DESPOJO EN EL LLANO EN LLAMAS. UN INTENTO DE QUITARLES SUS PROPIAS CASAS

El ejido de San Isidro, en San Gabriel, Jalisco, enfrenta  un proceso de despojo integral del territorio y de sus bienes comunes, perpetrado por empresas  transnacionales y particulares,  algo permitido y  solapado por parte de las instancias de gobierno municipal,  estatal y federal.

Desde la década de 1940, este ejido emprende acciones  legales para que se les terminen de entregar las tierras  dotadas en Resolución Presidencial de 1938, y siempre han  demostrado en diferentes instancias administrativas y judiciales  ser los legítimos propietarios de las 280 hectáreas  invadidas por la empresa transnacional Amway-Nutrilite,  en un enredo jurídico donde Amway alega que se las compró  a alguien más, que a su vez había invadido. Lo real es  que la razón jurídica y legal le corresponde a San Isidro  para toda el área conocida como El Petacal. No obstante,  no hay voluntad política para ejecutar las sentencias a su  favor, mucho menos para resolver el conflicto social que  esto ha provocado por más de tres generaciones.

Sumado a esto, en los últimos diez años el gobierno  de Jalisco ha dado prioridad a su consolidación  como gigante agroalimentario de México (así lo presume  en todo tipo de campañas), lo que ha significado  que en la región de los municipios de Ciudad Guzmán,  Tapalpa, Sayula, Tuxcacuesco, Toliman y San Gabriel,  entre otros, se deforeste y desertifique más: miles de  hectáreas para transformar bosques, montes y parcelas  en plantaciones e invernaderos que consumen día  y noche millones de litros de agua, herbicidas, plaguicidas  y vidas humanas de jornaleros mal pagados. En la microregión  donde se ubica San Isidro, está Nutrilite, pero junto,  puerta con puerta, hay un campo de experimentación de  Monsanto. Detrás, extendiéndose por cientos de invernaderos,  prospera la empresa BioParques de Occidente.

El ejido de San Isidro ha resistido al embate de personas  que, mediante contratos leoninos buscan que  les renten sus tierras a los aguacateros, y su pueblo (que  está fuera de la dotación ejidal) tiene tres años cercado  por plantaciones de aguacate que provocan recurrentes  intoxicaciones en la población por las fumigaciones.

Los pobladores de San Isidro habitan estas comunidades  desde hace más de cien años al margen de la exhacienda  San Isidro y lograron en 2013 obtener escrituras de  cada una de sus casas de manera particular. Fue una gestión  junto con el municipio y el gobierno del estado dentro  del programa de regularización de fraccionamientos o  asentamientos humanos de propiedad privada en Jalisco.

Un terrateniente particular tramitó un amparo pidiendo  la nulidad de estas escrituras. Alegaba que esto viola  su derecho de propiedad. Se dice propietario de las tierras  en donde está el centro de población de San Isidro. En la  situación actual pesa que el terrateniente actuó jurídicamente  contra varias autoridades, entre ellas el municipio,  y en teoría “ganó” el juicio sobre todo porque las autoridades demandadas, incluido el municipio, omitieron defenderse.  En dicho trámite, la gente que habita el pueblo,  los dueños de las casas, nunca fueron llamados a juicio,  entonces ellos no fueron escuchados, ni vencidos en juicio  y tampoco hay una orden de desalojo, pues debería haber  una orden del juez pero tampoco existe. La gente de San  Isidro, y abogadas y abogados consultados, consideran  que el terrateniente pretendía amedrentar a la población  diciendo que se tenían que ir. Hace mes y medio llegó el  hijo de uno de implicados junto con el terrateniente, diciendo  a la gente que él les podía vender barato, y que  tenían que emigrar. La gente piensa que era una extorsión  porque les dijo que si no compraban corrían el riesgo de  que se los vendiera al doble.

Ante esta situación, la comunidad acompañada por  su abogado tomó la presidencia municipal de San  Gabriel para exigirle al municipio que actúe en el asunto y  evite el conflicto social. La gente del ejido logró, unida  como siempre, emprender, además de la movilización,  una campaña en redes sociales a nivel local, regional, estatal,  nacional e internacional pues su caso se ha llevado  ante Naciones Unidas, y a Foros de Juicio contra Transnacionales.  En su comunidad se organizó una preaudiencia  del Tribunal Permanente de los Pueblos en 2013, donde su  caso se detalló. Una exposición de la Fundación Gaia, Nosotros  alimentamos al mundo, mostró fotografías y narraciones  sobre su situación.

Al cierre de esta edición, la comunidad informó que  ante la movilización el cinco de agosto se celebró una reunión  en el ayuntamiento de San Gabriel con presencia de  las tres partes involucradas: habitantes, presidencia municipal  y el “propietario”, quién aceptó la intervención del  gobierno municipal y estatal “y a un acuerdo sin desalojo  ni medidas de presión”. Aceptó también retirar su publicación  de venta de lotes y “resarcimiento de los lugares  afectados”. Y se fijó una próxima reunión en Guadalajara  con el secretario de Gobierno”.

Es claro que la gente espera que el gobierno estatal  ofrezca una pronta propuesta. Hay alegría en San Isidro,  porque se dan cuenta que, movilizarse y apelar a la razón  que les asiste volvió a surtir efecto, aunque el acuerdo todavía  no se concrete.

La movilización presionó al gobierno municipal y al  estatal. “Queremos que se hagan responsables por el problema  que nos ocasionaron por la expedición de títulos  de propiedad a este terrateniente. Y que se llegue a una  negociación, involucrando a ambos niveles de gobierno.

Los real es que el gobierno de Jalisco ha subsidiado y  otorgado permisos y ha sido cómplice de irregularidades  en la instalación de la agroindustria en la región. Siempre  en detrimento de las condiciones de vida de los ejidos y  campesinos de la región, mermando su acceso al agua, y  dañando su salud y el tejido social.

El gobierno debe proteger y garantizar los derechos de  los campesinos de San Isidro al territorio donde habitan  hace más de cien años y revertir el error de haber generado  escrituras y expectativas a terceros sobre su poblado.

Lejos de seguir apoyando al “gigante agroalimentario”,  el gobierno de Jalisco debe respetar los derechos de los  campesinos que se empeñan en cultivar y producir alimentos  y cuidar la naturaleza de forma sustentable y sana.

Los “errores de escrituración” son en realidad parte del  andamiaje de corrupción oficial, en su afán por hacer negocios  a costa de las condiciones de vida de la gente, la  destrucción de la naturaleza y la existencia misma de los  ejidos y de los campesinos de la región.