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CONSULTA EXPRÉS, Y A MODO

PAULINA CONTRERAS

LA ACTUAL “CONSULTA INDÍGENA” PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN DE MÉXICO ¿MÁS ALLÁ O MÁS ACÁ DE LA LEY?

En julio los “pueblos indígenas y afromexicano” serán consultados sobre 16 temas fundamentales para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El pasado 21 de junio comenzaron los Foros Regionales de los pueblos indígenas, convocados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a través de un proceso de consulta libre, previa e informada para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”. http:// bit.ly/2xqIxYG. Dicha convocatoria se emitió, con muy poca publicidad y sin repercusión mediática, el 13 de junio. Los foros de consulta iniciaron ocho días después, y están programados para suceder en 51 regiones del país y una región en California, Estados Unidos, y finalizarán el 4 de agosto, según su convocatoria ampliada.

A los primeros pueblos indígenas consultados se les han dado 8 días —a otros dos semanas, tres, cuatro semanas a los que tuvieron más suerte— para entender de qué trata esta consulta de Reforma de la Constitución sobre los derechos que les conciernen, y sus objetivos. De acuerdo a la convocatoria, en estos foros (uno por cada región) se van a consultar “...opiniones, propuestas y planteamientos sobre los principios y criterios que habrán de sustentar la Iniciativa de Reforma Constitucional y las correspondientes leyes reglamentarias sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”.

Los pueblos originarios y afromexicanos de nuestro país, cuentan con un lapso de una a cuatro semanas para analizar y proponer, según el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) sobre 16 temas complicados, que requieren de mucho trabajo en las asambleas de las comunidades para, primero, un análisis exhaustivo, luego un debate profundo, y finalmente consensos y propuestas para modificar la Constitución, leyes y reglamentos. Después de los Foros Regionales, el gobierno anuncia un Foro Nacional los días 7, 8 y 9 de agosto, para llegar a consensos de los 68 pueblos y empezar los trabajos para modificar la Constitución. Tienen mucha prisa. Éste es un tema tan serio que no es posible modificar leyes tan rápido; ni siquiera los senadores lo hacen en tan poco tiempo, y ellos trabajan en eso todos los días.

La convocatoria establece que se compartirá un documento informativo con el título “Principios y Criterios para la Reforma Constitucional y Legal”. Hemos buscado este documento y no lo hemos encontrado en el sitio en internet del INPI ni en ningún lado, y según dicen en la convocatoria es muy importante tenerlo antes de llegar a las reuniones que llaman Foros Regionales.

En la convocatoria también dice que en esos Foros Regionales van a tratar los siguientes temas:

1. Pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público.

2. Libre determinación y autonomía en sus distintos niveles y ámbitos.

3. Derechos de las mujeres indígenas.

4. Derechos de la niñez, adolescencia y juventud indígenas.

5. Pueblo afromexicano y reconocimiento de sus derechos fundamentales.

6. Tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos indígenas.

7. Sistemas normativos indígenas, coordinación con el sistema jurídico nacional y acceso efectivo a la jurisdicción del Estado.

8. Participación y representación de los pueblos indígenas en las instancias de decisión nacional, de las entidades federativas y municipales.

9. Consulta libre, previa e informada.

10. Patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual colectiva.

11. Educación comunitaria, indígena e intercultural.

12. Salud y medicina tradicional.

13. Comunicación indígena, comunitaria e intercultural.

14. Desarrollo integral, intercultural y sostenible, soberanía y autosuficiencia alimentaria.

15. Migración indígena, jornaleros agrícolas y población indígena en contextos urbanos y transfronterizos.

16. Nueva relación del Estado con los pueblos indígenas y reforma institucional.

Por otra parte, en el documento del protocolo que publicó el INPI como anexo a la convocatoria, dice que la etapa informativa durará solamente siete días, durante los cuales se pretende que “los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas cuenten con el tiempo necesario para el análisis, reflexión y construcción de sus propuestas; el INPI llevará a cabo una amplia difusión de los ejes temáticos de la Reforma Constitucional y Legal, entre otras, a través de las siguientes acciones”:

1. Amplia difusión en medios de comunicación, de manera especial a través del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas del INPI.

2. Entrega del material denominado “Principios y Criterios para la Reforma Constitucional y Legal” que contiene los temas e ideas generadoras del análisis reflexión y construcción de propuestas.

3. Promoción de asambleas comunitarias, mesas de debate, talleres, entre otros, en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como en instituciones académicas especializadas en la investigación de la problemática indígena.

Se agrega que estas acciones “se realizarán desde la emisión de la convocatoria y hasta un día antes de la realización de los Foros Regionales de Consulta”. Pareciera que quienes “trabajan para los pueblos indígenas” saben muy poco. En el gobierno imaginan que las comunidades a las que les tocó primero en el calendario, en sólo ocho días se van a enterar de la consulta (muchas viven en territorios aislados), van a estudiar sus contenidos —que no son sencillos y sí muy delicados— (y seguramente no cuentan con el documento “Principios y Criterios para la Reforma Constitucional y Legal”), van a deliberar y debatir en las asambleas comunitarias acerca de todos los temas a tratar, van llegar a consensos, decidir quién asistirá a la reunión que les corresponde (y con frecuencia es distante), van a tramitar el dinero para los gastos, y los representantes van a llegar puntuales y preparados a discutir y debatir nada menos que reformas a la Constitución en materia de los derechos que les conciernen.

Un proceso así de apresurado no da confianza. Los tiempos del gobierno no son los tiempos de los pueblos originarios, y si este proceso es para que se expresen sus derechos, el gobierno debería empezar por respetar las formas de organización y toma de decisiones, los tiempos de los pueblos, y las leyes que los protegen (incluidas en el Convenio 169 de la OIT).

La convocatoria dice que en los Foros Regionales habrá una etapa deliberativa, una etapa consultiva, y se levantarán actas con acuerdos alcanzados, todo en un sólo día. Con lo cual lo que se delibere, se consulte, y se acuerde, todo en un día, no será deliberado ni consultado ni acordado por las asambleas de las comunidades, sólo por los representantes que asistan. Es decir que las autoridades y representantes de las comunidades que asistan a los Foros Regionales tendrán que actuar solos, sin haber llevado la información a las asambleas ni discutirlo con ancianos, hombres, mujeres y niños de sus pueblos, y sin consenso de las comunidades. Esta metodología impuesta desde arriba viola lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.

A pesar de la prisa gubernamental y de no cumplirse en su totalidad con los lineamientos para las consultas libres, previas e informadas de acuerdo con el Convenio 169, la realidad es que la mayor parte de los pueblos originarios de México debaten desde hace décadas en sus asambleas, acerca de su derecho a decidir sobre sus territorios y bienes naturales, o su derecho a la autodeterminación y autonomía, a ser sujetos de derecho público (y no objetos “de interés público” como ahora). Por mérito propio, tras años de trabajo previo, tienen el panorama bastante claro, y los asuntos a consultar son muy trascendentes y se deben atender con seriedad.

LAS PROPUESTAS DE LOS PUEBLOS

Desde que se inició la consulta, el INPI ha emitido varios boletines de prensa con resúmenes de los Foros. En las tres consultas celebradas el pasado 30 de junio en la Ciudad de México, por ejemplo, se registra que “pueblos indígenas exigen reconocimiento constitucional como sujetos de derecho público, pues manifestaron que sólo a través de este marco legislativo pueden acceder a un verdadero desarrollo desde su autonomía y no desde el tutelaje del Estado”. En Toluca, mazahuas, otomíes, nahuas, matlatzincas, tlahuicas, totonacos y población indígena migrante “pidieron protección a sus tierras y territorios, […] y se reformen las leyes correspondientes para que se reconozca la organización de los pueblos y su autonomía dentro sus propios territorios, fortaleciendo y respetando sus sistemas económicos y de organización”. http://bit.ly/2JkajvA

También el 30 de junio en Pátzcuaro, Michoacán, los representantes de los pueblos “solicitaron que se reconozcan en la Constitución Federal sus sistemas de gobierno y se protejan sus tierras, territorios y recursos naturales… Las y los participantes manifestaron la capacidad de las comunidades para generar recursos e impulsar su propio desarrollo; en este sentido, exigieron se reconozca plenamente su autonomía, en sus distintos ámbitos y niveles”. En Comala, Colima “221 personas del pueblo nahua y población indígena migrante se unieron al diálogo en el foro… donde consensaron que se deben reformar las leyes secundarias que afectan la vida de las comunidades indígenas, entre las que destacaron la Ley Agraria, la de Minas y la de Bienes Nacionales; acordaron la urgencia de modificar el artículo 27 constitucional a efecto de disminuir la propiedad privada y la explotación de sus tierras y territorios por parte de empresas privadas”. http://bit. ly/2KXDesC

En la consulta el 29 de junio en Santiago de Querétaro, la mujeres representantes de los pueblos pame, otomí, chichimeca jonaz y miembros de la población indígena migrante “manifestaron la urgencia de que se garanticen en la Constitución sus derechos a una vida libre de violencia; a la participación política en condiciones de igualdad y al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural”. http://bit.ly/2J9qihi

Los días 21, 22 y 23 de junio en Colotlán Jalisco, El Nayar, Nayarit y en la capital de San Luis Potosí, representantes de los pueblos wixárika, náhuatl, cora, tepehuano del sur/o’dam, mexicanero, otomí, pame, huasteco/teneek y población indígena migrante “pidieron que haya respeto y reconocimiento constitucional a los lugares sagrados para conservar y fortalecer sus costumbres, pues manifestaron que estas son fundamentales en la cultura, identidad y cosmovisión”. También acordaron “que se deben homologar los instrumentos internacionales con la legislación nacional para generar leyes que protejan la conservación, el uso y estudio de las plantas medicinales tradicionales, como patrimonio de los pueblos y como parte de los conocimientos ancestrales de México”. El pueblo wixárika en Colotlán “consensó que los lugares sagrados no se pueden dividir de la tierra porque pertenecen a ella, y se destacaron los casos de Hauxa Manaká, ubicado en San Bernardino, municipio de Pueblo Nuevo, Durango; Xapawiyemeta, de Chapala, Jalisco; Teekata, en el corazón del pueblo wixárika en Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco; Haramara, en San Blas, Nayarit, y Wirikuta, en Real de Catorce, Charcas, Vanegas, Villa de la Paz y Villa de Ramos”, municipios de San Luis Potosí. Durante la consulta en San Luis Potosí, los pueblos nahua, otomí, pame, huasteco/teneek y población indígena migrante “solicitaron que se lleven a cabo las medidas administrativas y legales correspondientes para proteger las tierras y territorios de la explotación por parte de empresas privadas y terceros externos a la comunidad, haciendo especial énfasis en evitar la fracturación hidráulica, la siembra de semillas transgénicas y el uso de pesticidas dañinos para la población y el medio ambiente”. http://bit.ly/2FMBcY0

De acuerdo con los comunicados publicados, se pone en evidencia la importante y urgente necesidad de reformar la legislación en materia indígena. Sin embargo, a nadie que estudie el entramado de la ley se le escapa que lo primero por hacer es anular los preceptos que permiten el despojo a partir de la contra-reforma indígena de 2001, cuando se reformaron leyes de Economía, las leyes Minera, de Aguas Nacionales, de Desarrollo Forestal Sustentable, y leyes agrarias, haciendo posible que el agua y los territorios de los ejidos y de las comunidades indígenas puedan ser privatizados, por medio de “concesiones” en favor de los grandes empresarios.

¿Serán atendidas por el gobierno las demandas y propuestas que los pueblos están expresando en estas consultas? ¿Se impulsará un análisis serio de las propuestas de reforma constitucional y, en su caso, las reformas a las leyes secundarias que correspondan? Hay que estar muy atentos.

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