ante todo, una compañera.

El epicentro de la cultura y la resistencia mapuche esta situado en una amplia franja entre la cordillera y el océano, las provincias Malleko y Arauco, regiones donde los conquistadores fueron rechazados, territorios donde se conservaron las tradiciones y las comunidades que ahora están recuperando una mínima, pero decisiva, porción de las tierras usurpadas siglo y medio atrás.

Cuesta abajo de la ladera en donde están los cafetales se escuchan balazos, es casi el final de la cosecha y las familias salen a cortar las cerezas que venden al coyote entre 15 y 27 pesos por kilo, o 33 si es orgánico y va a la cooperativa. Ha sido una temporada difícil para el 70 por ciento de los productores de la zona, no sólo por los bajos precios sino por el riesgo para cosecharlo. Tras una serie de detonaciones los cafetaleros se comunican por radios de banda corta para identificar lo que ocurre. “El Pukuj (demonio o ente maligno en lengua tsotsil) anda suelto”, dicen para aludir a la situación de violencia que ha venido sucediendo desde hace tiempo.

Su cuerpo yacía en un paraje entre Zitlala y Tlatelpanapa. Se recargó en una piedra verde sangrando de la nariz, aún se agarraba de la vida. Dicen quienes lo vieron que un lunes 14 de marzo del año 2016 cerca de medio día, se andaba arrastrando golpeado y quemado. Así le llegó la muerte, un poco inesperada para sus hijos, quizá por eso no quería ese viaje oscuro del cual nadie regresa. Un día antes de que empezara su gran travesía por el inframundo o por el Tlalocan habló con su hijo mayor de 12 años de edad diciéndole que si regresaba les iba a comprar un control de televisión: “Si yo regreso les voy a contar una gran historia y si no ni modos hijo, me despido de ti”.

En octubre de 2018, el Juzgado Primero de Distrito de Oaxaca revocó la suspensión definitiva de la Consulta Indígena en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec. Ello implicó que la empresa eólica Electricitè de France y las instancias gubernamentales involucradas reanudaran el proceso el 30 de noviembre, realizando una asamblea que ha supuesto la primera fase de acuerdos previos, de modo que actualmente la instalación del proyecto eólico Gunaa Sicarú, que consta de 96 aerogeneradores contemplados en más de 4 mil 400 hectáreas de bienes comunales, se encuentra en consulta.

La región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ha sido históricamente codiciada por grandes potencias extranjeras, gobernantes y empresarios que la consideran estratégica para proyectos comerciales, y una ruta clave para la expansión del mercado mundial. Hace 20 años los pueblos de la zona lucharon contra el megaproyecto del Istmo, que después se convirtió en el Plan Puebla-Panamá y más tarde en el Plan Mesoamérica. Ahora Andrés Manuel López Obrador lo retoma como Corredor Transístmico.

Honduras hoy. En mi país impera la consolidación de muchos poderes fácticos que continúan las políticas golpistas y que tienen que ver con la profundización del modelo económico sustentado en el extractivismo de los territorios, la apertura a empresas privadas nacionales y transnacionales y el contexto represivo y de violencia.

El subcomandante insur­gente Galeano entró al Caracol caída ya la tarde. Detrás suyo, dos columnas de mujeres milicianas abrieron con tenaz disciplina el despliegue militar. Como un espejo de los Ejércitos modernos, el Escuadrón Motorizado arrancó con 15 motocicletas hacia la modesta cancha de basquetbol. Tronido de motores y toletes de insur­gentes y milicianos retiemblan esta esquina de la selva Lacandona. La caballería hace entrar a los comandantes Tacho, Zebedeo y a un lado suyo, al mando militar: el subcomandante insurgente Moisés.

La madrugada del 31 de agosto del 2017, más de mil policías ministeriales del Estado de México, de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y miem¬bros del Ejército y la Policía Federal, detuvieron de manera violenta a ocho comuneros de Salazar, municipio de Lerma. La detención arbitraria fue respuesta a más de tres décadas de lucha por la defensa de su territorio frente a pretensiones de despojo de la comunidad vecina de San Mateo Atarasquillo con empresarios y políticos.

La comunidad nahua de Cuaxicala, en la sierra norte de Puebla, ha sido blanco de distintos pro­yectos que afectan su territorio. Algunos los han repelido, otros no. Décadas atrás Pemex instaló un ducto que corre a tan sólo unos metros del caserío. Más recientemente, la autopista México-Tuxpan atravesó sus terrenos. Sin embargo, lo que consideraron inadmisible fue que Gasomex pasara un ducto a los pies —literalmen­te— del cerro sagrado Yelotepetl, o Cerro del Elote. La organización que consiguió frenar esta iniciativa tiene un carácter civil, pero preponderantemente es ceremonial.

Una de las prácticas menos corrompidas en pue¬blos y comunidades originarias, al menos del pueblo mè’phàà, es la elección de los comisarios municipales. Cada comunidad tiene un proceso interno apegado a los usos y costumbres, aunque en oca¬siones el sistema de partidos políticos ya influye de mane¬ra determinante en las decisiones comunitarias. La elección de autoridades es prioritaria para el bienestar y convivencia de una comunidad. Los cargos son formas de otorgar un servicio; por un año se debe dar una “fuerza de trabajo” a la comunidad.

“Teníamos una leve esperanza, pensábamos que con la llegada de un nuevo gobierno habría aire de cambio y un nuevo tipo de re­lación del Estado mexicano con los pueblos, pero ya vimos que no. Sigue siendo lo mismo, somos objetos y gente que tiene sus tierras pero que se las pueden quitar, porque para ellos no somos nada, pero somos los dueños del territorio, aunque nos hayan querido minimizar y desaparecer. Estamos, existimos y defendemos los territorios, aunque se nos vaya la vida en ello”, afirma en entrevista Bettina Cruz Velázquez, in­tegrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Ist­mo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT)

Las estampas del otoño se perciben en la región oriente de la Cuenca de Texcoco; y antes que los tonos pajizos reclamen por completo el horizon­te de la planicie lacustre, las zonas todavía inun­dadas por el tardío temporal de este año atraen a cien­tos de aves migratorias. Garzas, patos y chichicuilotes se agrupan a la orilla de manchones de agua y contras­tan sus vivos colores con el gris de los pasos a desnivel, aún en construcción y de la ominosa barda perimetral que separa al agonizante aeropuerto de los campos de labor. En la plaza histórica de San Salvador Atenco, un día teñida de rojo por la represión, una gran lona fue dispuesta este fin de noviembre para recibir a las dece­nas de mujeres y hombres entusiasmados por la idea de rescatar juntos el antiguo lago.

Han pasado más de 15 años, pero por fin se van esclareciendo los atropellos que se cometieron contra seis nahuas de San Pedro Tlanixco, encarcelados y condenados a penas de entre 50 y 54 años de prisión, acusados de asesinar al líder de los floricultores que pretendían, y pretenden, quedarse con el agua de la comunidad. La defensa de su río los tiene en prisión, por lo que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó que “no se cuenta con elementos de convicción suficientes, más allá de toda duda razonable, para determinar la condena y existen circunstancias que presumen un incumplimiento de las garantías del debido proceso”.

Debajo de casas, milpas y centros sagrados del territorio nahua, ñuhú, totonakú y masapigní de los estados de Puebla e Hidalgo, continúa la amenaza de introducir un gasoducto de 263 kilómetros

El Equipo Indignación informa que, “para proteger a la infancia”, la Juez Cuarto de Distrito ordenó la suspensión inmediata de las operaciones de la mega granja porcícola de Homún, Yucatán,

El primero de abril del 2003 se oyeron las campanas en el centro de San Pedro Tlanixco, cambiándole la vida a este pueblo nahua del municipio de Tenango del Valle. A mediodía ingresaron a su territorio 11 floricultores del municipio vecino de Villa Guerrero, quienes con insultos y agresiones físicas acusaban a la comunidad de ensuciar el agua. Los pobladores dieron aviso al resto de la población con el repicar de las campanas y se reunieron casi de inmediato más de 300 personas.

En 1999, la Asociación de Usuarios de Riego de Villa Guerrero, representada por el empresario Alejandro Isaak Basso, obtuvo una concesión sobre las aguas superficiales del río Texcaltenco, lo que dejó a la comunidad sin posibilidades de tomar una gota de agua del arroyo. Isaak Basso, el mismo que cayó al barranco y por cuya muerte culpan a los seis ejidatarios, “era un hombre fuertemente ligado al Grupo Atlacomulco y al gobernador del Estado de México, Arturo Montiel”.