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LOS PROFUNDOS RÍOS JAMÁS MUEREN

ANDRÉS FELIPE ESCOVAR

ENCUENTRO CON JUAN PABLO SOLER, ACTIVISTA DEL MOVIMIENTO NACIONAL RÍOS VIVOS

En Puerto Valdivia, el río Cauca se convirtió en un sendero de charcos, peces muertos y barro cuando EPM (Empresas Públicas de Medellín) decidió cerrar la última compuerta de su proyecto Hidroituango, el cinco de febrero de 2019. Ese día, el mundo dio un paso más hacia la perfección de la ignominia. Luego aparecieron los debates entre especialistas, tecnócratas y políticos sobre lo que se levantaba como una hecatombe.

Para fortuna del gobierno y la propia empresa, la llamada ayuda humanitaria a Venezuela aminoró el espanto del desecamiento de un río a manos de una empresa privada. Días después, en el mismo departamento de Antioquia, se celebró una carrera profesional de ciclismo de ruta que convocó a los deportistas más encopetados de esta disciplina: en los años cincuenta la vuelta a Colombia fungió como una narración que proveería material necesario para la constitución de una unidad nacional y ahora Antioquia y Colombia generarían la ilusión de que en el país se podían celebrar certámenes “de talla mundial”, así como el proyecto Hidroituango era el punto culminante de la modernidad del colombiano. En la competencia, participó un equipo patrocinado por EPM —de hecho, los periodistas y aficionados denominan a la escuadra EPM— y el olor a peces muertos se tapó con los vítores y la sensación de que el agua había retornado a su cauce.

Con el río Cauca cada vez más ensombrecido por las noticias del último momento, se hicieron marchas en distintos lugares de Colombia, con ocasión del día mundial del agua, en marzo. A esos eventos asistió Juan Pablo Soler, uno de los líderes del movimiento nacional Ríos Vivos. Esta agrupación lucha por la protección de las diferentes cuencas hidrográficas y los territorios, a partir de trabajos que se basan en lo local y entrañan una discusión con el programa hegemónico de explotación de la naturaleza.

Me encontré con él un viernes en la tarde, justo cuando la ciudad cae en ese leve letargo que precede a las orgías de la noche. Lo que esperaba que fuera una entrevista, devino una conferencia sobre la historia de los movimientos sociales. Mis preguntas se detuvieron donde el conocimiento que impregnaba el habla de Soler, se distanciaba de los discursos educativos oficiales: con cada una de sus aseveraciones y conceptos, brillaban experiencias y relatos donde los sujetos eludían esa posición de meras anécdotas para llenar de color tesis doctorales. En lo dicho por Juan Pablo, los adjetivos basculan entre la sintaxis de un activista y las expresiones de rechazo que carecen de sinónimos, con lo que la vehemencia de aquellos que defienden la vida en medio de un sistema de muerte no elude los putazos: las groserías son el clímax de una resistencia que jamás naufraga en la autoflagelación.

El primer río. Nos encontramos varios procesos de afectados por represas del país y creamos la Red Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Represas. Nos limitábamos a distribuir información y hacer denuncias. En 2011 nos movilizamos; el acto fue masivo. Decidimos crear el movimiento Ríos Vivos en torno a tres objetivos:

1. Defensa de los derechos de las comunidades afectadas.

2. Permanencia en el territorio en condiciones dignas.

3. Trabajar por la transición energética, si decimos no a las represas, decimos qué estamos pensando. Cuando vas a algún escenario con políticos, académicos o algunas comunidades, te encuentras con que dicen que las represas se necesitan, lo que nos llevó a pensar cuál era nuestra propuesta. Planteamos una transición energética justa, porque la transición es algo que ya ocurre en el mundo y no es propuesta ni siquiera en los movimientos sociales; es cuestión de las dinámicas de la economía y del capitalismo que incluso lucra con las falsas etiquetas de lo verde. Más que transición energética, construimos planes de soberanía energética e hídrica.

Íbamos a crearnos como movimiento anti-represas, pero luego pensamos que éramos defensores del territorio; partimos de una pesadilla común pero le dimos dinamismo a nuestra organización y por eso la llamamos Ríos Vivos: estamos barequeros, arrieros, pequeños agricultores: es un mensaje convocante al resto de la sociedad y responde a que un río no existe si el río no está vivo.

Estrategias. Hablar de transición energética tiene muchas aristas, desde lo posible técnicamente hasta lo imposible en lo ideal. Parte de la transición energética es pensar en qué punto nos paramos: ¿en el ahora o en el futuro? Nosotros nos paramos dentro de cincuenta años porque en medio siglo hay que desmantelarlas y por ello proponemos una solución diferente: no se necesitan las represas sino la energía. También cuestionamos los costos. En Hidroituango, ellos identificaron veintisiete impactos —nosotros más de sesenta— y solamente tres eran positivos. ¿Se justifica la inversión para generar esos kilowatts de energía?

Económicamente, nos sale más caro el caldo que los huevos. Esto se evidencia en casos concretos como el de la Asociación de Tabacaleros de Garzón (Asotagar):demostró al gobierno, mediante estudios, que el proyecto hidroeléctrico de esa zona, que iba a inundar un área siete veces menor que la de El Quimbo, generaría cincuenta empleos mientras que, con cultivos, unos mil doscientos, con lo que se pagarían seis mil millones de pesos colombianos en parafiscales y Emgesa (la empresa propietaria del proyecto) no haría el mismo pago ni con tres represas; ahí es mejor promocionar el trabajo campesino: la energía se necesita pero hay que mirar cómo producirla.

La transición energética parte de una reflexión: perdemos más por esa forma de generación y hay alternativas que van de lo tecnológico (paneles solares, biogás, energía eólica) hasta la eficiencia energética. La industria despilfarra mucha energía; hay procesos de reconversión energética pero muchas corporaciones no lo hacen porque no les interesa y porque la energía hidroeléctrica es barata.

Cronología de Hidroituango. Ese proyecto fue propuesto a fines de los sesenta y los gobiernos de turno siempre estuvieron interesados en llevarlo adelante. Hubo una puja por construir Hidroituango; se puso como el proyecto más grande de Colombia y eso conllevó a que se tomaran decisiones apresuradas y regionalistas. Cuando el proyecto se vio que iba a construirse, hubo puja de quién lo iba a ejecutar: si los chinos o los colombianos. Finalmente, se decidió que EPM.

A partir de aquí, la gobernación decidió invertirle fuertemente al proyecto y se convirtió el mayor accionista del proyecto, a fines de la década del 2000. En 2008, se dio la declaración de utilidad pública. En 2009, se profirió la licencia ambiental, que se ha modificado más de veinticuatro veces.

Hidroituango “socializó” con mil trescientos habitantes pero ¡Ituango tiene 25 mil personas y son varios municipios! El problema es que, si a la socialización llegaron veinte y se demuestra la convocatoria, se cumplió con su requisito. Eso es ridículo y así ha pasado con todos los proyectos hidroeléctricos. Se hizo una audiencia pública y muchos no se acuerdan lo que dijeron; se hicieron socializaciones en medio del conflicto armado —se habla de más de cien masacres en esa zona. La gente fue a los espacios de la audiencia pública pero no sabía nada; EPM cumplía con sus protocolos y el proyecto iba para adelante: todo esto ocurrió en 2009.

La audiencia se hizo en una zona donde predomina el control paramilitar y mucha gente no fue, sin saber la dimensión de ese evento. En un contexto de guerra hay que valorar estas cosas con respecto a la participación de la sociedad civil. También llegaron personas, movilizadas en los propios buses de la EPM pero muchos no fueron porque dejaban de ganar su ingreso diario. Hubo quienes creyeron que el proyecto iba a traer desarrollo y bienestar. Se decía que se iban a emplear miles de personas pero no especificaban que los contratos eran de dos años y lo peor es que gente que trabajó en esos proyectos hidroeléctricos ya no quiere volver a trabajar la tierra. Éste es un fenómeno que impulsa el desplazamiento forzado con desalojos y aumento de costo de vida.

Ahí arrancó un proceso acelerado pues, a partir de la identificación del proyecto (con sus tres fases: prefactibilidad, factibilidad y diseño), en Hidroituango fue casi lo mismo la factibilidad y el diseño pese a que había técnicos y geólogos que advirtieron fenómenos de deslizamiento que pueden repetirse.

Cuando inició la construcción, los canales de participación fueron mínimos o llegaban a destiempo o eran manipulados. El proyecto estigmatizó el movimiento y, pese a ello, iniciamos talleres de licencia ambiental para que los concejales se dieran cuenta que lo que creían del proyecto no era verdad.

Aunque la empresa hacía cosas muy mal, por estar en zona de conflicto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no llegaba hasta donde trabajaban en la construcción. Cuando los invitábamos, nos decían que había zonas vetadas para funcionarios públicos por el tema de seguridad —esto también ocurrió con la Unidad Nacional de Protección pues van a hacer estudios de riesgo pero no van y luego dicen que el riesgo es ordinario sin siquiera ir al lugar. De 2008 a 2018, tocamos puertas. A todas las instituciones las pusimos al corriente del asunto y ninguna hizo algo, incluida la gobernación de Antioquia, con quien habíamos definido un recorrido por todo el cañón para identificar lo que creíamos estaba mal, incluyendo la tala del bosque seco tropical que es lo que nosotros decimos causó el taponamiento inicial de los túneles, y no nos pararon bolas.

Se creó una mesa de diálogo con la ANLA y nos enfrascamos en debates muy tontos. El tiempo transcurrió con violación de derechos. Se puso el tema de víctimas enterradas en el cañón del río Cauca porque ellos hicieron el estudio con robots para ver si había huesos donde iba a estar el muro, entonces les dijimos que por qué no hicieron esa misma prospección en todo donde iban a inundar y nunca respondieron. Después llegó la inundación que anegó algunos sitios de tumbas. Ha sido difícil porque mucha gente dijo que vio bajar cuerpos por el río y los enterró, haciéndoles cristiana sepultura, pero no dijeron nada a las autoridades porque la fiscalía los perjudicaba: todo eso está bajo las aguas de Hidroituango.

En diciembre de 2018, Hidroituango tenía que estar generando energía y, si no generaba, debía pagar una multa.  Nos enteramos en una audiencia pública el 27 de agosto de 2018, que ofrecieron setenta mil millones de pesos al consorcio constructor para que acelerara las obras y operara en diciembre de 2018. Los contratistas trabajaron a toda mierda y violaron, en nuestro caso, derechos sociales y ambientales. Hay una perversidad en ese ofrecimiento terrible; un contratista le echó el carro a un compañero nuestro y lo tumbó, lo atropelló pero no lo asesinó. Yo les decía a los empleados de EPM que iban a ganar lo mismo trabajaran o no trabajaran y, ahora entiendo, eso sí les importaba porque los retrasaba en obras y no ganarían el dinero que les ofrecieron.

Se hizo una movilización fuerte porque se evidenció que la empresa tiraba los materiales de construcción al río. Gracias a esto se profirió una resolución de la ANLA reconociendo el impacto aguas abajo pero no hicieron lo mismo aguas arriba. Jamás se hizo una resolución sobre esa zona y ahí debía abordar el asunto de los censos porque cuando los hicieron por primera vez ya no había población en la zona.

El secado fue casi de la noche a la mañana; después de que se corta el pulso de agua, de la represa a Puerto Valdivia son cuarenta minutos. Ahí empezó la hecatombe de peces.

Aguas arriba, la gente nunca creyó verlo así. El río es amarillo pero, cuando llegó la represa, su curso se volvió lento, todos los sedimentos se asentaron y se vio un paisaje verde; cuando uno lo ve en una foto parece lindo, como pensaría un turista desprovisto de información, pero quienes vivieron eso saben qué significa. Aguas abajo, el río ha vuelto, aunque nosotros decimos que el agua volvió pero no la vida; el impacto de los peces que se fueron va a tomar no sabemos cuánto tiempo. Hoy hay pobreza porque no hay pesca, hay desatención, digamos que el tema Ituango empieza a naturalizarse, y la vida normal no está porque no hay trabajo.

Lo que esperamos. Creemos que es una bomba de tiempo. Todas las decisiones son para salvar el proyecto y no a las comunidades. Le decimos a EPM: si quieren salvar las comunidades, hay que desmantelar el proyecto. Creo que si tal decisión se toma, no va a llegar porque nosotros la hayamos pedido sino porque ellos van a ver que es más barato desmantelar que seguir jodiendo o porque el macizo rocoso cederá y habrá una catástrofe que cobrará vidas. Hay gente que insiste que no va a pasar nada; ya hemos hecho lo suficiente para alertar pero no todos obedecen.

En cuanto al reconocimiento de nuestros derechos, los veo muy inundados. Más aún si el proyecto colapsa porque se declararán en bancarrota y no habrá dinero sino para reparar daños que no tengan que ver con impactos culturales o ambientales, todo eso va a entrar a la lista de pasivos.

Vamos a seguir trabajando en lo que sabemos: crear alternativas energéticas con el buen vivir en comunidades, con quienes trabajamos en el occidente y norte de Antioquia. Las perspectivas son seguir para crear condiciones de vida dignas en el territorio porque, con represa o sin represa, hay impactos en la productividad; por ejemplo, cuando la gente tenga menos ingresos tendremos que hacer algo. Hay que trabajar en clave de futuro.

Soberanía energética e hídrica. La soberanía hídrica se fundamenta en poder decidir sobre nuestras aguas. Que sea una decisión local el manejo de las aguas. Entendemos que la producción de energía puede realizarse por empresas públicas y comunitarias; no defendemos lo público por lo público, defendemos la lógica de lo público para ofrecer un servicio sin ánimo de lucro con calidad y suficiencia.

Pensamos que debe haber una mayor transferencia de conocimientos. Lo ideal es que la comunidad gestione su energía, que monte sus paneles solares, que sepa su capacidad instalada, medir las baterías, detectar los daños en los casos que sea posible y reparar en los casos que sea posible.

No podemos hablar de soberanía energética sin una soberanía alimentaria, que implica plantearse todo el sistema de producción de alimentos porque, tomando en cuenta el transporte, ésta demanda la mayor cantidad de energía.

Conclusión. Éste es un proyecto que se salió de las manos. No ha podido ocultar lo que sí ocultaron otros proyectos hidroeléctricos. El mundo debe generar sus propias reflexiones locales. No creo que éste sea el drama de los afectados de Hidroituango sino el drama de la humanidad. Hay un problema y no entendemos cómo nos afecta la vida; hay una responsabilidad en la gente de poder garantizar ese futuro. Todo depende de nuestra capacidad de análisis y cómo actuamos para transformar la realidad. Gente de izquierda o derecha nos ha dicho que las represas son necesarias y les decimos: ¿dónde queda su casa? Si la inundamos, ¿estarían de acuerdo? Y ellos contestan que no.

Hidroituango valuaba las casas de los barequeros a siete millones de pesos colombianos. Los barequeros no aceptaron esa tasación porque ésas son sus hogares. La empresa les dice que se vayan del lugar, a la ciudad, y allá ese dinero no va a servir para comprar una casa. Debemos despertar una sensibilidad que es responsabilidad de todos y aportar desde lo local.

Hay una ponencia de Iván Cepeda en el senado, en 2016, donde demostró que EPM pagó cincuenta y cinco mil millones de pesos al ejército y la policía: eso es privatización de la fuerza pública. Ahí entendimos por qué nos hicieron una captura masiva en 2013, sin razón aparente.  Esto también ha ocurrido con empresas minero-energéticas que han suscrito contratos con fuerza pública, que la policía niega sistemáticamente.

El tema del conflicto armado en las regiones es alarmante. Nosotros hemos sufrido más de cien masacres. Algo parecido ocurrió en Hidrosogamoso, donde han asesinado a más de ocho líderes. Todo esto beneficia a los proyectos. Quién hizo eso. No lo sabemos. En Guatemala, más de cuatrocientas personas fueron asesinadas por el proyecto Chixoy y se estigmatizó a los líderes de los grupos que se resistían.

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