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SARAYAKU, CORAZÓN DE LA RESISTENCIA AMAZÓNICA

GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ

Pastaza, Ecuador. Han pasado tres meses desde los 13 días de convulsión que se vivieron en Ecuador a raíz del decreto 883 que, entre otras cosas, quitaba el subsidio a los combustibles provocando un alza en el costo de la vida difícil de sobrellevar por la población ecuatoriana. La movilización social respaldada por el movimiento indígena logró la derogación del decreto, pero el saldo de la protesta aún se vive en las comunidades. Once muertos, la mayoría indígenas, y cientos de heridos y detenidos son la factura del levantamiento que puso en jaque al gobierno de Lenín Moreno.

Cuando llegaron los indígenas a la ciudad de Quito fueron recibidos con aplausos por una sociedad que en otros momentos los ha despreciado. Sabían que su participación directa definiría el destino de la movilización. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) puso toda su organización en el tablero y llevó la voz cantante en las negociaciones con el gobierno de Moreno. Sarayaku fue una de las tantas comunidades participantes, su arribo dio ánimo al resto, pues es reconocido su importante rol en la organización del movimiento indígena nacional.

De Sarayaku salieron cien indígenas en canoas rumbo a Quito, 30 mujeres y 70 hombres. Maura Ikiam, dirigente de las mujeres del pueblo, era la primera vez que participaba en una marcha. Cuenta que ella y el resto iban desesperadas por los hijos que tuvieron que dejar. “Mi esposo me dijo que en los paros había muertos y accidentes y que cómo iba a vivir solo, pero me fui”. Fue la primera que estuvo en Quito, “donde nos cogimos de la mano y nos pusimos en primera fila”.

Maura tenía miedo. Vio morir a otros indígenas y no contuvo el llanto. “Los compañeros me decían que yo era una mujer valiente, pero yo temblaba. Me di cuenta de que había muchas mujeres de la sierra, de la costa, de la Amazonía, y en nuestros idiomas estábamos conversando muchas historias. Las mujeres de la ciudad ayudaron en la alimentación, estaban en las calles y también nos apoyaron. Antes no pasaba eso. Por primera vez el gobierno hizo salir así a Sarayaku y a todo el Ecuador. Fue el gobierno el que nos unió”. Nada ha sido gratis para los pueblos indígenas

Mirian Cisneros, presidenta de la emblemática comunidad en resistencia, viaja con su familia de Canelos, cerca de la ciudad de Puyo, a su comunidad. Cuatro horas en canoa por el río Bobonaza que se une al Amazonas más adelante. Sarayaku ha ofrecido al mundo conceptos como Sumak Kawsay/Buen Vivir y Kawsak Sacha/Selva Viviente, nada nuevo en la cotidianidad de los pueblos indígenas del continente, una aportación para quienes desde fuera de las comunidades luchan contra la devastación ambiental.

Mirian es una de las miles de mujeres indígenas que fueron cruciales para la protesta, pues además de hacer posible la logística de las movilizaciones, pusieron también el cuerpo en la primera línea de los desiguales enfrentamientos. Y ella, además, puso la voz. “Yo no diría que soy la mujer que desafió a Moreno, más bien, como representante y como presidenta del pueblo de Sarayaku, valorando el rol y el sentir de la mujer como cuando vamos a representar en otros espacios en los que estamos participando, mis palabras fueron de corazón. Fue el momento oportuno para decirle las cosas de frente y él tenía que escuchar la palabra de la mujer”, matiza Mirian.

Después del viaje en canoa, la entrevista continúa en la cocina de su casa, junto al fogón en el que otras mujeres cocinan un pollo. Las mujeres, señala, “ahora estamos incluidas dentro de todo el proceso de la lucha, así como lo hicieron nuestras grandes lideresas que se quedaron en la historia y que hoy, a través de sus seres espirituales, nos guían y nos dan esa fuerza para poder seguir en este camino”.

Luchando, dice, “es la única forma en la que los pueblos indígenas hemos conseguido nuestros derechos, como la educación bilingüe, la salud intercultural, los derechos de la mujer, derechos humanos que incluyen a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, personas discapacitadas”. Pero no siempre han logrado sus propósitos, pues “nuestros gobernantes son soberbios y no quieren escuchar a los pueblos”, por lo que “nuestras voces han tenido que estar en las calles para poder ser parte de un Estado plurinacional e intercultural”.

Sarayaku, río de maíz donde crece la resistencia

A Sarayaku sólo se llega en canoa por el río Bobonaza o viajando en avioneta. Es un pueblo de aproximadamente mil 400 habitantes, ubicado en el centro-sur de la Amazonía y conformado por siete comunidades: Kali Kali, Sarayakillu, Chuntayaku, Shiwakucha, Puma, Kushillu Urku y Mawka Llakta. Jurídicamente se organiza en 1978, “con el objetivo de defender el espacio territorial y los derechos humanos amenazados por las grandes empresas petroleras desde hace más de 40 años”, afirma Cisneros, quien recuerda que la primera amenaza vino de las empresas Arco Oriente y Compañía General de Combustibles (CGC).

Hoy Sarayaku sigue amenazado. Hay pozos petroleros cerca del pueblo, “pero aquí seguimos resistiendo para no dejar entrar a ninguna empresa petrolera, a pesar de que los relacionadores comunitarios han intentado dividir a las familias en las comunidades”.

A finales del 2002 e inicios del 2003, la Compañía General de Combustibles (CGC), de origen argentino, entró con la fuerza militar al territorio de Sarayaku. El pueblo nunca fue informado ni consultado sobre lo que haría la empresa petrolera. Mirian recuerda que, “todo fue una cosa sorpresiva, empezaron ruidos de helicópteros, el pueblo se alertó y vimos cómo sus trochas ya habían estado pasando por el territorio”. Nadie hasta ese momento sabía que el Estado ecuatoriano le había concesionado desde 1996 el bloque petrolero 23, que comprendía 200 mil hectáreas, con afectación directa a este pueblo. Vino la resistencia dentro de la selva y luego la lucha jurídica. Sarayaku acudió a todas las instancias posibles en Ecuador, pero no tuvieron respuesta. “Y en ese largo caminar, el caso Sarayaku llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2004. Pasaron uno o dos años sin respuesta, pero con tanta insistencia de nuestros dirigentes y abogados el caso fue aceptado”, recuerda Cisneros.

El principal reclamo, una vez que lograron sacar a la empresa, fue el retiro inmediato de los 14 mil kilos de bentonitas explosivas que dejaron ahí y que hasta la fecha no han sacado, aunque el caso falló a favor de Sarayaku. Mirian sintetiza este proceso con la siguiente frase: “Ganamos, pero todavía no se acaba”.

Y no se acaba no sólo por los explosivos enterrados, sino por el resto de las amenazas al territorio, como las que llegaron con las empresas mineras al sur de la Amazonía, territorio del que “también somos parte porque como pueblos hermanos nos sentimos afectados, pues toda la contaminación que hacen nos afecta. Lo mismo sucede con las empresas madereras que se están aprovechando de las carreteras. Quieren acabar con todas las especies. Son recursos que quieren explotar y ellos son compradores ilegales”. Sin la lucha, reitera “nunca hemos conseguido nada. Nada ha sido gratis, no es que el gobierno nos atienda porque es bueno. Es con presión”.

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