EL DERECHO AL TERRITORIO ANTE LOS INTENTOS DE CONSULTA

Con pocos días de anticipación salió a la luz pú­blica la convocatoria para las Asambleas Regionales Consultivas sobre la creación del “Programa de Desa­rrollo del Istmo de Tehuantepec”, los días 30 y 31 de marzo. Las sedes anunciadas pretendieron abarcar a los pueblos indígenas de la región del Istmo: los zapotecos en Santia­go Laollaga; mixes, chinantecos y mazatecos en Jaltepec de Candoyoc, ikoots en San Mateo del Mar, chontales en San Pedro Huamelula y zoques en Santa María Chimalapa en el estado de Oaxaca. Por el lado de Veracruz se contempló a los mixes, mixtecos, nahuas, afromexicanos y popolucas en la sede de Oteapan, y los chinantecos, zoques, zapotecos y totonaco en Uxpanapa.

La convocatoria fue expedida por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) junto con la Secretaría de Hacien­da y Crédito Público (SHCP). La materia a consultar, según apunta su documento oficial, es “La creación del ‘Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec’ en los aspectos que tienen una relación directa con los pueblos y comunidades indígenas consultadas, de manera particular, la rehabilita­ción/reconstrucción del tren transístmico”.

Desde su anuncio, la consulta despertó posicionamien­tos por parte de pueblos y organizaciones. La Red de Defen­soras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (REDECOM) señaló que “la urgencia con la que actúan las au­toridades federales, al organizar los foros de consulta, da la im­presión de ser una simulación”. El Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en un comunicado conjunto “rechaza­ron y desconocieron cualquier simulación que se proponga la imposición de mega proyectos de muerte”.

El 29 de marzo los pueblos ikoots se reunieron en San Mateo del Mar, presididos por el presidente de bienes comu­nales, el Alcalde Único Constitucional y la Organización Mo­napäkuy. Allí en el pleno ejercicio de su derecho al territorio y la libre determinación los pueblos de San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, Álvaro Obregón, la Asamblea de Pue­blos Indígenas del Istmo de Tehuantepec (APIIT), la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y el Centro de Derechos Humanos Tepeyac consensaron: No a la consulta simulada. Levantaron un acta donde se exige al INPI y a la SHCP la suspensión de la consulta y manifestaron su disposición al diálogo.

No transcurrieron ni 24 horas cuando se hizo oficial el cambio de sede para consultar al pueblo ikoot en la Ciudad de Salina Cruz. Ante ello, desde San Mateo del Mar los ikoots emitieron un manifiesto que apuntó agudamen­te: “antes del derecho a la consulta como pueblo tenemos el derecho al territorio y a una vida… Hay tantas leyes que nos protegen pero en este trabajo que se pretende imple­mentar no se está considerando, vemos como sin respeto a nada pueden decidir sin nosotros, sin estar la ciudadanía y nuestros representantes informados en que consiste este trabajo, los procedimientos que conlleva y menos aún la for­ma que los pueblos podemos ser escuchados, rechazamos la consulta porque no cumple con las garantías mínimas es­tablecidas para toda sociedad pero sobre todo para los pue­blos indígenas, por no ser libre, ni previa, ni informada”.

Llegó el 30 de marzo y las asambleas regionales se insta­laron en Salina Cruz con una escueta asistencia; en Jaltepec de Candoyoc el acto fue encabezado por el titular del INPI Adelfo Regino Montes, y con una asistencia de aproximada­mente 500 personas se llevó a cabo la plenaria donde se se­ñalaron las irregularidades del proceso: “es muy poco tiempo para tomar una decisión que va a afectar la vida de los pue­blos”; “lo que se hará no es una consulta, no es suficiente la información… así que no dejaremos que validen esta asam­blea como efectiva para una consulta”. En Laollaga tampoco se alcanzó la etapa de consulta como se contemplaba en el programa de la convocatoria.

El 31 de marzo tocó ser sede a Oteapan y a Uxpanapa (Veracruz) simultáneamente con Santa María Chimalapas (Oaxaca). La instalación estuvo marcada por la presencia de militares y elementos de la Policía Federal. En el municipio chima hicieron presencia 23 agentes municipales, tres comi­sariados, dos consejos de vigilancia, dos presidentes munici­pales, visitadores de derechos humanos, mil 200 comuneros y comuneras y 46 representantes de gobierno, principalmen­te federal, encabezadas por la subsecretaria de gobernación.

Diana Álvarez y Rafael Marín Mollinedo (encargado del Co­rredor Multimodal Interoceánico y del desarrollo de las Zo­nas Económicas Especiales).

La exposición de Marín Mollinedo sobre el Programa de Desarrollo del Istmo se centró en enumerar políticas públicas y servicios: empleos, carreteras y educación que ca­pacite a los jóvenes para los futuros parques industriales. A ello se suma la oferta de que los propietarios de las tierras contempladas para los proyectos sean participes. Como ejemplo se refirió al municipio de El Espinal, donde ya se está comenzando a construir un Centro de Innovación. Según Marín Mollinedo, la modernización del ferrocarril de carga no afectará a las tierras de Chimalapas, pero de ocurrir esto en un futuro se realizará una consulta a los pueblos.

La posición de los zoques fue clara, ubicar como punto prioritario la solución del conflicto agrario, agilizar la acción legal de los juicios, atender la Controversia Constitucional que desde el 2012 se interpuso en la Suprema Corte de Justicia. Así, se remarcó: “no a la privatización de nuestros recursos naturales”, “rechazo a las tres concesiones mine­ras otorgadas por la Secretaria de Economía (SE) en la zona oriente de San Miguel Chimalapa”, y “rechazo a las solicitu­des de más concesiones mineras que se encuentran en la cartografía de la SE”.

Se enfatizó en que “esto es una asamblea, no una con­sulta”, como pueblo zoque “no vamos a traicionar a los zapo­tecas y mixes donde sí pasa la vía del tren”. El argumento se centró en que son los pueblos directamente afectados por la remodelación del tren, los que deben decidir sobre sus tierras. Como resultado de la plenaria emanaron tres puntos: solución a los conflictos agrarios, no decidir sobre las tierras de los pueblos mixes y zapotecos, y abrir una mesa de in­fraestructura y servicios.

La presencia apabullante de los zoques y tsotsiles en la asamblea convocada en Santa María Chimalapa, antes que centrarse en la aprobación del Corredor Multimodal del Istmo de Tehuantepec, objetivo de la convocatoria del gobier­no de la 4T, confirmó dos cosas. Una, que para los pueblos in­dígenas el primer punto a colocar en la agenda nacional es la tierra y el territorio, de modo que el verdadero respeto como sujetos de derecho público no radica en proyectos sociales sino en el derecho al territorio que los pueblos consuetudi­nariamente poseen.

La segunda: la nutrida participación en Santa María Chi­malapa se convirtió en un espacio donde los pueblos exter­naron sus problemáticas y necesidades, dejando al descu­bierto los grandes problemas estructurales de desigualdad, desplazamientos forzados, ausencia de luz, carreteras, salud, educación, y los rezagos agrarios.

Para una consulta apegada a los estándares interna­cionales debe informarse claramente a los pueblos cua­les serían los impactos a la tenencia de la tierra y a los ecosis­temas de los territorios con un mapa del proyecto completo, pues la exposición del responsable del Corredor Multimodal ha dejado muchas dudas y se limitó a enumerar programas sociales. Esto supone el peligro de un tremendo engaño a los pueblos.

El problema en la relación de los pueblos indígenas con el Estado Nación sigue radicando en un tutelaje estructural que imposibilita el real ejercicio de la libre determinación. El proyecto de desarrollo del gobierno actual continúa el sueño capitalista de sus antecesores, con la diferencia de un discurso democrático y progresista que promete la dis­tribución de las ganancias y la inclusión de los pueblos al nuevo proyecto económico de Nación. Lo que no se dice es que este proyecto económico está diseñado por la inver­sión del capital y para nada es un proyecto de desarrollo en proceso de construcción “de abajo hacia arriba”, como ha enunciado la subsecretaria de gobierno para justificar la escueta información sobre el corredor Multimodal. Enlistar todos los servicios que los pueblos necesitan no significa determinar el modelo económico de producción sino in­cluir en los resquicios de una estructura determinada, los programas sociales.

Algunos pueblos han hecho de la asamblea un espacio para externar sus necesidades y reafirmar la defensa de su territorio. En otros pueblos las asambleas han sido simuladas por los caciques locales, quienes no tienen reparo en cam­biar la tenencia de la tierra para imponer megaproyectos, como ha ocurrido con los zapotecas.

En los pueblos de Oaxaca no se logró una consulta so­bre la construcción y remodelación del tren transístmico, tal como proponía la metodología de la convocatoria cuyo pro­cedimiento indicaba realizar en un solo día tres etapas: in­formativa, deliberativa, y consulta con acuerdos. Considerar esto una “consulta” sería una simulación jurídica.