En la historia de los pueblos originarios que siguen existiendo en el país, el destino de su vida pasa siempre por el territorio. En el suelo y los componentes físicos del espacio que ocupan, muchas veces ancestralmente; en los territorios mentales donde el mito ocurre y la lengua mana de sus fuentes.

Cuando los proyectos de “desarrollo” llevan adjunta la palabra “mitigación”, los pueblos saben que el golpe viene duro, sea por la fuerza, sea con golosinas económicas, a veces ambas.

Cuando los proyectos de “desarrollo” llevan adjunta la palabra “mitigación”, los pueblos saben que el golpe viene duro, sea por la fuerza, sea con golosinas económicas, a veces ambas. La resistencia y la resiliencia de pueblos, ejidos, comunidades y barrios encarnan sin duda la zona más vital y lúcida en el aletargado presente de pandemia y anillos al dedo.

Con esta pandemia, citaba Gómez Durán al dirigente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), el wakuenai kurripaco de Venezuela José Gregorio Díaz Mirabal, “se han ido millones de conocimientos ancestrales sobre la selva.

En el año 2-Covid 19, o Veintiuno-Caña del siglo en curso, las brújulas parecen haberse perdido en muchas partes, en muchos ámbitos. La semiparalización por la pandemia sirvió objetivamente para que el Estado diera una nueva vuelta de tuerca a la imparable militarización del país. Con los mejores pretextos, como es siempre.

Al mismo tiempo que siguen siendo los olvidados de siempre (la manipulación política es una forma de olvido), “los más pequeños” como dicen los zapatistas de Chiapas, en México los pueblos originarios han cobrado un protagonismo político que nunca tuvieron.

Poco atendida por los grandes y medianos medios, a pesar de su posible “utilidad” para pegarle al gobierno como una “oposición más al régimen”, la ocupación de las oficinas centrales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) no resulta cómoda para nadie. Que ni el gobierno ni sus enemigos o rivales pudieran darle uso confirma que, en la raíz de las cosas, los pueblos originarios no le sirven a nadie. Si existen y caminan, es por sí mismos.

En la fase del mundo en que nos encontramos, las respuestas automáticas de los partidos, los nacionalismos, las fobias, las exasperaciones y los engaños no alcanzan a dar respuesta a la verdadera pregunta: ¿se puede, o no se puede, corregir el rumbo que nos lleva a gritos a la catástrofe anunciada?

La educación que ofrecen la federación y los estados a los pueblos indígenas siempre ha quedado a deber. Hasta los más ambiciosos programas de “educación indígena” reproducen la desigualdad y el centralismo.

Cada lengua es como una biblioteca. Un compendio de los seres, las cosas y sus interconexiones profundas. Si mueren sus hablantes y se extingue, es como si se incendiara la biblioteca de Alejandría nuevamente, decía Elías Canetti, y todo lo que hubo allí se disipa en cenizas y permanece en dos o tres vocablos heredados a otra lengua.

No existen las razas, ni las etnias en el sentido que se aplica convencionalmente a los pueblos originarios. Sin embargo, la creencia de que existen alimenta un racismo arraigado y extendido en México, como en muchas naciones del mundo.

La catástrofe ecológica, social y cultural del “Tren Maya” avanza incontenible, empujada por una obstinación presidencial que, a costa del derecho ajeno, le ha dado por jugar con los abismos.

La esperanza, ese concepto precristiano tan evanescente, para los pueblos originarios de América nunca ha dado el ancho. Mil o más años de existencia ininterrumpida, muchas veces devastada por la autoridad externa y las enfermedades, los ha hecho cautelosos en lo real, no importa cuánto peso tenga lo sagrado en sus vidas.

Las pandemias por enfermedades exóticas o nuevas fueron el azote histórico de los pueblos originarios de América desde que llegaron los europeos en el siglo XV. Han sido y son uno de los efectos más nocivos y odiosos de la colonización. Primero los invasores ibéricos y sus letales viruelas y gripes, y luego ingleses y franceses en el norte del continente arrasaron con la población originaria.

Viene de lejos. Antes y después de la llegada española podían ser esclavas o botín de guerra, diosas o demonias, pero también fueron base milenaria de pueblos y civilizaciones. Más allá de lo meramente biológico, eran clave para la duración de culturas y agriculturas en toda Mesoamérica, y al norte de los bosques, en el desierto.

Ahora resulta que los más indefensos son los guardianes de la Tierra. En México han sido asesinados una veintena desde diciembre de 2018, y 14 el año anterior; muchos otros han sido y son perseguidos en incontables comunidades indígenas y campesinas del país.

La hora de América suena fuerte, pero incierta. De sur a norte, el continente se inquieta. De abajo para arriba. Las tensiones entre las élites gobernantes y los pueblos han subido de temperatura en grado extremo, al grado de que las naciones del hemisferio entero se encuentran más polarizadas de lo que se encontraban al inicio del siglo.

Otra vez para los pueblos originarios de México es hora de los espejismos. Sí, de los espejitos también. Y a pesar de la cantidad de engaños, trampas y decepciones que han recibido siempre de los gobernantes desde la conquista ibérica y la unificación cartográfica del territorio colonial-nacional, hoy nuevamente están obligados a convencerse de que el desarrollo en clave capitalista (entintada en populismo) es lo mejor que les puede pasar.

Aunque los gobiernos mexicanos del fin de siglo y los del XXI hicieron lo posible por norteamericanizarnos, México nunca se fue de América Latina, hasta que en los años ochenta se incubó en las universidades privadas, los tanques de pensamiento y los partidos políticos, que eran dos —no, más, uno— la idea de que “nuestro destino era Norteamérica”.

En octubre de 1989, hace 30 años, bajo el nombre de México Indígena, apareció el primer número de lo que pronto se llamaría Ojarasca, y que sorprendentemente sigue en pie y rodando, inspirándose en la fuerza cada día más pública y contundente de los pueblos originarios de México en primer lugar, y también del resto del continente llamado América.

La historia de nuestros pueblos no ha dejado de ser colonial desde que lo comenzó a ser hacia 1500, salvo excepciones espaciales que se dan siempre en estado de resistencia, de oposición al régimen de dominación colonial, y siempre son perseguidos. Una pugna que no cesa porque los pueblos originarios, sus millones de individuos en comunidades y ciudades, nunca han sido derrotados del todo y, salvo el exterminio de los taínos del Caribe y los desdichados que los siguieron, se han recuperado hasta de las peores derrotas.

No es frecuente ni trivial juntar las dos palabras. Pese a las apariencias no se contienen una a la otra, pero la libertad le es indispensable a cualquier concepto de autonomía. En México son los pueblos originarios contemporáneos, aún llamados indígenas en lingua franca, quienes actualizan y acrecientan los significados de ambas. El sustrato profundo reside en la supervivencia de sus idiomas, gustos, códigos comunitarios y horizontes sagrados. A diferencia del resto de los mexicanos, los pueblos originarios viven la tierra que trabajan. Un pedazo tangible de mundo donde se produce, reproduce y cuida la específica humanidad que son, unida a un mundo físico al cual no buscan dominar, mucho menos “explotar”.

La arrogancia mostrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al incursionar en la selva Lacandona precedido por tropas federales e irrumpir en Guadalupe Tepeyac para visitar el siempre propagandístico hospital del Seguro Social en dicha comunidad tojolabal del municipio autónomo rebelde San Pedro de Michoacán (oficial de Las Margaritas, Chiapas), disfrazó como un acto de buena voluntad lo que fue una agresión, una provocación y una falta de respeto.

En el caos de mortandad violenta que está asolando a México, cualquier activista o poblador que resulte “peligroso” o “estorbe” podrá ser eliminado y su caso quedará circunscrito al desglose de cuentas y gráficas. Periodista, ambientalista, mujer (y si dirigente, peor), autoridad comunal o ejidal, policía comunitario, defensor de derechos humanos y del migrante, se suman al que no pagó derecho de piso, al secuestrado que no será devuelto, a la muchachita que “desapareció”, al pasajero que no cooperó, al que venía pasando.

Son alarmantes la frecuencia y la regularidad con las que son asesinados en México dirigentes y voceros indígenas, representantes agrarios, periodistas de radios comunitarias, defensores ambientales y de derechos humanos. No representan “otro rubro” entre las cifras aterradoras que desde la década pasada crucifican el nombre de México. Ya bien entrado el 2019 del nuevo gobierno federal, las cifras y las tragedias del “rubro” empeoran.

¿Pedirá algún día perdón el Estado Mexicano por el asesinato del general Emiliano Zapata en la ha¬cienda de Chinameca, producto de un complot presidencial y del Ejército federalista? La Revolución, que tuvo su alta dignidad en la persona de los millo¬nes de gente pueblo que la combatieron, padecieron, y los afortunados sobrevivieron, terminó traicionada más que simbólicamente en los balazos al sombrero y el cuerpo del general de hombres libres que fue Za¬pata. Venía a pactar con un doble agente, en realidad enviado por Venustiano Carranza.

EN EL ACTUAL PANORAMA POLÍTICO Y SOCIAL de Latinoamérica, parecería que sólo México y Bolivia ahí la llevan, puestos contra el paisaje en ruinas del neoliberalismo desfondado que avanzó por la derecha impregnado del peor fascismo, ineficiente y corrupto como siempre, con particular empuje en Brasil, bajo la influencia atroz de Estados Unidos y la acción desestabilizadora y golpista de las altas burguesías locales.

No hace falta que las Naciones Unidas declaren éste o cualquier año “de las lenguas indígenas” para subrayar que, en México, cada vez más todos son los años de nuestras lenguas, y eso a pesar de las constantes amenazas de extinción que enfrentan muchas de ellas. Aunque las políticas educativas y “de inclusión” estatal dañan sistemáticamente las riquezas lingüísticas y de conocimiento de los pueblos originarios, éstos han dado en cultivar y devolver la dignidad a sus idiomas y las fortalezas comunitarias de su experiencia agrícola, artística y sagrada, sostenida durante siglos, en muchas ocasiones para sorpresa suya.

La experiencia continental americana enseña, con es­porádicas excepciones, que la relación de los pueblos originarios con los Estados plantea una ecuación irreso­luble. Desde que hay Estados nacionales (dejemos para luego los cruentos siglos coloniales), su trato a los indí­genas ha ido desde la guerra abierta (o embozada), el desplazamiento por despojo, la reducción obligatoria y el ninguneo legal, hasta los intentos pacificadores (sinónimo de rendición), integracionistas y corporativistas (vía reli­gión, partidos políticos, programas sociales clientelares que hagan llevadera la pobreza) para que los indios pue­dan seguir votando.

Hace 25 años comenzó una guerra que no ha terminado. Que era, y es, respuesta a otra, muda y lenta, que no se atreve a decir su nom­bre, desatada por el poder mexicano contra los pueblos originarios y campesinos, una guerra que fue llamada “de exterminio” por más de mil comunidades mayas y zoques de Chiapas. Los pueblos de las monta­ñas, los valles y las cañadas se organizaron clandestina­mente durante una década, hasta que con un ejército regular de insurgentes y milicianos, sus propios hijos e hijas, se levantaron legítimamente en armas contra el mal gobierno nacional.

¿Qué detendrá la permanente ola de asesinatos de los defensores de sus tierras y de la Tierra en México? Las sierras Tarahumara y Huichola, y el Istmo de Tehuantepec representan los puntos más letales, donde los sicarios del narco y/o caciques y/o agentes gubernamentales ultiman a quienes se interponen a sus pretensiones de apropiarse el territorio de los pueblos originarios. Defensores legítimos que a nombre de su comunidad y de sus pueblos apuestan su vida, y en este México nuestro la pierden impunemente.

Según versiones escuchadas en comunidades del país que desarrollan procesos propios, las futuras autoridades gubernamentales designadas para atender a los indígenas a partir de diciembre van pidiendo un cierto “voto de confianza”

El empuje de los pueblos originarios ha ganado tal impulso que ya no hay forma de negarlos, como fue lo común hasta hace poco. En un proceso sorpresivo, apenas previsto por las inteligencias del siglo XX (ya no digamos los anteriores siglos), nuestro país ha sido escenario y testigo de una hazaña política, cultural, social, ambiental, sin precedente.

De seguir predominando la lógica política (más partidaria que ideológica, y en primera instancia racista), las relaciones de la sociedad mayoritaria con la numerosa población indígena, mexicana como la que más, valga la expresión, tendrán un horizonte de incomprensiones, divisiones, compra blanda de voluntades, consultas sacadas de la manga y a modo (como la del aeropuerto en construcción en Texcoco) y, próximamente, renovadas pugnas electoreras.

Como si de pronto hubiésemos amanecido en un otro México, esto se puso muy pirotécnico. Candidato que persevera prometiendo un golpe de timón a una situación que resulta insostenible para la mayoría, acaba por imponer su verosimilitud en un Estado descompuesto y débil.

Del orgullo nace el valor. Transcurren tiempos de cambio entre signos contradictorios. Así como los abusos contra las mujeres son ya públicamente despreciables, tampoco están a discusión los derechos territoriales, culturales y políticos de los pueblos originarios.

Comunidad y territorio, raíz y base de la resistencia indígena, en su combinación constituyen una de las claves más viables para que el país y sus regiones enfrenten los urgentes desafíos para la coexistencia civil pacífica,